Juan Francisco Tenorio Calvillo
Expediente 123/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 1 actuación registrada, la última del 25 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Francisco Tenorio Calvillo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento emitido por las autoridades responsables en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno por medio del cual hubiere desahogado la vista; ante ello se provee: Toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo . Antes de entrar en materia, conviene transcribir los efectos para los cuales fue concedida la protección de la Justicia Federal: ".I. Deje insubsistente la resolución de quince de enero de dos mil catorce, emitida dentro del expediente RDA 5345/13 que acumula al RDA 5349/13, recaída al recurso de revisión. II. Hecho que sea lo anterior, haga del conocimiento al quejoso la interposición del recurso de revisión, a fin de que esté en posibilidad de ofrecer los medios de prueba que estime conducentes y formular alegatos, dentro de un término prudente que para tal efecto fije la propia autoridad, atento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, y hecho lo anterior, resuelva lo que conforme a derecho proceda.". Una vez establecido lo anterior, se procede a reseñar los antecedentes del cumplimiento al fallo protector: Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 635 y 636), se tuvo por recibida la resolución dictada el siete de octubre de dos mil dieciséis, por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el recurso de revisión administrativo 684/2016, en el que resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado el considerando tercero de la sentencia recurrida respecto al Director General de Asuntos Jurídico en suplencia por ausencia del Comisionado Presidente y Representante Legal del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Hugo Solís Aguilar, por los motivos expuestos y para los efectos expuestos en el considerando quinto del fallo recurrido." Por ende, al haberse confirmado la sentencia dictada en este juicio de amparo, se requirió el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables: AUTORIDAD Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ciudad de México. Comisionados que integran el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ciudad de México. 2. Mediante proveídos de: Fecha auto Foja 07 de febrero de 2017 663 25 de abril de 2017 694 12 de julio de 2017 755 Se tuvo a las autoridades responsables informando el cumplimiento al fallo protector. En efecto, en el último acuerdo precisado, se dio vista a la parte quejosa con el oficio INAI/DGAJ/1491/17, y anexos; para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo; quedando notificado personalmente el diecinueve del mismo mes y año (foja 758), sin que haya manifestado nada al respecto. Ahora bien, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo están cumplidos. Ello es así, porque mediante oficio INAI/DGAJ/0175/17, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como representante legal del referido Instituto y a su vez en representación de los Comisionados que Integran el Pleno de ese Instituto, con residencia en la Ciudad de México, hizo del conocimiento que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en sesión del Pleno de dicho instituto, celebrada el dieciocho de enero del año en curso, se dictó el Acuerdo ACT-PUB/18/01/2017.05, a través del cual, se dejó sin efectos la resolución pronunciada en el recurso de revisión RDA 5345/13 y su acumulado 5349/13, de quince de enero de dos mil catorce; asimismo, se turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas, el recurso de revisión aludido, a efecto de que previos los trámites de ley realizara la notificación al aquí quejoso y se dicte la resolución correspondiente; emitiendo así el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete (fojas 688), mediante el cual, entre otras cosas, se tuvo por reconocido el carácter de tercero interesado a Hugo Solís Aguilar -aquí quejoso-, como se advierte a continuación: Ahora bien, por auto de veinticinco de abril de dos mil diecisiete (foja 694), se comisionó al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para realizar la notificación a la parte quejosa Hugo Solís Aguilar, del acuerdo plasmado con anterioridad, al así haberse solicitado por la autoridad responsable mediante oficio INAI/DGAJ/0792/17 (fojas 685 a 687); notificación que se llevó a cabo el veintiséis del mismo mes y año, como se advierte a foja 697 de autos. Sin embargo, mediante oficio de doce de julio de este año (foja 755), se tuvo por recibido el oficio INAI/DGAJ/1491/17, signado por la Delegada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual y en alcance al diverso INAI/DGAJ/0792/17, remitió constancias, entre las que destaca la copia certificada del acuse de recibo emitido por Correos de México, del que se advierte que la parte quejosa recibió el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, pronunciado en el recurso de revisión RDA 5345/13 BIS y su acumulado RDA 5349/13 BIS, donde se le tuvo por reconocido su carácter de tercero interesado (foja 703): (Anverso) (Reverso) En esos términos, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo están cumplidos, en virtud de que en sesión del Pleno de dicho instituto, celebrada el dieciocho de enero del año en curso, se dictó el Acuerdo ACT-PUB/18/01/2017.05, mediante el cual dejó sin efectos la resolución pronunciada en el recurso de revisión RDA 5345/13 y su acumulado 5349/13, de quince de enero de dos mil catorce; asimismo, se turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas, el aludido recurso, a efecto de que previos los trámites de ley realice la notificación a la parte quejosa y se dictara la resolución correspondiente; en acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictado en los autos del citado recurso de revisión, se le reconoció el carácter de tercero interesado al aquí quejoso Hugo Solís Aguilar. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por lo que, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo; archívese este Juicio de Amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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