Juan Jesús Melendez Piedra

Expediente 99/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
99/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Jesús Melendez Piedra

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por ------------ por propio derecho, contra actos del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Xochitepec, Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 99/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Tiene sustento a lo anterior la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En la especie, por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden citación girada en contra del peticionario de amparo, así como su ejecución, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 5°, 1° fracción I y 107, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, 21 y 107 Constitucionales, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público." [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional federal advierte que los actos combatidos devienen improcedentes reclamarlos a través del juicio de amparo indirecto, y esto es así, en virtud de que se pone de manifiesto que del estudio de la demanda de amparo no se observa que exista algún acto que produzca una afectación personal y directa, y sobre todo actual, en relación al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del gobernado, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que, se reitera, la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido por la normatividad antes precisada. Una vez sentado lo anterior, se reitera que en el caso que nos ocupa, el quejoso señala como alguno de su acto reclamado, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, dentro de la causa penal ----- sin embargo, lo anterior no constituye un acto que produzca una afectación personal y directa al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma, ya que aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que, en la especie, no acontece, ya que a través de dicha actuación, no se estima como una violación por parte de la responsable a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Al efecto, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función; cuestiones estas consideradas de orden público, pues la sociedad se encuentra interesada en que se cumpla con dicha disposición. Lo anterior pone de manifiesto que las actuaciones de investigación practicadas en su contra, no le irrogan perjuicio alguno a la aquí parte quejosa, ya que las autoridades responsables, llevan a cabo la actividad encomendada por disposición constitucional; por lo que, en todo caso, el acto que le depararía algún perjuicio, lo sería la orden de comparecencia o presentación que, en su caso, existiera o la orden aprehensión o detención que en su caso llegara a dictar el juez penal correspondiente, una vez ejercida la respectiva acción penal; sostener lo contrario llevaría al extremo de entorpecer la función esencial del Ministerio Público y del Juez que conozca del juicio que en su caso se inicie, de ahí que, la orden de citación pese a ser un acto proveniente de un tribunal judicial fuera de procedimiento, no constituye una afectación a su libertad personal, en contravención de una cuestión de orden público, a la que de manera alguna se debe de anteponer el interés particular. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2018828, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común-Penal, ubicada en la publicación semanal, Diciembre de 2018, de rubor y texto estatuyen: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." Así como también la tesis número 1a. CXXXV/2004, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 351, del tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro indica: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De igual forma, resulta orientadora la tesis III.2o.P.91 P (10a.), de la Décima Época, registro 2010448, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Página 3529, de rubor y texto estatuyen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA." Los razonamientos expuestos ponen de relieve lo manifiesto de las causas de improcedencia invocadas en la presente determinación, la cual resulta indudable, habida cuenta que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento por cuanto a dicho acto, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Aunado a que la decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es aplicable, en lo conducente, el criterio 1a.CCLXXVI/2012 sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 530, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el numeral 1° fracción I, 5° y 107 fracciones I y IV, esta última en sentido contrario, de la Ley de Amparo, además en atención a los establecido por los dispositivos normativos 21 y 107 Constitucionales, con fundamento en las aludidas porciones normativas en relación con el artículo 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Máxime que, por la forma en que plantea el acto reclamado, es inconcuso que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva o privativa de libertad, no se trata de un acto inminente, si no sujeto a que, en su caso, el promovente del amparo acuda a la citación que le fue formulada mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Para dilucidar lo anterior, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que a la fecha de la presentación de la misma, no se aprecia un acto de autoridad materialmente concreto, por lo que es claro que el perjuicio al amparista, ocurrirá cuando se ejecute el acto que refiere, pudiendo desde luego no ocurrir, por lo que su dolencia constituye un acto futuro de realización incierta, en razón de que, no existe la certeza de lo reclamado. Ello es así, toda vez que el amparo es procedente contra actos que, aun cuando no se han realizado, existe plena certeza que se llevarán a cabo, es decir, que tienen el carácter de inminentes, pero en tratándose de aquellos respecto de los cuales no existe la seguridad de que se producirán actos futuros probables o remotos, el amparo es improcedente pues dada su inexistencia material no producen agravios en la esfera jurídica del promovente, cuestión que se actualiza en el presente asunto, pues el acto reclamado están condicionado a que se concrete materialmente. Tiene aplicación tesis XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-1, febrero de 1995, página 138, del rubro siguiente: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS." Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizados con facultades amplios a ------ en razón de que acreditaron tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a Carolina Gaviño Gama, en virtud de que no colmó tal extremo, a quien únicamente se le autoriza para el efecto de oír y recibir notificaciones. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Medio especial de comunicación. Por otra parte, indíquese al promovente que no ha lugar a tener como medio de notificación el número celular y correo electrónico que proporciona en su escrito, pues la Ley de Amparo, no contempla dichos medios para oír y recibir notificaciones. No obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: JUAN JESÚS MELENDEZ PIEDRA, el auto y/o resolución de VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: En veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el secretario de juzgado da cuenta al Juez, con el oficio registrado con el folio 108. Conste.- Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por Juan Jesús Meléndez Piedra, por propio derecho, contra actos del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Xochitepec, Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 99/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Tiene sustento a lo anterior la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En la especie, por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden citación girada en contra del peticionario de amparo, así como su ejecución, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 5°, 1° fracción I y 107, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, 21 y 107 Constitucionales, los cuales a la letra dicen:... De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a laactuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional federal advierte que los actos combatidos devienen improcedentes reclamarlos a través del juicio de amparo indirecto, y esto es así, en virtud de que se pone de manifiesto que del estudio de la demanda de amparo no se observa que exista algún acto que produzca una afectación personal y directa, y sobre todo actual, en relación al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del gobernado, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que, se reitera, la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido por la normatividad antes precisada. Una vez sentado lo anterior, se reitera que en el caso que nos ocupa, el quejoso señala como alguno de su acto reclamado, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, dentro de la causa penal JC/1034/2021; sin embargo, lo anterior no constituye un acto que produzca una afectación personal y directa al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma, ya que aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que, en la especie, no acontece, ya que a través de dicha actuación, no se estima como una violación por parte de la responsable a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Al efecto, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función; cuestiones estas consideradas de orden público, pues la sociedad se encuentra interesada en que se cumpla con dicha disposición. Lo anterior pone de manifiesto que las actuaciones de investigación practicadas en su contra, no le irrogan perjuicio alguno a la aquí parte quejosa, ya que las autoridades responsables, llevan a cabo la actividad encomendada por disposición constitucional; por lo que, en todo caso, el acto que le depararía algún perjuicio, lo sería la orden de comparecencia o presentación que, en su caso, existiera o la orden aprehensión o detención que en su caso llegara a dictar el juez penal correspondiente, una vez ejercida la respectiva acción penal; sostener lo contrario llevaría al extremo de entorpecer la función esencial del Ministerio Público y del Juez que conozca del juicio que en su caso se inicie, de ahí que, la orden de citación pese a ser un acto proveniente de un tribunal judicial fuera de procedimiento, no constituye una afectación a su libertad personal, en contravención de una cuestión de orden público, a la que de manera alguna se debe de anteponer el interés particular. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2018828, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común-Penal, ubicada en la publicación semanal, Diciembre de 2018, de rubor y texto estatuyen: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." Así como también la tesis número 1a. CXXXV/2004, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 351, del tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro indica: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De igual forma, resulta orientadora la tesis III.2o.P.91 P (10a.), de la Décima Época, registro 2010448, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Página 3529, de rubor y texto estatuyen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA." Los razonamientos expuestos ponen de relieve lo manifiesto de las causas de improcedencia invocadas en la presente determinación, la cual resulta indudable, habida cuenta que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento por cuanto a dicho acto, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Aunado a que la decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es aplicable, en lo conducente, el criterio 1a.CCLXXVI/2012 sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 530, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: ...En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el numeral 1° fracción I, 5° y 107 fracciones I y IV, esta última en sentido contrario, de la Ley de Amparo, además en atención a los establecido por los dispositivos normativos 21 y 107 Constitucionales, con fundamento en las aludidas porciones normativas en relación con el artículo 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Máxime que, por la forma en que plantea el acto reclamado, es inconcuso que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva o privativa de libertad, no se trata de un acto inminente, si no sujeto a que, en su caso, el promovente del amparo acuda a la citación que le fue formulada mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Para dilucidar lo anterior, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que a la fecha de la presentación de la misma, no se aprecia un acto de autoridad materialmente concreto, por lo que es claro que el perjuicio al amparista, ocurrirá cuando se ejecute el acto que refiere, pudiendo desde luego no ocurrir, por lo que su dolencia constituye un acto futuro de realización incierta, en razón de que, no existe la certeza de lo reclamado. Ello es así, toda vez que el amparo es procedente contra actos que, aun cuando no se han realizado, existe plena certeza que se llevarán a cabo, es decir, que tienen el carácter de inminentes, pero en tratándose de aquellos respecto de los cuales no existe la seguridad de que se producirán actosfuturos probables o remotos, el amparo es improcedente pues dada su inexistencia material no producen agravios en la esfera jurídica del promovente, cuestión que se actualiza en el presente asunto, pues el acto reclamado están condicionado a que se concrete materialmente. Tiene aplicación tesis XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-1, febrero de 1995, página 138, del rubro siguiente: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS." Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida.Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lohagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos.Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizados con facultades amplios a Enrique Paredes Sotelo, Edgar Antonio Colín Salazar, Ismael Ramírez Gómez y Susana Gabriela Barrios Ramírez, en razón de que acreditaron tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a Carolina Gaviño Gama, en virtud de que no colmó tal extremo, a quien únicamente se le autoriza para el efecto de oír y recibir notificaciones. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Medio especial de comunicación. Por otra parte, indíquese al promovente que no ha lugar a tener como medio de notificación el número celular y correo electrónico que proporciona en su escrito, pues la Ley de Amparo, no contempla dichos medios para oír y recibir notificaciones. No obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión.del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe. osm

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