Juan Jose Lopez Santana
Expediente 397/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Juan Jose Lopez Santana
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, sí existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Del documento original exhibido. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa por sí o por conducto de sus autorizados para que dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezca a este juzgado con identificación oficial, con el objeto de que se le haga entrega del documento original exhibido junto con su escrito inicial de demanda; en la inteligencia que de no hacerlo así en el lapso concedido, esta sede constitucional procederá a su destrucción. Instrucciones para la obtención de una cita para ingresar al órgano jurisdiccional. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. b) Generación de cita y código QR. Para recoger los documentos deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el auto admisorio. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Héctor Blanco Monje secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.Elaboró:
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Radicación de la demanda Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan José López Santana, por propio derecho, contra actos del Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 397/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autoridades responsables Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Estado de Morelos Precisión del acto reclamado. De la lectura integra de la demanda de amparo, se desprende que, en esencia, el quejoso señala como acto reclamado la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada en el expediente administrativo C.C.MOT.25/2022, por el que se tuvo por presentado el recurso de inconformidad interpuesto en contra del reporte de la constancia de semanas cotizadas, expedido el dieciocho de enero de dos mil veintidós. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. De tal manera que en relación al acto aquí reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, previamente a acudir a la presente instancia constitucional. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto legal referido consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Del anterior precepto, en relación con el acto aquí reclamado, se infiere que, únicamente cuando el justiciable agote en su totalidad todos los medios ordinarios de defensa previstos en la ley que rija la materia y, la autoridad del conocimiento, haga uso de todas las medidas de apremio con las que le dota la ley e, inclusive, determine en uso de sus facultades, que le es física y jurídicamente imposible obtener de las autoridades demandadas en el juicio de origen, el cumplimiento total y cabal de su sentencia, es que debe acudirse al amparo; toda vez que este juicio es un medio extraordinario de defensa. Dicha fracción, establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que éste se interponga contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Estableciendo además como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De esta forma, conforme a la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es suficiente que en la ley aplicable, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el caso, el primero de los requisitos se acredita, en atención a que el acto reclamado se atribuye a autoridades administrativas, en el caso, se atribuyen al Secretario del Consejo Consultivo de la Delegación Morelos del Instituto Mexicano Del Seguro Social. También se acredita el segundo requisito, toda vez que en contra del acto reclamado, resulta procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracciones XII y XIX y 35, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establecen lo siguiente: "[.] Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: .XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (...) (Lo destacado es propio) Asimismo, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 19/2015 (10a.), consultable en la página 783, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 27/2002 (9a.), consultable en la página 1194, Libro 28, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2016, Décima Época, con número de registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". De igual forma, sirve de apoyo, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, número III.2o.A.56 A (10a.), consultable en la página 1837, Tomo III, Agosto de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2007318, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL NO EXIGIR LA LEY QUE LO RIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA DE ESTA ÚLTIMA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO." Por otra parte, de las documentales que el promovente anexó a su demanda de amparo obran entre otras, el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente C.C.MOR.25/2022, por el que se declaró tener por no presentado el recurso de inconformidad interpuesto por el ahora quejoso, del que se advierte se encuentra fundamentada en diversos artículos de la Ley del Seguro Social y el Reglamento del Recurso de Inconformidad. De ese modo, queda claro que el promovente del amparo conoce los fundamentos que tuvieron las autoridades responsables para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación. Tiene aplicación por el contenido que informa, la tesis I.3o.A.128 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 1994, Octava Época, registro digital 212868, cuyo rubro establece: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Por último, es preciso destacar que la parte promovente tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso la parte promovente no sólo aduce violaciones a preceptos constitucionales, porque de sus conceptos de violación se advierte que también controvierte la legalidad del acto que impugna. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, 175- 180 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237480, del siguiente rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.". Aunado a lo anterior, se advierte que la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña, no reclama la inconstitucionalidad de alguna ley y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Elementos por los que se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra del acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente C.C.MOR.25/2022, por el que se tuvo por no presentado el recurso de inconformidad interpuesto por el ahora quejoso, procede el juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa previamente a la promoción del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 38/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, publicado en la página 704 del Semanario Judicial de la Federación Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Décima Época, registro digital de registro digital 2022204, de rubro y contenido: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ABROGADA Y 3, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Criterios discrepantes: Los Tribunales Colegiados analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras que para uno de los Tribunales la resolución recaída al recurso de inconformidad interpuesto en contra de la determinación de la queja administrativa en la que se solicitó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, no es de las contempladas en la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para el otro, el juicio contencioso sí es procedente, al actualizarse el supuesto de la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es procedente el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución del recurso de inconformidad que define la instancia de queja administrativa, en la que se reclamó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales. Justificación: Lo anterior es así, al considerar que el referido recurso de inconformidad tiene las características propias de los recursos administrativos, en la medida en que en el reglamento correspondiente se prevé un trámite, con la precisión de cuáles son las disposiciones aplicables de manera sustantiva y adjetiva, el órgano ante el que debe interponerse, el plazo para ello, las pruebas que pueden ofrecerse y la oportunidad para desahogarlas, las garantías que deben observarse al tener que emitir la resolución correspondiente y la posibilidad de ejecutarla. Dicha resolución la emite una autoridad administrativa, como lo es el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual es un organismo público descentralizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; además, la resolución del recurso de inconformidad que define lo resuelto en la instancia de la queja administrativa prevista en el artículo 296 de la Ley del Seguro Social, constituye una resolución definitiva respecto de la cual no procede recurso alguno, según lo previsto en la propia ley y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad. Ahora, por disposición de los artículos 1, 2 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser un organismo público descentralizado está sujeto a dicho ordenamiento y, por tanto, debe aplicar, supletoriamente, sus disposiciones en lo no previsto en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad, con respecto al trámite y resolución de la queja administrativa y del propio recurso de inconformidad. Así las cosas, aunque las referidas disposiciones legales y administrativas de carácter general no dispongan expresamente la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no significa que la resolución del recurso de inconformidad no se emita en los términos de dicho ordenamiento, sino por el contrario, por mandato legal debe entenderse que también se pronuncia en sus términos, en cuanto a lo no previsto en las normas generales especiales." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA, lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo. Asimismo, conviene precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que prevenir, admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Además, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado en términos amplios, es decir, con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a Alfonso López Santana, por así haberlo solicitado la parte quejosa, en razón de que acreditó tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, de fecha nueve de agosto de dos mil seis y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre del mismo año. Medio especial de comunicación. De conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, el correo electrónico alfanapoleongreat@gmail.com y el número de celular 777 2 33 45 62, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Notifíquese personalmente. Así lo acordó Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Héctor Blanco Monje, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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