Juan Francisco Palacios Jiménez

Expediente 520/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
520/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2017

Partes del expediente

  • Juan Francisco Palacios Jiménez y Otros.
  • Gilma Linka Cervera Hausman
  • Juan Francisco Palacios Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó con el proveído de veintiuno de julio del año en curso (fojas 38 a 43), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho acuerdo, como lo prevé el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del citado recurso al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido del auto de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que el auto en que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar este juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés del mes y año en curso (foja 35), se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días contado a partir de que surtiera efectos su notificación, manifestaran si era su deseo señalar como nuevo acto reclamado el oficio 800-17-00-02-00-2017-002201, de doce de junio del mismo año (fojas 23 a 25), mediante el cual la autoridad responsable Administrador de la Aduana, con residencia en esta ciudad, dio respuesta a su petición planteada, el veintitrés de marzo del año en curso, término que le feneció el dieciocho de julio del año que transcurre. I. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el ocho de junio del año que transcurre, los quejosos Juan Francisco Palacios Jiménez y Gilda Linka Cervera Hausman, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable: Autoridad responsable: Administrador de la Aduana. Ciudad. Por el acto reclamado siguiente: Como antecedentes del acto reclamado, los quejosos adujeron: II.-Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 5 a 8), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Juan Francisco Palacios Jiménez y Gilda Linka Cervera Hausman, quedando registrada en el Libro de Gobierno con el número 520/2017; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. Se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, el veintidós de junio del presente año, se recibió en Oficialía de Partes, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana, con residencia en esta ciudad, al que acompañó entre otras constancias el oficio número 800-17-00-02-00-2017-002201, de doce de junio del mismo año (fojas 23 a 25), mediante el cual la autoridad responsable Administrador de la Aduana, con residencia en esta ciudad, dio respuesta a la petición planteada por los quejosos, el veintitrés de marzo del año en curso, el que les fue notificado el catorce de junio de dos mil diecisiete (foja 25 vuelta). Conviene transcribir en lo conducente, el oficio señalado en el párrafo que antecede: "... en atención a su escrito de petición de fecha 23 de marzo de 2017, recibido en oficialía de partes de esta Aduana de Piedras Negras en fechas 24 de marzo de 2017 con número de folio 000959, mediante el cual solicita la devolución del vehículo marca Nissan, tipo Suv, modelo 2008, color negra, línea Armada, placas de circulación BPZ8136 del Estado de Texas de los Estados Unidos de Norteamérica, número de serie SN1BA08C48N625046 que fuera embargado precautoriamente dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AVM27015100; solicitando igualmente se deje sin efectos los créditos fiscales derivados de la resolución emitida en dicho procedimiento; sobre el particular se comunica lo siguiente: III. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso concreto, como ya se mencionó, el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición planteada por los quejosos el veintitrés de marzo del año en curso. Ahora bien, del oficio número oficio 800-17-00-02-00-2017-002201, de doce de junio del mismo año (fojas 23 a 25), se advierte que la autoridad responsable dio respuesta a la petición planteada por la parte quejosa, el veintitrés de marzo de este año, el que le fue notificado el catorce de junio del año en curso (foja 25 vuelta), el cual constituye el acto reclamado. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, analizada la probanza anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo , es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J.59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la autoridad responsable dio respuesta a la parte quejosa a su petición planteada el veintitrés de marzo del presente año; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja insubsistente la fecha y hora de la audiencia constitucional. En vista de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas del dieciséis de agosto del año en curso (foja 37).

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se le concedió a la parte quejosa ***, mediante acuerdo de veintitrés de junio del año en curso (foja 35), a fin de que se imponga del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana, con residencia en esta ciudad, y manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, y señalar como nuevo acto reclamado el oficio número 800-17-00-02-00-2017-002201, de doce de junio de este año. Lo anterior es así, dado que, según consta la notificación del proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (foja 35), se efectúo de manera personal el veintiséis del citado mes y año (foja 36). Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, para su celebración.

  4. Principal

    se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa, en términos del considerando único de esta resolución.

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