Juan Jiménez Serrano

Expediente 534/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
534/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
22/01/2018

Partes del expediente

  • Juan Jiménez Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. UN ACUERDO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Mesa VI. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso mediante el cual cumple la prevención formulada en autos, por lo que provéase lo conducente en relación a la demanda de amparo. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Toluca, Estado de México y otra autoridad. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente de: "La orden verbal de las autoridades responsables de emitir los comprobantes fiscales, así como facturar y entregar el comprobante en que fueran gastados los subsidios económicos que fueron entregados al quejoso el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete". DESECHAMIENTO. Luego, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia número 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia número 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye la orden verbal de las autoridades responsables de emitir los comprobantes fiscales, así como facturar y entregar el comprobante en que fueran gastados los subsidios económicos que fueron entregados al quejoso el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Luego, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, pues el quejoso se limita a manifestar en el escrito aclaratorio lo siguiente: "[.] preciso a esta autoridad que la fecha de requerimiento de las facturas fue el día ocho de enero del año dos mil diecisiete y fue realizada en forma oral por las autoridades responsables. [.] preciso y manifiesto a esta autoridad que la resolución me fuera notificada de manera oral en fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete." En ese contexto, lo anterior se advierte que el quejoso hace consistir el acto que reclama en esta instancia (la orden verbal de emitir los comprobantes fiscales y facturar que acrediten en que fueron gastados los subsidios económicos que le fueron entregados el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete), de ahí que se trata únicamente del temor a ser requerido de dichos documentos; sin que del resto del contenido del libelo inicial de demanda y escrito aclaratorio se advierta que actualmente se haya emitido un acto de autoridad en concreto dirigido al peticionario de amparo, mediante el cual se le requiera indudable de los comprobantes que refiere en su demanda, además de que si bien el promovente refiere en su escrito inicial como consecuencia del acto reclamado la imposición de una sanción, consistente en arresto y destitución de su cargo o empleo que desempeña, lo cierto es que de su escrito aclaratorio se aprecia que a la fecha no se ha ejecutado en su perjuicio ninguna de esas dos medidas, pues así manifiestamente lo refiere. Ahora, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos previos que en modo alguno informan que las autoridades van a llevar cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al referir el promovente que se trata de un requerimiento verbal, por ende, de lo expuesto no se advierte que se hayan realizado trámites, tendentes a requerir materialmente los comprobantes y facturas que constituyen el acto reclamado, sin que dicha circunstancia implique que exista una orden dirigida a su persona; por ende, se considera que no existe un acto cierto e inminente contra el quejoso. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia real y manifiesta misma de la afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías." Resaltando el hecho de que la posible orden de traslado, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues no se ha emitido resolución alguna. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que el posible requerimiento de facturas y comprobantes de gastos, aún no se emite y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente que invada la esfera de derechos de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ****, por notoriamente improcedente. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Mesa VI. Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho contra actos del Director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Toluca y otro; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 534/2017-VI. Prevención. De conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima procedente requerir a la parte quejosa por el plazo de cinco días para que por escrito y bajo protesta de decir verdad, con las copias necesarias de éste, y entendida de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, para que realice lo siguiente: Uno. Deberá precisar la fecha del acuerdo o la resolución por la cual se le requirieron al quejoso los comprobantes fiscales, facturas o comprobantes de gastos y sí tal requerimiento se efectuó de forma oral o escrita. Dos. Manifieste en qué fecha fue notificado del acuerdo y/o resolución que reclama; toda vez que señala que conoció de la misma el uno de diciembre de dos mil diecisiete; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado se desprenden diversas fechas como lo son la del dos y ocho del mismo mes y año que transcurren. Tercero. Precise sus antecedentes relacionados con el acto reclamado, toda vez, que del marcado con el numeral cuatro se establece: las autoridades responsables, exigieron de nueva cuenta la entrega de las facturas que ya había excedido el tiempo que se habría (sic) dicho en días anteriores que de lo contrario sería acreedor a la sanción de arresto, y que se realizaría mi destitución. Sin que quede claro para este órgano jurisdiccional si el arresto o destitución los reclama como actos destacados en el presente sumario constitucional; además de señalar si ya fueron ejecutados. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en este proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. Conforme a lo establecido en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda Ahora, en consideración a que el auto por el cual se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no presentada; razón por la cual debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia publicada con el número 2a./J. 24/2004 en la página 321, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2004, Tomo XIX, Novena Época, Materia Común cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO." Por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito para que notifique el presente proveído al quejoso Juan Jiménez Serrano en el domicilio señalado en el proemio del escrito inicial de demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas mencionados en su escrito de demanda. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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