Juan González Ávila

Expediente 1124/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1124/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Juan González Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, a través de la cual se por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se negó el amparo en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, una vez transcurridos tres años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. V I S T O S, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1124/2022-VII, promovido por **********, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el veintinueve, día hábil siguiente, ********** promovió juicio de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados, señalados en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación del juicio. En proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 1124/2022-VII, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se llevó a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en la fecha señalada para tal efecto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: Del Juez de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la causa penal 6282/2022, por los delitos de abuso sexual y violación por equiparación, ambos con penalidad agravada. Del Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, adscrita a la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta, y de la Fiscalía General de Ejecución de Penas y Medidas, (autoridad penitenciaria de esta entidad), con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, la ejecución del citado auto de vinculación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la vinculación a proceso de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 6282/2022; por ello, se tiene por cierto dicho acto a la citada autoridad responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Mientras que las diversas autoridades responsables, Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, adscrita a la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta, y la Fiscalía General de Ejecución de Penas y Medidas, (autoridad penitenciaria de esta entidad), con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, a pesar de que negaron el acto reclamado, de las constancias que remitió el juez responsable se advierte la existencia de la resolución reclamada; por ello, se desvirtúan tales negativas y se tiene por cierto el acto reclamado. Información que se corrobora con las documentales respectivas que el Juez responsable anexó a su informe, consistentes en registros audiovisuales compulsados en dos discos en formato DVD (disco versátil digital, por sus siglas en inglés), en el que se contiene video grabación de las audiencias reclamadas, y copia certificada de la transcripción de la citada audiencia reclamada, llevadas a cabo dentro de la causa penal de origen. Medios de prueba que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse de registros audiovisuales, en formato DVD, considerados descubrimientos de la ciencia, en tanto que las documentales son públicas, por contener trascripciones certificadas, realizadas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable el criterio 43/2013 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". El estudio del expediente demuestra que no le asiste la calidad de autoridades responsables al Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, adscrita a la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta, y la Fiscalía General de Ejecución de Penas y Medidas, (autoridad penitenciaria de esta entidad), con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; por tanto, se actualiza el motivo inejercitabilidad previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales mencionan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo:(.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuto o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los dispositivos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Respecto de estos actos, es indispensable tener en cuenta que una autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que tiene la potestad para dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Dicho de otro modo, para que una autoridad pueda considerarse como responsable, es necesario que al emitir el acto establezca una relación de supra a subordinación con un particular, que esta tenga su nacimiento en la ley y que con motivo de ella emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Para una mejor comprensión a lo expuesto, es necesario establecer lo que dispone el numeral 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual precisa: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." Del dispositivo legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el Ministerio Público, es un sujeto del procedimiento y tendrá el carácter de parte en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, de los diversos artículos 157, 158, 166 y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte, en lo que interesa, que las medidas cautelares serán resueltas por el juez de control y que el Ministerio Público es la única parte que puede solicitar la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar; que también podrá solicitar el resguardo domiciliario, cuando las diversas medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa. Además, la ejecución que pudiera atribuírsele al Director del Centro de Reinserción Social, en el presente juicio la autoridad responsable Fiscalía General de Ejecución de Penas y Medidas, (autoridad penitenciaria de esta entidad), autoridad en su denominación correcta, consistente en el internamiento del quejoso, no deriva del acto reclamado consistente en la vinculación a proceso emitida por el Juez de Control responsable, sino de la medida cautelar (prisión preventiva oficiosa) que le fue impuesta en la causa penal 6282/2022. En efecto, de la reforma constitucional a través de la cual se modificó el sistema penal mexicano, al pasar de un sistema mixto a un sistema penal acusatorio oral, modificó radicalmente el procedimiento penal y sus