Juan José Albornoz Tzap
Expediente 1071/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Juan José Albornoz Tzap
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V. Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no obran en autos los acuses de recibo de los oficios 6224/2023, 6225/2023, 8483/2023 y 8484/2023, dirigidos a las autoridades responsables Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y al Actuario Adscrito al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en Tizimín, Yucatán, mediante los cuales, se les notificó la resolución interlocutoria de ocho de marzo del año en curso, así como la interposición del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de dicha resolución, respectivamente. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, requiérase al Jefe de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de este acuerdo, envíe a este órgano de control constitucional los acuses de recibo de los oficios 6224/2023 y 6225/2023 de ocho de marzo del año en curso y 8483/2023 y 8484/2023 de treinta de marzo de la presente anualidad, dirigido a las citadas autoridades responsables, a las que les correspondieron los números de piezas postales RM022244588MX, RM022244591MX, MN055550492MX y MN055550501MX. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo requerido o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. [...]
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Mérida, Yucatán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Demanda de amparo El trece de enero de dos mil veintitrés se recibió la demanda de amparo promovida físicamente por ***, contra los actos de la autoridad siguiente: De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades: El señalamiento de fecha lejana para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones (cinco de abril de dos mil veintitrés). II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, en su único punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que las autoridades señaladas como responsables, realizaran lo siguiente: ". SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional 35. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional concedida es para el efecto de que la Junta responsable realice lo siguiente: » Deje sin efecto la fecha y hora señalada en la diligencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. » Hecho lo anterior, señale una nueva fecha y hora para la celebración de dicha audiencia, de conformidad con el plazo a que se refiere el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo; y lo notifique a las partes del juicio laboral. » Asimismo, emplace a los demandados ****, dentro de los plazos y con la debida anticipación a la celebración de la audiencia trifásica, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo." III. Análisis del cumplimiento al fallo protector. En proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y posteriormente en acuerdos de veintidós de marzo, tres y doce de abril de dos mil veintitrés se tuvieron por recibidos los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y el Actuario adscrito a dicha junta, informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y anexó las constancias para acreditarlo, otorgándose el término de tres días mediante acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga. Ahora, del análisis del oficio en comento, y anexos que acompañó la autoridad antes citada, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el diez de marzo de dos mil veintitrés, dejó sin efecto la fecha y hora señalada en la diligencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución y señaló nueva fecha y hora para la celebración de dicha audiencia, de conformidad con el plazo a que se refiere el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, dicha autoridad mediante oficio 613/2023 de fecha veintiocho de marzo de la presente anualidad, informó que los demandados ****, fueron emplazados dentro de los plazos y con la debida anticipación a la celebración de la audiencia trifásica, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo por lo que respecta a los demandados STAFF UNO, S.C.P.; LA TRATTO, S.A., la parte quejosa no proporcionó el domicilio correcto para que fueran debidamente emplazadas, por lo que en acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa por no interpuesta su demanda en contra de las demandadas ****, ordenando continuar el procedimiento con las demandadas que si fueron debidamente notificadas. En consecuencia, el suscrito considera que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro ius 2007400. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la que se emplazó y notificó a parte demandada en el juicio laboral de origen ********************. NOTIFÍQUESE.
