Juan Fernando Rodríguez García
Expediente 606/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/10/2021
Partes del expediente
- Juan Fernando Rodríguez García
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo; por lo que se establece como fecha probable para tal evento a partir del once de octubre de dos mil veinticuatro. Al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito (con anexos que acompañan) presentado por Juan Fernando Rodríguez García, mediante da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Ahora bien, conviene precisar que en los artículos 62, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene quien suscribe de examinar en su integridad la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Desechamiento Los artículos precisados son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, quien suscribe, considera que es improcedente el juicio de amparo que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, incisos b) y c), fracciones IV, VII, y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante l interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. [.] XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción." El juicio de amparo, en lo que interesa destacar, es un medio extraordinario y autónomo de defensa que permite a los gobernados impugnar normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos o las garantías previstas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de que México es parte, atribuibles a autoridades de los poderes públicos, y excepcionalmente a particulares, cuando éstos actúan en forma equivalente a la autoridad, conforme a funciones determinadas en una norma general. La procedencia del juicio de amparo está sujeta a ciertas restricciones o limitaciones, pues deben cumplirse los presupuestos exigidos por la ley, como requisitos de procedibilidad que hagan viable el examen de la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado; por ello, la procedencia del juicio de amparo se considera de orden público y de estudio oficioso, aun cuando las causas de improcedencia han de analizarse bajo un criterio de interpretación y aplicación estricta. Asimismo, el juicio de amparo es una acción constitucional en la que privan diversos principios, que le imprimen sus notas características, entre los más relevantes están: 1) El de iniciativa o instancia de parte agraviada; 2) El de existencia de agravio personal y directo; 3) El de relatividad de la sentencia; 4) El de estricto derecho; y, 5) El de definitividad. Aquí importa referirnos a este último. Con base en lo anterior, se precisa que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, los actos de autoridad, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio de amparo el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Cabe precisar que el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no opera en todos los casos ni en todas las materias, pues su aplicación y eficacia tienen excepciones importantes consignadas tanto en ley como en jurisprudencia, las cuales son de estricta aplicación como se precisa a continuación: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61, fracción XX, de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Sentado lo anterior, en el caso a estudio -como ya se adelantó- se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que contra el acto de autoridad administrativa, como lo es el reclamado en esta instancia constitucional, que el quejoso señaló en su escrito de demanda, como: "QUINTO.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: -LA INDEBIDA, ILEGAL E IRREGULAR NOTIFICACION ordenada por la autoridad señalada como responsable LA ACTA (sic) ADMINISTRATIVA QUE RECAIGA A LAS INDEBIDAS ACTUACIONES. LA POSIBLE MULTA ADMINISTRATIVA que recaiga a mi persona por actuaciones irregulares de la autoridad señalada como responsable LOS ACTOS DE MOLESTIA regulados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Posteriormente, en su escrito aclaratorio, señaló como acto reclamado: ".indebidas actuaciones y actos de molestia en virtud que repito me está pidiendo documentación de un inmueble del cual no soy propietario como ya lo hice ver en la queja numero 42/2021 en el acta de comparecencia de fecha DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO." Por tanto, conviene precisar que el acto reclamado consiste en los actos de molestia derivados de la queja número 42/2021, por parte del Director de Administración Urbana, Departamento de Administración Urbana, de la Delegación Municipal de Otay, de esta ciudad. En ese contexto, conviene precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Estatal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, dispone que cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas Dependencias Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados establezcan medios de defensa o algún recurso administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio contencioso administrativo. Artículo que a su letra establece: Artículo 35.- Cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas Dependencias Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados establezcan medios de defensa o algún recurso administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio contencioso administrativo. De igual forma, podrán promover dicho juicio, dentro del plazo legal, cuando una vez interpuesto un recurso administrativo o medio de defensa, se hubieren desistido del mismo. Por tanto, en el caso particular que nos ocupa el quejoso estuvo en aptitud de recurrir los actos que reclama, a través del recurso de revocación, conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California; el cual de forma textual señala: "ARTICULO 74. RECURSO DE REVOCACION. Contra resoluciones dictadas por la aplicación de esta Ley y sus Reglamentos procederá el recurso de revocación, el cual deberá ser presentado por escrito en el término de quince días hábiles a la fecha de su notificación, ante el Titular de la Unidad Administrativa que hubiese dictado la resolución recurrida. El escrito en el