etapas. En esas condiciones, debe decirse que el auto de formal prisión -incluso el de sujeción a proceso- tenía como consecuencia inmediata, la restricción de la libertad del indiciado -aun en distinto grado-; mientras que el auto de vinculación a proceso responde a una lógica distinta. Así es, a través de éste, se formaliza la investigación, y posteriormente, el juez podrá o no dictar medidas cautelares, al tenor de las cuales eventualmente se pueda restringir la libertad personal del indiciado.Es decir, el auto de vinculación a proceso, con independencia de su denominación, tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada por su probable intervención en un hecho considerado como delito y no el de sujetar a proceso al justiciable, lo cual es propio de la etapa intermedia como consecuencia de la acusación. A partir de lo dispuesto en el párrafo anterior, se puede diferenciar ambas figuras y concluir que responden a lógicas procesales distintas (por un lado de sistema mixto de corte inquisitorio, y por otro, a un sistema acusatorio oral); en este sentido, las consecuencias procesales que se siguen de una y otra figura son igualmente distintas, por lo que, se insiste, la autoridad penitenciaria en su denominación correcta, Fiscalía General de Ejecución de Penas y Medidas, (autoridad penitenciaria de esta entidad), autoridad en su denominación correcta, no tiene el carácter de autoridad ejecutora para efectos del presente asunto. De lo hasta aquí expuesto se concluye, que tanto la Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, adscrita a la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta, como la Fiscalía General de Ejecución de Penas y Medidas, (autoridad penitenciaria de esta entidad), con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, no son autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo, dado que actúa en un plano de igualdad dentro del procedimiento penal de origen, tal y cómo ha quedado establecido. Lo que se corrobora con el informe justificado rendido por el juez de control responsable, al que anexó copia de la audiencia reclamada, audiencia de la que se advierte, que la representación social actuó en su carácter de parte dentro del procedimiento de origen y que quien emitió el acto reclamado lo fue el juez antes citado. En consecuencia, se actualiza el motivo de inejercitabilidad que de oficio se invoca, previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5º fracción II, ambos de la Ley de Amparo, motivo por el cual debe de sobreseer el presente juicio, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, adscrita a la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta, y la Fiscalía General de Ejecución de Penas y Medidas, (autoridad penitenciaria de esta entidad), con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua. Al no advertirse diversa causal de improcedencia, se procede al estudio de los motivos de queja expuestos por el solicitante de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. En primer lugar, cabe precisar que no es necesario trascribirlos, ya que, al constar en la demanda, se tienen por reproducidos en esta parte, además, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de dos mil diez, con registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis del acto reclamado. Resultan infundados los conceptos de violación, aun supliendo la deficiencia de la queja del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, no procede aplicar la institución mencionada en beneficio del quejoso, en atención a que del análisis de las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, y que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, se advierte que no existe materia para su aplicación. Sin que ello signifique una violación de las normas que rigen el procedimiento, ya que la aplicación de esa figura, no es absoluta, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador lo considere útil para favorecer al beneficiado; y, para que resulte procedente el amparo. Además, esto se corrobora, ya que si se aplica la referida figura jurídica, sin haber materia para ello, tal situación implica que se incluya dicho estudio en la motivación del fallo, a pesar de que, ese análisis, lejos de beneficiar a los impetrantes, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna, dado que su estudio mejora la motivación que ya contiene el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 263, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." El quejoso, en esencia señaló que la vinculación a proceso dictada en su contra, contraviene los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, Constitucionales, en relación con los artículos 259, 260, 261, 265 y 316, fracción III, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el juez responsable realizó una ilegal valoración tanto de los medios de prueba como de los datos de prueba incorporados en la audiencia. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la declaración de legalidad del auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control responsable en contra del aquí quejoso, dentro de los autos de la causa penal 6282/2022. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real de los discos ópticos que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: 1. Audiencia de dos de noviembre de dos mil veintidós, realizada en la causa penal 6286/2022, y presidida por el licenciado **********, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en la cual pidió a las partes que se identificaran ante el tribunal, entre ellos la Representante Social, licenciada **********, así mismo el defensor particular del imputado, licenciado **********, designado previamente por el imputado, profesionista anterior que fue debidamente identificado ante el juez responsable, mostrando ante ella la cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, siendo exhibida por el defensor particular. 2. Acto seguido, la responsable cuestionó al imputado **********, si tenía conocimiento de sus derechos, a lo que manifestó que sí. Así mismo preguntó si deseaba nombrar como defensor particular al licenciado **********, manifestando el imputado que sí era su deseo; en el mismo acto dicho profesionista en comento aceptó y protestó el cargo conferido. 