Juan Gabriel Torres Ramirez

Expediente 739/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 36 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
739/2023
Año
2023
Actuaciones
36
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Torres Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    ncidente de falta de personalidad planteado por el quejoso Juan Gabriel Torres Ramírez, dentro del juicio de amparo 739/2023 - A; y, Resultando Primero. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Juan Gabriel Torres Ramírez, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables Juez Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Actos reclamados Ahora, del escrito de demanda la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "5.- ACTOS RECLAMADOS.- Del Juez CUARTO DE LO CIVIL de primera instancia de este Partido Judicial de Tijuana, Baja California, reclamo lo siguiente: La falta de llamamiento al Juicio Ordinario Civil promovido por LEONARDO ALFONSO VILLEGAS MUÑOZ en contra de VERONICA RAMIREZ GOMEZ, el cual se encuentra radicado bajo el expediente número 21/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por lo cual resulta una violación flagrante a mis derechos humanos, dejándome en estado de indefensión por no haber sido llamado al procedimiento en comento; y En consecuencia, todo lo actuado, es decir, todas y cada una de las actuaciones, notificaciones, citaciones y resoluciones dictadas dentro del Juicio Ordinario Civil promovido por LEONARDO ALFONSO VILLEGAS MUÑOZ en contra de VERONICA RAMIREZ GOMEZ, el cual se encuentra radicado bajo el expediente número21/2022 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por no haber sido el suscrito emplazado debida y legalmente al citado juicio. Por lo que reclamo de todas las autoridades cualquier orden tendiente a desposeerme de mi propiedad derivada de sus actuaciones, tendientes a materializarse la desposesión y cancelación de mis derechos legítimos de propietario y poseedor de los bienes inmuebles identificados como lotes 1 y 2 de la manzana 4, de la colonia Anexa Internacional de esta Ciudad, con una superficie de 431.98 m2, con clave catastral PE-014-001, ubicado en la calle Vicente Guerrero 6102, colonia Nueva Esperanza, en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: 19.86 M. con calle Vicente Guerrero. SURESTE: 20.00 M. Con lote 4. SUROESTE: 23.34 M. con lote 45 y 46. NOROESTE: 20.30 M. con Prolongación Internacional. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la partida 6148400, de la sección civil de fecha 15 de Marzo 2019, bajo el número de folio real 1107964, con una superficie de 431.89 mts.2, donde actualmente se encuentra construida mi vivienda ubicada en calle Vicente Guerrero 6102, colonia Nueva Esperanza, en esta ciudad, de Tijuana, Baja California." Segundo. En proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional radicó y admitió a trámite la demanda de amparo con el número 739/2023-A, solicitó a las autoridades responsables los informes justificados y dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Tercero. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercero interesado a Leonardo Alfonso Villegas, y se ordenó su emplazamiento el cual tuvo verificativo el diez de agosto de dos mil veintitrés. Luego, mediante escrito registrado con el folio 11654, se tuvo al tercero interesado apersonándose al presente juicio por conducto de su apoderado legal Javier Covarrubias Garza. Cuarto. Con motivo de la prevención que le fue formulada a la parte quejosa en auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, de conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo se le tuvo promoviendo incidente de falta de personalidad en relación con la representación de Javier Covarrubias Garza, en su carácter de apoderado legal del tercero interesado Leonardo Alfonso Villegas, motivo por el cual se abrió a trámite dicho incidente, y previo diferimientos en proveído de treinta de octubre del año en curso, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo el incidente en mención. Considerando Primero. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para resolver el presente incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 66 y 67 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por ser quien conoció del juicio de amparo 739/2023-A . Sustenta lo anterior, por los motivos que la integran la jurisprudencia en materia civil, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen LX, cuarta parte, página 290, registro 818030, de rubro y texto: "INCIDENTES, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven.". Segundo. Estudio. Es infundado el incidente de falta de personalidad planteado por el quejoso en relación con la representación de Javier Covarrubias Garza, en su carácter de apoderado legal del tercero interesado Leonardo Alfonso Villegas Muñoz . Se explica. El quejoso planteó el incidente de falta de personalidad indicado, argumentando que: El poder otorgado por el tercero interesado Leonardo Alfonso Villegas Muñoz a favor de Javier Covarrubias Garza, se encuentra vencido, ya que si bien fue expedido en el año dos mil cuatro, y en él no se especificó una fecha en cuanto a su vigencia, el artículo 2420 del Código Civil para el Estado de Baja California, bajo la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, prevé que el mandato termina en tres años de su expedición, sin gestión alguna. Que el poder otorgado por el tercero interesado a Javier Covarrubias Garza, se encuentra limitado al inmueble identificado mediante clave catastral PE-011-000, antes AW-000-151, con superficies diversas al predio propiedad del quejoso y no como pretende aseverar la parte tercera interesada. Acotado lo anterior, se precisa que la litis en el presente incidente se circunscribe