Juan Francisco Riojas Alvarado
Expediente 1141/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Francisco Riojas Alvarado
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciséis de noviembre de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción IV del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
1. Cumple prevención. Visto el escrito de cuenta, signado por licenciado **********, en su carácter de defensor particular de ****, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de siete de noviembre del año en curso. 1.1 Cumple prevención. Téngase a la parte promovente dando cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, relativo a la aclaración de la demanda. 2. Desechamiento. Al efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 2.1 Caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como actos reclamados la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dentro de la casa penal *************, donde negó la solicitud de sobreseimiento. 2.2 Causal de improcedencia. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que interpretado a contrario sensu, importa que si el acto reclamado no es de aquéllos cuyos efectos sean de ejecución irreparable, el juicio de amparo biinstancial es improcedente. Es importante establecer que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutelan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Precisado lo anterior, se reitera que la parte quejosa reclama en esencia, la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictada dentro de la casa penal *****, del índice del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, donde negó la solicitud de sobreseimiento, acto que no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, según el concepto definido por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en caso de ser desfavorable la decisión que recaiga al juicio de origen, es susceptible de reclamarse en amparo directo y no como amparo biinstancial, ya que con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito o la propiedad, sino que se trata de un acto meramente adjetivo o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Bajo ese contexto, se advierte que el acto que se pretende reclamar, no constituye un acto de imposible reparación pues no afecta de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Así resulta, ya que de obtener el agraviado una sentencia favorable a sus intereses en el juicio penal de origen, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no ser así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el recurso ordinario, o bien, en el amparo que se intente en contra de dicho fallo. En otras palabras, los actos procesales no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en ese caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecerán, pues dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Además, dicha afectación no es actual, ya que dependerá de que lleguen o no a trascender al desenlace de la fase intermedia en la cual se ubica el procedimiento, momento en el cual sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva, en su caso, hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral, momento en el cual puede hacer valer la acción constitucional de amparo. Por ello, si el acto reclamado genera consecuencias del índole procesal, al no producir una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación transcendió en su perjuicio en la decisión en esa fase del procedimiento. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal mencionada, por su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. 2.3 Criterio aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis XXII.1o.5 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito. 3. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.
- Principal
1. Sobres devueltos. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, correspondiente al oficio 25176/2023 dirigido a la autoridad responsable que la quejosa ********************, sociedad anónima de capital variable, denominó como Jefe de la Administración Tributaria, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en virtud de que el mencionado servicio postal no pudo localizar a la referida autoridad responsable y no entregó el oficio correspondiente. 1.1 Vista a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a aquélla, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga, en la inteligencia que al no hacer uso de este derecho se dejará de considerar a la misma como responsable y sus actos no serán motivo de estudio en este asunto. 1.2 Criterio. Sobre el tema se emitió la Jurisprudencia 153/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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