Juan Erasmo Martínez Castellanos
Expediente 324/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 07/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Erasmo Martínez Castellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que ya se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión solicitada, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgado estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, se ordena devolver al Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el tomo de pruebas relativo a las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 539/2018, de su índice. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 324/2019; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. JUAN ERASMO MARTÍNEZ CASTELLANOS, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y Actuario adscrito al Juzgado Civil de Etla, Oaxaca, consistente en la orden de desahucio y su ejecución, actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de once de abril de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, posteriormente ordenó emplazar a la parte tercera interesada, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 539/2018, así como la orden para poner en posesión material a la parte actora en el inmueble adjudicado a su favor; Del Actuario adscrito al Juzgado Civil de Etla, Oaxaca, la ejecución de dicha orden. TERCERO. La juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con la remisión de las copias certificadas deducidas del juicio ejecutivo mercantil 539/2018, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º de la misma Ley. En ese sentido, la negativa expuesta por el Actuario del Juzgado Civil de Etla, Oaxaca, queda desvirtuada, pues de las constancias del referido juicio se advierte dio cumplimiento a la orden reclamada mediante diligencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 15 y 16 del expediente de amparo). CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, de la ley de Amparo, en relación con el 6, de la misma legislación, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Le, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Conforme a tales preceptos, debe decirse que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5, de la citada ley, facultando a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandando el cese de esa afectación y, tal derecho constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, interés que desde luego debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, materia común, página 216, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el caso, de las copias certificadas deducidas del juicio ejecutivo mercantil 539/2018, se desprende que ante el Juzgado Quinto del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se tramitó dicho expediente promovido por Humberto Ramiro Castellanos Torres, endosatario en procuración de Amando Pedro Castellanos Torres, en contra de Janette Martínez Guerra, de quien demando el pago de pesos, asunto en el cual mediante proveído de dos de marzo de dos mil diez, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma (fojas 1, 6 y 7 del expediente de origen); determinación que fue cumplimentada en diligencia de catorce de mayo de dos mil diez, en la cual, en lo que interesa, se decretó el embargo sobre una fracción de terreno ubicada en el paraje denominado "Barrio del Peñasco", en la población de Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: al oriente mide diecisiete metros, y colinda con Camino Nacional; al poniente mide dieciséis metros, y colinda con Elsa Martínez Vásquez; al norte mide cuarenta y ocho metros, cincuenta centímetros, y colinda con Ernesto Cruz Pinelo, y Fernando Cruz Pinelo; al sur mide cuarenta y ocho metros, con cincuenta centímetros, y colinda con Juan García Martínez (fojas 26 y 27 íd.). En diligencia de once de noviembre de dos mil trece, el titular del pagaré base de la acción, endosó en propiedad el mismo a favor de Alicia Gabriela García Martínez (fojas 225 vuelta y 229 ídem). Substanciado el juicio en todas sus etapas, el veintidós de febrero de dos mil once, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se condenó a la demandada al pago de la suerte principal y demás prestaciones (fojas 78 a 82); dicha sentencia causó ejecutoria el treinta de marzo de dos mil once (fojas 101vuelta y 105). En la etapa de ejecución de la sentencia, mediante determinación de doce de septiembre de dos mil trece, se declaró aprobado y fincado el remate del inmueble embargo en los autos del juicio ejecutivo mercantil 539/2018, a favor de la parte actora. Ahora, en proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 431 y 432), se ordenó poner a la adjudicataria en posesión del inmueble embargado en el juicio de origen; determinación que fue ejecutada mediante diligencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 15 y 16 del presente expediente). Constituyendo tales actuaciones los actos reclamados en la presente instancia constitucional. De lo anterior se sigue, que todas las determinaciones dictadas tanto en el juicio ejecutivo mercantil 539/2018, no fueron dictadas en contra de JUAN ERASMO MARTÍNEZ CASTELLANOS, quien no fue demandado, sino de persona distinta, esto es, de Janette Martínez Guerra; y en esa virtud, es evidente que tales actuaciones no afectan la esfera jurídica del inconforme, al no tener fuerza de mandamiento alguno en su contra, concretándose de esa manera la mencionada causal de improcedencia invocada. La referida causa de improcedencia