que se interponga el recurso no tendrá mayor formalidad y solo contendrá los datos necesarios para identificar al Actor y el acto que se impugna, así mismo, deberá acompañarse de las pruebas documentales y periciales que se estimen convenientes. Al admitirse el recurso, se suspenderá la ejecución de la resolución administrativa o acto de autoridad. Admitido el recurso, se señalará el día y hora para la celebración de una audiencia en la que se desahogarán las pruebas levantándose al término de la misma acta suscrita por los que hayan intervenido. Una vez realizada la audiencia, la Autoridad Competente dictará resolución dentro de los 30 días hábiles siguientes, notificando por escrito y en forma personal al o los Recurrentes de dicha resolución. Contra la resolución que se dicte, no procederá recurso administrativo alguno". De igual forma, en contra del acto reclamado, el quejoso, también puede hacer valer el juicio de nulidad, esto, con sustento en el artículo 1° de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 1°. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, es un Órgano Constitucional Autónomo, independiente de cualquier autoridad, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y de gestión presupuestal, e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, Entidades Paraestatales, Paramunicipales y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales. [.] Del dispositivo transcrito se advierte que contra los actos administrativos que se dicten en agravio de los particulares, tal y como acontece en el presente caso, procede el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad; por tanto, previo a la promoción del amparo, los actos administrativos reclamados pueden ser combatidos a través del juicio de nulidad cuya competencia corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, conforme a lo establecido en el precepto legal en cita, pues a través de él se procederá al análisis de procedencia o improcedencia del acto de que se trata, es decir, se determinará si esto fue realizado conforme a la ley aplicable. Por consiguiente, si contra el acto de molestia que combate la parte quejosa procede ya sea el recurso de revocación, o en su caso, el juicio de nulidad que se promueva ante el referido Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa, a través de los cuales se puede nulificar las determinaciones emitidas por la autoridad responsable, y así, el impetrante del amparo podría obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es incuestionable que se satisface la diversa exigencia contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime, que la legislación que prevé dichos medios de impugnación, suspenden los actos de molestia sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, pues la Ley de Edificaciones para el Estado de Baja California, establece que al admitirse el recurso, se suspenderá la ejecución de la resolución administrativa o acto de autoridad. En tanto que, en su capítulo séptimo, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, establece que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por la actora o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: "ARTÍCULO 49.- La demanda se admitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la admisión de la demanda. En el acuerdo que admita la demanda, se tendrán por ofrecidas las pruebas del actor, mismas que se admitirán o desecharán hasta que se fije la litis. [.] ARTÍCULO 56.- La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede. La suspensión definitiva se resolverá al acordarse la admisión de la contestación de la demanda o el acuse de rebeldía correspondiente de la autoridad demandada. ARTÍCULO 57.- La suspensión podrá solicitarla el demandante, en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. Si se solicita después de presentada la demanda, se tramitará en forma incidental. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular. ARTÍCULO 58.- La suspensión definitiva podrá ser revocada en cualquier momento del juicio si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó. ARTÍCULO 59.- No se otorgará la suspensión, si se sigue perjuicio a evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. ARTÍCULO 60.- Cuando los actos materia de impugnación, hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes, para preservar el medio de subsistencia del quejoso. Las medidas cautelares que dicten, no serán impugnables en procedimiento. ARTÍCULO 61.- Tratándose del cobro de créditos fiscales, procederá la suspensión, previa garantía del interés fiscal ante las autoridades exactoras o en su caso, deberá acreditarse que la garantía le fue dispensada por dichas autoridades. Procederá la suspensión sin otorgamiento de garantía del interés fiscal a juicio del Tribunal, siempre que la demandante acredite ser persona de escasos recursos económicos o que el crédito fiscal impugnado no rebase el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En el supuesto de que se impugnaren diversos créditos en un sólo juicio, si la suma de éstos excede el equivalente señalado, el demandante deberá garantizar el interés fiscal, para que subsista la suspensión obtenida previamente. ARTÍCULO 62.- En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. La suspensión dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes, a aquél en que surta efectos la notificación del auto que la conceda. Cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala fijará discrecionalmente el importe de la garantía. ARTÍCULO 63.