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V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 162/2022-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por +++++++++++, contra actos del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++, contra actos del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión, detención y/o presentación librada en su contra, y su ejecución. En el entendido que, respecto a las autoridades "Jueces Segundo y Cuarto Penales del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad", se tuvieron por inexistentes mediante auto de trece de octubre de dos mil veintidós y, del informe rendido por el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, se aprecia que se trata de la misma responsable que la parte quejosa señaló como Director de la Policía Ministerial Investigadora del Estado. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En providencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito al juzgado antes indicado y al de esta adscripción, quienes presentaron sus alegatos correspondientes. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de dos de enero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos de autoridades jurisdiccionales con ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Fiscalía General del Estado. Director de Investigación y Atención Temprana del Estado. Director de la Policía Municipal de Mérida. Mérida, Yucatán Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Progreso Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Umán La orden de aprehensión, detención y/o presentación librada en su contra, y su ejecución. Juez de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Kanasín Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado. Mérida, Yucatán La orden de aprehensión emitida el veinticinco de agosto de dos mil veintidós en la causa penal ++++++++, así como su ejecución. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistecia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las siguientes responsables: N°. Autoridad responsable Fojas 1. Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. foja 36 2. Jueza Segunda de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. foja 37 3. Jueza Primera Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. foja 34 4. Fiscalía General del Estado. fojas 41 y 42 5. Director de Investigación y Atención Temprana del Estado. fojas 44 y 45 6. Director de la Policía Municipal de Mérida. foja 35 7. Jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso. foja 52 8. Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Umán. foja 56 Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados; sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado esa negativa. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. Certeza de los actos reclamados Las responsables Jueza Primera de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán (foja 60) y Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, con sede en esta ciudad (foja 43), al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitió la jueza responsable como apoyo a su informe justificado; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. QUINTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional En el particular, la acción constitucional se ejercitó dentro del término de quince días a que se contrae el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues además de que tal acto por su naturaleza no se notifica a la parte afectada, de las manifestaciones que vierte el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que tuvo conocimiento de la existencia de la orden de aprehensión que controvierte en el mes de septiembre, sin prueba en contrario; de ahí que si la demanda de amparo se presentó el veintiséis de septiembre de dos mil vientidós, es claro que se hizo dentro del plazo de quince días establecido en la ley de la materia. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Sin que se advierta de oficio alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hayan invocado, lo que procede abordar el estudio del fondo de la cuestión constitucional planteada, a la luz de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales no se transcriben por no existir disposición alguna en la Ley de Amparo que así lo ordene. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado Es fundado el motivo de disenso aducido por la parte quejosa y suficiente para conoceder el amparo y protección de la Justicia Federal, aunque para ello haya que suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el caso, el quejoso ++++ alega que la orden de aprehensión reclamada transgrede en su perjuicio lo contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues se emitió sin reunir los requisitos legales previstos para ello. Ahora bien, de las constancias remitidas por la jueza responsable, se aprecia que por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, solicitó se girara orden de aprehensión contra el aquí quejoso José Germán Loria Martín, con motivo de los delitos de ++++++ Y, en consecuencia, mediante resolución dictada a las trece horas del veinticinco de agosto de ese mismo año, dicha juzgadora resolvió librar la indicada orden de captura por los referidos delitos; lo cual realizó de manera escrita. Al respecto, en principio debe decirse que el párrafo primero del artículo 20 Constitucional y el numeral 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén que el proceso penal será acusatorio y oral, en el cual se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Por tanto, la litis en el presente sumario consistirá en determinar si la orden de aprehensión que se emitió por escrito, vulnera los principios rectores de oralidad y mediación que imperan el sistema de justicia penal acusatorio y oral. En ese sentido, la oralidad se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad. Con relación a este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1097/2017 y en lo que a este asunto importa, determinó que bajo el modelo del nuevo sistema penal, el