Juan Gabriel Escobar Estigarribia
Expediente 322/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/05/2022
Partes del expediente
- Todas las Partes
- Juan Gabriel Escobar Estigarribia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al que anexa el escrito aparentemente elaborado por Juan Gabriel Escobar Estigarribia, por el cual manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo. Ahora bien, en atención a lo solicitado aparentemente por el quejoso, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento sobre el particular, en virtud que en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por desistimiento expreso del quejoso Juan Gabriel Escobar Estigarribia. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Desistimiento del juicio de amparo. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte, en lo que interesa que, el quejoso Juan Gabriel Escobar Estigarriba, manifestó desistirse del presente juicio de amparo por así convenir a sus intereses. Bajo esas premisas, es inconcuso que en la especie se actualiza la hipótesis normativa prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, la cual dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando el quejoso desista de la demanda o no ratifique ésta. A fin de acreditar la causal de sobreseimiento de referencia, es importante destacar que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que en la especie acontece, en virtud de que el quejoso Juan Gabriel Escobar Estigarriba, ante la presencia del fedatario judicial, ha desistido de la prosecución del juicio, por así convenir a sus intereses; no obstante que en atención a los principios de debido proceso y seguridad jurídica, se explicaron al quejoso los alcances y consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia iniciada, y expresamente reiteró su decisión de desistirse del juicio. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento de garantías, sin la necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas en el presente juicio de amparo, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables. Bajo esas premisas, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del diez de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese el contenido del presente acuerdo a las partes. Ampliación de demanda. En otro orden, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito aparentemente elaborado por Librado Heriberto Trujillo González, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos amplios como lo dispone el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por medio del cual pretende ampliar la demanda de amparo en relación con los nuevos actos reclamados a las autoridades responsables que hizo consistir en: LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA EXCESIVA E INCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE $ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), QUE ME SOLICITAN LAS RESPONSABLES PARA PODER SALIR AMPARADO BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. LA INCOMUNICACIÓN A QUE ME TIENEN SUJETO PORQUE NO PUEDO VER NI COMUNICARME CON MIS ABOGADOS SOLAMENTE EN LOS DÍAS DE HORARIO DE VISITAS MARTES, JUEVES, SÁBADO DE 09:00 A 13:00 PM, ALEGANDO QUE MIS ABOGADOS SON VISITAS" Sin embargo, no es procedente proveer de conformidad lo solicitado, en virtud de que, como se asentó en párrafos precedentes, el directo agraviado Juan Gabriel Escobar Estigarriba, ha desistido del juicio de amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio de derechos fundamentales, por lo que al ser la ampliación de demanda de amparo una acción de naturaleza accesoria al propio recurso, tiene como presupuesto la admisión de éste; de ahí, que si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, es improcedente su ampliación, debido a que es imposible ampliar argumentos en una litis que nunca quedó integrada. Máxime que en el caso no se cumplen con los requisitos de procedencia para tener por admitida la ampliación de demanda intentada, se explica: Los artículos 5 y 6, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Asimismo, es pertinente traer a contexto el contenido del cardinal 107, fracción I, de la Constitución Federal, que prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los dispositivos transcritos con antelación, se desprende que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto u omisión reclamado, teniendo ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma o el acto impugnado violenta los derechos previstos por la Constitución y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, para promover el juicio de amparo, el quejoso debe presentar por escrito su voluntad de excitar a los órganos jurisdiccionales encargados de llevar a cabo el control de constitucionalidad de los actos que señala como reclamados, bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica, en cuyo caso deberá plasmar su voluntad a través de la firma autógrafa de la persona que suscriba el escrito de demanda de amparo (quejoso, representante legal, apoderado o cualquier persona en los casos especialmente previstos); o bien, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), documento de identidad que produce los mismos efectos que la referida firma autógrafa. Ahora, debe subrayarse que los principios y las reglas de carácter adjetivo que regulan al juicio de amparo, como son los previstos por los ordinales 107, fracción I, del Pacto Federal y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo tienen como finalidad esencial respetar la institucionalización del derecho, que en una de sus vertientes alude al carácter reglamentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Por tanto, para que la maquinaria del derecho funcione es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada, toda vez que de lo contrario el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. Lo que cobra relevancia en particular, pues