Juan Elías Raudry de Río
Expediente 1149/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Elías Raudry de Río
Actuaciones
- Principal
En trece de octubre de dos mil veintidós, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del treinta de septiembre al seis de octubre del presente año. Con la anterior certificación se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del catorce de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el licenciado Jaime Santillán Chávez, CERTIFICA: Que el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se previno a la quejosa, fue notificado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, y el cumplimiento de prevención se presentó el veintiuno del presente mes y año, Doy Fe. En la propia fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 17014.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito mediante el cual se tiene que a Juan Elías Raudry de Río, dando cumplimiento al requerimiento formulado el trece de septiembre de dos mil veintidós, y del cual se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto es procedente desechar de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción fracción XXIII, en relación con el arábigo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". La fracción XXIII del dispositivo 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de garantías, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional; es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso numeral 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del ordinal 107, fracción IV, de la Ley de la Materia, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, oportunidad en la que de igual forma pueden reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. De igual manera, con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo primero de la fracción IV del precepto 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior lo realizó a través de la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, abril de dos mil uno, materia común, Registro 190035 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En el caso que nos ocupa, de los hechos y conceptos de violación expresados por la parte quejosa, mismos que formuló bajo protesta de decir verdad, se aprecia que reclama el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil de Zacatecas, Zacatecas, donde se requirió a la parte quejosa, para el pago a un remanente por cubrir en la condena decretada en los autos de referencia . Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa se advierte: ".Conforme con lo que el Código de Comercio establece, al no tener la sentencia dictada en el sumario medio de defensa ordinario para hacer valer y toda vez que, no fue recurrida por el suscrito a través de la promoción del juicio de amparo directo como medio de defensa para ello, esta causo ejecutoria por ministerio de ley. De lo anterior tenemos que, como consecuencia de que la sentencia haya causado ejecutoria, el endosatario en procuración de la parte actora material inicio con el procedimiento de remate .". Es decir existe una resolución en el juicio de origen, la cual debe ser cumplida, pues la misma causó estado. Respecto a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. No obstante, la sentencia que reclama no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos. Por ello, la resolución combatida en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa, es decir, contra aquella en donde se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, Registro 178441, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." De ahí que se reitere, que lo reclamado por el promovente no es la última resolución para acudir en amparo indirecto, en virtud de constituir una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un procedimiento en el cual el promovente del amparo, ya fue oído y vencido, por lo que se evidencia que el acto que se reclama, aún no se ejecuta en su totalidad, toda vez que no se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sino que, por el contrario, a la fecha se encuentra pendiente el que se lleve a cabo tal orden, por lo que, se insiste, tal actuar no puede considerarse como la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. Apoya por analogía a lo anterior, el siguiente criterio: Registro digital: 173390 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: XXIII.3o.17 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Febrero de 2007, página 1612 Tipo: Aislada AMPARO INDIRECTO. LOS ACTOS POSTERIORES A LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE APRUEBA O DESAPRUEBA EL REMATE, AUN CUANDO ESTÉN VINCULADOS CON ÉSTE, DEBEN IMPUGNARSE HASTA QUE SE DICTE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en la vía indirecta puede promoverse con base en dos supuestos, a saber: el primero -previsto en el párrafo segundo- contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, pero sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso; y el segundo -contenido en el párrafo tercero- tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. A partir de lo anterior, si en el procedimiento respectivo se llegó al remate, sea porque así lo ordenó la sentencia definitiva o porque para darle cumplimiento a ésta hubo necesidad de realizar embargo y subasta de bienes, y ya ha sido dictada la resolución en la que aquél se aprueba o desaprueba, los actos posteriores a dicha resolución, aun aquellos que se encuentren vinculados con el remate, verbigracia, el requerimiento al adjudicatario para que exhiba el remanente del precio del bien adjudicado, así como el requerimiento al demandado para que otorgue al adjudicatario la escritura o factura de los bienes respectivos, entre otros, deben impugnarse en amparo hasta que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, la cual no puede ser otra que aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento. Es así, porque una vez dictada la resolución en la que se aprueba o desaprueba el remate, los actos posteriores forman parte del procedimiento que las legislaciones ordinarias prevén para lograr la ejecución de una sentencia ejecutoriada. Además, sostener que el amparo indirecto procede contra cualquier acto dictado con posterioridad al acto del remate -resolución en la que éste se aprueba o desaprueba- se pasaría por alto uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó las reglas de procedencia del amparo con base en la fracción en análisis, ya que se daría pauta para que el juicio de amparo biinstancial pudiera promoverse contra cualquier acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, después de aprobado o desaprobado el remate, sin que fuera la resolución que declara cumplida, expresa o tácitamente la sentencia o la determinación de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplimentarla. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que se impone es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos promovida por Juan Elías Raudry de Río, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la citada ley de la materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
