Juan Fernando Miranda Macías

Expediente 379/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 46 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
379/2016
Año
2016
Actuaciones
46
Última actuación
19/01/2018

Partes del expediente

  • Juan Fernando Miranda Macías
  • Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 706 a la 710), se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de inconformidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, por tanto, queda firme el referido auto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro número uno, relativo al registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de depuración, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental (debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva). En su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Finalmente, dado que resulta innecesario conservar en este juzgado el anexo remitido por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación número Tres, encargado del despacho por Ministerio de Ley de la Coordinación Regional, con sede en esta ciudad, con su oficio 562/2017 (foja 357), devuélvasele para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. (1)

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio DJ/DA/16596/17 (foja 543), el Primer Subprocurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, remitió copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa 51/2016 de su índice (fojas 545 a 566), con las que aduce dar total cumplimiento al fallo protector dictado en el presente expediente. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa destacan las siguientes: Mediante sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 383 a 396), este juzgado de distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan Fernando Miranda Macías, para los efectos siguientes: "1. Dejar insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida con motivo de la averiguación previa número 51/2016, que confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal dictada el cuatro de junio de dos mil dieciséis. 2. Dictar otra resolución en la que de manera congruente y expresa dé respuesta en su totalidad a los agravios hechos valer por la parte quejosa, en su escrito de inconformidad, resolviendo con libertad de jurisdicción, lo que legalmente proceda, fundándolo y motivándolo adecuadamente." (foja 395) Posteriormente, por auto de dieciocho de septiembre del año actual (fojas 504 a 506), causó ejecutoria la sentencia concesoria de amparo y se requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días dieran cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable remitió, en lo que interesa, las siguientes constancias: Oficio Anexo DJ/DA/14489/17 (foja 528) Acuerdo de veinticinco de septiembre de este año, dictado dentro de la averiguación previa 51/2016 (fojas 534 y 535). DJ/DA/16596/17 (foja 543) Copia certificada de la resolución de veintiséis de octubre actual, dictada en la averiguación previa 51/2016 (fojas 545 a 566). Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (foja 639), se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto de las constancias remitidas por la responsable en acatamiento a la sentencia amparadora, sin que alguna de ellas lo hayan hecho. De lo ordenado en la sentencia de amparo, las actuaciones que la autoridad responsable Primer Subprocurador General de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, debía acatar en cumplimiento al amparo concedido eran: 1. Dejar insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal emitido el cuatro de junio de esa misma anualidad, dentro la averiguación previa penal 51/2016; 2. Dictar una nueva resolución en la que de manera congruente y expresa se den contestación a los agravios hechos valer por la parte quejosa en su escrito de inconformidad, y que omitió atender, consistentes en: a. Que la resolución del no ejercicio de la acción penal reclamada, emitida en la averiguación previa 51/2016, no respetó sus derechos humanos - a no ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales, derecho de fundar y motivar los actos, derecho a que se procure justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, derecho a que se le reciban todas las pruebas, derecho a una investigación imparcial -, ya que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada; b. No se resolvió de manera completa e imparcial; c. No se desahogaron todos los elementos de prueba que aportó (declaraciones ministeriales de Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal, Antonio Martínez Santoyo, José Heriberto Cantú Deándar, Jorge Pérez Santos, Ofelia Arredondo Jiménez, Mariano Gamboa Rodríguez, Hugo Ramón Galindo Leal, Mónica Adriana Salinas Canales, Mariza Yazmín Zárate Flores, Irma Eugenia Richer de León, Luis Cavazos Cárdenas, María Echartea Barajas, Luis Gerardo Talamas Cárdenas, Martha