- La suspensión otorgada conforme al Artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero otorga a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al demandante, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, en el caso del párrafo anterior, deberá cubrir el costo de la que hubiere otorgado el demandante." Ahora bien, conviene precisar que respecto a la suspensión del acto, la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." Ahora bien, al efectuar un examen comparativo entre los preceptos legales transcritos de las leyes invocadas, se aprecia claramente que en el caso, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, que rige la tramitación del juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de la misma entidad federativa, no impone mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para suspender los efectos de los actos reclamados y con los mismos alcances que los que prevé esta misma legislación, por lo que, indudablemente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que, previo a la presentación de la demanda que nos ocupa, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el citado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, cuyo resultado puede conducir a la modificación, revocación o nulidad de los actos que se combaten en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la Tesis de Jurisprudencia XV.4o. J/6, del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171590, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL. Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado" Y, por las razones que la integran, la Jurisprudencia 2a./J. 130/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." De la misma forma, no se alegan violaciones directas a la Constitución, y el recurso ordinario procedente se encuentra previsto en una ley secundaria, así como se contemplado un juicio contencioso en la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, cuyo conocimiento corresponde al propio Tribunal de Estatal de Justicia Administrativa de la entidad; aunado a que ambas opciones, establecen la suspensión del acto administrativo. En conclusión, si contra el acto de molestia que combate la parte quejosa procede el recurso de revocación ante el Titular de la Unidad Administrativa que emitió el acto reclamado, así como el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa a fin de nulificar la determinación de la autoridad responsable, y que dicha disposición prevé la suspensión del acto impugnado, sin requerir mayores requisitos que los previstos en la ley de amparo, en consecuencia, el impetrante del amparo podría obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es incuestionable que se satisface la diversa exigencia contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por todo lo antes expuesto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Hecho Notorio Sin que pase inadvertido para quien suscribe que mediante oficio presentado el seis de abril del año en curso, firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California una reforma a la Ley que rige a dicho tribunal "que pudiera impactar en la labor jurisdiccional que realizan los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo del Poder Judicial de la Federación"; lo anterior, porque dentro de los preceptos legales reformados se encuentra el artículo 49 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, en el que se señala que la demanda debe admitirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su presentación, siendo que en el diverso numeral 56 de dicho ordenamiento legal se prevé que la suspensión provisional de los actos impugnados debe resolverse en el mismo auto en que se admita la demanda. Porque en la propia exposición de motivos de la reforma en cuestión se señaló expresamente que tenía entre otros objetivos el de "homologar" el plazo con el que se cuenta para promover sobre la suspensión provisional de los actos impugnados de conformidad con dicha Ley, al plazo respectivo con el que se cuenta conforme a la Ley de Amparo, a efecto de que se actualice la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues al no actualizarse ya la excepción a dicho principio los "actos administrativos emanados de autoridades estatales y municipales de Baja California se ventilarán en primer término a través del juicio contencioso administrativo local"; lo que se corrobora con la publicación del Periódico Oficial del Estado de Baja California, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno en relación con el "Decreto número 218 mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 49, 90, 91 y 94 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California" y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
las nueve horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictados en los autos del juicio de amparo 606/2021 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito (con anexos que acompañan) presentado por Juan Fernando Rodríguez García, mediante da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Ahora bien, conviene precisar que en los artículos 62, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene quien suscribe de examinar en su integridad la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Desechamiento Los artículos precisados son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, quien suscribe, considera que es improcedente el juicio de amparo que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, incisos b) y c), fracciones IV, VII, y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante l interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. [.] XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción." El juicio de amparo, en lo que interesa destacar, es un medio extraordinario y autónomo de defensa que permite a los gobernados impugnar normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos o las garantías previstas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de que México es parte, atribuibles a autoridades de los poderes públicos, y excepcionalmente a particulares, cuando éstos actúan en forma equivalente a la autoridad, conforme a funciones determinadas en una norma general. La procedencia del juicio de amparo está sujeta a ciertas restricciones o limitaciones, pues deben cumplirse los presupuestos exigidos por la ley, como requisitos de procedibilidad que hagan viable el examen de la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado; por ello, la procedencia del juicio de amparo se considera de orden público y de estudio oficioso, aun cuando las causas de improcedencia han de analizarse bajo un