se hace extensiva respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden para poner en posesión material a la parte actora en el inmueble adjudicado a su favor. Ello es así, pues para acreditar JUAN ERASMO MARTÍNEZ CASTELLANOS, el interés jurídico que dice tener respecto del bien inmueble adjudicado en los autos del juicio ejecutivo mercantil 539/2018, exhibió copia certificada de la constancia de posesión de dieciocho de agosto de dos mil catorce, expedida por el Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca, misma que resulta insuficiente para demostrar dicho interés, esto es, que ejerce la posesión de dicho bien raíz. En efecto, pues si bien es cierto, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, también lo es, que debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Así, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña a juico -como en el caso-, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Ello, atento a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Conforme a ello se tiene, que la constancia de posesión exhibida por el quejoso, no constituyen un justo título, apto para demostrar que se incorporó a su esfera jurídica el derecho de posesión que afirma guarda sobre el inmueble adjudicado en el juicio de origen, ya que no fue expedida por la autoridad agraria competente para regular las derechos de tenencia de las tierras agrarias. En efecto, pues los artículos 21, 22, 23, fracción VIII, 32, 33 y 56 de la Ley Agraria, disponen: "Artículo 21. Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo." "Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: [.] VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; [.]." "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Éste habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. [.]." De lo anterior se obtiene que la asamblea de ejidatarios como órgano supremo del ejido, tiene entre otras, como de su competencia exclusiva la regulación de la tenencia de los posesionarios de las tierras pertenecientes al núcleo ejidal, por lo que será a través del reconocimiento efectuado por la asamblea de ejidatarios que se acredite un derecho sobre tierras ejidales. A su vez, el Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, y está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes, así como, en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Le compete representar al núcleo de población y administrar los bienes comunes, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración, así como para pleitos y cobranzas, además, tiene como funciones ejecutar los actos de la asamblea. En ese orden, se evidencia que la documental por medio de la cual pretende el quejoso acreditar el derecho posesorio del inmueble que defiende, resulta ineficaz para estimar que se han generado consecuencias jurídicas a su favor suficientes para acreditar la existencia de ese derecho, ya de la lectura del documento que se analiza, se obtiene que fue expedido por el Comisariado Ejidal, quien carece de facultades para expedir dicho documento. Convine precisar, que una vez celebrada una asamblea de ejidatarios relativa a la regularización de tenencia de posesionarios, y levantada el acta correspondiente, el comisariado estará facultado para expedir la constancia relativa, pues en tal supuesto estaría ejecutando lo acordado por el órgano supremo. Fuera de ese caso, no se encuentra facultado para expedir constancia alguna sin previa autorización de la asamblea de comuneros, ya que de hacerlo, extralimitaría sus facultades y obligaciones conferidas por el artículo 33 de la Ley Agraria. Sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, siempre y cuando la asamblea de comuneros o ejidatarios, la ratifica; porque lo que en realidad está haciendo en tal supuesto dicha asamblea, es ejercer sus atribuciones legales (que como se dijo, tiene conferidas de manera exclusiva), es decir, al ratificar el citado documento, en realidad está expidiéndolo el propio órgano supremo de la comunidad, en ejercicio de sus atribuciones exclusivas, y esta ratificación constituye la manifestación de voluntad del poderdante de aceptar los efectos del negocio realizado por quien dijo ser su representante y lo perfecciona. Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno del Decimotercer Circuito, visible en la página 831, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero." En ese orden de ideas, si la constancia de posesión exhibida por el quejoso, y que fue expedida a su favor por el Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca, no fue ratificada por la asamblea general de comuneros en los términos expuestos, luego, resulta ineficaz para acreditar el interés jurídico que refiere tener sobre el inmueble adjudicado en el juicio de origen, ya que no fue signada por la autoridad comunal competente para ello. Por lo que al actualizarse la invocada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en el juicio en términos del artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 324/2019, promovido por JUAN ERASMO MARTÍNEZ CASTELLANOS, por las razones expuestas en la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que no obra constancia alguna de la que se advierta que la tercera interesada Janette Martínez Gu********************, hubiere sido emplazada a este juicio de amparo; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere, y se fijan nuevamente las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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