Elba Fernández Tovar, Miguel Ángel Vaughan Madrazo, Ireri Calderón Cortés, Fulgencio Héctor Bolaños Calzado, Rosa Fabián Huaroco, María Antonieta González Villagómez, Juan Carlos Alexandre López, Jaime Mendoza Vega, Apolonia Cázares de Lira, y Arnulfo Tejada Lara). d. No es óbice que la Justicia de la Unión hubiese amparado y protegido contra actos en el procedimiento administrativo, en virtud de que la protección constitucional otorgada fue para efectos procesales de que se dejaran sin efecto actuaciones ilegales derivados del procedimiento incoado en su contra, sin embargo, esa circunstancia no exime a los servidores públicos de (responsabilidad) en la comisión de los delitos denunciados, en virtud de que la conducta omisiva y activa de los indicados se consumó desde el momento en que actuaron en su contra, por lo que aun cuando se dejaron sin efectos los actos emanados arbitrariamente, ello no es obstáculo para la acreditación de los delitos que hizo del conocimiento del agente del ministerio público; e. La fiscalía incumplió con su obligación de investigar los hechos delictuosos que se hicieron de su conocimiento; f. Es contrario a derecho el que dicha representación social haya autorizado que el Segundo Síndico del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, rindiera declaración ministerial por todos los miembros del cuerpo edilicio; g. La falta de contestación del oficio que se giró al Secretario de Administración del Ayuntamiento 2013-2016, con la finalidad de que acreditara la calidad especifica cualitativa de los indiciados como servidores públicos, restringiendo de esta manera sus derechos constitucionales. 3. De manera fundada y motivada, resuelva con libertad de jurisdicción lo que legalmente proceda. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable demostró ante este juzgado de distrito que: (i) Dejó insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal emitido el cuatro de junio de esa misma anualidad, dentro la averiguación previa penal 51/2016 -efecto 1-; (ii) El veintiséis de octubre de este año (fojas 545 a 566), dictó una nueva resolución en la que de manera congruente y expresa dio contestación a los agravios que hizo valer el quejoso al interponer el recurso de inconformidad -efecto 2-, calificándolos de la siguiente manera: (iii) El agravio relativo a que la resolución del no ejercicio de la acción penal reclamada, emitida en la averiguación previa 51/2016, no respetó sus derechos humanos - a no ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales, derecho de fundar y motivar los actos, derecho a que se procure justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, derecho a que se le reciban todas las pruebas, derecho a una investigación imparcial -, ya que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, lo declaró inoperante, por estimar que al aquí quejoso Juan Fernando Miranda Macías no se le ha privado de ningún derecho, ya que por virtud de su denuncia en contra de los indiciados, el ministerio público inició su labor de investigación, conforme lo ordenado por el artículo 21 Constitucional, esto es, se le ha dado el trámite respecto, sin que se advierta discriminación, pues se han recibido sus peticiones y acordado respectivamente -efecto 2. a.- (foja 557 vuelta y 558); (iv) En cuanto al argumento relativo a que la averiguación previa no se resolvió de manera completa e imparcial, la responsable consideró que por lo que hace a los plazos y términos, la investigación se ha llevado dentro de los señalados por la ley, acordándose las promociones presentadas por el ofendido y dictándose resoluciones acordes al principio de imparcialidad -efecto 2. b.- (foja 559); (v) Por cuanto hace a lo argüido en relación con que no se desahogaron las pruebas consistentes en las declaraciones ministeriales de Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal, Antonio Martínez Santoyo, José Heriberto Cantú Deándar, Jorge Pérez Santos, Ofelia Arredondo Jiménez, Mariano Gamboa Rodríguez, Hugo Ramón Galindo Leal, Mónica Adriana Salinas Canales, Mariza Yazmín Zárate Flores, Irma Eugenia Richer de León, Luis Cavazos Cárdenas, María Echartea Barajas, Luis Gerardo Talamas Cárdenas, Martha Elba Fernández Tovar, Miguel Ángel Vaughan Madrazo, Ireri Calderón Cortés, Fulgencio Héctor Bolaños Calzado, Rosa Fabián Huaroco, María Antonieta González Villagómez, Juan Carlos Alexandre López, Jaime Mendoza Vega, Apolonia Cázares de Lira, y Arnulfo Tejada Lara, el subprocurador responsable lo calificó como infundado, por estimar que obraba el acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciséis, respecto a la solicitud de cita de dichos indiciados, y si bien había sido en sentido negativo, ello fue por la apreciación técnica del fiscal investigador (foja 560 vuelta) -efecto 2. c.