Juan Eduardo Caballero Lázaro
Expediente 411/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 411/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Eduardo Caballero Lázaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio y se negó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes depúrese este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que por una parte se negó, y por otra se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), se determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), por lo tanto: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, toda vez que en autos obra constancia del billete de depósito N 901434, exhibido para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional, hágase del conocimiento del quejoso Juan Eduardo Caballero Lázaro, que una vez transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que la tercera interesada haga efectiva la garantía exhibida en el presente incidente de suspensión; cuenta con el plazo de dos años para reclamar la devolución de dicho documento, asimismo, en caso de no hacerlo en el plazo indicado, este Tribunal decretará su prescripción a favor del Erario Federal. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.
- Incidental
PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE TERCERA INTERESADA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que por una parte se negó, y por otra se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), se determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), por lo tanto: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, toda vez que en autos obra constancia del billete de depósito N 901434, exhibido para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional, hágase del conocimiento del quejoso Juan Eduardo Caballero Lázaro, que una vez transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que la tercera interesada haga efectiva la garantía exhibida en el presente incidente de suspensión; cuenta con el plazo de dos años para reclamar la devolución de dicho documento, asimismo, en caso de no hacerlo en el plazo indicado, este Tribunal decretará su prescripción a favor del Erario Federal. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 411/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. JUAN EDUARDO CABALLERO LÁZARO, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al regidor de Hacienda y Mercados de la Villa de Etla, Oaxaca, consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO: EL REQUERIMIENTO QUE SE ME HACE PARA QUE EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS ENTREGUE VOLUNTARIAMENTE EL LOCAL COMERCIAL NÚMERO UNO UBICADO EN EL INTERIOR DEL MERCADO CON VENTA DE FLORES DENOMINADO "LA REYNA DE LAS FLORES" EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL "PORFIRIO DÍAZ" DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ETLA, OAXACA. Requerimiento contenido en el oficio número MVE/TM/22/15 de la Oficina de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca." El cual estima violatorio de sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, la que admitió por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 411/2021; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; y dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 11 - 14). TERCERO. Ampliación de la demanda. Mediante escrito de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno (fojas 72 - 80), el quejoso amplió su demanda de amparo, señaló como autoridades responsables al síndico Municipal y regidor de Hacienda y Mercados de la Villa de Etla, Oaxaca, a quienes les reclamó: ".II. ASÍ TAMBIÉN AMPLÍO EL ACTO RECLAMADO: CONSISTENTE (SIC) LA AMPLIACIÓN EN EL CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES; siguientes: a) La DE SUCESIÓN DE DERECHOS de fecha trece de Julio del año dos mil veinte, a favor de NORMA LETICIA CABALLERO LÁZARO, dictada por la Autoridad Responsable. b) La Resolución de fecha VEINTE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DOS MIL VEINTIUNO, QUE ADJUNTA A SU INFORME JUSTIFICADO LA RESPONSABLE, en la cual se basa la Autoridad Responsable para hacerme el requerimiento de entrega del Local comercial del interior del Mercado Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca, que señalé como Acto Reclamado en mi demanda de Amparo presentada." Por lo que en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno (fojas 81 - 83), se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo, y se requirió a las responsables su informe justificado. CUARTO. Reposición de procedimiento. Seguido el juicio de amparo, el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo (fojas 147 - 156). Inconforme con la referida sentencia, mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso Juan Eduardo Caballero Lázaro, interpuso recurso de revisión en contra de la misma (fojas 167 - 174). Dicho recurso fue resuelto por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quienes mediante sentencia dictada el catorce de julio de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 362/2021, revocaron la sentencia recurrida y ordenaron la reposición del procedimiento, para que este órgano jurisdiccional realizara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente la sentencia recurrida. 