Juan Flores Tamez
Expediente 190/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 29 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan Flores Tamez
Actuaciones
- Principal
Por este medio se notifica a JUAN FLORES TAMEZ y ROSA MARÍA GARZA GONZÁLEZ DE FLORES, en su carácter de quejosos; el acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el citatorio de fecha treinta de abril del año en curso, mismo que dice: Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintinueve de abril de dos mil quince. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Juan Flores Tamez y Rosa María Garza González de Flores, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 133 Constitucionales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese expediente bajo el número 190/2015-3 que es el que le corresponde. Ahora bien, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece la facultad del Juez de Distrito para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo o su ampliación y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, a la ampliación, en su caso, y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se sustenta dicha improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido; por ende, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de su ampliación, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren. En sentido opuesto, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable, o si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio; de ahí que en ese supuesto debe admitirse a trámite la demanda, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: Se reclama de la autoridad responsable su resolución dictada con fecha 31 de Marzo del actual, recaída al recurso de revocación interpuesto por mi Asesor Legal, Lic. Ramiro Chavana Martínez, en contra del auto de fecha 6 de Febrero del año en curso, dentro del Juicio Hipotecario Civil No 814/2012, sus consecuencias y de más efectos legales. Se reclama de la autoridad responsable otra resolución interlocutoria dictada en la misma fecha 31 de Marzo del actual, recaída a otro recurso de revocación interpuesto por mi Asesor Legal, Lic. Ramiro Chavana Martínez, en contra de otro auto dictado en esa misma fecha 6 de Febrero del año en curso, dentro del Juicio Hipotecario Civil No 814/2012, sus consecuencias y demás efectos legales". A fin de tener claro en qué se hace consistir el acto reclamado y tomando en consideración lo expuesto por los propios peticionarios de amparo se narran los siguientes antecedentes: Banco Nacional de México, Sociedad Anónima por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas demandó en la vía Hipotecaria Civil ante el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil con residencia en esta ciudad a la parte quejosa Juan Flores Tamez y Rosa María Garza González de Flores, diversas prestaciones, por lo que dicha demanda fue radicada con el número de expediente 814/2012, la cual se admitió, se ordenó emplazar a los demandados, quienes oportunamente dieron contestación a la demanda instaurada en su contra. Seguidos los tramites del juicio el cuatro de febrero de dos mil quince la parte quejosa promovió incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue acordado el día seis del mismo mes y año en el sentido de no dar trámite a la incidencia planteada por la parte aquí quejosa al considerar que no era el medio idóneo para impugnar la certificación de doce de enero de dos mil quince; contra dicha determinación mediante escrito de diez de febrero del año en curso, se interpuso recurso de revocación el cual fue admitido a trámite y mediante resolución de treinta y uno del mismo mes y año fue resuelto el recurso de mérito y se determinó que no ha lugar a tener por interpuesto el incidente de nulidad (primer acto reclamado). En ese orden de ideas, también el cuatro de febrero de dos mil quince la parte quejosa ofreció la prueba confesional a cargo de los señores René Etienne Hernández, Juan Santos Cruz, Daniel Cebrian Ramírez y Alfonso Rodela Domínguez, solicitud que fue acordada el día seis del mismo mes y año en el sentido de no proveer de conformidad su petición, por la razón de que dichas personas no eran parte en el contradictorio, aunado al hecho de que conforme lo dispone el artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, las personas jurídicas absolverán posiciones por conducto de sus representantes o apoderados; contra dicha negativa mediante escrito de diez de febrero del año en curso la parte quejosa interpuso recurso de revocación el cual fue admitido a trámite y mediante resolución de treinta y uno del mismo mes y año, se resolvió que no ha lugar a acordar de conformidad sobre la admisión de la prueba confesional antes indicada (segundo acto reclamado). Todo lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa lo expuso en su demanda de amparo, manifestaciones que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues las realizó bajo protesta de decir verdad, por lo que se equiparan a una confesión. Así las cosas, en el presente caso los quejosos en su escrito de demanda señalan como actos reclamados las resoluciones de treinta y uno de marzo del año en curso dictadas por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial residente en esta ciudad, mediante las cuales decretó que resultaban infundados los recursos de revocación hechos valer por los amparistas, por los cuales impugnaron los autos de seis de febrero de la misma anualidad, en los que procedió a no admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por los peticionarios de amparo (primer acto), así como negó la admisión de la prueba confesional ofrecida de su parte (segundo acto), lo anterior dentro de los autos del juicio hipotecario civil 814/2012. Así las cosas, en la especie este órgano de control constitucional advierte que el acto reclamado se hace consistir en las resoluciones de treinta y uno de marzo de dos mil quince que recayeron a los recursos de revocación que hizo valer la parte quejosa; luego, en la especie este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107 fracción V, así como el dispositivo 172 fracción XII todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, así como el diverso 107 fracción III incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, los referidos preceptos disponen: (se transcribe) Por su parte de la Ley de Amparo. (se transcribe) De lo transcrito se advierte, en la parte que interesa al caso materia de estudio, la regla general de la procedencia del amparo directo o uniinstancial en contra de la sentencia definitiva que se reclame, tanto por violaciones cometidas en él, como por infracciones habidas durante la secuela del procedimiento correspondiente, siempre que estas infracciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Asimismo, del contenido del último precepto legal transcrito, se desprende que consagra las hipótesis en que se consideran "violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso" en los juicios administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, respectivamente, de manera ejemplificativa mas no restrictiva, puesto que al señalar en la fracción XII que también se consideran como tales "...casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores...", se otorga a los órganos jurisdiccionales amplia facultad para apreciar fuera de los supuestos específicos legalmente previstos, aquellos que por analogía con éstos tengan la misma importancia y gravedad que prevé la regla general, es decir, en cuanto al grado de la afectación que produzcan en las defensas del quejoso y trascendencia en el resultado del fallo. En otras palabras, lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, no debe interpretarse en el sentido de que la analogía enunciada en ese precepto se encuentra comparando la violación de que se trate específicamente con alguna en especial de las que en él se prevén, sino que tal disposición debe entenderse en el sentido de que debe acudirse para calificar la naturaleza de esta infracción al procedimiento, a las características esenciales que en relación a ella establecen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Carta Magna y 170 de la Ley de Amparo, es decir, que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo. En ese orden de ideas, los actos reclamados por la parte quejosa no son de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que generan, en todo caso, una violación con efectos meramente intraprocesales, combatible en el amparo directo que se llegue a promover contra la sentencia definitiva, con fundamento en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que establece expresamente la procedencia del amparo directo contra las resoluciones definitivas y las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento que afecten las defensas de los quejosos y trasciendan al sentido del fallo reclamado. Ciertamente, las resoluciones de treinta y uno de marzo de dos mil quince, mediante las cuales el juez de origen decretó que resultaban infundados los recursos de revocación hechos valer por los amparistas, en los cuales impugnaron los autos de seis de febrero de la misma anualidad, en los que procedió a no admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por los peticionarios de amparo (primer acto), así como negó admitir la prueba confesional que ofrecida de su parte (segundo acto), lo anterior dentro de los autos del juicio hipotecario civil 814/2012; se considera, por analogía (fracción XI del artículo 172), como violaciones procesales, en tanto que todas las hipótesis previstas en dicho numeral se caracterizan porque afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo, y esta misma gravedad y consecuencia puede tener la determinación de que se trata, al incidir en todo caso en la forma y términos en que se desahogaran las pruebas; es decir, reúne las características esenciales que determinan los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo. En ese sentido, las resoluciones de treinta y uno de marzo de dos mil quince dictadas por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial residente en esta ciudad, son consideradas como violaciones de las previstas en el artículo 172 de la Ley de Amparo, toda vez que podrían trascender al resultado de la resolución, dado que al no haber admitido a trámite el incidente de nulidad, ni la prueba confesional, ello en todo caso traería consecuencias jurídicas que incidirían en la sentencia definitiva que resuelva el fondo del asunto. Conforme a lo anterior, no puede estimarse que se esté en presencia de actos de imposible reparación que den lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que tutela la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. En ese precedente, nuestro Máximo Tribunal determinó que para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador, de acuerdo con un criterio racional, debe discernir si el acto afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos contenidos en la Constitución General de la República. Conforme a lo anterior, se debe concluir que las resoluciones de treinta y uno de marzo del año en curso mediante las cuales se declararon infundados los recursos de revocación hechos valer por los peticionarios de amparo contra los autos de seis de febrero de la misma anualidad, en los que no se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, ni la prueba confesional que en su oportunidad ofrecieron los quejosos, no constituyen un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En todo caso y como ya se indicó, esa decisión incide en la forma y términos en que se desahogaran las pruebas, lo que de suyo, reúne las características esenciales que determinan los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo. En ese sentido, como se ha venido exponiendo las determinaciones de la autoridad responsable, son consideradas como violaciones de aquellas previstas en el artículo 172 de la Ley de Amparo, toda vez que podrían trascender al resultado de la resolución definitiva, pues según expone no les fue admitido el incidente de nulidad de actuaciones, ni la prueba confesional en los términos que lo platearon, ello en contravención a la forma prevenida por la ley que rige al acto que por esta vía de amparo combate; lo que en todo caso traería consecuencias jurídicas que incidirían en la sentencia definitiva que resuelva el fondo del asunto. En efecto, las resoluciones de treinta y uno de marzo de dos mil quince, mediante las cuales el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial determinó declarar infundados los recursos de revocación hechos valer por los quejosos; no constituyen un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales y no se lesiona un derecho sustantivo, pues de obtener la parte quejosa resolución favorable a sus intereses en la sentencia definitiva que resuelva en lo principal el juicio de origen, las violaciones procesales que ahora constituyen los actos reclamados, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna y en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, están en condiciones de hacer valer tal violación en el juicio de amparo directo que intente en contra de la sentencia. Dadas las razones anotadas, como se anticipó, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107 fracción V, así como el dispositivo 172 fracción XII todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu numeral, así como el diverso 107 fracción III incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Flores Tamez y Rosa María Garza González de Flores. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición; así como también en los diversos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal antes citada; hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de tal oposición hará aplicable lo dispuesto en los artículos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal antes citada, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquélla. Téngase como autorizados del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ramiro Chavana Martínez, Francisca Gladys Molina Álvarez y Aurelio Berlanga Mendoza, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Canales, número 3716, Sector Aduana, en esta ciudad. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del precepto 21 de la ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. (3)
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