criterio de interpretación y aplicación estricta. Asimismo, el juicio de amparo es una acción constitucional en la que privan diversos principios, que le imprimen sus notas características, entre los más relevantes están: 1) El de iniciativa o instancia de parte agraviada; 2) El de existencia de agravio personal y directo; 3) El de relatividad de la sentencia; 4) El de estricto derecho; y, 5) El de definitividad. Aquí importa referirnos a este último. Con base en lo anterior, se precisa que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, los actos de autoridad, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio de amparo el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Cabe precisar que el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no opera en todos los casos ni en todas las materias, pues su aplicación y eficacia tienen excepciones importantes consignadas tanto en ley como en jurisprudencia, las cuales son de estricta aplicación como se precisa a continuación: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61, fracción XX, de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Sentado lo anterior, en el caso a estudio -como ya se adelantó- se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que contra el acto de autoridad administrativa, como lo es el reclamado en esta instancia constitucional, que el quejoso señaló en su escrito de demanda, como: "QUINTO.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: -LA INDEBIDA, ILEGAL E IRREGULAR NOTIFICACION ordenada por la autoridad señalada como responsable LA ACTA (sic) ADMINISTRATIVA QUE RECAIGA A LAS INDEBIDAS ACTUACIONES. LA POSIBLE MULTA ADMINISTRATIVA que recaiga a mi persona por actuaciones irregulares de la autoridad señalada como responsable LOS ACTOS DE MOLESTIA regulados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Posteriormente, en su escrito aclaratorio, señaló como acto reclamado: ".indebidas actuaciones y actos de molestia en virtud que repito me está pidiendo documentación de un inmueble del cual no soy propietario como ya lo hice ver en la queja numero 42/2021 en el acta de comparecencia de fecha DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO." Por tanto, conviene precisar que el acto reclamado consiste en los actos de molestia derivados de la queja número 42/2021, por parte del Director de Administración Urbana, Departamento de Administración Urbana, de la Delegación Municipal de Otay, de esta ciudad. En ese contexto, conviene precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Estatal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, dispone que cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas Dependencias Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados establezcan medios de defensa o algún recurso administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio contencioso administrativo. Artículo que a su letra establece: Artículo 35.- Cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas Dependencias Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados establezcan medios de defensa o algún recurso administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio contencioso administrativo. De igual forma, podrán promover dicho juicio, dentro del plazo legal, cuando una vez interpuesto un recurso administrativo o medio de defensa, se hubieren desistido del mismo. Por tanto, en el caso particular que nos ocupa el quejoso estuvo en aptitud de recurrir los actos que reclama, a través del recurso de revocación, conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California; el cual de forma textual señala: "ARTICULO 74. RECURSO DE REVOCACION. Contra resoluciones dictadas por la aplicación de esta Ley y sus Reglamentos procederá el recurso de revocación, el cual deberá ser presentado por escrito en el término de quince días hábiles a la fecha de su notificación, ante el Titular de la Unidad Administrativa que hubiese dictado la resolución recurrida. El escrito en el que se interponga el recurso no tendrá mayor formalidad y solo contendrá los datos necesarios para identificar al Actor y el acto que se impugna, así mismo, deberá acompañarse de las pruebas documentales y periciales que se estimen convenientes. Al admitirse el recurso, se suspenderá la ejecución de la resolución administrativa o acto de autoridad. Admitido el recurso, se señalará el día y hora para la celebración de una audiencia en la que se desahogarán las pruebas levantándose al término de la misma acta suscrita por los que hayan intervenido. Una vez realizada la audiencia, la Autoridad Competente dictará resolución dentro de los 30 días hábiles siguientes, notificando por escrito y en forma personal al o los Recurrentes de dicha resolución. Contra la resolución que se dicte, no procederá recurso administrativo alguno". De igual forma, en contra del acto reclamado, el quejoso, también puede hacer valer el juicio de nulidad, esto, con sustento en el artículo 1° de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 1°. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, es un Órgano Constitucional Autónomo, independiente de cualquier autoridad, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y de gestión presupuestal, e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, Entidades Paraestatales, Paramunicipales y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales. [.] Del dispositivo transcrito se advierte que contra los actos administrativos que se dicten en agravio de los particulares, tal y como acontece en el presente caso, procede el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad; por tanto, previo a la promoción del amparo, los actos administrativos reclamados pueden ser combatidos a través del juicio de nulidad cuya competencia corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, conforme a lo establecido en el precepto legal en cita, pues a través de él se procederá al análisis de procedencia o improcedencia del acto de que se trata, es decir, se determinará si esto fue realizado conforme a la ley aplicable. Por consiguiente, si contra el acto