en determinar si el tercero interesado por conducto de quien se ostentó como apoderado legal tiene acreditada su personalidad, para efectos de su comparecencia en el juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, se tiene que los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, respectivamente establecen: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." De una interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se desprende que la personalidad y representación del quejoso y del tercero interesado se justificará en la forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, al Código Federal de Procedimientos Civiles. En principio, conviene precisar que el aquí quejoso señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio 21/2022 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad y en vía de consecuencia todo lo actuado en dicho expediente. Luego, de las constancias que remitió el Juez responsable como apoyo a su informe justificado se obtiene que el juicio de origen le reviste el carácter de parte actora a Leonardo Alfonso Villegas Muñoz quien compareció por conducto de su apoderado legal Javier Covarrubias Garza, demandando en la vía ordinaria civil en ejercicio de la acción reivindicatoria a Verónica Ramírez Gómez, sin que se desprenda que se haya enderezado reclamo alguno contra el aquí quejoso, por lo que debe considerarse que comparece con el carácter de tercero extraño al juicio de origen. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Ahora, en el proveído dictado el cuatro de agosto del año en curso en el presente asunto, se reconoció el carácter de tercero interesado a Leonardo Alfonso Villegas Muñoz y se ordenó su emplazamiento el cual tuvo verificativo el diez de agosto siguiente. Luego, mediante escrito presentado el once de agosto del presente año en curso, en este Juzgado de Distrito se tuvo al referido tercero interesado, por conducto de su apoderado legal Javier Covarrubias Garza, apersonándose al presente asunto, para lo cual exhibió copia certificada del instrumento notarial 17,573, volumen 253 de treinta de abril de dos mil cuatro del índice de la Notaría Pública Número Trece de esta ciudad, de la que se advierte que Leonardo Alfonso Villegas Muñoz otorgó un Poder General para Pleitos y Cobranzas, para actos de Administración y para Actos de Dominio a favor de Javier Covarrubias Garza, en las cláusulas ahí precisadas. Posteriormente, de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado consistentes en copia certificada del expediente 21/2022 de su índice, se obtiene que el referido tercero interesado instó dicho asunto a través de su apoderado legal Javier Covarrubias Garza, para lo cual exhibió el referido instrumento notarial ante la responsable, personalidad que le fue reconocida en auto de quince de marzo de dos mil veintidós. En el caso, la personalidad de la parte tercero interesada se encuentra inmersa en la hipótesis del precepto 11 de la Ley de Amparo; es decir, que Javier Covarrubias Garza, tiene reconocida la personalidad en el juicio de origen, en virtud de que en el auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de apoderado legal de Leonardo Alfonso Villegas Muñoz, parte actora en el juicio de origen 21/2022, sin que de las constancias que integran el expediente de origen se advierta que el actor en el expediente de origen, lo haya revocado de su cargo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia PC.IV.L. J/11 L (10a.) emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con número de registro digital 2012545 de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA TENER POR ACREDITADA LA DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA COMO APODERADO DEL QUEJOSO, BASTA QUE JUSTIFIQUE QUE LA AUTORIDAD LABORAL LE RECONOCIÓ EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTÓ, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR SER ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO. De la interpretación sistemática de los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley de Amparo, se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. Por otra parte, del artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que las partes pueden comparecer al juicio laboral en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y que tratándose de personas morales, el compareciente (que actúa como apoderado) debe acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Además, en su fracción II, se establece que, por regla general, los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no sus apoderados, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Figuras de representación y asesoría jurídica que no deben ser confundidas, ya que la representación contractual o legal (prevista en la fracción III), a través de un mandato, se basa en la confianza que el mandante deposita en el mandatario, al contar éste con una serie de características que permiten confiarle la celebración de actos jurídicos en nombre del representado, razón por la cual no debe recaer necesariamente en profesionales del derecho; mientras que el asesor legal comparece al juicio, a fin de orientar y asesorar a los contendientes, así como a realizar los actos jurídico-procesales necesarios para la defensa del interés de las partes, lo que justifica la necesidad de que sea un profesional de la materia y, por ende, el requisito impuesto en el precepto legal citado. De ello se deduce que para tener por acreditada la personalidad de quien promueve una demanda de amparo en materia de trabajo como apoderado del quejoso, afirmando que su personalidad fue reconocida por la autoridad laboral, basta con que justifique que ésta le reconoció el carácter con el que se ostentó, sin que le sea exigible demostrar adicionalmente, que cuenta