Juan González Mendoza

Expediente 2145/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2145/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Juan González Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. I. Habilítese consulta expediente. Visto el oficio enviado electrónicamente proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales y en atención a su contenido, como lo solicita el juzgado homólogo, habilítese la consulta del expediente electrónico, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de abril de dos mil veintitrés. I. Agréguese. Visto el escrito signado por ***; al respecto, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que el promovente no tiene carácter reconocido en actuaciones en el juicio de amparo en que se actúa. Máxime que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo, y en auto de veintitrés de diciembre del año en cita, se ordenó el archivo del asunto. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno.Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido.Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años.Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO *** LA RESOLUCION DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA RESOLUCION EN CITA RESUELVE: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1133/2021, promovido por el ***, Jalisco, contra los actos reclamados al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y Secretario ejecutor; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el ***, Jalisco, por conducto de su Síndico ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Autoridades responsables: I. Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. II. Secretario Ejecutor adscrito. Actos reclamados: I. El acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ***, en el que se le impuso una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. II. La ejecución de la citada multa. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades responsables informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y dar vista al representante social de la adscripción. Finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: A. El acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ***, en el que se le impuso una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. B. La ejecución de la citada multa. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y Secretario ejecutor, ya que al rendir su informe justificado aceptaron su existencia. Certeza que se corrobora con las copias certificadas aportadas por dicha responsables en apoyo a su informe con justificación, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Consideraciones previas al estudio del fondo. I. Oportunidad de presentación de la demanda. Por lo que respecta al acto reclamado en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa refiere, bajo protesta de decir verdad, le fue notificado el catorce de junio de dos mil veintiuno, a la parte quejosa; en tal virtud, el plazo para presentar la demanda de amparo trascurrió del dieciséis de junio al seis de julio de dos mil veintiuno. De ahí que al haberse presentado la demanda el día treinta de junio de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Sin que en dicho plazo se cuenten los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de junio y tres y cuatro de julio de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles acorde a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. III. No se actualiza causa de sobreseimiento. En virtud de que este juzgador no advierte causa de sobreseimiento que se actualice en autos y que las partes no invocaron diversas a las señaladas, se procede al estudio de fondo del presente asunto. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y Secretario ejecutor. I. Fijación de la litis. Se centra en determinar si el auto reclamado contraviene lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por carecer de la debida fundamentación y motivación. II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto es menester destacar los antecedentes del acto reclamado. 1. Mediante proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, en el juicio laboral ***, se requirió al ***, Jalisco, aquí quejoso, para que diera cumplimiento a lo laudado consistente en la reinstalación de ***, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le impondría una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización. 2. En razón del incumplimiento por parte del solicitante del amparo, la autoridad responsable por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia (acto reclamado). III. Conceptos de violación. La parte quejosa refiere en sus conceptos de violación que: 1. El acto reclamado es inconstitucional por no existir una actualización de un análisis previo correspondiente a la imposición de la sanción. 2. Transgrede los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no se encuentra debidamente fundado y motivado. 3. Nunca se le notificó el auto veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, donde se le hizo efectiva la imposición de la multa. 4. Se impuso la multa sin otorgar garantía de audiencia y defensa, además de que se ha repetido la misma multa. 5. Que dicha multa es excesiva, en razón de que la autoridad impuso la máxima sin haber realizado una individualización adecuada; además, de que se fundamenta en un acuerdo plenario de doce de diciembre de dos mil doce, para sustentar que la imposición de la multa la realiza un secretario ejecutor y nos los integrantes del tribunal responsable. 