Juan José Rojas Gutiérrez

Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 27 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
731/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Juan José Rojas Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la determinación dictada el veintisiete de julio de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente asunto, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente principal por haberse sobreseído en el juicio, es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual deben conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    a las nueve horas del tres de agosto de dos mil veintidós, quien suscribe, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicos Federales en el Estado de Baja California, hago constar que en virtud de que la parte quejosa no compareció en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento citado y notifico por lista fijada en los estrados del Edificio del Poder Judicial de la Federación, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 731/2021-A, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificada del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de veinte días que se otorgó al quejoso en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico "Excélsior" o bien, en cualquier diario de mayor circulación en el país, con el fin de emplazar a juicio a la moral tercero interesada Servicio Minero Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, no obstante estar debidamente notificado para ello desde el veinticuatro de junio de dos mil veintidós. De lo anterior, podemos advertir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Ahora, mediante proveído de diez de enero de dos mil veintidós, se ordenó la investigación oficiosa del domicilio de la moral tercero interesada Servicio Minero Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable. En ese sentido, en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, una vez agotada la búsqueda de un domicilio para notificar a dicha parte procesal, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días legalmente computados para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En consecuencia, de la certificación que antecede se constata que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa, sin que compareciera por conducto de sus autorizados o interpósita persona a recibirlos e iniciar el trámite para su publicación, no obstante de estar legal y oportunamente notificado de lo anterior. Por otro lado, tampoco acreditó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto del suscrito, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo, existan indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por lo tanto, se evidencia que la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento. Por tal motivo, y dado que el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del promovente del amparo, para lograr el emplazamiento de la moral tercero interesada Servicio Minero Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa Juan José Rojas Gutiérrez, pues con la falta de emplazamiento de la referida moral tercero interesada, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, , que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón la de jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece. "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." Ahora bien, cabe destacar que durante el plazo concedido para acreditar la publicación de los edictos de mérito, la parte quejosa no manifestó su imposibilidad para sufragar el gasto de los edictos para emplazar a la tercero interesada Servicio Minero Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, y así los edictos de referencia sean cubiertos, previo procedimiento de investigación para determinar su situación patrimonial, a cargo del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, , que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación de la parte quejosa, de realizar el pago y publicación de los edictos dentro del plazo concedido en acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por los artículos 17, del Pacto Federal. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de veinte días que se otorgó al quejoso en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico "Excélsior" o bien, en cualquier diario de mayor circulación en el país, con el fin de emplazar a juicio a la moral tercero interesada Servicio Minero Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, no obstante estar debidamente notificado para ello desde el veinticuatro de junio de dos mil veintidós. De lo anterior, podemos advertir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Ahora, mediante proveído de diez de enero de dos mil veintidós, se ordenó la investigación oficiosa del domicilio de la moral tercero interesada Servicio Minero Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable. En ese sentido, en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, una vez agotada la búsqueda de un domicilio para notificar a dicha parte procesal, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días legalmente computados para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En consecuencia, de la certificación que antecede se constata que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa, sin que compareciera por conducto de sus autorizados o interpósita persona a recibirlos e iniciar el trámite para su publicación, no obstante de estar legal y oportunamente notificado de lo anterior. Por otro lado, tampoco acreditó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto del suscrito, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo, existan indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por lo tanto, se evidencia que la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento. Por tal motivo, y dado que el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del promovente del amparo, para lograr el emplazamiento de la moral tercero interesada Servicio Minero Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa Juan José Rojas Gutiérrez, pues con la falta de emplazamiento de la referida moral tercero interesada, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, , que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón la de jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece. "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." Ahora bien, cabe destacar que durante el plazo concedido para acreditar la publicación de los edictos de mérito, la parte quejosa no manifestó su imposibilidad para sufragar el gasto de los edictos para emplazar a la tercero interesada Servicio Minero Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, y así los edictos de referencia sean cubiertos, previo procedimiento de investigación para determinar su situación patrimonial, a cargo del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, , que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación de la parte quejosa, de realizar el pago y publicación de los edictos dentro del plazo concedido en acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por los artículos 17, del Pacto Federal. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como el oficio remitido por el Recaudador de Rentas del Estado en Tijuana, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en dos de junio del año en curso, refiere no contar con domicilio a nombre de la tercero interesada Servicio Minero Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que este órgano jurisdiccional agotó todos los medios necesarios para la localización de la moral tercero interesada Servicio Minero Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de poderla emplazar a juicio, sin que se hubiese logrado su paradero; tal y como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En consecuencia, de conformidad con el artículo citado con anterioridad, se ordena su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, en relación con el numeral 315 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que los edictos quedan a su disposición en la secretaría de este tribunal; en el entendido que en caso de no acreditar haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días, legalmente computado, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con la fracción II del numeral 63 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el normativo 315 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, indíquese al quejoso que los edictos deberán contener una relación sucinta de la demanda de amparo que originó este asunto, publicaciones que se harán tres veces, de siete en siete días (debiendo mediar seis días hábiles entre cada una), en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico "Excélsior" o bien, en cualquier diario de mayor circulación en el país; además deberá fijarse en la puerta de este órgano jurisdiccional una copia íntegra de los edictos respectivos por todo el tiempo del emplazamiento. Por lo que hecha la primera publicación del edicto en un diario de circulación nacional, la segunda habrá de realizarse al séptimo día hábil de aquélla y la tercera al séptimo día hábil de la segunda publicación; esto es, deberán transcurrir seis días hábiles entre el primer día de su publicación y la subsecuente fecha en que se realice la segunda, y el mismo plazo entre la segunda y tercera publicación, para que precisamente éstas se cumplan en el séptimo día de la publicación anterior. En apoyo a lo expuesto, por el criterio que contiene, se cita la jurisprudencia 1ª./J. 19/2008, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página: 220, registro 169846, con el siguiente contenido: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." Por las mismas razones la tesis XVII.2o.30 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil setecientos veintitrés, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 184655, de rubro y texto: "EDICTOS, EMPLAZAMIENTO POR. DEBEN MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN SEIS DÍAS HÁBILES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El emplazamiento por medio de edictos se lleva a cabo cuando se desconozca en qué lugar se encuentra una persona por notificar, mediante las publicaciones que el Juez ordena, que de conformidad con lo que dispone el artículo 123, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado deberán realizarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, así como en un diario que se edite en el lugar del juicio. Ahora bien, como el emplazamiento es una actuación procesal que debe practicarse en días hábiles, tal como lo prevé el artículo 69 del ordenamiento legal antes invocado, las publicaciones de los edictos sólo deben efectuarse en esos días y deben mediar entre ellas seis días hábiles, para que precisamente la siguiente se efectúe en el séptimo, también hábil; en consecuencia, si entre cada publicación no existen esos días, el emplazamiento por edictos resulta ilegal y violatorio de garantías." Además, se ordena fijar en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo del emplazamiento; asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del seis de julio de dos mil veintidós, debiéndose fijar una nueva fecha para la audiencia constitucional una vez que transcurra el término del emplazamiento a la tercero interesada en comento, respecto de lo cual, deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleve en este Juzgado, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Requiérase a la parte quejosa, a fin de que comparezca ante este Juzgado Federal a recibir los edictos ordenados en líneas que anteceden para su publicación correspondiente, o en su caso manifieste la imposibilidad para hacerlo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que deberá acreditar haber hecho los trámites correspondientes dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, consistentes en lo siguiente: Recoger los edictos ante este órgano jurisdiccional. Entregarlos para su publicación; y, Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término ordenado, se sobreseerá en el presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización que a continuación se citan. "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." (Época: Décima Época, Registro: 2009915, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 27/2015 (10a.), Página: 27). Haciéndole saber al tercero interesado que tendrá un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos aquí ordenados, para comparecer a este juicio de amparo a hacer valer sus derechos y a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y si transcurrido dicho plazo no comparecen, las subsecuentes notificaciones se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, residente en esta ciudad, en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con el arábigo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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