juzgador debe emitir de forma oral sus determinaciones en una audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar sus principios, como lo son la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Precisó también que uno de los ejes rectores del sistema, es que en el nuevo proceso penal las actuaciones se desarrollan en una audiencia, las cuales son videograbadas y almacenadas en un expediente electrónico, por lo que válidamente podía considerarse que el soporte material de la videograbación cumple con la exigencia de registrar el acto de autoridad que dispone el numeral 16 de la Constitución, ya que si dicha resolución fue registrada a través de las tecnologías de la información -con la que se integrará un expediente electrónico- esa videograbación en soporte material otorga certeza jurídica al imputado sobre la fundamentación y motivación del acto de molestia en comento. En ese sentido, consideró, no es necesario que la resolución que al respecto se emita deba constar por escrito, pues es precisamente en la audiencia en la que el juez de control, de manera oral, pronunciará la decisión de aprehender a una persona para que sea llevada ante él, en donde debe expresar el fundamento legal y las razones por las que emitió la orden de detención, por lo que no será necesario que pronuncie una diversa resolución por escrito, porque al igual que en la vinculación a proceso la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y el fundamento legal que tomó en cuenta el Juez de Control para pronunciar su decisión, es la videograbación en la que consta de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó la orden. Tales consideraciones dieron origen a la tesis 1a. XXVIII/2019 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, visible a página 789, del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUEL ACTO DE MOLESTIA. Al ser la orden de detención, un acto dictado en la audiencia por el Juez de Control, en el que deberá expresar el fundamento legal y las razones por las que lo emitió, será innecesario que pronuncie una diversa resolución por escrito, ya que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y el fundamento que tomó en cuenta el juzgador para pronunciar su decisión, es la videograbación del desarrollo de la audiencia. Máxime que de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, el Constituyente determinó que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, como es el proceso penal acusatorio y oral, bastará con que quede constancia del acto de molestia por cualquier medio, no sólo por "escrito"." Puede afirmarse entonces que la oralidad es la herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso penal, para que las partes, de viva voz, expongan al juzgador sus pretensiones, argumentaciones y pruebas en el desarrollo del proceso, y constituye uno de los ejes rectores del sistema, que se traduce en que las actuaciones del proceso deberán desarrollarse a través de audiencias, sin que lo anterior conlleve a desconocer que dentro del proceso penal acusatorio existen resoluciones cuya emisión y registro tendrán un tratamiento distinto. Así, la preeminencia de la oralidad en los procedimientos de corte acusatorio y oral, se evidencia en los artículos 44 y 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en ellos se establece la oralidad como la forma primordial en que se desarrollarán las audiencias en el sistema penal acusatorio y oral, privilegiando que no se reemplace la argumentación oral. De igual modo, debe destacarse que el principio de inmediación se encuentra previsto en el artículo 20, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir; y que en ningún caso podrá el juez delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la resolución respectiva. El citado principio puede traducirse en la necesidad de que el juzgador esté presente en todas las audiencias, para apreciar personalmente la información aportada por las partes y tener contacto directo con la fuente de prueba, a fin de ponderarla bajo el método de la libre valoración, lo cual constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento que establece el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal. El principio constitucional de inmediación en el sistema de justicia penal acusatorio y oral debe comprenderse como la actividad propia del juzgador de presenciar de manera directa y personalísima la recepción o desahogo de pruebas y de los alegatos de las partes, que le permita percibir, recibir y efectuar la valoración de todo aquello que incida en el proceso. Por su parte, en los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen esencialmente los requisitos y formalidades que deben observarse en la solicitud y emisión de una orden de captura. Así, se establece, entre otros requisitos, que es necesario que se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito y el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; además, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la orden de aprehensión, siempre que el órgano técnico investigador advierta que existe la necesidad de cautela. Posteriormente, el órgano investigador hará una relación de los hechos atribuidos al imputado y expondrá las razones por las que considera que se actualiza la necesidad de cautela, esto es, que existen datos objetivos para estimar que el imputado no se presentará voluntariamente en caso de ser citado. La solicitud se formulará por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la propia audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. Vinculado a tales disposiciones, de forma preponderante, en el numeral 67 del código adjetivo, se contiene la obligación para los jueces de resolver de forma oral los casos en que resuelvan las solicitudes de órdenes de aprehensión. Las consideraciones expuestas permiten arribar a la determinación de que la solicitud de orden de aprehensión, como la que aquí se analiza, acorde a los numerales antes citados, debía ser resuelta en una audiencia privada, sin perjuicio de que a la postre se hiciera en