-; (vi) Sobre el diverso agravio consistente en que no era óbice que la Justicia de la Unión hubiese amparado y protegido contra actos en el procedimiento administrativo, en virtud de que la protección constitucional otorgada fue para efectos procesales de que se dejaran sin efecto actuaciones ilegales derivados del procedimiento incoado en contra de los indiciados; tópico sobre el cual la subprocuraduría responsable compartió el criterio esgrimido por el inconforme, al sostener que efectivamente el ministerio público incumplió con su obligación de investigar y confirmar los hechos delictivos materia de la indagatoria 51/2016, para que una vez hecho lo anterior se estuviera en posibilidades de determinar si existen o no los delitos denunciados; sin que para ello fuera obstáculo, como lo sostuvo el inconforme, que hubiere una concesión del amparo puesto que los efectos de la misma únicamente fueron de índole procesal (foja 562 vuelta) -efecto 2. d.-; (vii) En cuanto sostuvo que la fiscalía incumplió con su obligación de investigar los hechos delictuosos que se hicieron de su conocimiento; la autoridad resolutora lo calificó parcialmente fundado, porque el fiscal del conocimiento no agotó su labor de investigación, para que una vez agotada se estuviera en posibilidad de determinar si existen o no los delitos denunciados por el aquí quejoso, así como la probable responsabilidad de los indiciados (foja 563) -efecto 2. e.-; (viii) Por lo que hace al argumento relativo a que es contrario a derecho el que dicha representación social haya autorizado que el Segundo Síndico del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, rindiera declaración ministerial por todos los miembros del cuerpo edilicio; el mismo fue calificado de fundado y operante, al estimar la subprocuraduría responsable que en materia penal no existe representación alguna en relación a los probables responsables de la comisión de algún delito en particular, debiendo el ministerio público pronunciarse en relación a ello y específicamente respecto del escrito de fecha junio de dos mil dieciséis (sic), signado por Jorge Enrique González Fisher (foja 564) -efecto 2. f.-; (ix) Por la falta de contestación del oficio que se giró al Secretario de Administración del Ayuntamiento 2013-2016, con la finalidad de que acreditara la calidad especifica cualitativa de los indiciados como servidores públicos, restringiendo de esta manera sus derechos constitucionales; la responsable le refirió que existe contestación por parte del secretario del Ayuntamiento, licenciado Juan Ángel Martínez Salazar de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, y que obraba a foja 682 de la indagatoria (foja 560 vuelta) -efecto 2. g.-, y (x) Finalmente, con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada resolvió modificar la determinación de no ejercicio de la acción penal de cuatro de junio de dos mil dieciséis, pronunciada por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Nuevo Laredo, Tamaulipas, iniciada en contra de Carlos Enrique Canturrosas Villarreal y otros, por los delitos de abuso de confianza, coalición de servidores públicos y usurpación de funciones, cometido en agravio de Juan Fernando Miranda Macías (foja 565 vuelta) -efecto 3-. En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se determina que el fallo protector se encuentra cumplido. Ello, en virtud de que en atención a lo expuesto con anterioridad, este juzgado de distrito estima que el Primer Subprocurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, con sede en esta localidad, ha dado total cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, pues de las constancias que allegó a este expediente se advierte que: a) Dejó insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal emitido el cuatro de junio de esa misma anualidad, dictada dentro de la averiguación previa 51/2016; b) El veintiséis de octubre de este año, dictó una nueva resolución en la que analizó la totalidad de los agravios que hizo valer el inconforme Juan Fernando Miranda Macías, aquí quejoso, contestándolos de manera congruente y expresa, y c) Hecho que fue lo anterior, resolvió con libertad de jurisdicción, fundando y motivando la nueva determinación en la que decretó modificar la determinación de no ejercicio de la acción penal de cuatro de junio de dos mil dieciséis, emitida en la indagatoria 51/2016; asimismo, devolvió el aludido expediente al fiscal investigador para que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en la referida resolución. Además, debe destacarse que este tribunal considera que el Primer Subprocurador General de Justicia de Estado, con sede en Ciudad Victoria, no incurrió en exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que no se extralimitó en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, sino que, como se le ordenó, (i) dejó insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 51/2016; (ii) dictó una nueva en la que de manera congruente y expresa atendió todos los agravios que le hizo valer el aquí quejoso, y (iii) con libertad de jurisdicción resolvió lo que estimó pertinente, fundando y motivando su proceder; actuar con el que, a consideración de este órgano jurisdiccional, se atendió el parámetro esencial establecido en la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Tampoco se aprecia defecto, porque la autoridad responsable cumplió con el fin ordenado en la ejecutoria de derechos fundamentales, por lo que, se reitera, la sentencia de amparo fue cumplida. Finalmente, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentido. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de la licenciada María Alejandra Velázquez Hernández, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Por este medio se notifica a los tercero interesados: Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio DJ/DA/16596/17 (foja 543), el Primer Subprocurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, remitió copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa ***/2016 de su índice (fojas 545 a 566), con las que aduce dar total cumplimiento al fallo protector dictado en el presente expediente. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa destacan las siguientes: Mediante sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 383 a 396), este juzgado de distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ****************, para los efectos siguientes: "1. Dejar insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida con motivo de la averiguación previa número ****/2016, que confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal dictada el cuatro de junio de dos mil dieciséis. 2. Dictar otra resolución en la que de manera congruente y expresa dé respuesta en su totalidad a los agravios hechos valer por la parte quejosa, en su escrito de inconformidad, resolviendo con libertad de jurisdicción, lo que legalmente proceda, fundándolo y motivándolo adecuadamente." (foja 395) Posteriormente, por auto de dieciocho de septiembre del año actual (fojas 504 a 506), causó ejecutoria la sentencia concesoria de amparo y se requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días dieran cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable remitió, en lo que interesa, las siguientes constancias: Oficio Anexo DJ/DA/14489/17 (foja 528) Acuerdo de veinticinco de septiembre de este año, dictado dentro de la averiguación previa *****/2016 (fojas 534 y 535). DJ/DA/16596/17 (foja 543) Copia certificada de la resolución de veintiséis de octubre actual, dictada en la averiguación previa 51/2016 (fojas 545 a 566). Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (foja 639), se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto de las constancias remitidas por la responsable en acatamiento a la sentencia amparadora, sin que alguna de ellas lo hayan hecho. De lo ordenado en la sentencia de amparo, las actuaciones que la autoridad responsable Primer Subprocurador General de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, debía acatar en cumplimiento al amparo concedido eran: 1. Dejar insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal emitido el cuatro de junio de esa misma anualidad, dentro la averiguación previa penal ****/2016; 2. Dictar una nueva resolución en la que de manera congruente y expresa se den contestación a los agravios hechos valer por la parte quejosa en su escrito de inconformidad, y que omitió atender, consistentes en: a. Que la resolución del no ejercicio de la acción penal reclamada, emitida en la averiguación previa ****/2016, no respetó sus derechos humanos - a no ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales, derecho de fundar y motivar los actos, derecho a que se procure justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, derecho a que se le reciban todas las pruebas, derecho a una investigación imparcial -, ya que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada; b. No se resolvió de manera completa e imparcial; c. No se desahogaron todos los elementos de prueba que aportó (declaraciones ministeriales de *******). d. No es óbice que la Justicia de la Unión hubiese amparado y protegido contra actos en el procedimiento administrativo, en virtud de que la protección constitucional otorgada fue para efectos procesales de que se dejaran sin efecto actuaciones ilegales derivados del procedimiento incoado en su contra, sin embargo, esa circunstancia no exime a los servidores públicos de (responsabilidad) en la comisión de los delitos denunciados, en virtud de que la conducta omisiva y activa de los indicados se consumó desde el momento en que actuaron en su contra, por lo que aun cuando se dejaron sin efectos los actos emanados arbitrariamente, ello no es obstáculo para la acreditación de los delitos que hizo del conocimiento del agente del ministerio público; e. La fiscalía incumplió con su obligación de investigar los hechos delictuosos que se hicieron de su conocimiento; f. Es contrario a derecho el que dicha representación social haya autorizado que el Segundo Síndico del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, rindiera declaración ministerial por todos los miembros del cuerpo edilicio; g. La falta de contestación del oficio que se giró al Secretario de Administración del Ayuntamiento 2013-2016, con la finalidad de que acreditara la calidad especifica cualitativa de los indiciados como servidores públicos, restringiendo de esta manera sus derechos constitucionales. 