2. Dicte un auto en el que de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiera al quejoso para que manifieste si desea señalar como acto reclamado la notificación de la resolución de veinte de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1/2020 y como responsable al notificador adscrito al municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, encargado de efectuar dicha diligencia. 3. Hecho lo anterior, continúe con la secuela procesal como en derecho corresponda." En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, por lo que respecta a la notificación de la resolución de veinte de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1/2020 y como responsable notificador adscrito al municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, encargado de efectuar dicha diligencia (fojas 222 a 224). QUINTO. Ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso amplió su demanda de amparo (foja 235), señaló como autoridad responsable al notificador adscrito al municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, de quien reclamó: "I. NOMBRO EN AMPLIACIÓN DE MI DEMANDA DE AMPARO TAMBIÉN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE: AL CIUDADANO NOTIFICADOR: de nombre MIGUEL ÁNGEL GARCÍA FLORES, adscrito al Municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, quien procedió a hacerme la notificación de la Resolución de veinte (sic) marzo de dos mil veintiuno, en la cual se basa la Autoridad Responsable para hacerme le requerimiento de entrega de mi Local Comercial del Interior del Mercado Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca." Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por lo que en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 236 - 238), y la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamado se atribuyen autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del escrito de demanda y sus ampliaciones se aprecia que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: Del regidor de Hacienda y Mercados de la Villa de Etla, Oaxaca. 1. El oficio MVE/TM/22/15, de catorce de abril de dos mil veintiuno. 2. El acta de trece de julio de dos mil veinte, en que se autorizó la sucesión de derechos de la extinta Reyna Lázaro Regino, a Norma Leticia Caballero Lázaro, del puesto comercial número uno, ubicado al interior del mercado municipal "Porfirio Díaz", con giro para venta de flores. Del regidor de Hacienda y Mercados, así como de la síndico Municipal, ambos de la Villa de Etla, Oaxaca. 3. La resolución dictada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente administrativo 1/2020, derivado de las diligencias desarrolladas en materia administrativa sobre los derechos de uso o aprovechamiento de bienes de dominio público del local comercial número uno, con giro venta de flores denominado "La Reyna de las Flores", ubicado en el interior del mercado municipal "Porfirio Díaz", de la Villa de Etla, Oaxaca; en que se revocó la licencia, derechos del año dos mil trece, así como la posesión que tenía Juan Eduardo Caballero Lázaro, del citado local comercial, y se concedieron los derechos de uso y aprovechamiento del bien de dominio público a Norma Leticia Caballero Lázaro. Del notificador adscrito al municipio de la Villa de Etla, Oaxaca. 4.- La notificación de la resolución de veinte de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el referido expediente 1/2020. TERCERO. Existencia del acto. El regidor de Hacienda y Mercados, así como la síndico Municipal, ambos de la Villa de Etla, Oaxaca, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia de los actos reclamados (fojas 19 - 20 y 89 - 91). Por su parte, el notificador adscrito al municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber quedado notificado de su petición el catorce de septiembre de dos mil veintidós, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos (foja 246); por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, se presume cierto el acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales que el regidor de Hacienda y Mercados, así como la síndico Municipal, ambos de la Villa de Etla, Oaxaca, remitieron como justificación a su informe, obtenidas del expediente administrativo 1/2020, del índice del Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Etla, Oaxaca, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, los actos reclamados se tienen plenamente probados, en términos de la jurisprudencia 305, visible en la página 206, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." De las constancias que obran en el presente juicio biinstancial, consistentes en copias certificadas del expediente administrativo 1/2020, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se observan los siguientes antecedentes: 1. Mediante acta de trece de julio de dos mil veinte, el regidor de Hacienda y Mercados autorizó la sucesión de derechos de la extinta Reyna Lázaro Regino, a Norma Leticia Caballero Lázaro, del puesto comercial número uno, ubicado al interior del mercado municipal "Porfirio Díaz", con giro para venta de flores (fojas 107 - 108). 