3. Posteriormente, el Juez de Control, declaró aperturada la audiencia inicial, y en atención a la manifestación de la fiscalía, ordenó que los datos de la víctima se tuvieran bajo resguardo, en atención a que el delito del que se trata es de carácter sexual, por lo que determinó que debían de referirse a ella como "la víctima" o bien, por sus iniciales **********. 4 Previa autorización del Juez de Control, la Representación Social formuló imputación a **********, haciéndole saber los hechos por los cuales se sigue una investigación en su contra, indicándole lo siguiente: - Que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a las diez horas, el imputado ejecutó un acto de carácter sexual a la víctima de iniciales A.J.G.A., toda vez que aprovechando que se encontraba acostada, le realizó tocamiento en los glúteos por debajo de la ropa, sin su consentimiento, a sabiendas que es su nieta y se encontraba bajo su cuidado al momento de los hechos, lo anterior con un fin lascivo, sin el propósito llegar a la cópula, lo cual ocurrió adentro del inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad. - Que el ocho de octubre de dos mil veinte, el imputado introdujo una parte del cuerpo humano distinta al pene en la vagina de la víctima, abordó del vehículo que conducía el imputado, quien le realizó tocamientos a la parte de la vagina, luego le introdujo los dedos en la vagina sin su consentimiento, mientras la víctima lo empujaba con fuerza, y que es su nieta y se encontraba bajo su cuidado, lo cual ocurrió en la calle **********, en esta ciudad. - Hechos consumados de manera instantánea, a título de dolo, en calidad de autor material y se le informó de las personas que depusieron en su contra, y los datos de pruebas, que son: la víctima de iniciales **********.; la perito medida legista, **********, adscrita a la Fiscalía Especializada a la Mujer; perito en psicóloga, licenciada **********; la licenciada **********, agente de la policía ministerial; así como los testigos ********** y **********. Clasificación jurídica. Los hechos que se le atribuyen al imputado constituyen el delito de abuso sexual, con penalidad agravada, previsto y sancionado artículo 173, en relación con el 175, fracción VII, ambos del Código Penal para el Estado de Chihuahua; así como el diverso delito de violación agravada, previsto y sancionado en el artículo 171, en relación con el 175, fracción VII, del Código Penal. 7. Posteriormente, el Juez natural dio oportunidad al imputado para declarar, quien desestimó hacerlo; luego, otorgó el uso de la voz a la representación social quien solicitó vincular a proceso al aquí quejoso, por lo que la responsable la conminó a que narrara los antecedentes obrantes en la carpeta de investigación a fin de cuestionar al imputado respecto cuándo era su deseo resolver su situación jurídica. 8. Acto seguido, la Representación Social narró los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación. 9. Luego, preguntó al imputado, respecto al término para resolver su situación jurídica, a lo cual indicó que solicitaba la duplicidad del término constitucional (ciento cuarenta y cuatro horas), para lo cual se señalaron las nueve horas del siete de noviembre de dos mil veintidós para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. 10. Después, la Agente del Ministerio Publico solicito la imposición de medidas cautelares, escuchadas las partes, el Juez de Control resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva prevista con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 155, fracción XIV y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 11. El siete de noviembre de dos mil veintidós, en continuación de la audiencia inicial señalada para efecto de resolver la situación jurídica del imputado, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Juan González Ávila, por el delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto en el artículo 173, y por violación por equiparación previsto en el artículo 171, párrafo cuarto, ambos en relación con el artículo 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, por hechos que tuvieron verificativos el diecinueve de marzo y ocho de octubre, ambos de dos mil veinte, hechos cometidos en perjuicio de la víctima de iniciales **********., el primero en la calle**********, en esta ciudad. Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por el quejoso, en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad del auto de vinculación a proceso. Así, se destaca que el auto de vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable dentro de la causa penal 6282/2022, se ajusta a las directrices jurídicas exigidas por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre tal punto conviene traer a cita el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)" Así como el referido arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, como elementos de forma los siguientes: a. Se haya verificado imputación (formalización o judicialización del procedimiento) y escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. I. Precisión del delito que se imputa. II. Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. III. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Asimismo, deben considerarse como elementos de fondo, los siguientes: Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. La ley señale como delito a ese hecho. Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos del arábigo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del tipo penal, es decir, el doctrinalmente denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado, lo cometió o participó en su comisión. De ello se colige, que el Juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad de los factores expuestos por las partes, para concluir si se justifican o no las consecuencias que aducen, teniendo siempre como factor principal la duda razonable. Expuesto lo anterior, conviene señalar que de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se cumplió con los requisitos formales aludidos, ya que de manera previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, en audiencia de dos de noviembre de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso, por su probable participación en la comisión de los ilícitos de abuso sexual con penalidad agravada, previsto en el artículo 173, y por violación por equiparación previsto en el artículo 171, párrafo cuarto, ambos en relación con el artículo 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. De igual modo, se constató por parte del Juez de Control, que el imputado conociera los derechos que establece a su favor el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constató que contara con defensa técnica por parte de profesional en derecho, quien se identificó con copia certificada de su cédula profesional, se le dieron a conocer los hechos que se le imputaron y se le dio oportunidad de rendir su declaración, asimismo, previo conocimiento de los datos de prueba que obran agregados en la carpeta de investigación, la Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. En cuanto a los requisitos de fondo, se estima que existen datos que establecen que se cometió hechos que la ley señala como delitos, así como la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión, concretamente los delitos de abuso sexual con penalidad agravada, previsto en el artículo 173, y por violación por equiparación previsto en el artículo 171, párrafo cuarto, ambos en relación con el artículo 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Porciones normativas que en lo conducente establecen: Artículo 171. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años y de seiscientos a mil días multa. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá previa querella. Se sancionará con las mismas penas a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia física o moral o sin el consentimiento de la víctima. Artículo 173. A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Este delito se perseguirá previa querella, salvo que concurra violencia o se trate de personas menores de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) VII.- Por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho. En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que acontecieron dos hechos que la ley señala como delitos, así como la probabilidad de que el imputado los cometió, conductas cuya descripción típica se encuentran en los numerales anteriormente reproducidos. Así mismo, en la audiencia de vinculación a proceso, se desahogó con los datos de prueba ofrecidos en la carpeta de investigación por parte del fiscal, que se hicieron consistir en la denuncia a cargo de la víctima de iniciales **********.; pericial en materia de agresiones sexuales a cargo de la doctora médico legista **********; pericial en materia de psicología a cargo de la licenciada **********; parte policial a cargo de **********, que contiene una entrevista a la propia víctima, así como a ********** y a **********, a dicho parte se acompañó varias fotografías; también en la audiencia reclamada la defensa del hoy quejoso, desahogó el medio de prueba ofertado, consistente en declaración testimonial de ********** y de ********** (hija del imputado y ex esposa del imputado). Ahora bien, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, así como a las testimoniales ofrecidas por la defensa y desahogadas en la audiencia de vinculación reclamada, los cuales fueron tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, son específicamente los siguientes: Denuncia suscrita por la víctima de iniciales **********.., y su ampliación de la denuncia. Pericial en materia de agresiones sexuales a cargo de la doctora médico legista **********. Pericial en materia de psicología a cargo de la licenciada **********. Parte policía a cargo de **********, que contiene una entrevista a la propia víctima y **********, así como a **********; también una series de fotografías. Declaración de la propia víctima ante el juez de control Declaraciones testimoniales de ********** y **********, (hija y ex esposa del imputado), rendidas ante el juez de control. En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado los cometió. Es así, ya que la manifestación de la víctima en los delitos de carácter sexual, tiene un valor preponderante ante los demás medios probatorios, siempre y cuando, se encuentre adminiculada con otros datos que la robustezcan. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es:  El esclarecimiento de los hechos;  Proteger al inocente;  Procurar que el culpable no quede impune; y,  Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 360, Agosto de 2017, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2014800, que dispone lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, de los datos narrados por la fiscalía y de las pruebas ofrecidas y desahogadas en la audiencia de vinculación a proceso por parte de la defensa, que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la parte quejosa y la probabilidad de que cometió los ilícitos o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por el quejoso, se considera que el auto de vinculación a proceso emitido en siete de noviembre de dos mil veintidós, se encuentra ajustado a derecho, pues satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, al advertirse que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados y el desahogo de las pruebas, todos en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 356. Libertad probatoria Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código." "Artículo 359. Valoración de la prueba El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado." Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que la condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos del artículo 316 del ordenamiento procesal aludido, la existencia del hecho delictivo tipificado por las leyes ordinarias como abuso sexual agravado y violación con penalidad agravado, imputados al hoy quejoso **********, así como la probable participación de éste en su comisión. Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado que de manera probable el quejoso los cometió, desplegando los hechos que constituyen delitos. Ello es así, dado que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por la agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, en específico la denuncia de la víctima de iniciales **********., en la cual en esencia se advierte que el imputado ********** es su abuelo, y que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, a las diez horas, aproximadamente, en el interior del inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, fue agredida a través de abuso sexual, cuando ella se encontraba acostada y su abuelo (imputado) le tocó los muslos y glúteos por debajo de la ropa, sin el consentimiento de la víctima; mientras que el ocho de octubre de ese mismo año, cuando su abuelo conducía un vehículo en la vía pública, específicamente en las calles **********, en esta ciudad, le introdujo sus dedos en la vagina, sin el consentimiento de la víctima. Declaración anterior, con la cual el juez responsable considera que quedaron establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Además, dicha denuncia de la víctima, fue debidamente concatenada por el Juez natural al considerar la información rendida mediante la pericial en psicología, **********, que se realizó de acuerdo a la metodología, y al grado emocional y que se requiere cincuenta sesiones de terapia para establecer el daño psique; así como con el informe rendido por la agente policía, **********, donde se entrevistó con **********, quien refirió que anteriormente era novio de la víctima durante dos años, a quien le contó la agresión sexual que había sufrido la víctima. También, se enfatiza que el dicho de la víctima al que es dable otorgar valor probatorio, tal y como lo señaló el Juez responsable, en razón de las circunstancias en que comúnmente se lleva a cabo esa infracción penal, esto es, en forma oculta, privada o secreta, ya que se procura cometerlo sin la presencia de testigos, es decir, se trata de un delito que es renuente a prueba directa, cobra mayor relevancia, además de que están determinadas las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del ilícito. Aunado a lo anterior, consideró el juez responsable, se encuentra el hecho de que la víctima señaló en la denuncia -al menos para la etapa del dictado de la resolución reclamada-, pues en testimonial sostuvo lo narrado los hechos acontecidos, reiterando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los mismos. Actuar del juez responsable que se encuentra ajustado, al demostrarse de forma indiciaria, -al menos para etapa del acto reclamado- que proporcionan datos puntuales respecto a la forma en que fue agredida y cómo, cuándo y por quién, con lo cual, a juicio de esa resolutora, se considera que no se violentan los derechos de la valoración de la prueba, pues dicha valoración no excede los límites de libertad que concede la carta magna, en su artículo 20 constitucional. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible a página 1728, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro: 2013259, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación." También sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, del tenor siguiente: "VIOLACION, COMPROBACION DEL DELITO DE, POR MEDIO DE LA DECLARACION DE LA OFENDIDA. El delito de violación a una menor se comprueba plenamente con la declaración imputativa de la misma a la que debe dársele destacada importancia, pues en esta clase de delitos ordinariamente no es posible allegarse numerosos datos en virtud de que se procuran cometer sin la presencia de testigos, buscando impunidad; por lo que si el relato de la ofendida es creíble, más cuando está saturado de detalles que no es posible sean materia de su invención, además de que el propio inculpado corrobora en parte el dicho de aquélla al admitir haber estado en el recinto que ella menciona, debe aceptarse aquél." Antecedentes narrados por la Representación Social a los que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, correctamente les otorgó valor al haber sido vertidos ante una autoridad competente como lo es el agente del Ministerio Público y ante dicho juzgador en la audiencia. Datos de prueba que encuentran soporte con la información que se desprende de la entrevista realizada por el Agente de la Policía Ministerial, **********, de la cual se desprende la noticia criminal, puesto que es la persona a quien en un primer momento le informó de los hechos de los cuales fue víctima. Así mismo, con la serie fotográfica exhibida por dicho agente investigador, se corrobora la información respecto de los lugares y el vehículo, en el cual ocurrieron los hechos por la víctima. También, valoró los datos emanados de la Impresión diagnóstica, el estado psicológico de la víctima, realizado por la licenciada **********, psicóloga adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres del Delito por **********, quien practicó el estudio a la víctima de iniciales **********., mediante un análisis del testimonio de la víctima, así como evolución y descripción de la afectación emocional conductual e interacción, que la víctima pueda estar experimentando como consecuencia del delito, asentó la metodología utilizada, consistente en observación directa, entrevista clínica forense y aplicación de diversas pruebas psicológicas. Respecto a las declaraciones de ********** y ********** (hija y exesposa del imputado), señalaron aspecto del comportamiento del imputado, que realiza en vida cotidiana, que incluso apoya con el cuidado de otros nietos, y que nunca había tenido algún problema legal, resaltando que la víctima es muy "llevada" con su abuelo, aquí quejoso, y que entre ellos existe un trato cotidiano; sin embargo, no refirieron ni les consta los hechos que narró la víctima en las fechas (diecinueve de marzo y ocho de octubre, ambos de dos mil veinte), donde ocurrieron los hechos delictuosos que se le atribuyen al imputado. Asimismo, el hecho de que no obre un examen en materia de