6. Que el acto reclamado transgrede los principios constitucionales de autonomía y libertad hacendaria. IV. Decisión sobre la litis constitucional. Los conceptos de violación son infundados, en atención a las consideraciones siguientes: Para el presente estudio, conviene tener presente que el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral ***, por el Secretario Ejecutor adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, en el que, entre otras cuestiones, se impuso la sanción económica combatida a la parte quejosa, en modo alguno puede estudiarse de manera aislada, ya que el proveído por el cual se hace el apercibimiento y se establece la conducta que debe de cumplir la parte requerida en el juicio de origen, es el proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, pues de conformidad con los criterios que a continuación se insertan, la sanción impuesta es consecuencia de una determinación previa que, en todo caso, debe estar fundada y motivada, para lo cual habrá de establecer la conducta que deba cumplirse por una o varias de las partes en el juicio de origen, determinación que, desde luego, habrá de notificarse de manera personal al interesado con el fin de que se encuentre en aptitud de cumplir y, a su vez, deberá contener la sanción que se le aplicará para el caso de no hacerlo. El cumplimiento de lo anterior, dará certeza al juzgador de que la persona obligada a ello, pudo conocer con toda oportunidad, tanto la obligación que se le impuso, como el apercibimiento de la aplicación de una concreta medida de apremio, en caso de incumplimiento, ello con el fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia a éste. Los criterios de que se hace referencia son los siguientes: "Novena Época Registro digital: 189438 Instancia: Primera Sala Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 20/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, página 122 Tipo: Jurisprudencia MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta.". "Novena Época Registro digital: 203524 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 157 Tipo: Jurisprudencia MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN Y LA OBLIGACIÓN A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal, que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento.". 1 En atención a lo anterior, es que se llega a la conclusión de que los asuntos como el que ahora se estudia, no pueden analizarse de manera aislada ya sea el auto que contiene el requerimiento y apercibimiento de sanción para el caso de incumplimiento, como el auto que hace efectiva dicha medida de apremio. Por ende, es que, con independencia de que el ente jurídico quejoso impugne únicamente el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en que se le hace efectiva la multa, el presente estudio se hará considerando de manera preponderante el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se hizo el requerimiento y apercibió de la sanción que habría de imponerse para el caso de incumplimiento, por contener ese las razones por las cuáles se aplica la medida de apremio. Lo anterior, también obedece a que el auto por el cual se realiza el requerimiento y apercibimiento de multa no resulta suficiente para actualizar el daño o perjuicio al quejoso, pues resulta necesaria la participación de la parte requerida para poder determinar si se cumple o no con el requerimiento de cuenta y será hasta entonces, en caso de incumplimiento que dará vida jurídica a la determinación de imposición de la sanción; por consiguiente, es que la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual realiza el requerimiento y apercibimiento, conduzca a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido, en razón de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo. Al respecto, cobra aplicación de jurisprudencia que dice: "Décima Época Registro digital: 2003086 Instancia: Segunda Sala Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 1/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1426 Tipo: Jurisprudencia MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo.". En ese tenor, es que resultan infundados los conceptos de violación identificados en los puntos uno, dos y tres, en los que la parte quejosa señala que, en síntesis, el acto reclamado es inconstitucional por no existir una actualización de un análisis previo correspondiente a la imposición de la sanción; y, transgrede los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de no se encuentra debidamente fundado y motivado; además que no se le notificó el acuerdo donde se le impone la multa respectiva. En principio se estima conveniente reproducir el contenido del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". Del precepto constitucional invocado, se advierte que es requisito indispensable que los actos de autoridad se encuentren fundados y motivados; entendiéndose por lo primero, que se expresen con precisión los preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo, que se señalen las circunstancias especiales, razones particulares o causas 4 inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se demuestre la configuración de las hipótesis normativas para el caso concreto. De acuerdo a lo anterior, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirvan de apoyo y además, que exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Séptima Época Registro: 390963 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo III, Parte SCJN Materia(s): Administrativa Tesis: 73 Página: 52 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Por tanto, contrario a lo expuesto