3. De manera fundada y motivada, resuelva con libertad de jurisdicción lo que legalmente proceda. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable demostró ante este juzgado de distrito que: (i) Dejó insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal emitido el cuatro de junio de esa misma anualidad, dentro la averiguación previa penal ****/2016 -efecto 1-; (ii) El veintiséis de octubre de este año (fojas 545 a 566), dictó una nueva resolución en la que de manera congruente y expresa dio contestación a los agravios que hizo valer el quejoso al interponer el recurso de inconformidad -efecto 2-, calificándolos de la siguiente manera: (iii) El agravio relativo a que la resolución del no ejercicio de la acción penal reclamada, emitida en la averiguación previa *****/2016, no respetó sus derechos humanos - a no ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales, derecho de fundar y motivar los actos, derecho a que se procure justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, derecho a que se le reciban todas las pruebas, derecho a una investigación imparcial -, ya que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, lo declaró inoperante, por estimar que al aquí quejoso Juan Fernando Miranda Macías no se le ha privado de ningún derecho, ya que por virtud de su denuncia en contra de los indiciados, el ministerio público inició su labor de investigación, conforme lo ordenado por el artículo 21 Constitucional, esto es, se le ha dado el trámite respecto, sin que se advierta discriminación, pues se han recibido sus peticiones y acordado respectivamente -efecto 2. a.- (foja 557 vuelta y 558); (iv) En cuanto al argumento relativo a que la averiguación previa no se resolvió de manera completa e imparcial, la responsable consideró que por lo que hace a los plazos y términos, la investigación se ha llevado dentro de los señalados por la ley, acordándose las promociones presentadas por el ofendido y dictándose resoluciones acordes al principio de imparcialidad -efecto 2. b.- (foja 559); (v) Por cuanto hace a lo argüido en relación con que no se desahogaron las pruebas consistentes en las declaraciones ministeriales de *****, el subprocurador responsable lo calificó como infundado, por estimar que obraba el acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciséis, respecto a la solicitud de cita de dichos indiciados, y si bien había sido en sentido negativo, ello fue por la apreciación técnica del fiscal investigador (foja 560 vuelta) -efecto 2. c.-; (vi) Sobre el diverso agravio consistente en que no era óbice que la Justicia de la Unión hubiese amparado y protegido contra actos en el procedimiento administrativo, en virtud de que la protección constitucional otorgada fue para efectos procesales de que se dejaran sin efecto actuaciones ilegales derivados del procedimiento incoado en contra de los indiciados; tópico sobre el cual la subprocuraduría responsable compartió el criterio esgrimido por el inconforme, al sostener que efectivamente el ministerio público incumplió con su obligación de investigar y confirmar los hechos delictivos materia de la indagatoria 51/2016, para que una vez hecho lo anterior se estuviera en posibilidades de determinar si existen o no los delitos denunciados; sin que para ello fuera obstáculo, como lo sostuvo el inconforme, que hubiere una concesión del amparo puesto que los efectos de la misma únicamente fueron de índole procesal (foja 562 vuelta) -efecto 2. d.-; (vii) En cuanto sostuvo que la fiscalía incumplió con su obligación de investigar los hechos delictuosos que se hicieron de su conocimiento; la autoridad resolutora lo calificó parcialmente fundado, porque el fiscal del conocimiento no agotó su labor de investigación, para que una vez agotada se estuviera en posibilidad de determinar si existen o no los delitos denunciados por el aquí quejoso, así como la probable responsabilidad de los indiciados (foja 563) -efecto 2. e.