Juan Francisco Acosta Manzanero
Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Francisco Acosta Manzanero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución se negó el amparo a la parte quejosa, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se negó el amparo a la parte quejosa, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, dado que no existe razón legal para que continúen en este juzgado el DVD que la Jueza Primera de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, devuélvase a su lugar de procedencia; sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se desprende que se recibió dicha constancia. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Sofía Stael Chan Nahuat, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 922/2023-II; Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Diego Jezreel Nieto Bianchi, declara abierta la audiencia pública sin asistencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo (fojas 2 a 4); el auto admisorio de catorce de marzo de dos mil veintitrés (el cual obra en el expediente electrónico); con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 10); y con el resto de las actuaciones de trámite. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la responsable. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental remitida por la autoridad responsable (fojas 11 a 14). El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado tampoco presentó su alegato ministerial. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordar, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 922/2023-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por********************, contra la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El trece de marzo de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por********************, en la que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de catorce de marzo de la anualidad, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito a este juzgado, quien no presentó su correspondiente alegato ministerial. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto omisivo de autoridad jurisdiccional con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje Mérida, Yucatán - La omisión de acordar el escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintidós en el expediente laboral ********************, en el que solicitó se dictara auto de ejecución del laudo. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado La responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado (foja 10), sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado esa negativa. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En efecto, de las constancias allegadas a este juicio, se aprecia que desde el treinta de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio contestación a su escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintidós y, al efecto, decretó auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen (foja 12), sin que la diligencia haya tenido éxito, con motivo de que la parte demandada ya no se encuentra en el domicilio correspondiente, lo que se hizo constar el treinta de noviembre de dos mil veintidós siguiente, como lo señaló la propia responsable. Al respecto, debe decirse que el análisis del acto reclamado, se debe realizar, por regla general, atendiendo a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, pues de examinarse actos posteriores, se estarían estudiando actos que no fueron reclamados por la parte peticionaria del amparo. En el caso, se precisa que la respuesta a la solicitud cuya omisión en contestar se reclama y la diligencia respectiva, se realizaron con anterioridad a la presentación de la demanda, por ende, procede el sobreseimiento en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, visible a página 15, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que obste a lo anterior la pretensión de la parte quejosa, relativa a que el análisis constitucional abarque el cumplimiento total del laudo, pues con motivo de que la fase de ejecución forzosa requiere innegablemente la intervención de la parte ejecutante, no es una etapa que se deba seguir oficiosamente, por lo cual sólo las dilaciones excesivas atribuibles a la autoridad responsable son materia del juicio de amparo en esa fase ejecutiva; sin que se advierta de las constancias allegadas alguna abierta dilación por parte de la junta responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, visible a página 2772, del rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Aunado que en contra de los actos emitidos en esa etapa ejecutiva, la parte quejosa debe interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, pues las gestiones realizadas en esa fase son atribuidas al Presidente de la Junta, en términos del diverso numeral 940 de esa legislación. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior que no se haya emplazado a la persona a la que le recae el carácter de tercera interesada, pues el sentido de la presente determinación no le depara agravio alguno. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." Además, no es obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************, contra la omisión de la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las documentales que exhibe la citada autoridad, para ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se hizo constar en la cuenta, en el sentido de que se encuentra transcurriendo el termino de quince días otorgado a la autoridad responsable en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, para efecto de rendir su informe justificado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Martín Placito Cambero, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
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