ginecológico practicado a la víctima, no resulta un dato para no llegar a la determinación adoptada por el juez responsable -cuando menos para la etapa del procedimiento-, que únicamente se necesita de indicios o datos de pruebas que logren inferir que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. También, se considera acertado las manifestaciones del juez responsable, en el sentido de que efectivamente no se exhibió alguna constancia que acreditara el parentesco del imputado con la víctima; sin embargo, del contenido de los datos de prueba se puede llegar a la conclusión de que el imputado es abuelo de la víctima, incluso del desahogo de las testimoniales ********** y **********, ofrecidas por la defensa, se aprecia dicha afirmación; pero sobre todo porque durante al periodo de investigación se puede aportar tal constancia. Por lo anterior, ante dichas declaraciones, la responsable otorga credibilidad a la declaración realizada por parte de la víctima dada su naturaleza de los hechos ilícitos, los cuales esa infracción penal normalmente ocurre en forma oculta, privada o secreta, y se procura cometerlo sin presencia de testigos, aunado a las consideraciones expuestas anteriormente respecto al valor a las declaraciones de la víctima sobres los hechos atribuidos al imputado. Culminado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, ahora se procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo, en esencia manifestó los siguientes: Que los datos y medios de prueba, el juez llevó a cabo una valoración ilegal de estos, puesto está obligado a valorar tanto los datos de pruebas expuestos por el agente del Ministerio Público, así como los exhibidos por la defensa. El juez de control no debió estudiar los datos de pruebas de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones de la fiscalía. Se realizó una indebida valoración al informe pericial, quebrantándose principio de legalidad. Se violentó el derecho a una defensa adecuada. Se actualiza la existencia de la excluyente de delito, la atipicidad prevista en el artículo 28 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, pues considera que no se logró acreditar la existencia del elemento en la realización de copula. Resultan infundados sus disensos, por lo siguiente: Los conceptos de violación señalados en los incisos a), b) y c), se reitera que son infundados; en principio el Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación a proceso, únicamente se requiere que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En efecto, dentro de los parámetros establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez responsable consideró de manera libre y lógica que los hechos narrados por los testigos, que indicaron aspectos cotidianos del imputado y su buen actuar; sin embargo, acertadamente el juez responsable indicó que abonaron o acreditado lo expuesto por la víctima en la denuncia de hechos, en el sentido de que en las fechas (diecinueve de marzo y ocho de octubre, ambos de dos mil veinte) la forma en como acontecieron los hechos ilícito atribuidos al imputado, En ese sentido, correctamente consideró que los hechos narrados por las testigos, distan por mucho de las circunstancias vividas por la víctima, pues son narrados desde la perspectiva de los declarantes y tomando en cuenta que, dada la naturaleza de los hechos, que se realizan en secreto, se considera verosímil lo narrado por la victima al ocurrir de manera oculta. Por lo anterior, esta resolutora considera que la responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados por las partes, pues, adverso a lo sostenido por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable omitió valorar correctamente los datos de prueba expuestos en el juicio, el juez responsable no sólo valoró los datos existentes en la causa penal, sino también lo hizo adecuadamente, según lo expuesto ya, en líneas superiores. Esto se debe a que el juez responsable al valorar los datos y antecedentes de la causa penal no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, lo condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. En ese sentido, se reitera que no tiene razón jurídica la parte quejosa, pues, contra lo que sostiene, al valorar los propios datos y antecedentes, así como la razonabilidad de las manifestaciones del fiscal y la defensa, el juez del conocimiento se ajustó a los lineamientos que para ello contempla el artículo 20, en su apartado A, fracción II, constitucional y el diverso 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual carece de sustento jurídico lo alegado sobre ese particular, de ahí que lo conducente es desestimar, por infundado, dichos conceptos de violación analizados. Asimismo, resulta infundado el concepto de violación identificado con el inciso d) donde sostiene que se violentó el derecho a una defensa adecuada, pues contrario a lo manifestado si se cumplió con dicho derecho fundamental, toda vez que tanto en la audiencia de dos de noviembre de dos mil veinte, como la desahogada el siete del citado mes y año citados, se aprecia de la visualización de los videos que contienen el acto reclamado, que el juez responsable al minuto 1:35 (2NOV2022 14:03:10Hrs), le dio el uso de la voz al imputado en el sentido de que si se le había hecho saber sus derechos y en su caso podía explicarle, además, dentro de ese derecho fundamental de defensa era contar con un abogado, designando el imputado al licenciado **********, como su defensor particular, profesionista anterior que fue debidamente identificado ante el juez responsable, mostrando ante ella la cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, siendo exhibida por el defensor particular, con número de registros de la S.E.P, además protestó y aceptó el cargo conferido al minuto 3:08 (2NOV2022 14:03:43Hrs). Aunado a que durante las audiencias se le concedió el uso de la voz, tanto a su abogado como al propio imputado, cumpliendo a cabalidad con dicha derecho, así como la secuencia de las etapas correspondiente. - En efecto, después de que la fiscal hizo del conocimiento de los datos de pruebas y las pruebas que deponen en contra del imputado, el juez responsable le dio el uso de la voz tanto al abogado como al imputado al minuto 6:54 del video (2/NOV2022 14:07:30 Hrs), señalando que no tenían ninguna precisión. - Inmediatamente, al minuto 7:03 de la videograbación (2/NOV2022 14:04:37Hrs) el juez responsable le indicó al imputado si era su deseo responder a los cargos que se le imputaron, le explicó las consecuencias de declarar y previa consulta con su abogado, el imputado se reservó su derecho a declarar. - Al culminar la fiscalía de exponer los datos de pruebas y de los razonamiento, al minuto 21:34 (2NOV2022 14:22:09Hrs) el juez le concedió el uso de la voz al imputado y le explicó las consecuencias de las etapas y si era su deseo de declarar, previa consulta con su abogado se reservó su derecho a declarar y solicito la duplicidad del término de ciento cuarenta y cuatro horas para que se resolviera la situación jurídica del imputado. - Incluso al minuto 24:56 de la videograbación (2NOV2022 14:25:31 Hrs), se concedió el uso de la voz al abogado con las manifestaciones sostenidas por la fiscal respecto a la petición de prisión preventiva. - En la continuación de la audiencia de vinculación, después de culminar el desahogo de las pruebas ofrecidas por la defensa, y al tenerse por reproducidos los datos de pruebas que obran en la carpeta, así como culminar la solicitud de vinculación a proceso por la fiscal; el juez responsable concedió el uso de la voz al abogado al minuto 48:57 de la videograbación (2022-11-07 10:23:38), quien realizó manifestaciones para que no se tomaran en cuenta dichos datos de pruebas. - Incluso, al minuto 56:39 (2022-11-07 10:31:20), el juez responsable le volvió a dar el uso de la voz al abogado con las manifestaciones expuestas por la fiscalía. - Culminado el debate, se procedió a dictar la resolución reclamada. Del contenido de esa reseña se aprecia que al imputado no se vulneró el derecho fundamental de defensa y contradicción, toda vez que tanto al imputado como a su abogado se le otorgó el uso de la voz para que ejercieran su derecho en cada etapa correspondiente; por ello, se reitera lo infundado de dicho disenso. Finalmente, respecto al concepto de violación identificado con el inciso e), donde refiere que actualiza la existencia de la excluyente de delito, la atipicidad prevista en el artículo 28 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, pues considera que no se logró acreditar la existencia del elemento en la realización de copula. De igual forma es infundado, toda vez que para el dictado del auto de vinculación a proceso, conforme a la redacción del artículo 19 Constitucional, no es necesario analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, es decir, el cuerpo del delito, sino sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión. Solo resta señalar que la resolución reclamada no viola los derechos humanos contenidos en el artículo 14 Constitucional, pues de las videograbaciones de las audiencias remitidas por el juez, no se advierte la inobservancia de lo dispuesto en el referido artículo de la Constitución Federal, en cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento con afectación a las defensas del peticionario del amparo, en tanto, se insiste, una vez que la Agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra, asistido debidamente de su defensor, se le hizo saber los hechos delictivos que se le imputan; se le informó sobre los derechos y prerrogativas consignados en el artículo 20, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se le concedió el derecho a declarar en relación a los hechos imputados, habiéndose abstenido de ello; y, dentro del término de la duplicidad constitucional, le fue dictado auto de vinculación a proceso, por existir la probabilidad de que éste, participó en la comisión de los ilícitos ya indicados; resolución constitutiva del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Por tanto, no se advierte alguna violación en ese sentido, en perjuicio del impetrante del amparo, de la garantía individual consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, al cumplirse en el caso con las formalidades esenciales del procedimiento, al no advertir esta potestad federal la inobservancia de alguna de ellas, ni la aplicación retroactiva, en perjuicio de aquél o de disposición alguna. Al respecto resultan aplicables las jurisprudencias: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." (Época: Novena Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P./J. 47/95. Página: 133). "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. (Época: Décima Época. Registro: 2005716. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.). Página: 396). Por tanto, se estima correcta la determinación del Juez de Control al vincular a proceso al imputado **********, aquí quejoso, por los mencionados delitos, máxime que resulta claro que para el dictado de un acto de esta naturaleza no se exige la comprobación del cuerpo del delito, pues debe justificarse únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito"; esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, es innecesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal; es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo debe atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, la autoridad responsable debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Sin que pase inadvertido la figura de presunción de inocencia, pues se evidenció que existen pruebas de cargo aportadas por la Fiscalía, valoradas por la responsable, siendo analizados conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Así, no puede restarse valor probatorio a las pruebas de cargo-al menos para la etapa del acto reclamado- resultan ineficaces los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar el cúmulo probatorio que pesa contra la imputada, aquí quejosa, es decir, no existe una confrontación de las mismas para considerar que existe duda razonable que cuestionen sobre la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones impide considerar que las pruebas de cargo son