Juan José García Ramírez
Expediente 946/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/08/2023
Partes del expediente
- Juan José García Ramírez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticinco de julio de la presente anualidad, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido <se tuvo por no presentada> (artículo 20, fracción II, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de julio de dos mil veintitrés.****************************************DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio signado de manera electrónica por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto ********************, (orden ********************-VII) de este índice, por el que se solicitó notificar el acuerdo de diez de julio de la presente anualidad, al quejoso ********************; en ese sentido, téngase por notificado al impetrante del proveído de referencia, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Amparo.****************************************ANOTACIONES. Dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones respectivas.****************************************En el entendido que, del contenido de la diligencia encomendado, se evidencia como fecha de notificación el catorce de los cursantes; por ende, dicha data se tendrá para efectos de cómputo del requerimiento de que fue objeto el impetrante. ****************************************Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio.****************************************Notifíquese.***************************************
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de julio de dos mil veintitrés. HOMÓLOGO NO ACEPTA COMPETENCIA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en el Naucalpan de Juárez, por medio del cual, remite los autos del juicio de amparo 829/2023 de su índice, así como cinco traslados de la demanda de amparo, al no aceptar la competencia declinada en el juicio de garantías que al rubro se indica, por los motivos que expone. Acúsese recibo. Asimismo, agréguense las actuaciones derivadas del juicio constitucional 829/2023 del índice del referido Juzgado Séptimo. En tal virtud, este juzgado no insiste en declinar competencia. PREVENCIÓN. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que el ocursante pueda subsanarlas en tiempo. En ese orden, con fundamento en los artículos 108, fracción I, en relación con el 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído, realice lo siguiente: ÚNICO. Se requiere al quejoso Juan José García Ramírez, a fin de que dentro del improrrogable plazo de cinco días contados legalmente, comparezca debidamente identificado con documento oficial vigente, a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito, a fin de que ratifique como suya la huella que calza en el escrito de cuenta. Lo anterior es así, porque del contenido de la demanda no se aprecia que alguien firme a su ruego. Es aplicable, en sentido contrario, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2333 del Semanario Judicial de la Federación, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Décima Época, con registro 2000079, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Así como por analogía, la tesis XVII.2o.1 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1410, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, Décima Época, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE SU EXAMEN EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO SE ENCUENTRA EN CLARA DESVENTAJA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL JUICIO Y EN LUGAR DE LA FIRMA CONTIENE ÚNICAMENTE LA HUELLA DACTILAR, DEBERÁ PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA IRREGULARIDAD Y NO DESECHARLA. Cuando del examen de la demanda de amparo se advierta que el quejoso únicamente estampó su huella dactilar, por no saber o no poder firmar, debido a sus condiciones de pobreza o marginación que pudieran consistir, entre otros supuestos, en la carencia de estudios que le impidan insertar un gráfico que lo identifique; que su situación médica se lo impida; que sea persona adulta mayor y tenga especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercer sus derechos; ello, aunado a que en el momento procesal correspondiente no esté a su alcance el auxilio de un tercero que a su ruego promueva en su nombre, el Juez de Distrito, al advertir esa clara desventaja social para la defensa del juicio, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deberá observar los estándares constitucionales y convencionales de los que el Estado Mexicano es Parte, a efecto de salvaguardar sus derechos humanos, así como de las garantías para su protección; esto es, en términos del artículo 17 constitucional, en relación con los diversos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deberá otorgar al gobernado la oportunidad de acceder a la impartición de justicia para su debida defensa en el juicio, por lo que lo requerirá para que ratifique o reconozca como suya la huella dactilar que estampó en su demanda, con los apercibimientos respectivos; lo anterior, además, con apoyo en el numeral 114, fracción I, de la Ley de Amparo, pues dicha circunstancia constituye una irregularidad de la demanda que amerita la prevención." APERCIBIMIENTO. Se apercibe al impetrante que de no dar cumplimiento al punto indicado en líneas precedentes dentro del plazo que le fue conferido, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo MANDA EXHORTO. Por otra parte, tomando en consideración que mediante auto de veinte de junio del año en curso, se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este juzgado federal, en razón de que el domicilio que señaló el impetrante se encuentra fuera de la jurisdicción de este domicilio; no obstante lo anterior y dada la trascendencia de la presente determinación; con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíese exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio conocido, San Isidro el Álamo, Polotitlán, Estado de México, a efecto de notificar al quejoso o a sus autorizados Olga Lidia Reséndiz Escamilla y Belén Martínez Mendoza, el presente auto, corriéndole traslado con copia del mismo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y por exhorto a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo, en la que obra huella dactilar presuntamente plasmada por el quejoso ********************, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 946/2023-VII. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La negativa y omisión por parte de las autoridades responsables de atender la solicitud con número de folio ******************** de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, relativa al procedimiento registral <emisión de la calificación registral, liberación de la adopción del dominio pleno sobre parcelas, cancelación de certificado parcelario, expedición y entrega del título de propiedad,>, respecto de la parcela ********************con número de folio********************perteneciente al Ejido de San Isidro El Álamo, Polotitlán, Estado de México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." INCOMPETENCIA LEGAL EN RELACIÓN AL TERRITORIO. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen las reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la peculiaridad para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado deba tener ejecución en más de un Distrito, haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente aquel ante el que se haya presentado la demanda de amparo; y c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, se debe tener presente la naturaleza del acto reclamado -si requiere ejecución material o carece de ésta-, así como sus características fundamentales - acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado-, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 - el seis de abril de dos mil once, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. De los anteriores, importa destacar los actos omisivos o abstenciones, que son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Ahora, para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, se trae a contexto lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1241/1997, en el que puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, la misma Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos, no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. Expuesto lo anterior, ahora se precisa que el acto reclamado es la negativa y omisión por parte de las autoridades responsables de atender la solicitud con número de folio ******************** de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, relativa al procedimiento registral <emisión de la calificación registral, liberación de la adopción del dominio pleno sobre parcelas, cancelación de certificado parcelario, expedición y entrega del título de propiedad>, respecto de la parcela ********************con número de folio********************perteneciente al Ejido de San Isidro El Álamo, Polotitlán, Estado de México. Para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, la Primera Sala resolvió en el amparo en revisión 1241/1197, que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a una determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/20074 la Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Bajo ese contexto, el quejoso reclama actos con ejecución material, por lo cual este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que, como ya se dijo, sus consecuencias jurídicas se materializarán en diverso municipio. En efecto, el acto reclamado por la parte quejosa es susceptible de constituir una omisión con ejecución material, por la situación especial en que refiere encontrarse, derivado del vínculo objetivo e indisoluble entre: El trámite de la solicitud de cancelar el certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente. La obligación de las autoridades responsables cancelar el certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente, derivado de la citada solicitud. En efecto, se insiste, la negativa y omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente, en el procedimiento registral respectivo trae aparejada una ejecución material. Ello en la medida que, con la negativa y omisión de las autoridades administrativas de realizar la cancelación y expedir el título de propiedad en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio del peticionario en el trámite administrativo. Esto es, el omitir dar continuidad al procedimiento registral correspondiente, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. Razón por la cual no puede afirmarse que la omisión y negativa de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente, es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con la negativa y omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Si ello no fuera así, la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la negativa y omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente no involucraría un "hacer", que es expedir el título de propiedad al quejoso lo más pronto posible. De esta manera llegamos a la conclusión de que la omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente en el procedimiento registral respectivo, si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que, se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a atender la solicitud, implicando con ello, un actuar que tendrá alcances materiales en la situación particular del solicitante. Por tanto, es de concluir que en el caso, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material. Sobre esa consideración, este órgano jurisdiccional considera que, se actualiza la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de amparo, relativa a que es Juez competente el del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, a saber, en los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que por razón de turno corresponda, al tener jurisdicción en el Municipio de Polotitlán, Estado de México, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues es en su jurisdicción en donde los efectos positivos de la omisión y negativa señalada a las autoridades responsables de iniciar con el procedimiento registral que con la solicitud folio ******************** inició el ahora impetrante, en relación con la parcela ********************con número********************perteneciente al Ejido de San Isidro El Álamo, Polotitlán, Estado de México. Por tanto, tomando en consideración la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo requiera ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, es evidente que, quien debe conocer de la demanda que nos ocupa, es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Cobra aplicación, de manera orientadora, la tesis I.1oP. J/6 (10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 764, con registro digital 2018880, Décima Época, cuyo texto es el que sigue: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." De lo anterior, se obtiene que a pesar de que el acto que se reclama consiste en la omisión y negativa por parte de las responsables señaladas de iniciar un trámite de carácter administrativo, dicho acto tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la vulneración en su derecho de propiedad, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el ya citado artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto. Así, dado que como ha quedado asentado la omisión y negativa de darle respuesta al inicio del procedimiento registral que pretende llevar a cabo la parte quejosa mediante la solicitud con número de folio ******************** de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, es en relación a la parcela ********************con número de folio********************perteneciente al Ejido de San Isidro El Álamo, Polotitlán, Estado de México. Entonces, al pertenecer la parcela ********************al Ejido de San Isidro El Álamo, Polotitlán, Estado de México, es ahí, donde el no hacer que se reclama tiene sus efectos positivos, puesto que mientras la autoridad continúe con la abstención que se impugna en el presente juicio de garantías, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso. Por tanto, en las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Ahora bien, tomando en consideración que del escrito que se provee se desprende domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado, al no existir domicilio procesal, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se le tienen las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto señale uno diverso con residencia en esta ciudad o bien, proporcione usuario electrónico. En otro punto, en atención a la certificación secretarial de cuenta, se autoriza en términos restringidos a las personas que refiere en el ocurso que se atiende, hasta en tanto registren cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MANDA EXHORTO. Así, tomando en consideración que tal como se indicó en párrafos que anteceden, el domicilio que señala el ahora quejoso, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, al encontrarse ubicado en Polotitlán, Estado de México; con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio conocido, San Isidro el Álamo, Polotitlán, Estado de México, a efecto de notificar el presente auto dado el contenido del mismo, y le corra traslado con el mismo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y por exhorto al quejoso.
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