Juan José Ríos Martínez

Expediente 487/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
487/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Juan José Ríos Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA la citada determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dicha autoridad incluso no estaría legitimada para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que la autoridad responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes En ese sentido, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 487/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el tres de mayo de dos mil veintidós, y en la misma fecha en este juzgado por razón de turno, **** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal para los actos y autoridad siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridad responsable: a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (.) IV.-ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, los siguientes actos: La omisión, el retardo y la abstención de emitir, o dictar resolución declarando legitimo beneficiario al suscrito Juan José Ríos Martínez, sobre los derechos laborales generados, prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse a la extinta trabajadora Juana Lulú Aquino Aquino, ello, en el expediente laboral número ****. La omisión, el retardo y la abstención de señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, y se emplace y corra traslado con la demanda al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), por conducto de quien resulte ser su representante legal; a pesar de haberlo solicitado mediante escrito de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, signado por el suscrito y dirigido a la Junta responsable en expediente laboral número ****, mismo que fue recibido a las 13:30 horas del día de su fecha por la Oficialía de Partes Común de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. El quejoso manifestó como derecho fundamental violado, el previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 487/2022 y la admitió a trámite, solicitó a la autoridad responsable informe justificado y dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción -notificada el nueve de mayo de dos mil veintidós-, quien no formuló pedimento. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por reclamarse acto atribuido a una autoridad cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el fin de cumplir con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo. Atento a lo anterior, se advierte que la quejosa reclama de la Junta Especial Número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca: La omisión de dictar resolución declarando legítimo beneficiario al quejoso Juan ***, sobre los derechos labores generados, prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirle a la extinta trabajadores ***, en el expediente laboral 656/2021(4). La omisión de señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, y se emplace y corra traslado con la demanda al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, negó la existencia de los actos reclamados, ya que refiere que el veintitrés de mayo del presente año, dictó acuerdo en el que declaró como único beneficiario de la extinta *** a *** , señaló las doce horas con treinta minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, y ordenó emplazar al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, por conducto de quien resulte ser su representante legal. No obstante lo manifestado por la autoridad responsable, se aprecia que las actuaciones que refiere fueron posteriores a la presentación de la demanda de amparo -veintitrés de mayo de dos mil veintidós-, lo cual evidencia que al momento de la solicitud del juicio de amparo, la omisión reclamada era existente; por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, quien esto resuelve advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone: " El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Al respecto, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. En el caso, mediante informe justificado la Junta responsable negó la existencia de los actos reclamados, y remitió copia certificada de las siguientes constancias: Acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 656/2021(4), donde declaró como único beneficiario de la extinta Juana Lulú Aquino Aquino a Juan José Ríos Martínez; señaló las doce horas con treinta minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, y ordenó emplazar al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, por conducto de quien resulte ser su representante legal. Diligencia de notificación del acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, practicada a la parte aquí quejosa, el seis de junio de dos mil veintidós. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. En esa circunstancia, se considera que al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la responsable dictara proveído a efecto de declarar legítimo beneficiario a Juan José Ríos Martínez, sobre los derechos laborales generados, prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse a la extinta trabajadora Juana Lulú Aquino Aquino, en el expediente laboral 656/2021(4); señalara día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; y se emplazara a la demandada Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO). Además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación; de acuerdo con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Además, no representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que la admisión de mérito no constituye un impedimento al actualizarse alguna causa directa de sobreseimiento, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 544, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA". Por otra parte, se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial Adscrito para que firme los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por J***, contra los actos reclamados indicados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos precisados en el considerando cuarto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, el oficio 2341/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de veintisiete de mayo del presente año, remite copia certificada de la resolución de veintitrés de mayo del presente año y notificación de la misma practicada a la parte quejosa, por conducto de su autorizado legal. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecida la prueba documental descrita, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrar la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere de forma anticipada la audiencia constitucional señalada para las once horas con siete minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintidós. I. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo promovida por Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; regístrese en el libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 487/2022 y, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos a la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. II. Precisión de los actos reclamados. Aquí, se estima dable precisar que en el presente asunto, el acto reclamado lo constituye, la omisión de señalar día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 656/2021(4), del índice de la autoridad responsable. III. Del incidente de suspensión. Tramítese sin incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. IV. De la solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, en la inteligencia de que podrá enviarlo vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remita a este Juzgado de Distrito: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, y 64, ambas de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal para justificar el incumplimiento, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117, en relación con el diverso 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente, esto es, equivalente $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional). En la inteligencia de que los salarios mínimos aludidos en el presente acuerdo, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor es de $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 50 23701, al cual también, en su caso, puede mandar sus informes vía fax, sin que resulte necesario reiterarlo por otra vía. Se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes. En ese sentido, no habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2013, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." V. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DOCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. En el entendido, que de persistir la contingencia de salud pública derivado del virus COVID-19, para la fecha señalada para la audiencia constitucional, la misma se celebrará sin presencia física de las partes. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se celebrará, de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de éstas. Empero, se les comunica que en caso de que sea deseo de alguna de las partes comparecer a la celebración de la audiencia, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare-, por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Ello únicamente será posible por videoconferencia, a través de la plataforma Cisco Webex, por lo que, será necesario que proporcionen un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios, a saber, Windows 7 o superior 32/64 bits o Mac OS X 10.13 o superior. Los requisitos mínimos de sistema Windows CPU de doble núcleo a 2 GHz, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores. Mientras que los requisitos mínimos de sistema Mac OS X son, Arquitectura de CPU Intel, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores, Oracle Java 6 a Oracle Java 8. En ambos casos, utilizar Chrome como navegador, Cámara y micrófono, y Conexión a internet con velocidad mínima de subida de 300 kbps. O en su caso, a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta), en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings", lo cual podrá realizar a través de la PlayStore para Android o AppStore para Apple, utilizar equipos con pantalla de resolución media de 320 x 240 píxeles, cámara, micrófono y altavoces. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva, de lo contrario, la audiencia se celebrará sin la presencia de las partes y por ende no se realizará la videograbación de la audiencia de mérito sólo obrara el acta por escrito respectiva. Así, hágase saber a las partes, que en su caso podrán formular alegatos, siempre que se exhiban de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, o físicamente ya sea en la Oficialía de Partes Común en un horario matutino de las ocho horas a las quince horas, de conformidad con la Circular DGGJ/3/2022, o en la Oficina de Correspondencia Común, la cual prestará auxilio a las oficialías de partes, conforme al artículo 10, fracción VIII, inciso a), del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. VI. NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, por esta ocasión, notifíquese este auto de forma personal corriéndose traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándosele copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Practíquese las subsecuentes notificaciones a la citada agente del Ministerio Publico, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". En el entendido que, este órgano jurisdiccional con fundamento en el citado numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de la materia, ordenará se practiquen de manera personal a la referida representación ministerial las determinaciones que a juicio de este Juzgado así lo ameriten. VII. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. VIII. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Tomando en consideración que el presente asunto, fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". IX. TERCERO INTERESADO. Acorde con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la Tesis XXVII.9K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1131 del Tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO." X. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Baños Garnica y Eduardo Baños Garnica, toda vez que como se hizo constar en la certificación de cuenta, en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada la cédula profesional a su nombre, y para oír y recibir notificaciones a las demás personas que se menciona por no contar con dicho registro. Por otra parte, toda vez que de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE) http://sise.cjf.gob.mx/sise/Expediente/AutorizadosExpediente.aspx se desprende que el usuario "Alejandrobanos", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, instrúyase al Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico de Seguimiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que realice la correspondiente habilitación, a efecto que el referido usuario pueda consultar el expediente electrónico a través del mencionado Portal. Asimismo, se autoriza a la actuaria para que realice las notificaciones que deriven de este asunto de forma electrónica, con independencia de que, en su caso, puedan realizarse en el recinto que ocupa el órgano jurisdiccional, ante cualquier eventualidad. En atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y de ser necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. XI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios y se conceden al Actuario Judicial de la adscripción, facultades de investigación de resultar necesarias para lograrlas. XII. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los ordinales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, y 71, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. XIV. De la gratuidad en el servicio. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se habilita a la Secretaria judicial para firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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