Juan Jesús Estrada Estrada

Expediente 1033/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1033/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Juan Jesús Estrada Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa I Toluca, Estado de México; trece de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes el oficio recibido vía interconexión y procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en los autos del recurso de queja 143/2022 de su índice, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. El recurso de queja es infundado" Por tanto, acúsese recibo a la Superioridad. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. VISTA PARA RECOGER DOCUMENTOS. En ese orden de ideas, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que durante la tramitación del presente asunto, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de julio de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito por el cual el quejoso Juan Jesús Estrada Estrada, interpone recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En ese contexto, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. Con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase dicho escrito al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN TURNO, así como copia certificada de las constancias necesarias para ello. Asimismo, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Finalmente, se comisiona a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de la adscripción, para que vincule el expediente electrónico a efecto de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso en comentario, esté en posibilidad de consultar las constancias que requiera. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual comunica el auto de veintiuno de junio del año en curso, por el que dicho órgano ordenó remitir por conocimiento previo el juicio amparo indirecto 939/2022-IX, formado con motivo de la demanda promovida por Juan Jesús Estrada Estrada, por propio derecho; contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En esas condiciones, en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito, se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese como juicio de amparo 1033/2022-I. Acúsese el recibo de estilo. Asimismo, a fin obtener el registro correspondiente del presente juicio de amparo, envíese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para la asignación del número de registro de este expediente para su control, emisión de la boleta de turno correspondiente y equilibrar las cargas de trabajo, en relación al presente asunto. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: La resolución dictada en el toca de apelación 471/2017 pronunciada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual revocó el auto que negó la orden de aprehensión dictada el veintinueve de julio de dos mil dieciséis por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J.55/98, publicada con el número de registro 195745, en la página 227, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo En el caso, este juzgador advierte actualizada de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." La causa de improcedencia que alberga el precepto transcrito, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La ratio legis de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Entonces, esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. En ese sentido, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición imperativa en estudio, puede decirse que la conformidad con el acto reclamado comprende tanto lo que la doctrina considera en sí mismo al consentimiento expreso como lo que se entiende por consentimiento tácito, connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 1803, conforme a las cuales el consentimiento expreso es aquél cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, mientras que el tácito, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Cabe significar que la anterior conclusión no debe confundirse con la hipótesis normativa de la fracción XIV del artículo 61 en consulta, pues esta última se refiere al consentimiento tácito que se presume de la presentación extemporánea de la demanda de garantías al no promoverse oportunamente dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, en tanto que el consentimiento tácito que se deriva de la fracción XIII, se refiere a la presunción que se desprende de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, es decir, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el consentimiento expreso al que se refiere el artículo en estudio, que da pauta para el sobreseimiento en el juicio de amparo, puede derivar del acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio al quejoso; es decir, opera el consentimiento expreso del acto reclamado cuando el perjuicio constituye la consecuencia de un beneficio, cuando el consentimiento del primero supone la aceptación del segundo. Resulta aplicable, por identidad de razones, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado." Jurisprudencia que si bien analiza el artículo 73, fracción XI, de la anterior Ley de Amparo, empero, se considera aplicable por similitud de razones, dado que el contenido de dicho numeral se conservó en el diverso artículo 61, fracción XIII, de la Ley de la materia vigente. Al mismo tiempo conviene mencionar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también reitera el criterio de que el desistimiento de la demanda de amparo igualmente implica el consentimiento expreso de los actos reclamados, de modo que resulta improcedente un posterior ejercicio de la acción constitucional en contra de los mismos actos reclamados en un juicio de amparo anterior en el que se formuló desistimiento de la acción. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 302/91, determinó con carácter obligatorio que el desistimiento en el juicio de amparo entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, de tal modo que si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos respecto de los cuales desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, el cual encuentra su correlativo en el numeral 61, fracción XIII, de la ley de la materia vigente. Debido a la especial trascendencia que tienen para el resultado de este fallo, se considera pertinente transcribir las consideraciones esenciales que el Máximo Tribunal de la Nación expuso para arribar a esa conclusión: "SEXTO. Bajo esas premisas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer el criterio que se sustenta en esta resolución. Para el efecto de establecer la tesis que debe prevalecer es condición indispensable referirse al desistimiento en el juicio de amparo. Dentro de la doctrina procesal el desistimiento ha sido considerado como la abdicación al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o de la reclamación de un derecho; y se ha examinado distinguiendo entre el desistimiento de la acción, de la instancia o del derecho. Uno de los principios fundamentales en que se sustenta el juicio de amparo, es el contenido en la fracción I del artículo 107 constitucional y en la fracción IV del artículo 4 de su ley reglamentaria, en el sentido de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que, generalmente, sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Por tanto, si el juicio de amparo, por disposición constitucional, sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, pueda abdicar de su pretensión para que el órgano de control constitucional proceda al análisis de la juridicidad de dicho acto; y esto ha sido reconocido en la ley, pues el numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda. Ese precepto dispone: Artículo 74. (Se transcribe). El desistimiento que contempla la fracción I del artículo 74 transcrita, constituye una abdicación o renuncia a la potestad o derecho del sujeto, para que el órgano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; implica, por tanto, un desistimiento de la acción, como ha sido reconocido dentro de la doctrina del juicio de amparo. El desistimiento del quejoso da origen al sobreseimiento en el juicio y los efectos de éste, según lo ha señalado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consisten en poner fin al juicio sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, dejando las cosas tal como se encontraban al momento de promoverse la demanda. Así lo señala la jurisprudencia mil setecientos noventa y ocho del alto tribunal, publicada en la página dos mil ochocientos noventa y seis, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, la que señala: 'SOBRESEIMIENTO. (Se transcriben texto y precedentes). Por ende, la manifestación de voluntad del quejoso externada de modo fehaciente, constituye la renuncia o abdicación del derecho a que el órgano de control despliegue su actividad para, eventualmente, proceder al examen de la juridicidad del acto reclamado, lo que para los efectos del juicio de amparo constituye un consentimiento expreso de dicho acto, puesto que su consecuencia, que es el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar en el sentido dado al acto reclamado, independientemente de que esto sea o no conforme con sus atribuciones, esto último porque precisamente la renuncia del quejoso impide, en su caso concreto, el análisis de si la actividad desarrollada por la autoridad es o no acorde con sus facultades y obligaciones. Es pertinente señalar, que lo determinante para concluir que el desistimiento del quejoso implica el consentimiento del acto reclamado, no lo es la circunstancia de que el juicio de amparo deba promoverse en los términos previstos por la ley, pues existen supuestos en los que ese medio de defensa puede intentarse en cualquier tiempo, como se sigue de lo dispuesto por los artículos 22, fracción II, primer párrafo, y 217 de la Ley de Amparo, los que señalan: Artículo 22. (Se transcribe) Artículo 217. (Se transcribe) Lo anterior se explica porque el desistimiento formulado por el quejoso, supone tanto el conocimiento del acto reclamado, como que su instancia ya puso en movimiento al órgano jurisdiccional. De tal manera, el hecho de que el enjuiciante esté en condiciones de promover en cualquier tiempo el juicio de amparo, no implica que no pueda surtir efectos el desistimiento formulado en un primer juicio, pues esa manifestación de voluntad constituye, como se dijo, una aceptación del acto reclamado que no puede ser ignorada por el órgano jurisdiccional de control. Sostener la hipótesis contraria, es decir, que en los casos en que el quejoso puede promover en cualquier tiempo el juicio de amparo, no surte efectos el desistimiento en un juicio anterior, en contra de los mismos actos reclamados, sólo conduciría a la inseguridad jurídica, pues quedaría a la voluntad de aquél la promoción de dos o más juicios de amparo en contra de un mismo