con cédula profesional o carta de pasante vigente" 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? Así como la tesis II.4o.A.3 K (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con número de registro digital 2002173 de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. BASTA QUE EL INTERESADO COMPAREZCA EN CUALQUIER ETAPA PROCESAL CON LA QUE TENGA RECONOCIDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y LA ACREDITE FEHACIENTEMENTE, PARA QUE LE SEA ADMITIDA, AUN CUANDO PARA ELLO TENGAN QUE VALORARSE LAS PRUEBAS OFRECIDAS AL RESPECTO, AL INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN. Atento al artículo 1o., en relación con el 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona goza de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, y todo juzgador debe garantizar el acceso a la justicia. Por otra parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo establece que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, le será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe ese carácter con las constancias respectivas, sin limitar el reconocimiento a quien promueve el juicio ni a alguna etapa del procedimiento. Consecuentemente, basta que el interesado comparezca al juicio de amparo en cualquier etapa procesal con la personalidad que tenga reconocida ante la autoridad responsable y la acredite fehacientemente, para que le sea admitida, aun cuando para ello tengan que valorarse las pruebas ofrecidas al respecto, al interponer el recurso de revisión." Por otra parte, no le asiste la razón a la parte quejosa incidentista, en el sentido de que el poder exhibido por el apoderado legal de la parte tercero interesada a la fecha se encuentra vencido. Se explica. El artículo 2460 del Código Civil del Estado de Baja California, a la fecha en que se celebró el instrumento notarial -treinta de abril de dos mil cuatro- disponía: "ARTÍCULO 2420. El mandado es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga." Ahora, en el Código Civil del Estado de Baja California, mediante reforma publicada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, se adicionó un párrafo al artículo 2420, para queda como sigue: "ARTÍCULO 2420.- El mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga, y deberá contener el plazo por el que se confiere, de no contenerlo, el mandato termina a los tres años de su expedición sin gestión alguna." Luego, en la exposición de motivos del Dictamen Número 22 de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Baja California, denominado "En lo general: Se aprueba la reforma al artículo 2420 del Código Civil para el Estado de Baja California.", con motivo de la reforma de dicho numeral publicada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, no se estableció que los poderes expedidos con anterioridad a la reforma serían inválidos por no contener tal dato en cuanto al término por el cual se otorga. En ese tenor, es factible establecer que al haberse celebrado la escritura pública 17,573, volumen 253 de treinta de abril de dos mil cuatro, no es válido condicionar ese instrumento notarial a la vigencia de una disposición legal que no existía, esto es, a la vigencia de tres años, porque de hacerlo así, se aplicaría retroactivamente la ley, contraviniendo el artículo 16 Constitucional, además de que, no se estableció restricción alguna en los artículos transitorios con relación a los poderes expedidos con anterioridad a la reforma del Código Civil del Estado de Baja California. Luego, los artículos 2469, 2470, 662, 663 y 664 del Código Civil para el Estado de Baja California, señalan: "CAPITULO VI DE LOS DIVERSOS MODOS DE TERMINAR EL MANDATO ARTICULO 2469.- El mandato termina: I.- Por la revocación; II.- Por la renuncia del mandatario; III.- Por la muerte del mandante o del mandatario; IV.- Por la interdicción de uno u otro; V.- Por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue concedido; VI.- En los casos previstos por los artículos 662, 663 y 664. ARTICULO 2470.- El mandante puede revocar el mandato cuando y como le parezca; menos en aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO estipulado como una condición en un contrato bilateral, o como un medio para cumplir una obligación contraída. En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar al poder. La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno, debe indemnizar a la otra parte de los daños y perjuicios que le cause. ARTICULO 662.- En caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasados tres años, que se contarán desde la desaparición del ausente, si en este periodo no se tuviere ningunas noticias suyas, o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas. ARTICULO 663.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará aun cuando el poder se haya conferido por más de tres años. ARTICULO 664.- Pasados dos años, que se contarán del modo establecido en el artículo 662, el Ministerio Público y las personas que designa el artículo siguiente, pueden pedir que el apoderado garantice, en los términos en que debe hacerlo el representante. Si no lo hiciere se nombrará representante de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 649, 650 y 651." Por tanto, si a la fecha en que se resuelve el incidente de falta de personalidad planteado por el quejoso incidentista, no se advierte que el mandato que le fue otorgado a Javier Covarrubias Garza, haya terminado al actualizarse alguno de los supuestos que establece el artículo 2469 del Código Civil para el Estado de Baja California, es claro que en el presente asunto el antes mencionado, sí acreditó la personalidad con la que se ostentó, con la documental que exhibió y que fue descrita; de ahí lo infundado de los planteamientos hechos valer por el quejoso incidentista. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la tesis XXVI.5o.(V Región) 7 A (10a.) emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con número de registro digital 2002005 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, CUANDO SE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El fenómeno de la retroactividad de las normas, aplicado a las procesales, se presenta respecto de la forma en que pueden ser ejercidos los derechos adjetivos precedentemente adquiridos, que se concretan cuando se actualizan los supuestos normativos correspondientes en el desarrollo de la secuela procesal. Por tanto, la aplicación del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010-, que prevé el plazo de quince días para la presentación de la demanda del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, cuando se impugne una resolución emitida con anterioridad a su entrada en vigor, viola el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque el supuesto normativo esencial para promover la demanda contra una resolución consiste, precisamente, en la existencia de ésta, ya que desde ese momento se constituye un derecho adquirido o una situación jurídica concreta para efectos de su impugnación, que puede efectuarse conforme al plazo establecido en el artículo que se encuentre vigente en el momento indicado, por lo que, de ser éste previo, al inicio de vigencia del citado artículo 58-2, no debe aplicarse el plazo señalado, sino el de cuarenta y cinco días, contenido en el artículo 13 de la propia ley, el cual resulta más benéfico por ser mayor." Tampoco le asiste la razón a la parte quejosa en el sentido de que el poder otorgado por el tercero interesado a Javier Covarrubias Garza, se encuentra limitado al inmueble identificado mediante clave catastral PE-011- 000, antes AW-000-151, con superficies diversas al predio propiedad del quejoso y no como pretende aseverar la parte tercera interesada. Se dice lo anterior porque, si bien es cierto que en el aludido instrumento notarial obra la cláusula: "Limitación.- El apoderado podrá ejercer las facultades antes mencionadas única y exclusivamente a todo lo que se refiera a las: "Fracciones de terreno que conforman los polígonos "A", "B" y "C" del Plano Catastral de la clave (PE-011-000) "P" "E" guión cero uno uno guión cero cero cero antes (AW-000-151) "a" "w" guión cero cero cero uno cinco uno, de esta ciudad, que en conjunto como fraccionamiento La Cuesta, o como fraccionamiento Internacional, o bien como fraccionamiento Anexa Internacional y que cuentan con una superficie de [.]" Cierto es también, que como se anticipó, el tercero interesado expidió a favor de Javier Covarrubias Garza un Poder General para Pleitos y Cobranzas, para actos de Administración y para Actos de Dominio, en lo que aquí interesa, para iniciar juicios de amparo y desistirse de ellos; por tanto, si el juicio de amparo en que se actúa guarda relación con la litis en el expediente de origen 21/2022, respecto al inmueble antes mencionado, es inconcuso que 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? Javier Covarrubias Garza cuenta con todas las facultades para representar los intereses de su mandante en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis VII.2o.C.16 K (11a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de registro digital 2025302 de rubro y texto siguiente: "APODERADO LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. CUENTA CON FACULTADES PARA RECONOCER, EN NOMBRE DE SU MANDANTE, LA FIRMA QUE CALZA LA PROMOCIÓN CON LA QUE ÉSTE PRETENDIÓ DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN AL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Se requirió a la persona quejosa comparecer personalmente ante el Juzgado de Distrito a ratificar la firma que calzaba la promoción con la cual pretendía dar cumplimiento a la prevención que se le formuló, para regularizar la promoción de un escrito de demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda; ante ese requerimiento, confirió un poder general para pleitos y cobranzas en forma especial para que se reconociera la firma, lo cual se realizó por el apoderado a través de una promoción electrónica; sin embargo, el Juzgado de Distrito indicó que éste no podía ratificar la firma a nombre de su mandante, porque él no la había suscrito, por lo que se hicieron efectivos los apercibimientos que culminaron en el desechamiento de la demanda de amparo indirecto; contra éste se interpuso el recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el apoderado legal para pleitos y cobranzas cuenta con facultades para reconocer, en nombre de su mandante, la firma que calza la promoción con la que éste pretendió dar cumplimiento a la prevención al escrito de demanda de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque pese a que el principio de instancia de parte agraviada supone la mediación de la persona afectada para la promoción de la demanda, su continuación y que los efectos de la sentencia se concreten en ella, lo cierto es que la Ley de Amparo disocia ese elemento sustantivo del juicio con aquel formal relativo a la actuación en nombre de dicha persona quejosa, pues reconoce el derecho de actuar a través de figuras jurídicas como el mandato, la representación legal y el patrocinio. De esta forma, en términos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo resulta necesario acudir a los artículos 2553, 2554 y 2587 del Código Civil Federal que regulan la institución del mandato y de cuyo contenido se obtiene que basta que a la persona facultada se le confiera poder general para pleitos y cobranzas con disposición que refiera a todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entienda conferido sin limitación alguna y, con ello, en representación del directo quejoso, pueda reconocer la firma que