Juan Luis Alberto Entebi Hernandez (Promovente)
Expediente 1444/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Juan Luis Alberto Entebi Hernandez (Promovente)
Actuaciones
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************contra los actos que reclamó en del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido por la secretaria de guardia de este Juzgado de Distrito, el veintidós de octubre de dos mil veintitrés, ******************** en representación de ********************promovió la demanda de amparo contra los actos y autoridades que, son las siguientes: Autoridades Responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; Subdirectora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad; Encargados del a Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. Acto Reclamado "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De todas las autoridades responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, SE RECLAMA TODO ACTO Y OMISIÓN TENDIENTE O CONSISTENTE EN MANTENER AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO, e incumpliendo con ello con las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, lo anterior sin haber cometido algún tipo de delito en flagrancia y sin habérsele cumplimentado algún tipo de orden de aprehensión, por lo que al ser na autoridad administrativa la que señala como responsable, ello sin haber realizado una apuesta a disposición a través de un informe policial homologado o diverso documento que acredite la hora y lugar exacto de la detención del extranjero, así como el número de (RND) Registro Nacional de Detenciones que se exige en el debido proceso a cualquier autoridad que priva de la libertad alguna persona por cometer algún delito en flagrancia o alguna infracción, por lo que al no existir datos de detención y lo que lo motive, como circunstancias de tiempo, modo y lugar, la detención del extranjero se convierte en una detención ilegal, máxime que existe criterios de la corte, para efectos de que se pueda detener legalmente a una persona por parte de las diversas autoridades, es por ello que con la privación ilegal de la libertad que se cometió en contra del quejoso, ello no permite que se les pueda someter algún tipo de procedimiento administrativo, al desprenderse de la ilegalidad dicha detención del impetrante de garantías, por lo que a la responsable deberá de ordenársele por parte de este Honorable Tribunal de Garantáis la libertad inmediata del hoy quejoso sin que se exceden de más de 36 horas sin habérseles comenzado algún tipo de procedimiento administrativo y si fuera el caso, TAMBIÉN SE RECLAMA EN CONTRA DE LA RESPONSABLE, EL HECHO DE QUE SE LE FIJE ALGÚN TIPO GARANTÍA ECONOMÍA DE CUALQUIER DENOMINACIÓN, CON LA ÚNICA FINALIDAD DE QUE EL IMPETRANTE RECOBRE SU LIBERTAD PERSONAL, por el hecho de no ser persona que se les ha7ua imputado delito alguno y que se les esté instruyendo algún tipo de procesos penal en su contra, por lo que se solicita de manera respetuosa se atienda "EL PRINCIPIO DE EXEPCIONALIDAD" con la finalidad de que se respeten los derechos fundamentales de la persona extranjera, mismos derechos que se encuentran protegidos por nuestra Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicano. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama LA ORDEN Y EJECUCIÓN DEL TRASLADO A CULAQUIER OTRA ESTACION MIGRATORIA EN ESTE PAIS, EN LA QUE HOY SE ENCUENTRA ALOJADO EL QUEJOSO, ASI COMO SE RECLAMA LA ORDEN Y EJECUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSION DE ESTE PAÍS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A SU PAÍS DE ORIGEN O CUALQUIER OTRO" Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, con residencia en esta ciudad, y previa ratificación realizada por el directo quejoso, se admitió a trámite y se registró con el número de expediente ********************; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; no se le tuvo por reconocido a alguien el carácter de tercero interesado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse un acto que tiene ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: -La orden que tenga por objeto privar de la libertad fuera de procedimiento al quejoso y como consecuencia de ello la orden de deportación a su país de origen. Tercero. Existencia de los actos. El encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, al rendir el informe justificado respecto de las autoridades responsables, indicó que no son ciertos los actos a ellas atribuidos; sin embargo, existe constancia en el sentido que el día veintidós de octubre pasado, el actuario de la adscripción sí observó que el directo quejoso se encontraba detenido en las instalaciones que ocupan las responsables, motivo por el que se tienen como ciertos los actos a ellas atribuidos. Cuarto. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, no obstante la certeza de los actos reclamados, quien resuelve advierte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, la cual se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tal improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese contexto, de la constancia remitida por la autoridad responsable Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California de esta ciudad, el veinticuatro de octubre del presente año autorizó al aquí quejoso el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en la detención del aludido quejoso; dejó de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, al otorgarle el aludido permiso. Por ello, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado ya que con las actuaciones realizadas por las responsables se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional; de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI en relación con el artículo 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, por lo que a dichas autoridades y actos se refiere. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************en contra de las autoridades responsables y actos reclamados indicados en el considerando segundo, por los motivos precisados en el cuarto considerando de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Lidia Medrano Meza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. bcsa
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de la Actuaria de la adscripción para emplazar a la tercero interesada ********************, por las razones que en ella expone. En consecuencia, visto el estado procesal de autos y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el seis de septiembre de dos mil veintitrés, se puso en posesión material y jurídica a la aquí tercero interesada del bien inmueble ubicado en calle ********************, número exterior ********************, identificado como ********************, condominio ********************, colonia ********************, identificado como lote número ********************, de la manzana ********************, Delegación San Antonio de los Buenos, en esta ciudad de Tijuana, Baja California; por tanto, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que se constituya física y legalmente en dicho domicilio, y proceda a emplazar a la tercero interesada ********************, al presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados rendidos por la responsable, haciéndoles saber la hora y fecha programada para la celebración de la constitucional, y la requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, legalmente computados, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta localidad. Notifíquese, y emplácese a la tercero interesada.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ********************, en su carácter de apoderado legal de la quejosa ********************mediante el cual refiere desistirse del presente juicio de garantías. En tal virtud, tomando en consideración que el escrito firmado electrónicamente por el promovente cuenta con evidencia criptográfica en la que se aprecia el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, por lo que ésta juzgadora tiene certeza de que no se suplantó al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial; por tanto, ante la voluntad expresa, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a/J. 31/2021 (11ª), de la Undécima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 8, diciembre 2021, tomo II, visible a página 1533, cuyo rubro se cita: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.)1, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Asimismo, con apoyo en la tesis jurisprudencial 2a/J.33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página ciento cuarenta y siete, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.
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