Juan Hernando Farfán
Expediente 1061/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Juan Hernando Farfán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante auto de siete de octubre de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector, por parte de la autoridad responsable. Consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa para que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y la Actuaria de su adscripción, cumplieran con lo siguiente: "1. En caso de no llevarse a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, programada para el veinte de septiembre de dos mil veintidós, señale la fecha para su continuación dentro de los quince días siguientes que establece el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Notifique lo anterior a las partes en el término de cinco días que establece el numeral 750 de la ley obrera;" Dicha sentencia causó ejecutoria el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. En acatamiento a lo anterior, las responsables realizaron lo siguiente: - Mediante oficio recibido el seis de octubre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos remitió copia certificada del auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el cual tuvo a la parte actora -aquí quejosa- por desistida lisa y llanamente de la acción, demanda y prestaciones entabladas en contra de la demandada, por lo que ordenó el archivo del juicio laboral como totalmente concluido. - De igual forma, en oficio recibido en la misma fecha, la Actuaria adscrita a la referida junta, manifestó adherirse a las manifestaciones hechas por la Presidenta de la Junta laboral responsable. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, al haberse desistido la parte actora, aquí quejosa, lisa y llanamente de la acción, demanda y prestaciones entabladas en contra de la demandada en el juicio laboral ********, y por ello, se ordenó el archivo de dicho asunto como total y definitivamente concluido, es inconcuso que debe declararse sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues al haberse decretado el archivo del juicio laboral con motivo del desistimiento del actor, es evidente que se produjo una imposibilidad material y jurídica para que la autoridad responsable actúe conforme a los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional y, con ello, restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, según lo establece el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 196 párrafo segundo de la ley en comento, ya no existe materia sobre la cual determinar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Archivo. Consecuentemente, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase del conocimiento de las partes que podrán inconformarse de la presente determinación, conforme a lo establecido en los preceptos normativos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil veintidós. Autoridades responsables informan cumplimiento a ejecutoria de amparo. Intégrense a los autos los oficios firmados por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y el Actuario de su adscripción, a través de los cuales, la primera de las nombradas remite copia certificada del auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el cual tuvo a la parte actora -aquí quejosa- por desistida lisa y llanamente de la acción, demanda y prestaciones entabladas en contra de la demandada, por lo que ordenó el archivo del juicio laboral como totalmente concluido. Por su parte, el Actuario adscrito a la junta laboral, manifiesta adherirse a las manifestaciones vertidas por la Presidenta, lo que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Firmeza del fallo definitivo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Requerimiento de cumplimiento Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuaria de su adscripción, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del momento en que queden legalmente notificadas de este auto, cumplan con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos: "1. En caso de no llevarse a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, programada para el veinte de septiembre de dos mil veintidós, señale la fecha para su continuación dentro de los quince días siguientes que establece el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Notifique lo anterior a las partes en el término de cinco días que establece el numeral 750 de la ley obrera;" Apercibimiento Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de Medida y Actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Apoya a lo anterior determinación, la Tesis VII.2o.C.16 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, cuyo rubro es el siguiente: "SENTENCIA AMPARADORA. LINEAMIENTOS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO." Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1061/2022; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El cinco de agosto de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El nueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El once de agosto de dos mil veintidós (foja 23). IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, se hace consistir en: a) Señalar fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. III. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, anexando copia certificada del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el que señaló las doce horas del veinte de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a la que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV. Causa de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso no se actualiza causal de improcedencia alguna. V. Estudio de fondo. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que la parte quejosa hace valer sus conceptos de violación, mismos que no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa señala que se transgrede su derecho a una impartición de justicia pronta y expedita, ya que la junta responsable fijó una fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo cual retrasa la prosecución del procedimiento laboral de origen. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones. Es pertinente precisar, que al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el comprobar que proveyó o actuó, en los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo, lo conducente a fin de que la perito de la parte demandada acepte y proteste el cargo conferido, dentro de los términos de ley. Ahora bien, de las copias certificadas rendidas por las autoridades responsables -ya valoradas-, se advierte que por auto de veintisiete de abril de año dos mil veintidós, la responsable señaló las doce horas del veinte de septiembre de dos mil veintidós, para la continuación de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 01/511/18-IV, en virtud de que no se encontraba emplazada a juicio la parte demandada. Establecido lo anterior, se estima que se ha vulnerado en perjuicio del quejoso, la garantía prevista en el artículo 17 constitucional, atento a las siguientes consideraciones. "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Por su parte, los artículos 685, 750 y 893 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 893 de esta Ley." "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." "Artículo 893. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la cual con diez días de anticipación, citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 de esta Ley." -Énfasis añadido- Conforme a lo anterior, las juntas laborales tienen la obligación ineludible de actuar con prontitud y tomar todas las medidas para lograr el eficaz desenvolvimiento del procedimiento; entendiéndose como tal, que de forma oportuna se dicten los acuerdos y se realicen todas las diligencias dentro de los parámetros legales y lo hagan del conocimiento de las partes, pues sólo de esa manera podrán cumplir con la garantía a que alude el artículo 17 Constitucional y los principios que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Así las cosas, la Junta responsable transgrede los artículos 685, 750 y 893 de la Ley Federal del Trabajo, los que establecen que tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, deberá celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los quince días siguientes a la admisión de la demanda, notificarlo personalmente a las partes por lo menos cinco días antes de la fecha para la celebración de la audiencia de ley; lo que en el caso no aconteció, pues en acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, señaló las doce horas del veinte de septiembre de dos mil veintidós -cinco meses después-, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fecha que rebasa el término de quince días previstos en dicha Ley; por lo que la responsable no actuó dentro de los plazos establecidos por el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo, vulnerando con ello la garantía prevista en el artículo 17 constitucional. En las narradas circunstancias, como ya se dijo, es claro que la autoridad responsable incurre en denegación de justicia en perjuicio de la parte inconforme, toda vez que, se encuentra demostrado que no ha actuado con diligencia en el procedimiento laboral, ya que fijó fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera de los quince días previsto en dicha Ley Federal del Trabajo; es evidente que una vez que el juicio se salió de sus cauces legales, por lo que el procedimiento ya no podrá desarrollarse con la oportunidad legal debida, ya que dada la necesaria conexión de los actos procesales, si alguno se efectúa tardíamente (como sucede en el presente caso), que al fijar fecha para el desahogo de la audiencia antes mencionada dentro de los términos de ley, desfasa al ámbito temporal en que los subsecuentes actos deban de desplegarse; situación que acontece en el presente asunto, por lo que, la junta laboral responsable ha incurrido en dilación en el procedimiento laboral natural, lo que indefectiblemente ha ocasionado que los subsecuentes actos en el juicio ya no se efectuaran con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. Vl. Efectos del amparo. Se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Juan Hernando Farfán en contra de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, así como de la actuaria adscrita a la misma, para que una vez que cause ejecutoria esta resolución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, en el juicio laboral 01/511/18-IV, proceda a realizar lo siguiente: 1. En caso de no llevarse a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, programada para el veinte de septiembre de dos mil veintidós, señale la fecha para su continuación dentro de los quince días siguientes que establece el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Notifique lo anterior a las partes en el término de cinco días que establece el numeral 750 de la ley obrera; Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Hernando Farfán, para los efectos precisados en el considerando VI. Notifíquese. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 2,949 expedientes
- Juan García Nava1571/2022
- Juan Garcia Orozco20/2022
- Juan Garduño Contreras1053/2023
- Juan Gerardo Velazquez de la Torre717/2022
- Juan Guerrero Silva1209/2023
- Juan Guerrero Silva1100/2023
- Juan Hernando Farfán1076/2022
- Juan Jesús Melendez Piedra99/2021
- JUAN JOSÉ ESCOBEDO HERRERA y Otros.1407/2023
- Juan Jose Lopez Santana397/2022
- Juan José Morales Ojeda116/2023
- Juan Manuel Degante Vazquez1186/2022