Juan Fernando Miranda Macías
Expediente 328/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas
- Juan Fernando Miranda Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto lo de cuenta, atento a que de la certificación que antecede se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, y que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición de dicho recurso, transcurrió para la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: PRIMERO. Se declara que ha causado estado la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 328/2016-2, promovido por Juan Fernando Mirando Macías, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. No obsta el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo del oficio3278/2016, dirigido a la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto; puesto que al haberse sobreseído en el juicio de amparo, solamente a la parte quejosa es a quien pudo afectar dicho fallo y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. TERCERO. Se considera que el presente juicio es destruible en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo.
- Principal
Se notifoca poreste medio a los terceros ineresados; el acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido los citatorios de fecha veintiséis de septiembre del año en curso. Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Vista la cuenta; agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Primer Subprocurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en representación del Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley en comento, téngase como prueba de la autoridad responsable la que anexa a su informe justificado; y téngase como delegados en términos del artículo 9° de la ley de la materia a las personas que indica la oficiante en el oficio de cuenta. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, y del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Juan Fernando Miranda Macías, se advierte que los actos reclamados esencialmente los hace consistir en (fojas 7 y 8): "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión y la tardanza de la autoridad responsable consistente en no cumplir con su deber legal de dar trámite a la inconformidad que presenté el día veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en contra de la determinación de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, de fecha cuatro del mismo mes y año, dictada dentro de la averiguación previa penal número 51/2016, por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en el Estado con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin que hasta el momento haya pronunciamiento alguno sobre dicha inconformidad; hecho revictimizante y que atenta con el principio de tutela judicial efectiva, señalado en el artículo 17 de la Constitución Federal." De la anterior transcripción, se desprende que el acto reclamado destacado es la omisión del Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, de dar trámite al recurso de inconformidad que presentó el quejoso en escrito de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, dictada el cuatro de ese mismo mes y año, dentro de la averiguación previa penal número 51/2016, por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en el Estado, con sede en localidad. Al respecto, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Primer Subprocurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en representación del Procurador General de Justicia del Estado, anexas a su informe justificado (fojas 82 a 99), de las cuales se advierte: a) La constancia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se tuvo por recibido el oficio 2718 de cuatro de junio de esta anualidad, signado por el agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el que remitió la averiguación previa penal 51/2016 iniciada en contra de Carlos Enrique Canturosas Villarreal y otros, por los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y usurpación de funciones públicas, ello con la finalidad de que se calificara la determinación de no ejercicio de la acción penal que dentro de la misma se pronunció; asimismo, dicha autoridad tuvo por recibido el escrito signado por el quejoso Juan Fernando Miranda Macías, a través del cual presentó inconformidad en contra de la resolución del no ejercicio de la acción penal. b) Resolución que aprueba el no ejercicio de la acción penal, emitida el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que, en su considerando cuarto, se acordó el escrito de veinticuatro de junio de esta anualidad, recibido el veintisiete siguiente, por el que el aquí quejoso Juan Fernando Miranda Macías, expresó sus motivos de inconformidad y formuló los agravios que consideró le causa la determinación del no ejercicio de la acción penal de cuatro de junio de dos mil dieciséis, dictada en la averiguación previa 51/2016. Ante lo antes reseñado, se hace evidente que el acto omisivo destacado -omisión de dar trámite a la inconformidad que presentó el quejoso el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, dictada el cuatro de junio de esta anualidad dentro de la averiguación previa penal número 51/2016 -, ha cesado sus efectos. Al respecto, debe ponderarse que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, y la autoridad responsable en fecha veintiocho del citado mes y año, dictó resolución en la que además de aprobar el no ejercicio de la acción penal emitida dentro de la averiguación previa número 51/2016, acordó el escrito de veinticuatro de junio del año en curso, recibido el veintisiete siguiente, por el que el quejoso Juan Fernando Miranda Macías presentó inconformidad en contra de dicha determinación, lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó como acto destacado ha dejado de existir, pues ya se emitió el proveído correspondiente; de ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, restituyéndose al quejoso en pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese planteado en el mundo fáctico, por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos del acto materia del reclamo, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Criterios aplicables, virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciséis (foja 78). Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentran señaladas las doce horas con veinte minutos de esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de derechos fundamentales (foja 32); asimismo, que no obra en autos la tarjeta acuse de recibo en la que conste que la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, haya sido notificada del proveído de veintitrés de septiembre del presente año (fojas 32 a la 34), en el cual se le solicitó rindiera informe justificado; acuse que resulta necesario para estar en aptitud de resolver el presente controvertido constitucional. Ahora, para dar lugar a que la autoridad responsable se imponga del acuerdo en mención, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso, por el cual proporciona como domicilio en el que puede ser emplazado a juicio el tercero interesado Luis Antonio Pérez Benítez, el ubicado en calle Veracruz número tres mil ochocientos cuarenta y nueve (3849), entre la Avenida César López de Lara y Donato Guerra, colonia Jardín, código postal 88260 en esta ciudad, por lo que en obvio de mayores dilaciones por conducto de la actuaria adscrita a este juzgado, emplácese a juicio al citado tercero interesado en el mencionado domicilio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y del auto admisorio; asimismo, hágase de su conocimiento que se tienen señaladas las doce horas con veinte minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional (foja 32).
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