2. Por resolución dictada en el expediente administrativo 1/2020, el veinte de marzo de dos mil veintiuno, por el regidor de Hacienda y Mercados y la síndico Municipal, ambos del municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, revocaron la licencia y los derechos del año dos mil trece, así como la posesión de Juan Eduardo Caballero Lázaro, sobre el local comercial número uno, con venta de flores denominado "La Reyna de las Flores", ubicado en el interior del mercado municipal "Porfirio Díaz", Villa de Etla, Oaxaca, y concedieron los derechos de uso y aprovechamiento del bien de dominio público (local comercial), a Norma Leticia Caballero Lázaro, como sucesora de los derechos que en vida fue titular Reyna Lázaro Regino (fojas 121 - 124). 3. Resolución que fue notificada al quejoso el veinte de marzo de dos mil veintiuno (foja 125). 4. Con motivo de la resolución a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, mediante oficio MVE/TM/22/15, de catorce de abril de dos mil veintiuno, el regidor de Hacienda y Mercados de la Villa de Etla, Oaxaca, al no haber interpuesto algún recurso en contra de la citada resolución, requirió a Juan Eduardo Caballero Lázaro, para que dentro del término de cinco días, hiciera entrega de forma voluntaria del local comercial número uno, con giro de venta de flores, denominado "La Reyna de las Flores", ubicado en el interior del mercado municipal "Porfirio Díaz", municipio de la Villa de Etla, Oaxaca (foja 126). Ahora bien, en cuanto al acto reclamado consistente en el acta de trece de julio de dos mil veinte, en que el regidor de Hacienda y Mercados, autorizó la sucesión de derechos de la extinta Reyna Lázaro Regino, a Norma Leticia Caballero Lázaro, del puesto comercial número uno, con giro de venta de flores, ubicado al interior del mercado municipal Porfirio Díaz, en la Villa de Etla, Oaxaca, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es así, ya que los antecedentes relatados en párrafos que anteceden, permiten advertir que el acta de trece de julio de dos mil veinte, en que el regidor de Hacienda y Mercados autorizó la sucesión de derechos de la extinta Reyna Lázaro Regino, a Norma Leticia Caballero Lázaro, del puesto comercial número uno, ubicado al interior del mercado municipal Porfirio Díaz, con giro para venta de flores, dejó de tener efectos propios, pues fue sustituida por la resolución de veinte de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo 1/2020, en que se revocó la licencia y los derechos del año dos mil trece, así como la posesión de Juan Eduardo Caballero Lázaro, sobre el local comercial número uno, con giro de venta de flores denominado "La Reyna de las Flores", en el interior del mercado municipal "Porfirio Díaz", Villa de Etla, Oaxaca, y se concedieron los derechos de uso y aprovechamiento de dicho local comercial a Norma Leticia Caballero Lázaro, como sucesora de los derechos que en vida fue titular Reyna Lázaro Regino. Por lo que, la validez del acta de trece de julio de dos mil veinte, ya no depende de ese propio acto, sino de lo determinado en la resolución de veinte de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo 1/2020; y por tanto, la posible violación a algún derecho del quejoso, ya no lo origina el acta reclamada, sino la última resolución en comento. De ahí que el acta reclamada de trece de julio de dos mil veinte, no puede ser materia de análisis en el amparo indirecto y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al actualizarse la citada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en la presente contienda constitucional respecto del aludido acto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. QUINTO. Estudio. No obstante que previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; en el caso, tomando en consideración el estudio que se realizará, la causa relacionada con la extemporaneidad de la demanda de amparo, será analizada en cuanto al fondo, dado que, la parte quejosa, al ampliar su demanda, impugnó la notificación de la resolución de veinte de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1/2020, por el regidor de Hacienda y Mercados, así como por la síndico Municipal, ambos de la Villa de Etla, Oaxaca; por lo que, el análisis de la temporalidad será la base para el estudio de los restantes aspectos planteados por el promovente. Por ello, por cuestión de técnica, previo al estudio de la constitucionalidad de la notificación practicada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, se analizará la legalidad de su respectiva notificación, pues con base en ello, se determinará a partir de qué fecha el quejoso debió promover amparo. Ahora bien, toda vez que los actos reclamados provienen de un asunto en materia administrativa, en el que la materia del juicio se constriñe al estudio estricto de los conceptos de violación propuestos; luego no cabe la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2000, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA: Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado". Destacado lo anterior, se considera que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso devienen inoperantes. Es así, pues los