Juan Gerardo Avilés Sandoval
Expediente 4/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Gerardo Avilés Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, por el cual remite los autos originales del expediente 4/2017 y copia certificada de la resolución pronunciada por ese órgano jurisdiccional, en sesión de veintiuno de junio del año en curso, dentro del amparo en revisión penal 186/2017, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó al Juez de Control Penal en Materia del Fuero Común del Distrito Judicial Bravos del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. Acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y agréguese el cuaderno de antecedentes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no contiene información clasificada como reservada, ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, según los artículos 97, 110 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Glósese a los autos el oficio enviado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, mediante el cual acusa recibo del diverso *******, del índice de este Juzgado, e informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso *******, en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo el toca *******, del índice del citado Tribunal. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*arc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de marzo de dos mil diecisiete. Glósese a los autos el escrito signado por el quejoso *******, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de tres de marzo del año en curso, y exhibe dos copias más de su recurso de revisión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo vigente, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copias de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hechos valer. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado, y personalmente a la diversa tercero interesada, entregándoles copia del escrito de agravios. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de febrero de dos mil diecisiete. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, contra actos del JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, en esta ciudad. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional el cinco de los mismos, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó: IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: Único.- La resolución dictada con fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciséis, dentro de la causa penal *******. Consistente dicha resolución, en no ha lugar la petición propuesta por escrito, por mi defensor particular con fecha trece de diciembre del año dos mil dieciséis ante oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable. Dicha petición que presentara mi abogado defensor, con fecha trece de diciembre del año dos mil dieciséis es referente, a una solicitud de diligencia de investigación criminal, contemplada en el artículo 232 del Código Adjetivo Penal del Estado, y que a la letra refiere: Artículo 232. Proposición de diligencias. Durante la investigación, tanto del imputado como los demás intervinientes en el procedimiento, podrán solicitar al Ministerio Público todas aquellas diligencias que se consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellas que estimen conducentes. Durante la investigación, el imputado podrá solicitar al Juez dice las instrucciones necesarias para que sus peritos puedan acceder a examinar los objetos, documentos o lugares a que se refiere su pericia. La proposición de diligencias de investigación, consistía en que se instruyera por parte del C. Juez de Control Penal, a la tutora de la menor víctima, es decir a la Sra. (*******), madre de la menor víctima (*******), con la finalidad, de que la menor víctima, se le pudiera realizar una valoración por peritos en psicología con experiencia en niños, y que dichos peritos antes referidos, eran propuestos por la defensa penal del suscrito, esto debido a que a la menor víctima ya referida, ya le habían practicado una pericial en psicología, por peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado en fecha 18 de marzo del año 2016, y mismos que fueron designados por el C. Agente del Ministerio Público, y que el suscrito, no comulgaba con las conclusiones de los peritos propuestos por la representación social. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violadas. La parte quejosa considera que con el acto reclamado se violó en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 Y 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. TERCERO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA.. En proveído de seis de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio de amparo 4/2017-V; se solicitó informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente. Igualmente, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada; y, por último, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se efectuó al tenor del acta que antecede. Considerando: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos dictados por autoridad que tiene su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El proveído dictado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en la causa penal *******, por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en la que inadmitió la pericial en materia de psicología a realizarse en la persona de la menor víctima. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su estudio. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe justificado la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia del acto que le fe atribuido, consistente en el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal *******, en la que inadmitió fijar fecha para audiencia, a fin de que la menor víctima fuera valorada por peritos en psicología, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió para justificarlo; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. No será materia de análisis la constitucionalidad del acto reclamado, ni los motivos de inconformidad vertidos para desvirtuarlo, en atención a que este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causa de improcedencia, cuyo análisis es preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, pues dicho acto sólo afecta derechos adjetivos. En efecto, el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación, los cuales consisten según el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior, en atención a que el acuerdo combatido tiene su origen en el reclamo de una violación procesal, pues se trata del pronunciamiento concerniente a la inadmisibilidad de una prueba ofertada por la defensa del aquí quejoso, y por regla general dichas violaciones pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy solicitante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten es que se continúe la tramitación del juicio, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Tiene aplicación, la tesis XI.P.14.P del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1844, registro 2013269, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Por ende, si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se Resuelve: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo *******, promovido por *******. Notifíquese.- Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Juan Francisco Nevárez Martínez y Otros.806/2015
- Juan Francisco Ortega Esparza102/2023
- Juan Francisco Torres Zaragoza608/2021
- Juan Francisco Villafuerte Montiel122/2017
- Juan Francisco Villafuerte Montiel771/2017
- Juan Gabriel Guerrero Aguilar837/2015
- Juan Gerardo Avilés Sandoval151/2017
- Juan Gerardo Avilés Sandoval601/2017
- Juan Gerardo Áviles Sandoval319/2023
- Juan Gerardo Hernández Pineda708/2021
- Juan González Ávila1124/2022
- Juan González Nuñez y Otros.396/2019