CUENTA. El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el licenciado Jaime Santillán Chávez, CERTIFICA: Que el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se previno a la quejosa, fue notificado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, y el cumplimiento de prevención se presentó el veintiuno del presente mes y año, Doy Fe. En la propia fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 17014.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito mediante el cual se tiene que a Juan Elías Raudry de Río, dando cumplimiento al requerimiento formulado el trece de septiembre de dos mil veintidós, y del cual se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto es procedente desechar de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción fracción XXIII, en relación con el arábigo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". La fracción XXIII del dispositivo 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de garantías, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional; es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso numeral 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del ordinal 107, fracción IV, de la Ley de la Materia, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, oportunidad en la que de igual forma pueden reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. De igual manera, con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo primero de la fracción IV del precepto 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior lo realizó a través de la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, abril de dos mil uno, materia común, Registro 190035 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En el caso que nos ocupa, de los hechos y conceptos de violación expresados por la parte quejosa, mismos que formuló bajo protesta de decir verdad, se aprecia que reclama el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil de Zacatecas, Zacatecas, donde se requirió a la parte quejosa, para el pago a un remanente por cubrir en la condena decretada en los autos de referencia . Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa se advierte: ".Conforme con lo que el Código de Comercio establece, al no tener la sentencia dictada en el sumario medio de defensa ordinario para hacer valer y toda vez que, no fue recurrida por el suscrito a través de la promoción del juicio de amparo directo como medio de defensa para ello, esta causo ejecutoria por ministerio de ley. De lo anterior tenemos que, como consecuencia de que la sentencia haya causado ejecutoria, el endosatario en procuración de la parte actora material inicio con el procedimiento de remate .". Es decir existe una resolución en el juicio de origen, la cual debe ser cumplida, pues la misma causó estado. Respecto a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. No obstante, la sentencia que reclama no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos. Por ello, la resolución combatida en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa, es decir, contra aquella en donde se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, Registro 178441, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." De ahí que se reitere, que lo reclamado por el promovente no es la última resolución para acudir en amparo indirecto, en virtud de constituir una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un procedimiento en el cual el promovente del amparo, ya fue oído y vencido, por lo que se evidencia que el acto que se reclama, aún no se ejecuta en su totalidad, toda vez que no se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sino que, por el contrario, a la fecha se encuentra pendiente el que se lleve a cabo tal orden, por lo que, se insiste, tal actuar no puede considerarse como la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. Apoya por analogía a lo anterior, el siguiente criterio: Registro digital: 173390 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: XXIII.3o.17 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Febrero de 2007, página 1612 Tipo: Aislada AMPARO INDIRECTO. LOS ACTOS POSTERIORES A LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE APRUEBA O DESAPRUEBA EL REMATE, AUN CUANDO ESTÉN VINCULADOS CON ÉSTE, DEBEN IMPUGNARSE HASTA QUE SE DICTE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en la vía indirecta puede promoverse con base en dos supuestos, a saber: el primero -previsto en el párrafo segundo- contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, pero sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso; y el segundo -contenido en el párrafo tercero- tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. A partir de lo anterior, si en el procedimiento respectivo se llegó al remate, sea porque así lo ordenó la sentencia definitiva o porque para darle cumplimiento a ésta hubo necesidad de realizar embargo y subasta de bienes, y ya ha sido dictada la resolución en la que aquél se aprueba o desaprueba, los actos posteriores a dicha resolución, aun aquellos que se encuentren vinculados con el remate, verbigracia, el requerimiento al adjudicatario para que exhiba el remanente del precio del bien adjudicado, así como el requerimiento al demandado para que otorgue al adjudicatario la escritura o factura de los bienes respectivos, entre otros, deben impugnarse en amparo hasta que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, la