si bien es cierto, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el autorizado de la parte quejosa podrá interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias y solicitar la suspensión o su diferimiento, así como cualquier acto que resulte necesario para defender los derechos del autorizante; cierto es también, que ello no implica que se encuentre facultado para realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa, ya que su actuación depende de las reglas que rigen el juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 de la Constitución Federal y la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia, aunado a que los hechos que le incumben "directamente a la parte quejosa" en relación con la ampliación de que se trata; son de carácter personal y pudiera derivarse alguna responsabilidad penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I de esta última legislación. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 68, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, tomo XXXIII, junio de dos mil once cuyo rubro es: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." De igual forma, sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, tomo I, agosto de dos mil catorce, cuyo rubro se lee: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En el caso concreto, si bien la demanda que dio inicio al presente juicio fue promovida por Librado Heriberto Trujillo González en favor del quejoso Juan Gabriel Escobar Estigarriba, no menos cierto es, que en auto de dos de mayo del año en curso, se tuvo por ratificada la demanda de amparo y se reconoció la calidad del promovente como autorizado en términos amplios conforme lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el escrito de ampliación de demanda fue presentado "vía electrónica" sin firma electrónica ni evidencia criptográfica, por el directamente quejoso Juan Gabriel Escobar Estigarriba, además el escrito que se provee al parecer fue elaborado por Librado Heriberto Trujillo González, carece de firma autógrafa o firma electrónica y evidencia criptográfica. Por lo tanto no denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, para ampliar este medio de defensa, que se rige por el principio de parte agraviada; y, al no estar firmada "electrónicamente" o autógrafamente por Juan Gabriel Escobar Estigarriba, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5º y 6º de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la misma legislación, lo que da lugar a desechar de plano la ampliación demanda de que se trata. Sin que pase inadvertido para quien suscribe que el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse; lo cierto es también, que la promoción del amparo vía electrónica que carezca de la FIREL del quejoso no puede equiparse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el citado precepto legal, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, pues se insiste, al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y como se dijo, no hay instancia de parte. Por lo que en ese sentido, al no existir una razón legal para otorgar un tratamiento distinto a la demanda de amparo presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación sin firma electrónica FIREL, en comparación con una demanda de amparo presentada por escrito sin que contenga la firma autógrafa de la parte quejosa, pues en ambos casos, al concurrir las mismas circunstancias -demandas de amparo sin firma autógrafa y/o electrónica del quejoso o de su representante legal-, el Juez de Distrito estará facultado para desecharlas, al no existir la voluntad de las personas que ahí aparecen como promoventes, lo que claramente no actualizan alguna de las irregularidades previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a subsanarla. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado con el folio 2019715 de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J 38/2018 (10a), sustentada por el Tribunal Pleno, Décima Época, visible en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de dos mil diecinueve, con número de registro 2018943, que establece: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." No pasa desapercibido para este Juzgador, que el promovente del escrito que se atiende haya precisado en el capítulo correspondiente a los nuevos actos reclamados y en aquél referente a los antecedentes relacionados, que la autoridad migratoria responsable únicamente ha permitido al directo agraviado entrevistarse con sus abogados en los "días y horario de visitas", lo que considera es un acto de incomunicación cometido en contra de su autorizante. Sin embargo, contrario a lo que sostiene, al respecto debe decirse que del análisis integral de las circunstancias que refiere, la actuación de la autoridad en ese sentido no es constitutiva de la incomunicación, como acto prohibido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que de la misma narrativa del autorizado resulta patente que el quejoso sí se encuentra en posibilidad de comunicarse con sus abogados, aunque ello sea, según se afirma, en los días y horario que la autoridad responsable ha previsto para la "visita", aunado a que del estado de autos se obtiene que el quejoso ratificó la demanda de amparo promovida en su favor, y además, según refiere la autoridad responsable en el informe de suspensión de plano que obra en el expediente, el directo quejoso se encuentra sujeto a un procedimiento migratorio, al no poder comprobar su legal estancia en territorio nacional. De tal manera, que se considera que en el caso concreto, no procede el trámite del escrito de cuenta conforme al supuesto de excepción que prevé el primer párrafo del citado precepto legal, es decir, como si el directamente agraviado hubiere estado imposibilitado para promoverlo por cuenta propia, y por ende, para asentar la firma electrónica que al efecto establece el artículo 45, párrafo