acto, como lo señaló el Segundo Tribunal Colegiado. Así, el hecho de que la Ley de Amparo permita la promoción de la demanda de amparo en cualquier tiempo, en determinadas hipótesis que operan como excepción a la regla general, tiene como un propósito evidente, garantizar al gobernado el acceso a la Justicia Federal en casos particularmente graves o que pueden ser susceptibles de causar un perjuicio a sujetos para los que el orden constitucional ha dispuesto una tutela especial. Pero la excepción a la regla general de que el amparo debe ser promovido dentro de los términos fijados por la ley, no implica que ese medio de defensa pueda ser promovido, respecto de los mismos actos reclamados, en tantas ocasiones como lo desee el quejoso, pues su instancia se encuentra sujeta a requisitos de procedibilidad que condicionan el ejercicio válido de la acción; es decir, una cosa es que el amparo, en determinados casos, pueda ser promovido en cualquier tiempo y otra, muy diferente, es que ese medio de defensa pueda ser promovido tantas veces como lo pretenda el quejoso, en contra de los mismos actos reclamados. Por ende, si en la hipótesis de la contradicción, el quejoso promovió un juicio de amparo en contra de determinado acto reclamado, y luego desistió de dicho juicio, su manifestación de voluntad entraña el consentimiento expreso del acto reclamado, ya que las cosas quedan en el mismo estado en el que se encontraban antes de promoverse la demanda, por virtud del sobreseimiento que resulta como consecuencia de la renuncia del quejoso, al eventual análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Por consiguiente, si bajo la anterior hipótesis el mismo quejoso promueve un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados, es obvio que la procedibilidad de su acción quedará determinada por el consentimiento expreso, previamente generado por el desistimiento formulado en el primer juicio, lo que acarreará la improcedencia del segundo. Establecida esa conclusión ahora corresponde determinar cuál es la causa de improcedencia que se actualiza en relación con el diverso juicio promovido por el mismo quejoso y respecto del mismo acto reclamado. Si ya se ha señalado que el desistimiento del quejoso entraña el consentimiento expreso de los actos reclamados, esa sola condición actualiza el supuesto previsto por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que señala: Artículo 73. (Se transcribe). De tal manera, el diverso juicio promovido por el mismo quejoso y en contra de los mismos actos reclamados será improcedente por el consentimiento previo de aquéllos, configurado con el desistimiento formulado por el quejoso en un juicio de amparo anterior. En ese sentido, el consentimiento de los actos reclamados opera en el juicio con independencia de las razones que se hayan tenido en cuenta para el desistimiento, pues la consecuencia que éste produce, el sobreseimiento en el juicio, como se dijo, deja en libertad de actuación a las autoridades responsables, sin imponerles obligación alguna; y la ley no contempla o permite los desistimientos condicionados lo que, desde luego, es distinto de que esa renuncia pueda referirse sólo a parte de los actos reclamados cuando éstos son varios. Por ello, la razón no asiste al denunciante de la contradicción, cuando sostiene que el desistimiento en el primer juicio tuvo como propósito mejorar su defensa y que, en tal virtud, era procedente el segundo juicio, pues su manifestación de voluntad de renunciar al eventual análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, lleva implícito el consentimiento de los actos reclamados, pues no forma parte de su esfera de derechos el promover válidamente el juicio de amparo, en contra de los mismos actos, tantas veces como considere conveniente, supuesto que su acción está sujeta a la satisfacción de diversos requisitos de procedibilidad; y en el aspecto negativo de éstos, es decir, en las causas que hacen improcedente el juicio, se contemplan, entre otras, las relativas al consentimiento expreso o tácito de los actos reclamados las que, una vez demostradas, conducen al sobreseimiento. Por esas razones, como se indicó, en hipótesis como la señalada, el diverso juicio de amparo resulta improcedente por el consentimiento expreso de los actos reclamados. Debe precisarse, por otra parte, que el desistimiento del juicio también puede ser la causa de que en un diverso juicio de amparo, intentado por el mismo quejoso y en contra de los mismos actos se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo, la que señala: Artículo 73. (Se transcribe). Y la fracción anterior a que la norma se refiere dispone: III. (Se transcribe). La fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo se refiere a la existencia de una sentencia ejecutoria y consigna la imposibilidad jurídica de someter nuevamente a análisis la constitucionalidad de los actos reclamados en un primer juicio.