Juan Gerardo Avilés Sandoval

Expediente 601/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
601/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
16/10/2017

Partes del expediente

  • Juan Gerardo Avilés Sandoval
  • Juan Gerardo Avilés Sandoval y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como destruible según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Una vez transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que es susceptible de depuración. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como destruible según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Una vez transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que es susceptible de depuración. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 601/2017-V. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y Notificador Penal del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó: IV.- Ato (sic) u omisión que cada autoridad se reclame: Del C. Juez de Control Penal, del Distrito Judicial Bravos del Estado de Chihuahua, con domicilio ampliamente conocido, en calle Barranco Azul, de la colonia Toribio Ortega de esta ciudad. El auto dictado en audiencia intermedia de fecha siete de junio del presente año, dentro de la causa penal que se instruye en mi contra con número dicha causa *******; referente dicho auto, en tener por notificado la acusación al suscrito de forma íntegra; haciendo mención desde este momento, que la acusación que me notificaron, no contenía los hechos materia de la acusación, por lo que se le puso de manifiesto tal situación a el C. Juez de Control Penal en audiencia intermedia: resolviendo el C. Juez, en dicha audiencia pública, que dicha acusación que se contenía en carpeta administrativa, sí contenía hechos materia de acusación, por tal motivo supuestamente si se notificó de forma íntegra dicha acusación, es decir, que su puestamente (sic) sí se me notificó los hechos materia de la acusación, cuando se afirma que no fue notificado el suscrito ni a su defensor penal los hechos materia de la acusación; Del C. Notificador penal, la irregular notificación, respecto al escrito de acusación, relativo a la causa penal antes descrita, haciendo mención, que, por medio del C. Juez de Control Penal, antes descrito, en audiencia intermedia de fecha siete de junio del presente año, fue que me di cuenta, que supuestamente, en carpeta administrativa del tribunal señalado como responsable, si obra los hechos materia de la acusación, por lo que, de ser así, en efecto el C. Notificador, realizó de forma irregular la notificación íntegra del escrito de acusación, y que se le informó a petición de parte, de dicha irregularidad al C. Juez control penal señalado como responsable, para que en efecto, emitiera resolución conforme a derecho. (.) En efecto, en la audiencia intermedia, celebrada en fecha siete de junio del presente año, a petición del suscrito, el defensor particular que me representa, le manifesté al C. Juez de Control Penal, que el notificador corrió traslado del escrito de acusación, pero sin contener los hechos materia de la acusación; y que incluso, el C. Notificador de dicho Tribunal Penal, en la constancia que levantara para tal efecto, hizo constar que dicha acusación que se notificara al abogado defensor, no contenía los hechos materia de la acusación; Dicha constancia de notificación, firmada por mi defensor particular de nombre Lic. *******. Contestando el C. Juez de Control Penal, a tal manifestación, que el escrito de acusación que obra en la carpeta administrativa, sí se encontraba los hechos materia de la acusación y que tal vez se le perdió a mi defensor particular, reiterando el C. Juez responsable, que desconocía porque mi abogado defensor no traía la acusación completa, por lo que, en efecto, para criterio de la responsable sí se notificó dichos hechos materia de la acusación; y que lo único que se podía hacer, era ordenar al C. Agente del Ministerio Público, que le corriera traslado con la hoja faltante de la acusación. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de treinta de junio de dos mil diecisiete, la demanda de amparo se registró con el número 601/2017-V, y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a juicio a los terceros interesados y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama: I. Del Notificador adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Bravos; la notificación realizada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, respecto a la acusación formulada en su contra dentro de la causa penal *******; II. Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; la resolución dictada en audiencia intermedia, en torno a tenerlo por notificado de la acusación formulada en su contra. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir su informe justificado. Lo que además se corrobora con la documental que el Juez responsable acompañó a su informe, consistentes en copias certificadas de la carpeta administrativa ******* y un disco de video digital certificado, relacionado con dicho asunto; al que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, tomo VI, Común, Quinta Época, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto a los actos reclamados consistentes en la notificación realizada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por el Notificador adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Bravos, relativa a la acusación formulada en su contra dentro de la causa penal *******; así como de la resolución dictada en la audiencia intermedia de siete de junio de dos mil diecisiete, en torno a tenerlo por notificado de la acusación formulada en la causa penal *******, seguida en contra de *******, por los delitos de ******* y ******* con *******, cometido en perjuicio de la ******* víctima con iniciales *******, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, dado que la notificación y la resolución del Juez de la causa de origen, de tenerlo por notificado del escrito de acusación del Ministerio Público, no tiene una ejecución de imposible reparación. Esto es así, porque los numerales en comento establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y