por el ***, Jalisco, la multa impuesta, sí se encuentra debidamente fundada y motivada, en la parte que corresponde a las razones que dieron motivo a su imposición. Ya que, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, se requirió al Ayuntamiento quejoso para que el día y hora fijada para la diligencia de reinstalación, reincorporara al actor en el puesto o cargo que venía desempeñando, autorizando al Secretario Ejecutor pasa su desahogo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría a dicha entidad municipal una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización respectiva, de conformidad con el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; posteriormente, en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se le hizo efectiva la multa al ***, Jalisco. Por tanto, resulta evidente que la responsable fundó su determinación precisamente en el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipio. Asimismo, motivó la imposición de la sanción, en el hecho de que la parte demandada ***, Jalisco, no dio cumplimiento al requerimiento de reinstalación realizado por dicho tribunal en diverso proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior, ante la obligación de la parte demandada aquí quejosa de acatar el laudo, así como la obligación de la autoridad responsable de continuar con las gestiones encaminadas de ejecución correspondientes, de ahí que hizo efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, consistente en la imposición de una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Tales consideraciones constituyen razones suficientes para motivar el actuar de la autoridad, en virtud de la conducta contumaz adoptada por la parte demandada para cumplir el laudo decretado en el juicio natural ***. Consecuentemente, se concluye que dicha determinación sí se encuentra debidamente fundada y motivada. En cuanto al concepto de violación relativo a la omisión de notificarle el auto por el cual se le impuso la multa, cabe decir que en el escrito inicial de demanda, a manifestación de la quejosa bajo protesta de decir la verdad, refirió haber sido notificada de la misma el catorce de junio de dos mil veintiuno, fecha misma que fue considerada para contabilizar el plazo para la interposición de la demanda, por tanto es que el mismo sea infundado. Ahora bien, por lo que respecta al concepto de violación sintetizado en el numeral cuatro, en el que la parte quejosa refiere que se le impuso la multa sin antes haberle otorgado garantía de audiencia y defensa y que se le ha duplicado la aplicación de la misma medida de apremio, también deviene infundado. Al respecto, es menester tener en consideración que la parte demandada fue emplazada al juicio de origen, compareció a hacer su valer su derecho de defensa y se dictó sentencia en la cual se le condenó a la reinstalación de la actora en el puesto que venía desempañado, así como a los salarios caídos, por lo que ante la conducta contumaz de cumplir con el laudo, previo requerimiento debidamente notificado, la responsable impuso la multa que ahora se reclama, de ahí que, no era necesario previa a la imposición de la multa otorgarle nuevamente garantía de audiencia y defensa. Pues basta que, exista un mandamiento legítimo de autoridad; se aperciba al obligado de que, de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una medida de apremio; se determine con precisión el medio de apremio que, en su caso, será aplicable y que éste se encuentre previsto en la ley; se notifique tal determinación al sujeto obligado y, a partir de que ésta surta efectos, sin que el mandato judicial se hubiese acatado en el plazo concedido, se haga efectivo el medio de apremio a la parte contumaz, para considerar que la multa es legal, lo cual aconteció en el caso. Además, si bien de las actuaciones del juicio de origen, se advierte que al menos se le ha aplicado en dos ocasiones la medida de apremio, ello acontece a que ha obedecido a diversos requerimientos elevados por la autoridad responsable, precisamente en esa obligación de vencer al contumaz a realizar el pago de lo laudado en el juicio de origen, de ahí que sea infundado el concepto de violación pues las sanciones obedecen a diversos actos y no a uno mismo para sostener el argumento de la existencia de una duplicidad de sanción. Del mismo modo, resulta infundado el concepto de violación indicado en el número cinco, relativo a que multa impuesta es excesiva, en razón de que la autoridad impuso la máxima sin haber realizado una individualización adecuada. Al respecto, es menester tener en consideración lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que dispone: "Artículo 143. Notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los 30 días siguientes. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones de diez hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización [.].". Del numeral invocado, se advierte que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para hacer respetar sus resoluciones puede imponer, entre otras medidas de apremio, una multa de diez hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Entonces, la autoridad jurisdiccional al imponer una medida de apremio tiene la imperiosa necesidad de vencer la contumacia de las partes, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, sin que para ello le sea exigido un análisis pormenorizado de las circunstancias particulares del infractor para individualizar la sanción, sino que únicamente se necesita que previamente se hubiera emitido el mandamiento correspondiente, el apercibimiento fundado en ley, la notificación al obligado y que, hubiera transcurrido el plazo otorgado para ello, sin haber acatado el requerimiento. En sustento de lo anterior, se cita la tesis siguiente. "Novena Época Registro: 165953 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Noviembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: I.13o.A.46 K Página: 911 MULTAS POR DESACATO A UNA ORDEN JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. PARA QUE CUMPLAN CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AL IMPONERLAS ES INNECESARIO ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL INFRACTOR CON EL FIN DE INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN. Las multas por desacato a una orden judicial, en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen medidas de apremio que obedecen a la necesidad de que los juzgadores puedan hacer cumplir sus determinaciones, por lo que para que cumplan con la debida fundamentación y motivación, al imponerlas es innecesario analizar las circunstancias particulares del infractor con el fin de individualizar la sanción. Así, la legalidad de dichas multas requiere de la observancia de otras formalidades, como son: que exista un mandamiento legítimo de autoridad; que se aperciba al obligado de que, de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una medida de apremio; que se determine con precisión el medio de apremio que, en su caso, será aplicable y que éste se encuentre previsto en la ley; que se notifique tal determinación al sujeto obligado y que, a partir de que ésta surta efectos, sin que el mandato judicial se hubiese acatado en el plazo concedido, se haga efectivo el medio de apremio a la parte contumaz. Máxime que, como se desprende de la lectura del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Tribunal responsable está facultado para imponer, como medio de apremio, sanciones pecuniarias que van desde diez hasta cien veces el valor de la unidad de medida y actualización. Luego, en el requerimiento previo, se apercibió al quejoso con la imposición de una multa por el importe de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, dada la definitividad del laudo emitido en el juicio natural. De ahí que, se revela que no se violentaron los derechos fundamentales que la parte quejosa, pues tuvo conocimiento del mandamiento previo de la autoridad, el que como ya se evidenció, se encuentra fundado y motivado, mismo que le fue notificado en forma personal, previo a la imposición de la medida de cuya imposición se duele. En ese tenor, en nada abona al interés del quejoso su alegato referente al indebido actuar del Secretario ejecutor de imponer una sanción económica como la que ahora se controvierte, aduciendo que no basta lo dispuesto en el acuerdo plenario de doce de diciembre de dos mil doce. Lo anterior resulta infundado. Para explicar lo anterior, conviene la siguiente transcripción del citado acuerdo plenario. "(.) a estas fechas, ha sido excesivo el cúmulo de trabajo entre otros motivos, la práctica de diligencias de emplazamiento, notificaciones, desahogo de pruebas como la inspección ocular en los Municipios Foráneos, que por lo regular se ordena se desahoguen mediante exhorto, lo que viene retardando considerablemente el procedimiento (.) propongo se autorice a los Secretarios Ejecutores, para que cuando programen rutas para llevar a cabo las diligencias de reinstalación practiquen cualquier otro tipo de diligencia, incluyendo los emplazamientos, notificaciones, desahoguen pruebas, así mismo se les faculta para que apliquen los apercibimientos contenidos en los autos e incluso, elaboren el acuerdo donde señalen día y hora para la práctica de alguna diligencia que no se pueda llevar a cabo (.)." De la anterior transcripción se advierte la delegación de funciones al Secretario ejecutor, para entre otras cuestiones, aplicar los apercibimientos y realizar el acuerdo correspondiente en el que se fije fecha para reinstalación del trabajador. Por lo que se desprende que el ejecutor responsable sí cuenta con facultades para imponer la multa reclamada, y por ende, es infundada la alegación realizada por la parte quejosa. Finalmente, resulta infundado el motivo de disenso señalado con el número seis relativo a que el acto reclamado transgrede los principios constitucionales de autonomía y libertad hacendaria. Lo desacertado de ese planteamiento radica en que la falta de una partida prevista específicamente para hacer frente a una sanción, no implica que se torne ilegal la misma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que en tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de amparo. En ese contexto, la autoridad puede solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, en el entendido, además, de que cuenta con la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado por la autoridad responsable- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "Novena Época Registro: 1003461 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo Materia(s): Común Tesis: 1582 Página: 1791 SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Sin bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento.". De ahí lo infundado de las consideraciones de la parte quejosa. Conclusión de lo expuesto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al ***, Jalisco, contra los actos de las autoridades responsables Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y Secretario Ejecutor, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente.

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