mismos no combaten los fundamentos y argumentos asentados por el notificador adscrito al municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, en la diligencia de notificación de veinte de marzo de dos mil veintiuno, en que se notificó la resolución de la misma fecha, dictada en el expediente administrativo 1/2020, que se impugna en esta instancia constitucional. La diligencia de notificación de veinte de marzo de dos mil veintiuno, cuya imagen se inserta a continuación, dice: Ahora bien, el quejoso para combatir dicha diligencia de notificación, formuló los siguientes conceptos de violación: 1. Se viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 constitucional, porque Miguel Ángel García Flores, notificador adscrito al municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, fue quien personalmente le hizo la notificación entregándole un sobre cerrado que contenía la resolución de veinte de marzo de dos mil veintiuno, en que se basó la responsable para requerirle la entrega de su local comercial, sin que exista juicio previo al acto reclamado. 2. Se viola el artículo 16 constitucional, porque se le trata de privar de sus posesiones y derechos sin que exista nombramiento (sic) judicial en su contra que funde y motive la causa legal del procedimiento; además, que el síndico municipal, regidor municipal del municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, no fundan ni motiva la causa legal del procedimiento, violando el principio de legalidad. De los conceptos de violación anteriormente transcritos, válidamente se puede concluir, el peticionario JUAN EDUARDO CABALLERO LÁZARO, no combate los razonamientos y fundamentos asentados por el notificador responsable con los que tuvo por hecha la notificación al quejoso, de la resolución dictada el veinte de marzo de dos mil veintiuno; esto es, plasmar razonamientos suficientes encaminados a desvirtuar porqué la notificación reclamada, no fue realizada o fue elaborada sin cumplir con los requisitos exigidos en la ley aplicable. Por el contrario, el ahora quejoso únicamente se concretó a señalar que se viola la garantía de legalidad, contenida en el artículo 14 constitucional, porque el notificador le hizo entrega de un sobre que contenía la resolución de veinte de marzo de dos mil veintiuno, sin existir juicio previo; además que se viola el artículo 16 constitucional, porque se le trata de privar de sus posesiones y derechos sin que exista mandamiento judicial en su contra que funde y motive la causa legal del procedimiento; además, que el síndico municipal y regidor municipal, ambos del municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, no fundan ni motivan la causa legal del procedimiento, violando el principio de legalidad De ahí que, la inoperancia de sus conceptos de violación, trae como consecuencia, que la notificación reclamada deba continuar incólume y rigiendo en el sentido en que se emitió. Es orientadora la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, página 1138, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Sin que tampoco proceda el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la causa de pedir, pues si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de 2a./J. 63/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, página trescientos veintitrés, ha determinado que no es necesario que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades rígidas y solemnes para proceder a su estudio, pues basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, sin embargo, la misma Sala ha señalado que para que esto último ocurra, es necesario que se exprese con claridad cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, y los motivos que originaron ese agravio; lo que no sucede en la especie, dado que el peticionario, no señala con claridad cuál es esa lesión que se le ocasiona, ni los motivos que la originan. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 38, Novena Época, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." De esta forma, al no haberse formulados conceptos de violación encaminados en comprobar la ilegalidad de la notificación reclamada, se concluye que el quejoso quedó notificado de la resolución dictada en el expediente administrativo 1/2020, el veinte de marzo de dos mil veintiuno, en la misma fecha. Ahora bien, ya que la resolución que reclama dictada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente administrativo 1/2020, en que se revocó la licencia y los derechos del año dos mil trece, así como la posesión de Juan Eduardo Caballero Lázaro, sobre el local comercial número uno, con giro de venta de flores denominado "La Reyna de las Flores", ubicado en el interior del mercado municipal "Porfirio Díaz", Villa de Etla, Oaxaca, y se concedieron los derechos de uso y aprovechamiento de dicho local comercial a Norma Leticia Caballero Lázaro, como sucesora de los derechos que en vida fue titular Reyna Lázaro Regino, se notificó personalmente al quejoso el veinte de marzo de dos mil veintiuno (foja 123). En tal sentido, el artículo 49, fracción I, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece que las notificaciones personales surten efectos al día