Juan José Cardeña Manzanero

Expediente 311/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
311/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Juan José Cardeña Manzanero

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina de que en virtud de que se sobreseyó en el presente en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados a la responsable, de conformidad con el criterio de valoración documental emitido por el Consejo de la Judicatura Federal de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el cuaderno original de dicho incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al carecer de relevancia jurídica; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 21 del citado acuerdo general. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 311/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ****, Notario Público *** del Estado, contra los actos reclamados a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán. (...) QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia atinente a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, la cesación de efectos es una causa de improcedencia que tiene su asidero en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, de acuerdo a los cuales, tratándose de actos positivos, el juicio de amparo será improcedente cuando la autoridad responsable revoque el acto reclamado en el juicio de amparo mediante una resolución posterior, de tal manera que la situación jurídica del quejoso sea igual a aquella que tenía antes de la emisión de ese acto, como si hubiese obtenido la protección constitucional; mientras que en caso de omisiones, surgirá la causa de improcedencia al momento en que la autoridad responsable cumple con la obligación de actuar que le impone la ley. De ahí que, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, para estimar que el acto ha cesado sus efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el invocado artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por otra parte, respecto a los actos de carácter negativo, como las omisiones, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplen lo que la misma exige, verbigracia el derecho de petición y acceso efectivo a la administración de justicia, previstos en los artículos 8º y 17 de la Constitución respectivamente. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de rubro y texto siguiente: (...) Establecidas esas premisas, se considera actualiza la referida causa de improcedencia, ya que la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación al escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, dentro de los autos del recurso de revisión 012/2022, por medio del cual solicitó se admitieran y desahogaran las pruebas que ofreció y se otorgara el plazo correspondiente para que las partes formularan alegatos; sin embargo, de las constancias allegadas por la responsable se obtiene que posterior a la presentación de la demanda de amparo, emitió un acuerdo en el que se pronunció sobre dicho escrito. En relación con lo anterior, al rendir su informe con justificación, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, anexó copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 012/2022, entre las que se encuentra el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el que la responsable dio contestación al escrito de la parte quejosa; el cual fue notificado al quejoso el diez de febrero siguiente. En ese sentido, se advierte que han cesado los efectos de la dilación procesal que constituyó el acto reclamado, ya que la responsable se pronunció respecto a lo solicitado por la parte quejosa, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia, por lo que hace a la omisión de dar contestación al escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, dentro de los autos del recurso de revisión 012/2022, por medio del cual solicitó se admitieran y desahogaran las pruebas que ofreció y se otorgara el plazo correspondiente para que las partes formularan alegatos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: (...) Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que obste a lo anterior, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del oficio que la autoridad responsable remitió como informe justificado y esta determinación; pues si bien es cierto ello acontece, en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, Notario Público *** del Estado, contra el acto reclamado a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, dentro de los autos del recurso de revisión ***, por medio del cual solicitó se admitieran y desahogaran las pruebas que ofreció y se otorgara el plazo correspondiente para que las partes formularan alegatos; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Con la demanda de amparo promovida promovida por Juan José Cardeña Manzanero, quien se ostenta como Notario Público noventa y uno del Estado, contra actos del Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 311/2023-I. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama de la responsable, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, dentro de los autos del recurso de revisión 012/2022, por medio del cual solicitó se admitieran y desahogaran las pruebas que ofreció y se otorgara el plazo correspondiente para que las partes formularan alegatos. Admisión. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 33, fracción IV, 37, 108, 112, 115, 116, 117 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud que se trata de una omisión de autoridad distinta de la judicial; se admite la demanda. Personalidad. Con fundamento en el artículo 6 y 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Juan José Cardeña Manzanero, la personalidad con la que firma la presente demanda de amparo, como Notario Público noventa y uno del Estado, en términos de la patente publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el cinco de julio de dos mil diecinueve. Solicitud de informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. (...) Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. (...) Incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con la demanda de amparo que se recibe. Vista al Ministerio Público. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Tercero Interesado. De una lectura integral de la demanda no se desprende que se actualice alguno de los supuestos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo cual se determina que a la fecha no existe tercero interesado, sin perjuicio de que con posterioridad se puede reconocer ese carácter a alguna persona, una vez que obren datos que comprueben esa situación. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodrigo Fernando Lugo Coral, en virtud de que acreditó el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que refiere, con las limitaciones que establece el citado numeral. Por otro lado, como solicita la parte promovente y toda vez que el usuario "***" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del artículo 87 del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. Asimismo, ténganse por señalados el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por Juan José Cardeña Manzanero, Notario Público noventa y uno del Estado, contra actos de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado. Requerimiento de informe previo. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a la autoridad responsable y requiérasele su informe previo, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento. Se exhorta a las partes a que si pretenden presentar pruebas documentales o alegatos lo hagan de manera escrita y con anticipación a la audiencia para que este juzgador esté en aptitud de analizarlas con mayor detenimiento, para cumplir con los plazos legales, en aras de conseguir una justicia pronta y se emita la resolución respectiva el mismo día de la audiencia. (...) Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama de la responsable, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, dentro de los autos del recurso de revisión 012/2022, por medio del cual solicitó se admitieran y desahogaran las pruebas que ofreció y se otorgara el plazo correspondiente para que las partes formularan alegatos. Estudio de la suspensión provisional. En principio, cabe referir que la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar especial, su objeto principal es mantener la materia del juicio, evitar daños irreparables a las partes, y en algunos casos, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que alega se vulneró con el acto de autoridad. Su fuente constitucional es el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son desarrollados por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, los requisitos que deben analizarse para determinar la procedencia de la medida cautelar son los siguientes: 1. Que expresamente la solicite el quejoso; 2. Que haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; 5. Llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, y 6. Cumplidos los requisitos precisados, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley citada. Es aplicable la jurisprudencia, de P./J. 19/2020 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO" Siguiendo esa metodología, se estudiará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. Expresamente la solicite el quejoso. Este requisito se encuentra colmado. En efecto, de las constancias que integran este sumario incidental, se advierte que Juan José Cardeña Manzanero, Notario Público noventa y uno del Estado, pidió la protección constitucional, respecto de los actos reclamados a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Existencia del acto cuya suspensión se solicita. Como se señaló en párrafos precedentes, la responsable fue omisa en rendir su informe previo, por lo que en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumieron ciertos los actos que se le atribuyen. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado y sus consecuencias, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Para lo anterior, debe tomarse en cuenta la clasificación que de los actos reclamados elaborado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera) así como la determinación sobre si resultan susceptibles de admitir suspensión. En el presente asunto, el acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito de la parte quejosa, no es susceptible de suspenderse porque no constituye un acto de ejecución irreparable. En efecto, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la naturaleza omisiva de los actos reclamados no es relevante para determinar automáticamente la improcedencia de la medida cautelar, lo cierto es que se advierte que el acto reclamado no se trata de una omisión de ejecución irreparable que amerite una tutela anticipada como lo dispone el artículo 147 de la Ley de Amparo. En efecto, los efectos restitutorios a que hace alusión el indicado numeral permiten que la persona alcance transitoriamente un beneficio que puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En el caso particular, el suscrito considera que no es procedente la suspensión provisional solicitada, pues se reclama la transgresión al derecho de la impartición de justicia, por lo que de concederse la suspensión, los efectos harán nugatorios una eventual concesión del amparo. En efecto, si con motivo de la medida cautelar se ordenara a la autoridad responsable diera contestación a su escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, ello extinguiría los efectos del acto reclamado y restituiría en forma permanente el derecho transgredido, lo que desnaturalizaría el juicio de amparo, dejando sin materia el mismo. Además, a través de su informe justificado, la responsable podrá exponer las razones y fundamentos que permitan al juzgador de la sentencia definitiva emitir un fallo conforme al artículo 17 constitucional, lo cual no es materia de la suspensión. Máxime que la omisión reclamada no tiene como consecuencia directa la transgresión de un derecho subjetivos delos enmarcados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis PC.IV.A.1 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo II, visible a página 1843, del rubro y texto siguientes: (...) Así, ante los motivos antes expuestos, se NIEGA la SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.

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