Juan José Ríos Martínez
Expediente 975/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan José Ríos Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ésta ha CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción I del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, considerando que obran glosados en el presente asunto, medios de convicción en original exhibidos por la parte quejosa; requiérasele a efecto que comparezca a recibirlos, dentro del término de noventa días hábiles a partir de la legal notificación de este proveído. Probanzas que se le entregarán personalmente o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, los mismos serán susceptibles de destrucción, de conformidad el Acuerdo General invocado. Se autoriza a la persona secretaria y/o actuario judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Auxiliar de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa. En atención a lo dispuesto por el numeral 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona, para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Ahora, en el caso conviene precisar que lo reclamado en esta instancia a la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es lo siguiente: - La omisión de calificar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral ********************. Así, tomando en consideración la documental remitida por la autoridad responsable, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, pues de la constancia recibida, se advierte que el cuatro de octubre del año en curso la junta responsable calificó las pruebas ofrecidas por la parte actora aquí quejosa. En esa tesitura, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, pues la situación jurídica puesta de relieve, destruyó todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, respecto de tales actos omisivos que se reclaman; y siendo esto así, en la especie se actualiza respecto del acto reclamado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque quedó satisfecha la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la responsable emitió un auto en el que calificó las pruebas ofrecidas por la parte actora aquí quejosa, en el expediente ******************** de su índice; por lo cual, se considera que en el presente asunto cesaron los efectos del acto reclamado y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, por los motivos expuestos se considera que en el presente juicio sobreviene la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, y por consiguiente, debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento, puesto que en el caso de que se trata, la causa de improcedencia que se actualiza es manifiesta e indudable, de modo que las pruebas que la parte quejosa pudiera aportar, no variarían el sentido de la resolución en el presente expediente. Apoya lo considerado la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalados en el presente asunto -doce horas con cuarenta y tres minutos del veinticuatro de noviembre del año en curso-, para la celebración de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año, en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese periodo. Por su parte, visto el estado de autos, se advierte que para las once horas con veintitrés minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las DOCE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a las partes; y, publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos de Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En consecuencia, regístrese bajo el número 975/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, SE ADMITE la demanda de amparo. Apertura del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión relativo por no haber sido solicitado expresamente y no existir motivo para el trámite de oficio. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, en la inteligencia de que podrán enviarlo vía correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remitan a este Juzgado de Distrito: - Copia certificada, en orden, completas y legibles, de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia se le impondrá multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, por el monto de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74) moneda nacional. En la inteligencia de que, los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que, al momento de rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este órgano judicial, si ya se promovieron diversos juicios de amparo en contra de los actos aquí reclamados, o provenientes del expediente de origen del cual emanan los mismos; de ser afirmativa su respuesta, proporcione el número de juicio, así como el Juzgado que conoció éste; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. De igual forma, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes, para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Notificación a la autoridad responsable. Por otra parte, se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento al juicio, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquéllas que se consideren trascendentes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Tomo II, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Notificación al Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, por esta ocasión, notifíquese este auto de forma personal corriéndose traslado con copia fotostática simple de la demanda y anexo, entregándosele copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Practíquense las subsecuentes notificaciones a la citada agente del Ministerio Público, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". En el entendido que, este órgano jurisdiccional con fundamento en el citado numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de la materia, ordenará se practiquen de manera personal a la referida representación ministerial las determinaciones que a juicio de este Juzgado así lo ameriten. Tercero interesado. Acorde con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la Tesis XXVII.9K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1131 del Tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO.". Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, la documental que anexó a su escrito de demanda, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, por así haberlo solicitado expresamente. Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario ********************; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto precisó en su demanda de amparo. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario ********************, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Correo electrónico. En relación con el correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éste para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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