hábil siguiente del que se hubiesen realizado. Entonces, el referido plazo de quince días para presentar la demanda de amparo inició el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, y concluyó el catorce de abril del mismo mes y año, sin contar los días veintisiete, veintiocho y treinta y uno de marzo, así como uno, dos, tres, cuatro, diez y once de abril de ese año por haber sido inhábiles. Luego, si el escrito de ampliación de demanda en que se reclamó la referida resolución, fue presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor y, por ende, la demanda de amparo promovida resulta EXTEMPORÁNEA. Por lo tanto, al resultar extemporánea la acción constitucional contra la resolución que reclama dictada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente administrativo 1/2020, los motivos de disenso expresados en contra de la misma devienen inoperantes, pues cualesquiera que fueran los vicios que se le atribuye, no varía el hecho de estar fuera de término para controvertirlos a través del juicio de amparo. Se invoca en apoyo, por su sentido, la jurisprudencia VII.2o.C. J/10 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a página 2412, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. ORDEN Y MÉTODO A SEGUIR EN EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO SE IMPUGNE TANTO LA SENTENCIA DEFINITIVA COMO LA ORDEN DE NOTIFICACIÓN. Cuando en amparo directo se controvierta tanto la sentencia definitiva como la orden de notificación, al constituir ésta parte de la litis, la forma de estudiar el asunto se torna particular por su naturaleza misma; por lo cual, en primer término, debe atenderse al concepto de violación donde se controvierta la orden de notificación del acto reclamado, ya que de resultar fundado y no haber algún otro en relación con el fondo del asunto, la concesión del amparo será para el efecto de que se practique correctamente la referida comunicación. En caso de existir conceptos de violación en relación con el fondo del asunto, la sentencia reclamada se tendrá como notificada en la fecha de presentación de la demanda y se tendrá que analizar lo correspondiente. De ser ineficaz aquél, deberá decretarse la inoperancia de los restantes y a la postre la negativa del amparo." Misma suerte que sigue el distinto acto reclamado consistente en el oficio MVE/TM/22/15, de catorce de abril de dos mil veintiuno, ya que consiste en un acto derivado uno consentido, consistente en la resolución dictada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente administrativo 1/2020. Para que se considere que existe un acto que no es sino la consecuencia necesaria de otro consentido, debe considerarse la existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; que se emita un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél; y, que la situación jurídica del quejoso sea la misma frente al acto anterior, que frente al posterior. Dicho consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de garantías, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o nulificarlos y, por ello, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado consistente en el oficio MVE/TM/22/15, de catorce de abril de dos mil veintiuno, en que se le requirió para que en el término de cinco días entregara de forma voluntaria el local comercial número uno, con giro de venta de flores denominado "La Reyna de las Flores", que se localiza en el interior del mercado municipal "Porfirio Díaz", municipio de la Villa de Etla, Oaxaca; no es más que la consecuencia de la resolución dictada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente administrativo 1/2020, que aun cuando fue combatida mediante el juicio de amparo indirecto, éste se promovió fuera del plazo de quince días que concede la Ley de Amparo a los gobernados. Por lo que al haber sido promovido el juicio de amparo indirecto, en contra de la resolución de veinte de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo 1/2020, fuera del plazo que prevé la Ley de Amparo, consintió el oficio en que se le requirió la entrega del local. En consecuencia, los motivos de disenso expresados en contra del oficio MVE/TM/22/15, de catorce de abril de dos mil veintiuno, devienen inoperantes. Así, al resultar inoperantes los conceptos de violación formulados, lo precedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 411/2021, promovido por Juan Eduardo Caballero Lázaro, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Eduardo Caballero Lázaro, en términos del considerando quinto de esta resolución, contra de los actos reclamados identificados con los números uno, tres y cuatro del considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 25 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Juan de Dios Ruíz Serret1269/2022
- Juan de la Cruz Clavel López1073/2019
- Juan de la Cruz Meraz Reynoso535/2023
- Juan Diego Valentín Ramos1850/2016
- Juan Domingo García Gómez323/2019
- Juan Edgardo González Ramos427/2018
- Juan Edy García Coronado835/2023
- Juan Edy García Coronado826/2023
- Juan Enit Vásquez Regalado562/2017
- Juan Enit Vázquez Regalado368/2017
- Juan Erasmo Martínez Castellanos324/2019
- Juan Erick García Vásquez604/2022