Juan Esteban López Saguilán
Expediente 1056/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 14/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Esteban López Saguilán
- Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Juquila, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, toda vez que el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del presente expediente, resulta innecesaria la permanencia del disco DVD, que remitió la Jueza adscrita al Juzgado de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, en apoyo a su informe justificado que se acordó en auto de veintinueve de julio de dos mil dieciséis (foja 47); por tanto, se ordena devolver dicho DVD a la citada autoridad. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior y al advertirse que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgador estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: a).- Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria: b).- En su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico el original de este incidente y procédase a la digitalización de la resolución relativa a su otorgamiento. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada con fecha veintisiete de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1056/2016; yR E S U L T A N D O:PRIMERO. JUAN ESTEBAN LÓPEZ SAGUILÁN, mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, jueces Primero y Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, juez de Garantía en materia Penal de Puerto Escondido, Oaxaca, juez de Garantía en materia Penal de Pinotepa Nacional, Oaxaca, juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, Oaxaca, Subprocurador Regional de la Costa con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, Comandante del Grupo de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones, Comandante del Grupo de Robo de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del Grupo FERI (Fuerza Especial de Reacción Inmediata), Comandante Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Costa, y Comandante o Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones en Pinotepa Nacional, Oaxaca, que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución, el cual estimó violatorio de sus derechos fundamentales contendidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, este Juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, emplazó a juicio a la parte tercera interesada, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual culminó con el resultado del acta que antecede.C O N S I D E R A N D O:PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.SEGUNDO. Las autoridades responsables, con excepción de la jueza de control en materia penal de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Es aplicable en la especie la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, bajo el rubro y texto literal siguiente. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".TERCERO. La jueza de control en materia penal de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como justificación del mismo, como lo es un disco digital versátil DVD, el cual adquiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, y en términos de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes:"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga".En ese sentido, la negativa expuesta por el Agente Estatal de Investigaciones destacamentado en Pinotepa Nacional, Oaxaca, queda desvirtuada, al tratarse de una autoridad de forzosa ejecución del acto reclamado (orden de aprehensión).CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público.En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece:"Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente:.XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."En efecto, pues conforme a las constancias de autos se advierte, dentro de los autos de la causa penal 186/2016, del índice del juzgado de control en materia penal en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, instruida en contra del quejoso JUAN ESTEBAN LÓPEZ SAGUILÁN, mediante resolución de diez de junio de dos mil dieciséis, se libró orden de aprehensión en su contra por el hecho que la ley señala como el delito de lesiones calificadas con ventaja.Ahora, conforme a los oficios agregados en la audiencia de ley, remitidos por la jueza responsable, se advierte que en audiencia privada de dieciocho de octubre del año en curso, y a petición del Agente del Ministerio Público, se canceló el mandamiento aprehensorio reclamado, lo que se corrobora con los puntos resolutivos que envió la referida autoridad judicial. Luego entonces, al haber cancelado la autoridad judicial responsable el mandamiento privativo de libertad con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, quedando como consecuencia sin efectos la misma, ello conlleva a establecer cesaron los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y conduce a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento.Es aplicable al caso la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.".Los criterios invocados en la presente sentencia, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta.Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se:R E S U E L V E:ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 1056/2016, promovido por JUAN ESTEBAN LÓPEZ SAGUILÁN.NOTIFÍQUESE.
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