de molestia que combate la parte quejosa procede ya sea el recurso de revocación, o en su caso, el juicio de nulidad que se promueva ante el referido Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa, a través de los cuales se puede nulificar las determinaciones emitidas por la autoridad responsable, y así, el impetrante del amparo podría obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es incuestionable que se satisface la diversa exigencia contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime, que la legislación que prevé dichos medios de impugnación, suspenden los actos de molestia sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, pues la Ley de Edificaciones para el Estado de Baja California, establece que al admitirse el recurso, se suspenderá la ejecución de la resolución administrativa o acto de autoridad. En tanto que, en su capítulo séptimo, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, establece que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por la actora o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: "ARTÍCULO 49.- La demanda se admitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la admisión de la demanda. En el acuerdo que admita la demanda, se tendrán por ofrecidas las pruebas del actor, mismas que se admitirán o desecharán hasta que se fije la litis. [.] ARTÍCULO 56.- La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede. La suspensión definitiva se resolverá al acordarse la admisión de la contestación de la demanda o el acuse de rebeldía correspondiente de la autoridad demandada. ARTÍCULO 57.- La suspensión podrá solicitarla el demandante, en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. Si se solicita después de presentada la demanda, se tramitará en forma incidental. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular. ARTÍCULO 58.- La suspensión definitiva podrá ser revocada en cualquier momento del juicio si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó. ARTÍCULO 59.- No se otorgará la suspensión, si se sigue perjuicio a evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. ARTÍCULO 60.- Cuando los actos materia de impugnación, hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes, para preservar el medio de subsistencia del quejoso. Las medidas cautelares que dicten, no serán impugnables en procedimiento. ARTÍCULO 61.- Tratándose del cobro de créditos fiscales, procederá la suspensión, previa garantía del interés fiscal ante las autoridades exactoras o en su caso, deberá acreditarse que la garantía le fue dispensada por dichas autoridades. Procederá la suspensión sin otorgamiento de garantía del interés fiscal a juicio del Tribunal, siempre que la demandante acredite ser persona de escasos recursos económicos o que el crédito fiscal impugnado no rebase el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En el supuesto de que se impugnaren diversos créditos en un sólo juicio, si la suma de éstos excede el equivalente señalado, el demandante deberá garantizar el interés fiscal, para que subsista la suspensión obtenida previamente. ARTÍCULO 62.- En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. La suspensión dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes, a aquél en que surta efectos la notificación del auto que la conceda. Cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala fijará discrecionalmente el importe de la garantía. ARTÍCULO 63.- La suspensión otorgada conforme al Artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero otorga a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al demandante, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, en el caso del párrafo anterior, deberá cubrir el costo de la que hubiere otorgado el demandante." Ahora bien, conviene precisar que respecto a la suspensión del acto, la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." Ahora bien, al efectuar un examen comparativo entre los preceptos legales transcritos de las leyes invocadas, se aprecia claramente que en el caso, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, que rige la tramitación del juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de la misma entidad federativa, no impone mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para suspender los efectos de los actos reclamados y con los mismos alcances que los que prevé esta misma legislación, por lo que, indudablemente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que, previo a la presentación de la demanda que nos ocupa, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el citado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, cuyo resultado puede conducir a la modificación, revocación o nulidad de los actos que se combaten en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la Tesis de Jurisprudencia XV.4o. J/6, del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171590, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL. Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado" Y, por las razones que la integran, la Jurisprudencia 2a./J. 130/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." De la misma forma, no se alegan violaciones directas a la Constitución, y el recurso ordinario procedente se encuentra previsto en una ley secundaria, así como se contemplado un juicio contencioso en la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, cuyo conocimiento corresponde al propio Tribunal de Estatal de Justicia Administrativa de la entidad; aunado a que ambas opciones, establecen la suspensión del acto administrativo. En conclusión, si contra el acto de molestia que combate la parte quejosa procede el recurso de revocación ante el Titular de la Unidad Administrativa que emitió el acto reclamado, así como el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa a fin de nulificar la determinación de la autoridad responsable, y que dicha disposición prevé la suspensión del acto impugnado, sin requerir mayores requisitos que los previstos en la ley de amparo, en consecuencia, el impetrante del amparo podría obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es