en el caso, el acto reclamado en el juicio de amparo, a saber: la notificación y la determinación adoptada por el juez responsable en torno a los vicios que adujo la defensa del ahora quejoso ******* respecto de la notificación del escrito de acusación del Ministerio Público; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; esto es, solo produce efectos intraprocesales, de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener sentencia favorable, en el juicio oral del cual emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal en el supuesto de obtener una sentencia adversa al combatirse la sentencia definitiva, como violación procesal, conforme a lo previsto en el apartado B, fracciones V y XIX del artículo 173 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga sentencia definitiva favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia la determinación adoptada en cuanto a los vicios que aduce contiene la notificación del escrito de acusación del órgano investigador en la carpeta administrativa de origen. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 3a. 43, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 291, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, con número de registro 207343, que establece: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, con número de registro 205651, que establece: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, como ya se indicó, de ordinario, las violaciones procesales son impugnables en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva; y, solo pueden ser combatidas en amparo indirecto, de manera excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de cuya ejecución dependa la suerte de todo el juicio natural; sin embargo, en el caso particular, no se actualiza la excepción en comento. Esto es así, porque en el caso concreto se aprecia que la determinación adoptada en cuanto a los vicios formales y de fondo que adujo la defensa en la audiencia intermedia respecto a la notificación del escrito de acusación presentado por la Agente del Ministerio Público en la carpeta administrativa de origen, constituye una violación procesal que puede ser reparada en sentencia definitiva, si la sentencia que se dicte en el juicio oral le es adversa a sus intereses, lo cual podrá combatir como violación procesal, al momento de interponer demanda de amparo directo, de conformidad con el artículo 173 apartado B, fracciones V y XIX, de la Ley de Amparo. Es aplicable por las razones que la informan, la tesis aislada II.2o.P.9 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1968, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000673, que establece: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La resolución que desestima y desecha las pruebas documentales ofrecidas por la defensa del quejoso y admite las diversas planteadas por el Ministerio Público en la audiencia intermedia en el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si el quejoso obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos de los artículos 158 y 160 de la Ley de Amparo. Por tanto, es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo sistema de justicia penal, es reclamable en amparo indirecto porque constituye un acto de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de justicia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, hasta este momento, siguen siendo las mismas." Además, el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que el Estado Mexicano forme parte; pues solo afecta derechos adjetivos, y mucho menos se trata de determinaciones de las cuales dependa la suerte del juicio oral, habida cuenta que, precisamente en el momento de dictarse la resolución definitiva correspondiente, la autoridad competente habrá de valorar tanto los medios de prueba de cargo como de descargo, a efecto de resolver si en el caso concreto se encuentra o no plenamente acreditado el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, así como la procedencia a la condena o no a la reparación del daño y, en su caso, el monto de éste, además, deberá analizar todos y cada uno de los medios de prueba admitidos y desahogados por las partes, a efecto de determinar si tienen o no el alcance demostrativo necesario de demostrar los extremos de la postura defensiva o teoría del caso, así como los planteamientos del Ministerio Público, y de la parte ofendida. Circunstancias las anteriores que conducen a la conclusión de que en el caso concreto, no se actualiza alguna excepción a la regla de procedencia, respecto del juicio de amparo en estudio. De ahí que, siguiendo la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo abrogada, el cual es de idéntico contenido al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como lo determinado en la tesis aislada citada en último orden, debe concluirse que es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo sistema de justicia penal, dicha clase de determinaciones judiciales sean reclamables en amparo indirecto porque constituye un acto de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de justicia, concretamente dentro de la etapa intermedia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, contra actos dictados dentro del juicio siguen siendo las mismas; por tanto, dado que en criterio de quien esto resuelve, no se actualizan violaciones de gran trascendencia que implicaran una afectación relevante para el procedimiento, no puede considerarse que el acto reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, o por algún tratado internacional. Máxime, si se toma en consideración que en audiencia intermedia de siete de junio de dos mil diecisiete, una vez que el defensor del quejoso hice saber al Juez de Control que una vez que se le notificó el escrito de acusación, este no contenía los hechos materia de la acusación; el letrado ordenó al agente del Ministerio Público que le hiciera entrega de la misma. Además, a fojas sesenta y seis y ochenta y cuatro a ciento diez; obra el escrito de acusación, así como de la constancia de uno de agosto de dos mil diecisiete, de la que se advierte que la agente del Ministerio Público, hizo entrega a *******, de copia simple e íntegra del escrito de acusación en la causa penal *******, donde aparece como acusado de los delitos de abuso sexual y violación, ambos con penalidad agravada. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 601/2017-V, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veinte de septiembre de dos mil dieciseite que dice SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 601/2017-V. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y Notificador Penal del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó: IV.- Ato (sic) u omisión que cada autoridad se reclame: Del C. Juez de Control Penal, del Distrito Judicial Bravos del Estado de Chihuahua, con domicilio ampliamente conocido, en calle Barranco Azul, de la colonia Toribio Ortega de esta ciudad. El auto dictado en audiencia intermedia de fecha siete de junio del presente año, dentro de la causa penal que se instruye en mi contra con número dicha causa *******; referente dicho auto, en tener por notificado la acusación al suscrito de forma íntegra; haciendo mención desde este momento, que la acusación que me notificaron, no contenía los hechos materia de la acusación, por lo que se le puso de manifiesto tal situación a el C. Juez de Control Penal en audiencia intermedia: resolviendo el C. Juez, en dicha audiencia pública, que dicha acusación que se contenía en carpeta administrativa, sí contenía hechos materia de acusación, por tal motivo supuestamente si se notificó de forma íntegra dicha acusación, es decir, que su puestamente (sic) sí se me notificó los hechos materia de la acusación, cuando se afirma que no fue notificado el suscrito ni a su defensor penal los hechos materia de la acusación; Del C. Notificador penal, la irregular notificación, respecto al escrito de acusación, relativo a la causa penal antes descrita, haciendo mención, que, por medio del C. Juez de Control Penal, antes descrito, en audiencia intermedia de fecha siete de junio del presente año, fue que me di cuenta, que supuestamente, en carpeta administrativa del tribunal señalado como responsable, si obra los hechos materia de la acusación, por lo que, de ser así, en efecto el C. Notificador, realizó de forma irregular la notificación íntegra del escrito de acusación, y que se le informó a petición de parte, de dicha irregularidad al C. Juez control penal señalado como responsable, para que en efecto, emitiera resolución conforme a derecho. (.) En efecto, en la audiencia intermedia, celebrada en fecha siete de junio del presente año, a petición del suscrito, el defensor particular que me representa, le manifesté al C. Juez de Control Penal, que el notificador corrió traslado del escrito de acusación, pero sin contener los hechos materia de la acusación; y que incluso, el C. Notificador de dicho Tribunal Penal, en la constancia que levantara para tal efecto, hizo constar que dicha acusación que se notificara al abogado defensor, no contenía los hechos materia de la acusación; Dicha constancia de notificación, firmada por mi defensor particular de nombre Lic. *******. Contestando el C. Juez de Control Penal, a tal manifestación, que el escrito de acusación que obra en la carpeta administrativa, sí se encontraba los hechos materia de la acusación y que tal vez se le perdió a mi defensor particular, reiterando el C. Juez responsable, que desconocía porque mi abogado defensor no traía la acusación completa, por lo que, en efecto, para criterio de la responsable sí se notificó dichos hechos materia de la acusación; y que lo único que se podía hacer, era ordenar al C. Agente del Ministerio Público, que le corriera traslado con la hoja faltante de la acusación. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de treinta de junio de dos mil diecisiete, la demanda de amparo se registró con el número 601/2017-V, y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a juicio a los terceros interesados y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama: I. Del Notificador adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Bravos; la notificación realizada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, respecto a la acusación formulada en su contra dentro de la causa penal *******; II. Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; la resolución dictada en audiencia intermedia, en torno a tenerlo por notificado de la acusación formulada en su contra. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir su informe justificado. Lo que además se corrobora con la documental que el Juez responsable acompañó a su informe, consistentes en copias certificadas de la carpeta administrativa ******* y un disco de video digital certificado, relacionado con dicho asunto; al que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, tomo VI, Común, Quinta Época, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto a los actos reclamados consistentes en la notificación realizada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por el Notificador adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Bravos, relativa a la acusación formulada en su contra dentro de la causa penal *******; así como de la resolución dictada en la audiencia intermedia de siete de junio de dos mil diecisiete, en torno a tenerlo por notificado de la acusación formulada en la causa penal *******, seguida en contra de *******, por los delitos de ******* y ******* con *******, cometido en perjuicio de la ******* víctima con iniciales *******, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, dado que la notificación y la resolución del Juez de la causa de origen, de tenerlo por notificado del escrito de acusación del Ministerio Público, no tiene una ejecución de imposible reparación. Esto es así, porque los numerales en comento establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y en el caso, el acto reclamado en el juicio de amparo, a saber: la notificación y la determinación adoptada por el juez responsable en torno a los vicios que adujo la defensa del ahora quejoso ******* respecto de la notificación del escrito de acusación del Ministerio Público; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; esto es, solo produce efectos intraprocesales, de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener sentencia favorable, en el juicio oral del cual emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal en el supuesto de obtener una sentencia adversa al combatirse la sentencia definitiva, como violación procesal, conforme a lo previsto en el apartado B, fracciones V y XIX del artículo 173 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga sentencia definitiva favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia la determinación adoptada en cuanto a los vicios que aduce contiene la notificación del escrito de acusación del órgano investigador en la carpeta administrativa de origen. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 3a. 43, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 291, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, con número de registro 207343, que establece: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, con número de registro 205651, que establece: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, como ya se indicó, de ordinario, las violaciones procesales son impugnables en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva; y, solo pueden ser combatidas en amparo indirecto, de manera excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de cuya ejecución dependa la suerte de todo el juicio natural; sin embargo, en el caso particular, no se actualiza la excepción en comento. Esto es así, porque en el caso concreto se aprecia que la determinación adoptada en cuanto a los vicios formales y de fondo que adujo la defensa en la audiencia intermedia respecto a la notificación del escrito de acusación presentado por la Agente del Ministerio Público en la carpeta administrativa de origen, constituye una violación procesal que puede ser reparada en sentencia definitiva, si la sentencia que se dicte en el juicio oral le es adversa a sus intereses, lo cual podrá combatir como violación procesal, al momento de interponer demanda de amparo directo, de conformidad con el artículo 173 apartado B, fracciones V y XIX, de la Ley de Amparo. Es aplicable por las razones que la informan, la tesis aislada II.2o.P.9 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1968, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000673, que establece: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La resolución que desestima y desecha las pruebas documentales ofrecidas por la defensa del quejoso y admite las diversas planteadas por el Ministerio Público en la audiencia intermedia en el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si el quejoso obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos de los artículos 158 y 160 de la Ley de Amparo. Por tanto, es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo sistema de justicia penal, es reclamable en amparo indirecto porque constituye un acto de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de justicia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, hasta este momento, siguen siendo las mismas." Además, el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que el Estado Mexicano forme parte; pues solo afecta derechos adjetivos, y mucho menos se trata de determinaciones de las cuales dependa la suerte del juicio oral, habida cuenta que, precisamente en el momento de dictarse la resolución definitiva correspondiente, la autoridad competente habrá de valorar tanto los medios de prueba de cargo como de descargo, a efecto de resolver si en el caso concreto se encuentra o no plenamente acreditado el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, así como la procedencia a la condena o no a la reparación del daño y, en su caso, el monto de éste, además, deberá analizar todos y cada uno de los medios de prueba admitidos y desahogados por las partes, a efecto de determinar si tienen o no el alcance demostrativo necesario de demostrar los extremos de la postura defensiva o teoría del caso, así como los planteamientos del Ministerio Público, y de la parte ofendida. Circunstancias las anteriores que conducen a la conclusión de que en el caso concreto, no se actualiza alguna excepción a la regla de procedencia, respecto del juicio de amparo en estudio. De ahí que, siguiendo la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo abrogada, el cual es de idéntico contenido al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como lo determinado en la tesis aislada citada en último orden, debe concluirse que es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo sistema de justicia penal, dicha clase de determinaciones judiciales sean reclamables en amparo indirecto porque constituye un acto de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de justicia, concretamente dentro de la etapa intermedia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, contra actos dictados dentro del juicio siguen siendo las mismas; por tanto, dado que en criterio de quien esto resuelve, no se actualizan violaciones de gran trascendencia que implicaran una afectación relevante para el procedimiento, no puede considerarse que el acto reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, o por algún tratado internacional. Máxime, si se toma en consideración que en audiencia intermedia de siete de junio de dos mil diecisiete, una vez que el defensor del quejoso hice saber al Juez de Control que una vez que se le notificó el escrito de acusación, este no contenía los hechos materia de la acusación; el letrado ordenó al agente del Ministerio Público que le hiciera entrega de la misma. Además, a fojas sesenta y seis y ochenta y cuatro a ciento diez; obra el escrito de acusación, así como de la constancia de uno de agosto de dos mil diecisiete, de la que se advierte que la agente del Ministerio Público, hizo entrega a *******, de copia simple e íntegra del escrito de acusación en la causa penal *******, donde aparece como acusado de los delitos de abuso sexual y violación, ambos con penalidad agravada. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 601/2017-V, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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