primero en relación con el 42, ambos del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sin que en el caso se considere vinculante para este órgano jurisdiccional, el criterio aislado I.20o.A.18 A (10a.), que invoca la parte promovente en el escrito de cuenta, emitido por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 2016374, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3324, Décima Época, con rubro siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. PUEDE REALIZARSE EN SU NOMBRE POR CONDUCTO DE CUALQUIER PERSONA Y EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA HACERLO Y NO SE HUBIESE CELEBRADO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Lo que se considera, en principio, ya dicha tesis fue emitida por un tribunal colegiado de distinto circuito al que pertenece este órgano jurisdiccional, de ahí que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no resulte de observancia obligatoria para este Juzgado; y tomando en consideración además, a que el supuesto que ahí se prevé, parte de la premisa de que el directamente agraviado se encuentra imposibilitado para presentar la ampliación de la demanda por sí mismo, encontrándose así en el supuesto de excepción que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo; hipótesis que, como se vio, no se actualiza en el caso que nos ocupa. De ahí que, como se anticipó, se deseche de plano la ampliación de demanda de que se trata. Consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado electrónicamente por Librado Heriberto Trijullo Gonzalez, autorizado de la parte quejosa Juan Gabriel Escobar Estigarriba, mediante el cual solicita que se autorice la consulta del expediente electrónico, notificaciones electrónicas, así como el uso de medios electrónicos. Por tanto, en virtud que el directamente agraviado Juan Gabriel Escobar Estigarriba, ratificó el contenido de la demanda de amparo presentada a su favor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, y las notificaciones personales por la misma vía, en el entendido de que la parte quejosa queda obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío electrónico que de notificaciones haga este Órgano Jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrán por hechas las notificaciones que por dicha vía se hayan emitido, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30, del cuerpo de leyes en consulta. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "HTG2563", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. En el entendido de que, con la finalidad de evitar duplicada procesal, las notificaciones se realizarán únicamente la vía electrónica, y no en el domicilio procesal que la parte quejosa señaló en el escrito inicial de demanda. Notifíquese; y personalmente a Juan Gabriel Escobar Estigarriba en la Estación Migratoria de esta ciudad, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como por la vía electrónica a sus autorizados.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico del XXIV Ayuntamiento de Tecate, Baja California, con sede en Tecate, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector, asimismo remite copia certificada del oficio OFIMAY/378/2021, de tres de diciembre de dos mil veintiuno. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades vinculadas al cumplimiento Tesorero Municipal y Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto, ambos del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, informen si la Dirección de Administración Urbana e Instituto de Planeación de Desarrollo Municipal, ambos del Municipio de Tecate, Baja California, dictaminaron si el listado de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, son susceptibles de ser enajenados, a efecto de realizar el procedimiento respectivo para obtener recursos necesarios que permitan nutrir la partida presupuestal y estén en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector que nos ocupa. Se reitera a las autoridades responsables que sigue vigente el requerimiento efectuado mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en relación a que remita las constancias con las que acrediten el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en el entendido, que podrán instrumentar simultáneamente para ese fin, mecanismos de trasferencias y adecuaciones de las partidas que lo integran. Esto es, deberán desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia P./J. 5/2011, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitiera las constancias en relación al expediente de garantía de audiencia ********************de su índice, o bien, informara la imposibilidad jurídica que tenga para ello. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de que se trata; en consecuencia, dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciadas las documentales remitidas por autoridad responsable de referencia, sin perjuicio de hacer relación de este en la audiencia constitucional que se celebre. Sin que este órgano jurisdiccional estime dichas documentales con el carácter de confidenciales, de conformidad con el artículo 110, fracciones I, IV y VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como lo refiere la autoridad responsable, pues dichas constancias consisten precisamente en una respuesta dada al propio quejoso a los escritos presentados ante dicha autoridad responsable. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con veinte minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Juan Enrique Papaqui Galicia1042/2022
- Juan Fernando Fierro Cota48/2023
- Juan Fernando Fierro Cota31/2022
- Juan Fernando Perla Melendrez1075/2023
- Juan Fernando Rodríguez García606/2021
- Juan Francisco Egozcue Ayala407/2023
- Juan Gabriel Torres Ramirez739/2023
- Juan Gerardo Martínez Plascencia316/2023
- Juan Gomez Robles359/2023
- Juan Gonzálz Carrillo289/2022
- Juan Gregorio Hernández Medel825/2022
- Juan Humberto Acosta Ceceña384/2020