calza un documento, ya que la ley no estipula que se requiera cláusula especial para ello. Ahora bien, el que el reconocimiento de una firma únicamente pueda llevarse a cabo por quien la suscribió, no es una premisa que se legitime en que: los actos que realiza una persona únicamente pueden ser reconocidos por ésta, porque ello negaría la premisa racional de que terceras personas pueden contar con ese conocimiento; más bien, esa premisa se legitima en la capacidad jurídica para obligarse con consecuencias de derecho. Ello es así, porque pese a que terceras personas cuenten con funcionalidad biológica para conocer los hechos y la realidad más allá de su persona, el derecho no reconoce que terceras personas puedan obligar en nombre de otra sin preexistir algún tipo de representación válida. En consecuencia, una vez facultada una tercera persona para contraer obligaciones o actuar en nombre de la persona quejosa, no existe impedimento material ni jurídico para reconocer firmas en nombre del mandante. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 105/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro digital 2009933 de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. En consecuencia, lo procedente es declarar infundado el presente incidente de falta de personalidad en estudio. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Resulta infundado el incidente de falta de personalidad planteado por el quejoso Juan Gabriel Torres Ramírez, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hoy veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Juicio de Amparo 739/2023-A INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD. En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las doce horas con quince minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, asistida por el Secretario Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia que refiere los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, ordenada por auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, sin la comparecencia de las partes. Acto continuo, el Secretario da cuenta a la Juez, con el estado que guardan los autos, por lo que se hace una relación de constancias existentes, entre las que se encuentran: a) escrito de demanda; b) proveído de tres de julio de dos mil veintitrés, en el que se radicó la demanda de amparo; c) auto de diez de julio de dos mil veintitrés, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo; d) constancia de notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y la parte tercera interesada; e) informes justificados rendidos por las autoridades responsables; f) proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo al quejoso Juan Gabriel Torres Ramírez, promoviendo incidente de falta de personalidad; y, f) proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, en el que se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo el incidente en mención. A lo que la Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias detalladas anteriormente para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, la Juez declara abierto el periodo probatorio en el que el Secretario hace constar que: la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte las documentales que adjuntó a su escrito registrado bajo folio 12628 y 14782. A lo que la Juez acuerda: téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que refiere, y por precluido el derecho de las demás partes de ofrecer pruebas; sin perjuicio de que este órgano jurisdiccional en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo analice las actuaciones que obran en el juicio de amparo en que se actúa. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario hace constar que la parte tercero interesada formuló los de su intención mediante escrito registrado bajo folio 13807. A lo que la Juez acuerda: téngase a la parte tercero interesada formulando los alegatos de su intención en términos del artículo 67 de la Ley de Amparo y por precluido el derecho de las partes para formular alegatos; por tanto, se declara cerrado este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia respecto al incidente de falta de personalidad planteado, en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la resolución que en derecho corresponde. Con lo anterior, firman de manera electrónica el acta quienes en ella intervinieron, en unión de la juez y secretario que autoriza y da fe, poniéndose los autos a la vista para el dictado de la sentencia que corresponda. Conste. -firmado electrónicamente Martha Blake Valenzuela Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. -firmado electrónicamente Francisco Eduardo Jerónimo Osorio Secretario del Juzgado

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra fijada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, del estado de autos se obtiene que se señalaron las doce horas con quince minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la celebración de la audiencia del incidente de falta de personalidad planteado dentro del presente asunto. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las once horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos provenientes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el incidente de suspensión original del presente expediente y el testimonio de la resolución emitida en el recurso de revisión 231/2023 del índice, en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se concede al quejoso Juan Gabriel Torres Ramírez la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, en los términos precisados en el considerando cuarto de la interlocutoria reclamada.[.] Remítase vía interconexión el acuse de recibo correspondiente y háganse las anotaciones de rigor. Notifíquese.

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