incuestionable que se satisface la diversa exigencia contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por todo lo antes expuesto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Hecho Notorio Sin que pase inadvertido para quien suscribe que mediante oficio presentado el seis de abril del año en curso, firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California una reforma a la Ley que rige a dicho tribunal "que pudiera impactar en la labor jurisdiccional que realizan los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo del Poder Judicial de la Federación"; lo anterior, porque dentro de los preceptos legales reformados se encuentra el artículo 49 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, en el que se señala que la demanda debe admitirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su presentación, siendo que en el diverso numeral 56 de dicho ordenamiento legal se prevé que la suspensión provisional de los actos impugnados debe resolverse en el mismo auto en que se admita la demanda. Porque en la propia exposición de motivos de la reforma en cuestión se señaló expresamente que tenía entre otros objetivos el de "homologar" el plazo con el que se cuenta para promover sobre la suspensión provisional de los actos impugnados de conformidad con dicha Ley, al plazo respectivo con el que se cuenta conforme a la Ley de Amparo, a efecto de que se actualice la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues al no actualizarse ya la excepción a dicho principio los "actos administrativos emanados de autoridades estatales y municipales de Baja California se ventilarán en primer término a través del juicio contencioso administrativo local"; lo que se corrobora con la publicación del Periódico Oficial del Estado de Baja California, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno en relación con el "Decreto número 218 mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 49, 90, 91 y 94 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California" y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Juan Fernando Rodríguez García, por propio derecho, contra actos del Director de Administración Urbana, Departamento de Administración Urbana, de la Delegación Municipal de 12/08/23 17:13:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY Otay, de esta ciudad; fórmese los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 606/2021-E. Prevención. Ahora bien, previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandar prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción III y IV, así como el diverso 114, fracción I y II, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. Ahora bien, en principio, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Director de Administración Urbana, Departamento de Administración Urbana, de la Delegación Municipal de Otay, de esta ciudad. Posteriormente señala como acto reclamado: "QUINTO.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: -LA INDEBIDA, ILEGAL E IRREGULAR NOTIFICACION ordenada por la autoridad señalada como responsable - LA ACTA (sic) ADMINISTRATIVA QUE RECAIGA A LAS INDEBIDAS ACTUACIONES. - LA POSIBLE MULTA ADMINISTRATIVA que recaiga a mi persona por actuaciones irregulares de la autoridad señalada como responsable - LOS ACTOS DE MOLESTIA regulados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior, se advierte que el promoverte no señala con precisión cuál es el acto que le reclama a la autoridad de que se trata, en atención a que no refiere sí, en su caso, dicha notificación y la posible multa, fueron emitidas dentro de un procedimiento administrativo. Sin que pase por inadvertido, que en el capítulo séptimo de conceptos de violación, el promovente señaló: "SÉPTIMO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Se violan en mi perjuicio las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, toda vez que sin mediar juicio en que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, estoy siendo molestado en mi persona, requiriéndome la autoridad señalada como responsable documentos de un inmueble del cual el suscrito, no soy el dueño, tal y como ya se los dejé asentada en el acta administrativa que se acompaña al presente ocurso y no obstante lo anterior me exigen que el día VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO les lleve documentación que no es mía y la autoridad citada me amenaza que en su caso de no llevar la documentación me embargaran y me multarán" De la transcripción que antecede, se obtiene, que el promovente, en si menciona que reclama diversos actos de molestia, realizados por la responsable; sin embargo, es necesario que informe si se trata de actos aislados o en su caso, se algún procedimiento instaurado en su contra. Ello se considera así, pues refiere que adjunta a su demanda de amparo, un "acta administrativa", sin precisar claramente a que se refiere ese documento; máxime que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que al escrito de demanda, no se adjuntaron anexos. En consecuencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponda requiérase al promovente para que en el plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad aclare su demanda de amparo respecto de lo siguiente: 1. Señale si los actos que le reclama al Director de Administración Urbana, Departamento de Administración Urbana, de la Delegación Municipal de Otay, de esta ciudad; derivan de algún procedimiento administrativo. En su caso, precise los datos de identificación de ese procedimiento, y ante que autoridad se encuentra radicado. 3. En todo caso, deberá exponer de manera clara, ordenada cronológicamente y bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee, asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. Apercibimiento. Lo anterior, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad, por lo que se advierte al aquí quejoso que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone:... En la inteligencia, que la prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.
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