insuficientes, hasta este momento, para la vinculación de la impetrante. Pues, es sabido que el auto de vinculación a proceso constituye la autorización de iniciar una investigación formalizada y judicializada. Sin que ese acto procesal por sí mismo prive de la libertad al imputado, sino que su finalidad es la de dar marcha a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial. De ahí que, válidamente se puede concluir que el estándar que debe existir para dictar la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación. Así, los hechos considerados como delitos por la ley constituye el que los datos de pruebas invocados por la Agente del Ministerio Público y las partes, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, lesión o resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su caso hace atribuible una pena a su autor; por tanto, para dictar un auto de vinculación a proceso sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, del tal suerte que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, si no la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Además, debe tenerse presente que para la emisión de la vinculación a proceso, por disposición Constitucional, se estudian datos de prueba, lo que impide el estudio complejo de todos los elementos del delito a diferencia de lo que ocurría en el anterior sistema penal con el auto de formal prisión, que se justificaba con pruebas desahogadas las que debían justificar el cuerpo del delito. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia con número de registro 2014800 y de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado, y se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado al Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, adscrita a la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta, y a la Fiscalía General de Ejecución de Penas y Medidas, (autoridad penitenciaria de esta entidad), con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el siete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 6282/2022. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********, hoy veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta secretarial, signado por el Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima del Estado de Chihuahua, Zona Norte, con sede en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento que se le formuló en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés y al efecto remite en sobre cerrado la constancia original de la diligencia de emplazamiento de la tercera interesada de nombre con iniciales **********; agréguese a los autos del cuadernillo de sigilo derivado del juicio de amparo en que se actúa, y téngasele por emplazada para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad ********************uárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que a las nueve horas con treinta minutos de hoy está programada la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, no es posible llevarla a cabo en virtud de que la ********************sesora ********************urídica de la Comisión Ejecutiva de ********************tención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Zona Norte, con sede en esta ciudad, en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós remitió copia simple de las constancias relativas al emplazamiento de la víctima, aquí tercera interesada de nombre con iniciales ********************.********************.********************.********************. Mismas que fueron agregadas en sobre cerrado al expediente principal. En tal virtud, requiérase la citada autoridad para que en el término de tres días, contados legalmente, remita el original de dichas constancias o bien copia certificada de las mismas, en la inteligencia, que al remitir dicha información deberá manejarse con la discrecionalidad y reserva debidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo el apercibimiento que de incumplir en el lapso indicado o dejar de manifestar el impedimento legal que para ello tenga, se le impondrá multa por cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de conformidad con los numerales 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de ********************mparo vigente, así como con los preceptos 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y ********************ctualización. Por lo anterior, con la copia de la constancia remitida por la la ********************sesora ********************urídica de la Comisión Ejecutiva de ********************tención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Zona Norte, con sede en esta ciudad fórmese cuadernillo de sigilo, en el cual se proveerá lo conducente en relación al emplazamiento de dicho tercero. En las relatadas circunstancias, para evitar una posible reposición del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, y en su lugar para su desahogo se fijan las DIEZ HOR********************S CON CU********************RENT******************** MINUTOS DEL VEINTICU********************TRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se encomienda notificar por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./********************. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de ********************usticia de la Nación, publicada en el Semanario ********************udicial de la Federación y su ********************aceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFIC********************CIONES ******************** L********************S ********************UTORID********************DES EN EL ********************UICIO DE ********************MP********************RO INDIRECTO. FORM******************** DE RE********************LIZ********************RL********************S. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y por oficio a la ********************sesoraurídica de la Comisión Ejecutiva de ********************tención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Zona Norte. Lo proveyó y firma la jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********************. Doy fe.

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