-; (viii) Por lo que hace al argumento relativo a que es contrario a derecho el que dicha representación social haya autorizado que el Segundo Síndico del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, rindiera declaración ministerial por todos los miembros del cuerpo edilicio; el mismo fue calificado de fundado y operante, al estimar la subprocuraduría responsable que en materia penal no existe representación alguna en relación a los probables responsables de la comisión de algún delito en particular, debiendo el ministerio público pronunciarse en relación a ello y específicamente respecto del escrito de fecha junio de dos mil dieciséis (sic), signado por **** (foja 564) -efecto 2. f.-; (ix) Por la falta de contestación del oficio que se giró al Secretario de Administración del Ayuntamiento 2013-2016, con la finalidad de que acreditara la calidad especifica cualitativa de los indiciados como servidores públicos, restringiendo de esta manera sus derechos constitucionales; la responsable le refirió que existe contestación por parte del secretario del Ayuntamiento, licenciado ***** de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, y que obraba a foja 682 de la indagatoria (foja 560 vuelta) -efecto 2. g.-, y (x) Finalmente, con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada resolvió modificar la determinación de no ejercicio de la acción penal de cuatro de junio de dos mil dieciséis, pronunciada por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Nuevo Laredo, Tamaulipas, iniciada en contra de *****y otros, por los delitos de abuso de confianza, coalición de servidores públicos y usurpación de funciones, cometido en agravio de ***** (foja 565 vuelta) -efecto 3-. En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se determina que el fallo protector se encuentra cumplido. Ello, en virtud de que en atención a lo expuesto con anterioridad, este juzgado de distrito estima que el Primer Subprocurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, con sede en esta localidad, ha dado total cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, pues de las constancias que allegó a este expediente se advierte que: a) Dejó insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal emitido el cuatro de junio de esa misma anualidad, dictada dentro de la averiguación previa ****/2016; b) El veintiséis de octubre de este año, dictó una nueva resolución en la que analizó la totalidad de los agravios que hizo valer el inconforme Juan Fernando Miranda Macías, aquí quejoso, contestándolos de manera congruente y expresa, y c) Hecho que fue lo anterior, resolvió con libertad de jurisdicción, fundando y motivando la nueva determinación en la que decretó modificar la determinación de no ejercicio de la acción penal de cuatro de junio de dos mil dieciséis, emitida en la indagatoria ****/2016; asimismo, devolvió el aludido expediente al fiscal investigador para que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en la referida resolución. Además, debe destacarse que este tribunal considera que el Primer Subprocurador General de Justicia de Estado, con sede en Ciudad Victoria, no incurrió en exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que no se extralimitó en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, sino que, como se le ordenó, (i) dejó insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 51/2016; (ii) dictó una nueva en la que de manera congruente y expresa atendió todos los agravios que le hizo valer el aquí quejoso, y (iii) con libertad de jurisdicción resolvió lo que estimó pertinente, fundando y motivando su proceder; actuar con el que, a consideración de este órgano jurisdiccional, se atendió el parámetro esencial establecido en la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Tampoco se aprecia defecto, porque la autoridad responsable cumplió con el fin ordenado en la ejecutoria de derechos fundamentales, por lo que, se reitera, la sentencia de amparo fue cumplida. Finalmente, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentido. Notifíquese personalmente. (4)

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Vistos los autos, téngase por recibido el oficio proveniente de la autoridad responsable Primer Subprocurador General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos (fojas 567 y 568), e informa que determinó no enviar las copias solicitadas del escrito de agravios que le fueron solicitadas, con el propósito de que se tuviera por no interpuesto el recurso de revisión presentado en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ya que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria; sin embargo, dado que por auto de veintiuno de los corrientes, se acordó correo electrónico de idéntico contenido, únicamente agréguese para que obre como corresponda. Por otra parte, agréguese para que obre como en derecho corresponda, el escrito signado por el tercero interesado José Heriberto Cantú Deándar, y en atención a su contenido, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tales efectos. Notifíquese. (1)

Quedan 42 actuaciones en este expediente

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