- En este sentido tanto la labor jurisdiccional de la Suprema Corte como la doctrina del amparo, han considerado que una resolución, por la que se decreta el sobreseimiento en el juicio, por regla general, no constituye cosa juzgada pues no se ha realizado el examen de la juridicidad de los actos reclamados; esto es, no contiene una declaración sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad. Pero esa propia actividad de los tribunales federales, ha establecido una excepción a la regla general señalada. En efecto, en la jurisprudencia publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, la Suprema Corte ha establecido: COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. (Se transcriben texto y precedentes). Como puede advertirse de la lectura del sumario transcrito, existen algunos casos en los que el sobreseimiento del juicio de amparo determina la improcedencia válida de la acción, dentro de las que se encuentra el consentimiento de los actos reclamados. Ahora bien, aunque en los precedentes que dieron origen a esa jurisprudencia no se trató un caso específico de consentimiento expreso de los actos reclamados, derivado del desistimiento de un juicio de amparo anterior, la conclusión a que se llega en ella corrobora lo expresado, pues el desistimiento del quejoso entraña el consentimiento expreso de los actos reclamados. Consecuentemente, es claro que bajo esas circunstancias el nuevo juicio que se promueva, por el mismo quejoso y en contra de los mismos actos reclamados, resultará improcedente; y resultará aplicable la causa de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se reúne también el requisito de que se trate, además, de las mismas autoridades (o en un caso de excepción aun cuando en el segundo juicio se haya señalado como autoridad ejecutora a una autoridad no designada con ese carácter en el primer juicio (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XCIX, página 1867. Fernández José Julio, Suc. de). Por ende, es posible concluir que también el consentimiento expresado por el quejoso al desistir de un juicio de amparo anterior, promovido por él y en contra de los mismos actos reclamados, puede generar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo, si se reúnen los demás requisitos que esa fracción contempla. Lo anterior debido a que, si bien en principio y por regla general, una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada, cuando ese sobreseimiento deriva del consentimiento expreso del quejoso, ello hace inejercitable válidamente la acción en un nuevo juicio de amparo, en contra de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, puesto que el desistimiento del quejoso entraña una aceptación expresa de los actos de la autoridad.- Corrobora esa conclusión la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página dos mil ochocientos setenta y cinco, de la Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, la que señala: AMPARO IMPROCEDENTE (DESISTIMIENTO EN UN AMPARO ANTERIOR). (Se transcriben texto y precedentes).'" Como es fácil de advertir, el Máximo Tribunal de la Nación determinó que si el juicio de amparo, por disposición constitucional, sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, pueda abdicar de su pretensión de que el órgano de control constitucional analice la juridicidad de dicho acto; y esto ha sido reconocido en la ley, pues el numeral 74, fracción I, de la anterior Ley de Amparo -actualmente 63, fracción I, de la legislación vigente- establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda. Es por ese motivo que el Tribunal Pleno estimó que si el desistimiento del quejoso da origen al sobreseimiento en el juicio y los efectos de éste consisten en poner fin al juicio sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, dejando las cosas tal como se encontraban al momento de promoverse la demanda; por ese motivo la manifestación de voluntad del quejoso externada de modo fehaciente, constituye la renuncia o abdicación del derecho a que el órgano de control despliegue su actividad para, eventualmente, proceder al examen de la juridicidad del acto reclamado; lo que para los efectos del juicio de amparo constituye un consentimiento expreso de dicho acto, puesto que su consecuencia, que es el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar en el sentido dado al acto reclamado, independientemente de que esto sea o no conforme con sus atribuciones, esto último porque precisamente la renuncia del quejoso impide el análisis de si la actividad desarrollada por la autoridad es o no acorde con sus facultades y obligaciones. El Tribunal Pleno del Máximo Tribunal de la Nación también consideró que lo determinante para concluir que el desistimiento del amparo implica el consentimiento del acto reclamado, no lo es la circunstancia de que el juicio de amparo puede promoverse en los términos establecidos en la ley, porque el desistimiento formulado por el quejoso supone tanto el conocimiento del acto reclamado como que su instancia ya puso en movimiento al órgano jurisdiccional; de tal modo que el hecho de que el enjuiciante esté en condiciones de promover en cualquier tiempo el juicio de amparo, no implica que no pueda surtir efectos el desistimiento formulado en un primer juicio, pues esa manifestación de voluntad constituye una aceptación del acto reclamado que no puede ignorar el órgano jurisdiccional de control. Sostener la hipótesis contraria, dijo, es decir, que en los casos en que el quejoso puede promover en cualquier tiempo el juicio de amparo, no surte efectos el desistimiento en un juicio anterior, en contra de los mismos actos reclamados, sólo conduciría a la inseguridad jurídica, pues quedaría a la voluntad de aquél la promoción de dos o más juicios de amparo en contra de un mismo acto. En suma, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación insistió en que si el quejoso promovió un juicio de amparo en contra de determinado acto reclamado, y luego desistió de dicho juicio, su manifestación de voluntad entraña el consentimiento expreso del acto reclamado, ya que las cosas quedan en el mismo estado en el que se encontraban antes de promoverse la demanda, por virtud del sobreseimiento que resulta como consecuencia de la renuncia del quejoso, al eventual análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados; de tal modo que si el mismo quejoso promueve un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados, es obvio que la procedibilidad de su acción quedará determinada por el consentimiento expreso, previamente generado por el desistimiento formulado en el primer juicio, lo que acarreará la improcedencia del segundo. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia número P./J. 3/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados." Jurisprudencia que aun cuando analiza el artículo 73, fracción XI, de la anterior Ley de Amparo, empero, se estima aplicable por identidad de razones, en tanto que el contenido de dicho numeral se conservó en el diverso artículo 61, fracción XIII, de la Ley de la materia vigente. Precisado lo anterior, en el caso, como ya se dijo en líneas anteriores, el quejoso reclama en el presente sumario: La resolución dictada en el toca de apelación 471/2017 pronunciada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual revocó el auto que negó la orden de aprehensión dictada el veintinueve de julio de dos mil dieciséis por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Ahora bien, para el suscrito constituye un hecho notorio el cual se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, los asuntos que en este juzgado se tramitan, en el caso en particular el juicio de amparo 42/2022-IV, en que el quejoso Juan Jesús Estrada Estrada el catorce de enero de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridad responsable al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, de quien reclamó: la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. La citada autoridad rindió informe en el sentido de que recibió la averiguación previa TOL/DR/I/466/06, y el veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, negó la orden de aprehensión solicitada; determinación contra la cual el Agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal en Toluca y una vez substanciado ese procedimiento revocó la orden de captura decretada y en su lugar determinó librar orden de aprehensión en contra del hoy quejoso Juan Jesús Estrada Estrada. Luego, mediante ocurso presentado en este Juzgado de Distrito el nueve de marzo de dos mil veintidós, el peticionario del amparo, amplió la demanda y señaló como acto reclamado la resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 471/2017, mediante la cual el Tribunal de Alzada determinó revocar la orden de aprehensión. Al rendir su informe con justificación el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal en Toluca, aceptó la existencia del acto reclamado y argumentó que el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, dictó resolución en el toca de apelación 492/2016 y su acumulado 471/2017, mediante la cual revocó la determinación del A quo y en su lugar dictó orden de aprehensión en la causa penal 105/2016, instruida a Juan Jesús Estrada Estrada. Seguido el curso del juicio de amparo 42/2022, el dos de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional; y, mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito el trece de mayo de esta misma anualidad, el quejoso presentó un escrito por el que se desistió del juicio; ocurso que fue ratificado por el peticionario del amparo el diecisiete del citado mes y anualidad ante la presencia de la Secretaria de este Juzgado. A consecuencia de lo anterior, la audiencia constitucional concluyó con el dictado de la sentencia terminada de engrosar el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; determinación que causó ejecutoria el siete de junio de dos mil veintidós. Lo anterior, pone en evidencia que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, son idénticos a los reclamados en el diverso juicio de garantías 42/2022-IV. Además, de las constancias del referido juicio de amparo 42/2022-IV también se advierte que en sentencia terminada de engrosar el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio, debido a que el quejoso se desistió expresamente de la demanda de amparo. En ese orden de ideas, si en el juicio de amparo 42/2022-IV Juan Jesús Estrada Estrada se desistió de la acción constitucional ahí ejercida; entonces, su manifestación de voluntad entraña el consentimiento expreso respecto del acto que reclamó en dicho juicio y que es idéntico al reclamado en esta instancia constitucional; lo que de suyo es suficiente para colmar los supuestos de la causa de improcedencia en estudio. Con base en las anteriores consideraciones es posible concluir que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Jesús Estrada Estrada, contra actos del contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Pichardo Martínez, Pedro Samuel Pichardo Martínez y Santos Neri Dorantes, porque cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida a las restantes personas que menciona en su escrito de cuenta, limitación que perdurará hasta que realicen dicho trámite y la parte quejosa lo comunique mediante nueva promoción. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano