Juan Godinez Rea

Expediente 1130/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1130/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Godinez Rea

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 2279/2019, un cuaderno de pruebas, y la resolución correspondiente a la sesión de once de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, dentro del cuaderno auxiliar 64/2021, en Auxilio del Tribunal al que se encuentra adscrito el oficiante, dentro del recurso de revisión 286/2020, cuyos puntos resolutivos dicen ". PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio d amparo respecto de los actos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. TERCERO. Para los efectos precisados en el considerando decimoprimero de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ...contra la los articulos 56 y 63, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Politica del Estado de Jalisco, así como 8, párrafos cuarto y quinto, 14 A, 14 B, 14 C, 14 D, 14 E, 14 F, 14 G, 14 I, fracciones V y VI, 196 A y 197 B, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, reformados mediante Decretos 27296/LXII/19 y 27391/LXII/19, publicados en el Periodico Oficial de dicha entidad el diez de septiembre y el uno de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente, a través de los cuales se introdujo el sistema de evaluación de control de confianza para los juzgadores de ese Poder Judicial. .." Anotaciones. Testimonio que se ordena agregar a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno; sin glosar el cuaderno de antecedentes relativo dado la voluminosidad del mismo, para un mejor manejo, con excepción de las constancias originales que obren en éste, y de lo cual se ordena comunicar a las partes. Acúsese recibo de estilo. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad responsable debe realizar los actos siguientes: Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso y no se apliquen en lo presente y en lo futuro, los normativos 56, 63 y quinto transitorio de la Constitución Politica del Estado de Jalisco, así como 8, 14 A, 14 B, 14 C, 14 D (con excepción de la fracción IX), 14 E, 14 F, 14 G, 14 H, 14 I, 196 A, 197 A y 197 B, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, reformados mediante Decretos 27296/LXII/19 y 27391/LXII/19, publicados en el Periodico Oficial de esa entidad el diez de septiembre y el uno de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente, a través de los cuales se introdujo el sistema de evaluación de control de confianza para los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Jalisco, hasta en tanto no sean reformados, lo que no significa que deje de observarse el sistema de responsabilidad administrativa, con base en el cual, sí puede ser sujeto de evaluación y, en su caso, de sanción. Autoridad obligada al cumplimiento. Ahora, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto de la quejosa. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. En atención a lo anterior, corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco dar cumplimiento con el fallo protector, sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que dicha autoridad no funge como responsable en el presente juicio de amparo; en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la Ley de la materia, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. ... Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requerimiento a la autoridad responsable Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realicen lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una nueva multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 237, fracción I, correlacionado con el diverso artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. Superior jerárquico. Por lo que ve al tribunal responsable, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. ...Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a seis de junio de dos mil veintidós. Apertura de incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2330/2021, promovido por *, por derecho propio, contra actos de las siguientes autoridades: Ordenadoras: Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; Secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; Ejecutoras: Secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; Secretario Ejecutor del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Juez Menor de Zapotiltic, Jalisco. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a *, en virtud de que se encontró registro de sus nombres en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en la Materia Penal, Civil, Mercantil y Administrativo, y en términos restringidos del citado numeral a *, por no contar con registro en dicho sistema. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional; con lo anterior, dese vista a las partes para el uso de su derecho. 2. Autoridades responsables. a) Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; Secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; Secretario Ejecutor del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; y, Juez Menor de Zapotiltic, Jalisco, sus informes previos, los que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual remítasele copia simple de la demanda de amparo, apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós dos pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). b) Consideraciones respecto a las notificaciones a la autoridad responsable. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, incidente de suspensión o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Tercero interesado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a: * Quien deberá ser notificado del presente asunto. Gírese despacho para notificar. Ahora bien, tomando en consideración que la tercera interesada citada tienen su domicilio en la finca marcada con el número *, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, esto es, fuera de la circunscripción de este órgano jurisdiccional; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, Fracción II, de la Ley de Amparo y 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación gírese atento despacho con los insertos necesarios al Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, para que por su conducto y por comisión de este juzgado de distrito, realice la notificación a la tercera interesada, debiendo entregarle copia del mismo, en el domicilio señalado en líneas que preceden. Representación social. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5°, fracción IV y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia de la demanda de amparo y del presente acuerdo, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción que entregue dichas constancias, debiendo asentarse tal entrega en la notificación correspondiente. Audiencia incidental. Se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Fijación de los actos reclamados. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita, por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señala como tales, esencialmente: Sentencia interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada por el Juez Segundo de lo Civil del Décimo Cuarto Partido Judicial, con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, dentro del juicio civil sumario 192/2020, en el cual se le condena al pago de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia provisional que comprende de los meses de octubre de dos mil veinte a junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no expresa los efectos para los que se solicita la suspensión, la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz del presente planteamiento. Análisis de la naturaleza del acto reclamado. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión de los actos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, sin embargo, el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Asimismo, el diverso numeral 138 de la Ley de Amparo, señala que una vez promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Se advierte que para conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo se requiere que: Expresamente la solicite la parte quejosa; Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo y; Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. De manera tal que, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia ley. Apoya a lo anterior, la tesis en materia común 2a. XXIII/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2011614, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." Por lo que hace al primero de los requisitos, se satisface, toda vez que del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita de manera expresa dicha medida, además de que al ser parte en el juicio de origen, acredita su interés suspensional. El segundo requisito también se cumple, en virtud de que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que se le condenó al pago de alimentos caídos. Por su parte, el tercer requisito igualmente se cumple, toda vez que el acto que reclama la parte quejosa es la resolución interlocutoria que condena al pago de pensión de alimentos caídos. Ahora bien, el artículo 129 de la Ley de Amparo, cataloga cierto tipo de casos como aquellos en que, de otorgar la medida suspensiva, se afectaría a la colectividad o el orden público. Entre esas hipótesis destaca la prevista en la fracción IX, que hace referencia a los casos en que la concesión de la suspensión impida el pago de alimentos, pues a la sociedad interesa que los acreedores satisfagan sus necesidades de esa naturaleza. Al respecto, conviene traer a cuenta que, en materia de alimentos, los artículos 433, 434, 439, 440 y 442 del Código Civil para el Estado de Jalisco, establecen: "i) Que los cónyuges deben darse alimentos, obligación que puede quedar subsistente en los casos de divorcio, así como en los que señale la Ley, ii) Que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. En la inteligencia de que tratándose de menores, comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica obligatoria de los alimentistas y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. iii) Que el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión adecuada al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. iv) Que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En efecto, el pago de alimentos es una cuestión de orden público y de interés social: el Estado tiene el compromiso de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia se procuren los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los alimentos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Ahora, no obstante que el citado artículo 129, fracción IX, de la ley de la materia establece que se considerará que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión se impida el pago de alimentos, dicha restricción se refiere a aquellas cargas alimentarias que deben solventarse consuetudinariamente para garantizar en lo futuro la subsistencia del acreedor. Pero, a diferencia, esa restricción no opera en el caso de pensiones caídas, al no existir esa necesidad imperiosa de que sean recibidos por los acreedores alimentarios. El tema ya fue materia de análisis por los tribunales federales, de donde surgió la siguiente tesis: "ALIMENTOS VENCIDOS. DEBE NEGARSE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA CONDENA AL PAGO QUE RESULTE IGUAL AL TIEMPO EN QUE SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, QUE EN PROMEDIO ES DE SEIS MESES (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 209/2006). La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 963, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte-SCJN, Novena Sección-Suspensión del acto reclamado, Subsección 2-Civil, página 1081, de rubro: `ALIMENTOS. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE PENSIONES CAÍDAS.´, sostuvo el criterio de que en tratándose de la condena de pensiones alimenticias pretéritas procede la suspensión, porque ya pasó la necesidad imperiosa de recibirlas por parte del acreedor alimentista; posteriormente, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal matizó esa postura en la jurisprudencia 1a./J. 53/2005, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 354, de rubro: `SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA PROVISIONAL. EL JUEZ DEBE VALORAR EN CADA CASO SI PROCEDE OTORGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, A FIN DE SALVAGUARDAR LA SUBSISTENCIA TANTO DEL ACREEDOR COMO DEL DEUDOR ALIMENTARIO.´, para sostener que para determinar lo conducente sobre la procedencia de la suspensión en estos casos, el juzgador debe valorar cada situación particular y verificar que no se ponga en riesgo la subsistencia de las partes en conflicto; de ahí que a fin de lograr un equilibrio entre éstas, deben aplicarse, por analogía, las reglas para proveer sobre la concesión y negativa de la suspensión en materia laboral, plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 209/2006, emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal, publicada en el mismo órgano de difusión y Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 819, de rubro: `SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO.´. Lo anterior es así, pues de esta manera se garantiza la subsistencia del acreedor alimentista, porque no se ejecuta en su totalidad sobre pensiones vencidas a cargo del deudor alimentario, evitando así daños de imposible reparación para cualquiera de las partes. En tal virtud, la regla aplicable consiste en negar la suspensión de los actos reclamados hasta por el monto total de la condena al pago de alimentos que resulte igual al tiempo en que se resuelve el juicio de amparo, que en promedio es de seis meses; con lo cual, no se pone en peligro la subsistencia del acreedor alimentista. Por exclusión debe concederse la suspensión de los actos reclamados por la cantidad que no exceda a la subsistencia garantizada del acreedor a que se refiere la negativa de la suspensión." Sobre esta base, se toma en cuenta que de lo narrado por el quejoso, bajo formal protesta de decir verdad, se advierte que en el juicio de origen 192/2020, se dictó resolución interlocutoria el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, por la que se condena al pago de pensiones provisionales vencidas y no pagadas. Entonces, con esos elementos, y con base en el citado criterio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute o continúe ejecutando, en perjuicio del quejoso, la resolución reclamada, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Es preciso enfatizar que la presente medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos materia de suspensión se hubiesen consumado, si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. GARANTÍA. La suspensión otorgada surte efecto desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso no otorga dentro de los CINCO DÍAS siguientes al en que se notifique este proveído, en cualquiera de las formas autorizadas por la ley, garantía por el equivalente al 10% (diez por ciento) de la cantidad a que hubiese sido condenado en la referida resolución interlocutoria; lo anterior con fundamento en el artículo 132 del ordenamiento legal invocado, para estar en aptitud de resarcir los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada en caso de no obtener el quejoso sentencia favorable en el juicio de amparo sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de algún dato superveniente que lleguen a aportar las autoridades responsables. En el entendido que de no exhibirla en el plazo de CINCO DÍAS, se comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Al respecto es pertinente señalar que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este debe ser constituido ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de conformidad con el artículo 877 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA A ANTONIO TLACAELELT SERRANO HERNÁNDEZ, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 2330/2022". En el entendido que, no se aceptará el billete si tiene inscripción diversa; asimismo, en el momento procesal en que se considere procedente la devolución de la citada garantía, el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante; pero solo se entregará a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Exhortos a las partes. Se exhorta a las partes para que de no haberlo hecho, proporcionen el usuario que tengan registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para consulta del expediente electrónico y notificaciones por esa vía, a fin de que pueda tramitarse el presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", conforme a los artículos 28 y 29 del acuerdo general citado. Asimismo, se exhorta a las partes para que en su siguiente promoción propongan correo electrónico o número telefónico que cuente con servicio de mensajería instantánea para que se pueda entablar toda clase de comunicaciones no procesales con este Juzgado Federal, la cual deberá registrarse y en su caso, de ello se levantará constancia para ser agregada a los autos. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. ...Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.

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