Juan Guillermo Romero Montiel

Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
72/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Guillermo Romero Montiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, así como a la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el uno de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en cita, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Orden de destrucción y/o depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado autógrafamente por ****, y electrónicamente por ****; por lo tanto, dígasele que no ha lugar a proveer favorablemente su petición, toda vez que al recibir una promoción, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. De modo que la omisión de la parte promovente de plasmar su firma electrónica en el oficio de cuenta, lleva consigo la omisión de manifestar su voluntad. Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma o son firmadas por personas diversas a la promovente, no pueden expresar la voluntad su voluntad, y ante tal omisión dicho oficio no tienen ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que, ante la falta de electrónica de ****, conforme a la regulación dispuesta por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma electrónica, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover implica el no ejercicio de la acción constitucional. Asimismo, sirven de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, cuyo rubro y contenido es: PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente.". Sin que sea óbice para considerar lo anterior, el hecho de que el oficio se encuentra firmado autógrafamente por ****, quien se ostenta como Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de la citada Secretaría, y firmado electrónicamente por ****, toda vez que se recibió con la constancia de la evidencia criptográfica de que se presentó en línea mediante firma electrónica; sin embargo, para este caso específico, no contiene firma electrónica de ****, quien se ostenta como representación de la citada Secretaría; porque si bien el oficio es una reproducción escaneada que contiene, al parecer, la firma que se le atribuye a esta último, ello es insuficiente para tener exteriorizada su voluntad de promover, lo cual sólo se lograría, en este caso, a través de la firma electrónica. Reiterando que, si como en el caso, la autoridad responsable optó por presentar de forma electrónica el oficio de cuenta, es requisito indispensable que ****, quien se ostenta como Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de la citada Secretaría, cuente con la firma electrónica registrada y vigente en la Oficina Certificadora del Portal Electrónico del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte, y así firme el oficio, en cuyo supuesto se genera el sello digital y la evidencia criptográfica respectiva, pues, es claro que la firma autógrafa o electrónica de quien promueve constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar el presente asunto, que se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia. Es pertinente señalar que el ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, aplicable al caso concreto, señala respecto de la firma electrónica, lo siguiente: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: (.) XV. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico.". También es adecuado citar contenido del artículos 16, primer párrafo, del citado Acuerdo General 12/2020, que disponen: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra.". Así, de la interpretación armónica y sistemática de dicho numeral, se evidencia que, para el caso concreto, debe ser Guadalupe Espinoza Sauceda, quien se ostenta como Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de la citada Secretaría, quien firme de manera electrónica el oficio; y no siendo así, es claro que, al hacer uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, no cumplir con el requisito de firmar electrónicamente Guadalupe Espinoza Sauceda, da lugar a no proveer favorablemente su solicitud. II. Firma electrónica. En la inteligencia, que el oficio de cuenta fue presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y contiene firma electrónica conforme la regulación dispuesta por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de marzo de dos mil veintidós. Transcurre plazo. Vistos los presentes autos y en atención a la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, concedido a la parte quejosas a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, toda vez que fue notificado el quince de febrero del presente año. II. Difiérase audiencia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de febrero de dos mil veintidós.Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, de las que se advierte que no obra constancia de notificación a la parte tercera interesada del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se requiere a las partes para que informen sí asistirán a la audiencia constitucional. Se comisiona al Actuario Judicial.En razón de lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que notifique personalmente la parte tercera interesada el auto antes precisado.Se difiere audiencia.En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su verificativo las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós.Notifíquese por lista física y electrónica.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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