forma escrita. Luego, la orden de aprehensión combatida que se emitió únicamente de forma escrita, sin que se resolviera en la audiencia respectiva, se hizo en contravención a los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafos primero y tercero y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la jueza responsable desatendió la característica de oralidad que constituye el eje rector en los procedimientos penales de corte acusatorio y oral, así como el principio de inmediación, dado que prescindió de la celebración de la audiencia para resolver la solicitud del Fiscal, emitiéndose únicamente por escrito, lo anterior, no obstante que de forma correlativa y armónica, en el numeral 67 del código aludido, se contiene expresamente la obligación de resolver lo relativo a las solicitudes de órdenes de captura, de forma oral. Pues, de conformidad con el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 52 de la codificación en comento, el Juez responsable debió fijar audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de la solicitud, para después resolver en la audiencia de forma oral, respecto de la emisión o no del mandamiento de aprehensión solicitado. Cabe destacar que no pasa inadvertido que en el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé que, para la resolución de una orden de aprehensión o comparecencia, además de la forma oral, se podrá efectuar por el "sistema informático"; sin embargo, a consideración de quien resuelve, ello no implica que podrá resolverse la petición solamente por escrito. Primero, porque además de que dicha consideración pugna expresamente con lo contemplado en el numeral 67 antes citado, se inobservaría uno de los ejes rectores en que se funda el sistema penal de corte acusatorio y oral, consistente en que las actuaciones del proceso penal, se desarrollen en una audiencia ante la presencia del juez resolutor; y segundo, porque acorde a lo expuesto, el sistema informático debe ser entendido como la implementación o utilización de avances tecnológicos que puedan coadyuvar el desarrollo de las actuaciones en el proceso penal, eminentemente orales, pero sin menoscabo de los principios y ejes rectores en los que descansa el sistema penal acusatorio y oral. Máxime si se tiene presente que de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, el Constituyente determinó que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, como en el caso del proceso penal acusatorio y oral, bastará con que quede constancia del acto de molestia por cualquier medio, no sólo por "escrito". Dicho precepto refiere: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". De lo que se sigue que se ha reconocido a nivel federal, a la oralidad como un instrumento esencial en los procedimientos como el de la materia penal, pero además, con ello se pone en evidencia que se ha ido robusteciendo la tendencia generalizada de que en los juicios de esa naturaleza, sea a través de otras formas o mecanismos, y no a través de la escrita, que puede otorgarse certeza del contenido y actuación de las autoridades para que se estime satisfecho el derecho contenido en el artículo 16 constitucional. Así, precisamente porque en el procedimiento penal donde se emitió la orden de captura reclamada, la oralidad constituye un eje rector, se estima que la petición de la Fiscalía debió resolverse de forma oral, y no únicamente por escrito. Consecuentemente, al resultar que la autoridad responsable incumplió con la oralidad e inmediación que constituyen el eje rector del sistema de justicia penal, lo que procede es conceder el amparo que solicitó José Germán Loria Martín. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, con sede en esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 41, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 55, Julio de 1992, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios". OCTAVO. Efectos de la concesión El amparo que se concede es para el efecto de que la J Jueza Primera de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós en la causa penal 127/2022, en contra de José Germán Loria Martín, por su probable intervención en los antijurídicos de violación equiparada agravada y abuso sexual equiparado agravado, en agravio de la infante de iniciales I.A.A.M., y b) Siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, en audiencia privada que deberá fijarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a que cause ejecutoria esta sentencia, con la sola presencia del Ministerio Público, resuelva con plenitud de jurisdicción y de forma oral, la solicitud de orden de aprehensión, sin perjuicio de que con posterioridad lo haga de forma escrita, de conformidad con el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por +++++++++ contra actos de los Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, de la Jueza Primera Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, de la Fiscalía General del Estado, del Director de Investigación y Atención Temprana del Estado, del Director de la Policía Municipal de Mérida, todas con sede en esta ciudad, de la Jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso y del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Umán, por el motivo señalado en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a +++++++++++, contra actos de la Jueza Primera de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán y Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, con sede en esta ciudad, por el motivo señalado en el considerado séptimo de este fallo, para los efectos indicado en el diverso último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados y respecto a la suspensión de plano rendidos por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad y el Director de Seguridad Pública Municipal de Kanasín, Yucatán, respectivamente; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 y 126 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dichos informes y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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