Juan José Sosa Bautista
Expediente 287/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan José Sosa Bautista
Actuaciones
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
EN VIRTUD A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. I. Recepción de la demanda Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto, promovida por JUAN JOSE SOSA BAUTISTA, quien comparece en su carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de los extintos ARMANDO SOSA JUAREZ Y MAGLORIA BAUTISTA O MAGLORIA BAUTISTA MARTINEZ O MARIA GLORIA BAUTISTA MARTINEZ O MARIA GLORIA BAUTISTA DE SOSA, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Numero 21, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 287/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Análisis del escrito de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ley de Amparo "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESSECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 287/2021 2 improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. Numeral que debe ser interpretado, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Como se puede apreciar, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos dictados dentro juicio, pero siempre que sus efectos sean de imposible reparación, o bien, afecten a personas extrañas. Así, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESSECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 287/2021 3 naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, tal tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la parte promovente del amparo reclama del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 21, con residencia en Oaxaca: "El proveído dictado en la Audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, relativa al Juicio Agrario número 406/2020 de su índice, fechado el día veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno;, en la parte que admite la demanda reconvencional planteada en contra de la persona de JUAN JOSE SOSA BAUTISTA, en consecuencia, que debe 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESSECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 287/2021 4 tramitarse el juicio relativo a la nulidad del contrato de compraventa celebrado el día quince de Julio de mil novecientos setenta y tres, entre el extinto ARMANDO SOSA JUAREZ, como comprador y Petra Juárez de Sosa, como vendedora, respecto del bien inmueble ubicado en la casa marcada con el número de la calle Morelos, localizada en la Villa de Mitla, Tlacolula, Oaxaca. La admitió no obstante que la misma no se endereza en contra de la parte actora, en atención a que en el texto de la reconvención se lee que se promueve en contra de persona distinta a la demandante en el luido natural. Diciendo textualmente la promovente en reconvención : "...Conforme a las facultades que me confiere el artículo 182 de la ley Agraria, en este mismo ocurso PROMUEVO ACCION RECONVENCIONAL EN CONTRA DEL CIUDADANO JUAN JOSE SOSA BAUTISTA y en contra del CIUDADANO ARMANDO SOSA BAUTISTA (.) a quienes les reclamo las siguientes: PRETENSIONES A) La nulidad absoluta y de pleno derecho de la escritura privada de compraventa..." Asimismo, en el capítulo correspondiente a los hechos, precisa bajo protesta de decir verdad, que: ".1.-Tengo el carácter de Albacea provisional en el juicio sucesorio intestamentario número 298/2019 del índice del Juzgado Primero en materia Civil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a bienes de los extintos ARMANDO SOSA JUAREZ Y MAGLORIA BAUTISTA O MAGLORIA BAUTISTA MARTINEZ O MARIA GLORIA BAUTISTA MARTINEZ O MARIA GLORIA BAUTISTA DE SOSA. Como lo demuestro con los proveídos que en copia certificada adjudico al presente planteamiento. 2.- Con el carácter de Albacea, promoví la acción agraria de nulidad de constancia de posesión en contra de SOFIA SOSA JUAREZ Y FIDEL HERNANDEZ OLIVERA, Constancia que le fue expedida a la primera de los nombrados por el Comisariado de Bienes Comunales de la Villa de Mitla, Tlacolula, Oaxaca, el día 15 de Octubre del año 2017. Registrándose el expediente agrario bajo el número 406/2020 del índice de la hoy responsable Tribunal Unitario Agrario número 21 con residencia en la Ciudad de Oaxaca. 3.- El día veintiséis de Marzo del año dos mil veintiuno; al celebrarse la Audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, dentro del juicio agrario número 406/2020, del índice de la responsable, los demandados SOFIA SOSA JUAREZ y FIDEL HERNANDEZ OLIVERA, en vía de Reconvención, plantearon en contra de JUAN JOSE SOSA BAUTISTA, la nulidad del contrato de compraventa celebrado el día quince de Julio de mil novecientos setenta y tres, entre el señor ARMANDO SOSA JUAREZ, como comprador y Petra Juárez de Sosa, como vendedora, respecto del bien inmueble ubicado en la casa marcada con el número de la calle Morelos, localizada en la Villa de Mitla, Tlacolula, Oaxaca. Cabe destacar que en el juicio natural agrario en mención, LA PARTE ACTORA, ES LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA DE LOS EXTINTOS ARMANDO SOSA JUAREZ Y MAGLORIA BAUTISTA O MAGLORIA BAUTISTA MARTINEZ O MARIA GLORIA BAUTISTA MARTINEZ O MARIA GLORIA BAUTISTA DE SOSA. Representada por su Albacea. Y NO LA PERSONA DE JUAN JOSE SOSA BAUTISTA." Por tanto, se destaca que el acto reclamado, esencialmente lo constituye el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente agrario 