cual no puede ser otra que aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento. Es así, porque una vez dictada la resolución en la que se aprueba o desaprueba el remate, los actos posteriores forman parte del procedimiento que las legislaciones ordinarias prevén para lograr la ejecución de una sentencia ejecutoriada. Además, sostener que el amparo indirecto procede contra cualquier acto dictado con posterioridad al acto del remate -resolución en la que éste se aprueba o desaprueba- se pasaría por alto uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó las reglas de procedencia del amparo con base en la fracción en análisis, ya que se daría pauta para que el juicio de amparo biinstancial pudiera promoverse contra cualquier acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, después de aprobado o desaprobado el remate, sin que fuera la resolución que declara cumplida, expresa o tácitamente la sentencia o la determinación de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplimentarla. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que se impone es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos promovida por Juan Elías Raudry de Río, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la citada ley de la materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
CUENTA. El trece de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Juan Elías Raudry de Río, registrada con el número de folio 16688. La circunstancia de que Lauro Martínez Flores, tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Luis Carlos Hernández Tinoco, Karla Guadalupe Hernández, Jesús Manuel Valerio Pérez e Iraida Albertina García López. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Elías Raudry de Río, contra actos de Juzgado de Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil de Zacatecas, Zacatecas y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1149/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; (.) Por su parte, el numeral 108, fracciones III y V de la ley de la materia en consulta, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisito entre otros, que se precisen los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación Ahora bien de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo mercantil; sin embargo, la parte quejosa omite manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes de dicho expediente; lo anterior se corrobora de las constancias anexadas de las cuales destaca el auto de dieciséis de agosto del presente año, dictado en el expediente 597/2019, del índice de la responsable, donde se advierte que la parte quejosa es parte demandada en dicho asunto. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Deberá ampliar los antecedentes de los actos reclamados, precisando de manera cronológica la etapa procesal en que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, del índice de la responsable; es decir, si existe sentencia firme, si la misma causó estado, o existe algún medio de impugnación vigente. En caso de que exista sentencia ejecutoriada, mencione el sentido de la misma. Además, precise si dicho expediente se encuentra en etapa de cumplimiento de sentencia, y en caso afirmativo, indique la etapa procesal. Exhiba las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes y formar el cuaderno de suspensión por separado; salvo que el cumplimiento de la prevención se realice de forma electrónica en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia Exhiba una copia más de su escrito de demanda de amparo, toda vez que sólo exhibió cinco, siendo seis las necesarias para distribuirse entre las partes de la siguiente manera: a) dos para las autoridades responsables, b) una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, c) dos para la apertura del incidente de suspensión, y d) una para la parte tercera interesada. Además, dicha circunstancia debe ser precisada por la parte promovente y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, pues con tal información se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así la autoridad responsable estará en aptitud de rendir su informe justificado, en relación con la actuación que se le atribuye, sin incurrir en omisiones que no le sean imputables a ésta, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Se precisa a la parte quejosa que este Juzgado Federal tiene la obligación legal de velar por la estricta observancia de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo que aquí interesa, dicha obligación se contrae a asumir la máxima diligencia y cuidado porque el presente juicio de amparo se tramite a la luz y en estricto apego de sus disposiciones legales, entre las cuales, es pertinente traer a cuenta el contenido del artículo 261, fracción I, de la citada ley, que es del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". (Lo resaltado es ajeno al texto legal). Además, se hace del conocimiento del quejoso que es el quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por la propia promovente del amparo, ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamo o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con la salvedad de que, de no exhibir las dos copias que le son requeridas para ordenar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, así como las dos copias de la demanda de amparo, se postergará su apertura, hasta en tanto exhiba las copias requeridas; esto último, en términos del último párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia por contradicción de tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 186297 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Agosto de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 86/2002 Página: 245 DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente se tiene como autorizado en términos amplios que confiere el artículo 12 de la ley de la Ley de Amparo a Lauro Martínez Flores, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a Luis Carlos Hernández Tinoco, Karla Guadalupe Hernández, Jesús Manuel Valerio Pérez e Iraida Albertina García López; por no contar con dicho registro; además, se tiene como domicilio procesal el indicado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.
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