Juan Manuel de Mateo Uribe
Expediente 877/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2022
Partes del expediente
- Juan Manuel de Mateo Uribe
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de ocho de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que la demanda de amparo fue presentada por Dulce Jazmín Torres Montañez, Vanessa Álvarez Márquez y Fernando Esparza Medina, quienes se ostentan como defensores de Juan Manuel de Mateo Uribe; sin embargo, al estar únicamente firmada por Fernando Esperanza Medina, se le tiene únicamente como promovente a este último en su carácter de defensor del directo quejoso. Desechamiento de demanda. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado consistente en la prisión preventiva y la omisión por parte de las responsables de dictar la resolución definitiva dentro del proceso penal 2167/2020 del índice del Juez de Control del Partido Judicial del Estado de Baja California y el Juez del Tribunal Unitario del Enjuiciamiento del mismo partido judicial, son materia del diverso juicio de amparo 863/2022-A del índice de este órgano jurisdiccional, como a continuación se verá. Para avalar la anterior postura, resulta necesario precisar el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, el motivo de improcedencia aludido se actualiza toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la prisión preventiva y la omisión por parte de las responsables de dictar la resolución definitiva dentro del proceso penal 2167/2020 del índice del Juez de Control del Partido Judicial del Estado de Baja California y el Juez del Tribunal Unitario del Enjuiciamiento del mismo partido judicial. Ello, toda vez que de las constancias que integran el juicio de amparo 863/2022-A, del índice de este Juzgado, las cuales se traen a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se evidencia que el acto reclamado es el mismo que se precisa en el juicio de amparo en que se actúa. Para mayor claridad se inserta el siguiente cuadro: Juicio de amparo 863/2022-A 877/2022-C Quejoso Juan Manuel de Mateo Uribe Juan Manuel de Mateo Uribe Acto reclamado La prisión preventiva justificada que nuestro representado se encuentra sufriendo por más de 2 AÑOS, toda vez que se le impuso desde el 15 de Julio de 2020, por lo que actualmente lleva 2 AÑOS 3 MESES Y 13 DÍAS EN PRISIÓN, a la fecha de la presentación de la demanda. La omisión por parte de la autoridad responsable, de dictar la resolución definitiva dentro del proceso penal número 2167/2020 del índice del Juez de Control del Partido Judicial del estado de Baja California y el mismo numeral de causa penal para el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del mismo partido judicial. La prisión preventiva justificada que nuestro representado se encuentra sufriendo por más de 2 AÑOS, toda vez que se le impuso desde el 15 de Julio de 2020, por lo que actualmente lleva 2 AÑOS 3 MESES Y 20 DÍAS EN PRISIÓN, a la fecha de la presentación de la demanda. La omisión por parte de la autoridad responsable, de dictar la resolución definitiva dentro del proceso penal número 2167/2020 del índice del Juez de Control del Partido Judicial del estado de Baja California y el mismo numeral de causa penal para el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del mismo partido judicial. Autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad de Tijuana, Baja California Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad de Tijuana, Baja California Juez de Control del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad de Tijuana, Baja California Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad de Tijuana, Baja California Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que, como quedó evidenciado, el acto aquí reclamado, consistente en la prisión preventiva justificada y la omisión por parte de la autoridad responsable que reclama, es materia del diverso juicio de amparo 863/2022-A del índice de este órgano jurisdiccional, promovido en favor del mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades responsables y actos reclamados, este último, en el cual en cuatro de noviembre pasado se previno para que aclarara su demanda, por lo que en el supuesto que se desahogue y se admita la demanda, la sentencia que se dicte puede afectar en el presente juicio pues se resolvería sobre la constitucionalidad o no de los mismos actos reclamados; por ende, es evidente que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto que se pretende reclamar. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo por las razones ya expuestas; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que obste a lo anterior que el promovente en los diversos juicios sea distinto, toda vez que el directo quejoso es el mismo, de igual manera no es obstáculo para arribar a la anterior determinación que en el acto reclamado se varíe el número de días en referencia a la prisión preventiva, en virtud de que en esencia la materia del acto reclamado es la misma. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio que menciona en su escrito de demanda, asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a Omar Camarillo Hernández y Ezequiel Ruíz Valencia, dado que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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