406/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, por medio del cual se admite a trámite demanda reconvencional planteada en su contra; de modo que la eventual afectación que pudiera generarse no se considera de aquellas que menciona el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, el auto de admisión de demanda reconvencional que se reclamada no es de imposible reparación, pues implica, en todo caso, una 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESSECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 287/2021 5 eventual violación de carácter procesal que no es susceptible de afectar, alguno de los llamados derechos fundamentales del peticionario, habida cuenta que las consecuencias de la posible violación procesal se extinguirían en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio de origen sea favorable al peticionario; y, aún en el supuesto de que no lo fuera, podría reclamar tal violación en el amparo directo que en su caso promoviera contra la resolución que decida ese juici Para robustecer lo anterior, se invoca el contenido del artículo 172 de la Ley de Amparo, relativo a la tramitación del amparo directo. "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo" Apoya a lo anterior, únicamente por sus razonamientos jurídicos, la tesis VII.1o.A.T.26 L, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000, página 927, de rubro "DEMANDA RECONVENCIONAL. SU ADMISIÓN Y EL HECHO QUE SE TENGA POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO NO IMPLICA UN ACTO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS INDIRECTO". Lo cual pone de manifiesto, que tratándose de un acuerdo admisorio de demanda reconvencional, que a su vez conforme a lo planteado por la parte quejosa, se relaciona con una cuestión de falta de legitimación procesal pasiva, porque no le asiste el carácter de actor dentro de la sucesión 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESSECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 287/2021 6 intestamentaria original, existen un momento establecido en la legislación de la materia para combatir los mismos, pues aquélla situación puede ser controvertida durante el juicio, además que el propio artículo 172, fracciones III y VI, de la Ley de Amparo, refieren que el momento oportuno para hacer valer violaciones procesales serán cuando se promueva juicio de amparo directo contra la resolución que pone fin al proceso, haciéndolo valer como violación procesal y señalando en que motivo trascendió al resultado del fallo. Apoya a lo anterior, la tesis VI.2o.C.J/231, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, tomo XVII, mayo de 2003, con número de registro 184249, de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." De ahí, que asumir una postura contraria equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las demás decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el juicio procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél soslayando que, en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la sentencia definitiva. Apoya a lo anterior, la tesis VI.2o.498 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito; publicada en la página 297 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia Común, Octava Época, con número de registro 208337, que establece: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESSECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 287/2021 7 artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." Asimismo, en lo conducente, se cita la tesis P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESSECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 287/2021 8 Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. Se cita la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, libro seis, mayo de dos mil catorce, tomo III, de rubro y texto: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera" 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESSECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 287/2021 9 Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA" Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Apoya a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" III. Domicilio y autorizados del promovente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que cita la parte quejosa en su escrito de demanda y, como autorizado únicamente para tales efectos, al profesionista que refiere, al no advertirse su cédula registrada en el Sistema 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESSECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 287/2021 10 Computarizado para el registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Apoya a lo anterior, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO" IV. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", de conformidad con el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19. V. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." VI. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESSECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL 287/2021 11 resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en a tención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VII. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza a la Secretaria y/o al actuario judicial, a firmar los oficios que deriven del presente auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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