Juan Díaz de León Luevano

Expediente 28/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
28/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • Juan Díaz de León Luevano

Actuaciones

  1. Principal

    El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiséis de enero al uno de febrero del año en curso, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho de enero pasado, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el dieciséis de enero de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda promovida por Juan Díaz de León Luévano, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  2. Principal

    El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se da cuanta con la razón actuarial que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa, toda vez que al constituirse en el domicilio ubicado en Calle Antonio de Triana sin número, colonia Lomas del Patrocinio, de esta ciudad (Centro de Operaciones Estratégicas de Zacatecas), fue atendido por una persona del sexo femenino, quien dijo ser recepcionista quien manifestó que no podía recibir ninguna notificación, en razón de que no conoce al quejoso Juan Díaz de León Luevano ni tampoco a su autorizado e ignora por que hayan señalado ese domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se ordena realizar la notificación del auto de dieciséis del mes y año en curso, por medio de lista que se fija y publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme lo establece los numerales 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. Ajc. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 16 DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICXULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. " CUENTA. El dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Juan Díaz de León Luévano, registrada con el folio 674. La circunstancia de que el licenciado Fernando González Espinoza cuenta con cédula profesional número 4521474 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Díaz de León Luévano, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 28/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: De la segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, reclama: Resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 194/2017, la cual confirmó la diversa de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se abrió el debate respecto a las pruebas ofrecidas y admitidas por la defensa de José Manuel De la Cruz Reyes y José de Jesús González Silva y se decretó la apertura a juicio oral en la causa penal 12/2016, instruida a los referidos imputados, por su responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio del ahora quejoso. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, para desechar de plano la demanda de amparo, es necesario que la causal de improcedencia sea manifiesta e indudable; debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurarla ni tampoco puedan desvirtuar su contenido; en el entendido que, de no actualizarse esos requisitos, existir indecisión o se requieran datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza, no puede ser desechada. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el primero textualmente dispone: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.).". Del precepto legal antes transcrito, se colige que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y que dichos actos son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. En ese contexto, por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivadas del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la siguiente jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página: 39: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así pues, los actos tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el juez de control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el juez de control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 347 del código en consulta, deberá indicar: "Artículo 347. Auto de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar: El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; La individualización de los acusados; Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado." También es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el juez de control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos los sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicanos, el juicio de amparo indirecto promovido por el recurrente en contra del auto de apertura a juicio oral es improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. Resulta aplicable por identidad de razones la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En suma, por regla general, el auto de apertura del juicio oral define cuestiones de carácter meramente procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Ahora bien, del análisis que se realiza de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional en su calidad de ofendido en la causa penal 12/2016 instruida a José Manuel De la Cruz Reyes y José de Jesús González Silva, por su responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, radicado ante el juzgado de Control del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, que confirmó la diversa interlocutoria de cuatro de septiembre del dos mil diecisiete, en el que se abrió el debate respecto a las pruebas ofrecidas y admitidas por la defensa los imputados y se decretó la apertura a juicio oral en la citada causa. Así, el acto reclamado se concreta en la resolución que confirmó el auto de apertura del juicio oral. La inconformidad toral base de la demanda de amparo descansa en la admisión de pruebas a la defensa. Entonces, se colige que la resolución reclamada no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón que el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio, por regla general, no es un acto de imposible reparación, ya que define cuestiones de carácter procesal, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos. De lo anterior se sigue que debe existir una base objetiva para poder considerar que dicha determinación viola derechos sustantivos, pues por sí solo, como se expuso, únicamente involucra cuestiones adjetivas. Por tanto, si a la fecha no ha concluido la etapa de juicio, la resolución reclamada al no haberse pronunciado la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento, los efectos que trae consigo no pueden considerarse actos dentro de juicio que tengan sobre la parte quejosa una afectación a sus derechos sustantivos y que deban de considerarse de imposible reparación, en términos de la premisa expuesta, porque solamente afectan derechos adjetivos o procesales, siendo hasta que se pronuncie la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento con la que concluya etapa de juicio, cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, ya que puede suceder que dicho fallo sea favorable a sus intereses y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer como una violación procesal al interponer recurso de apelación contra dicha sentencia. En efecto, el numeral 107 constitucional establece como regla general que tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso; o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa; hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en un diverso amparo indirecto. De ahí que la resolución reclamada en la que se decretó la apertura a juicio oral en la citada causa, no constituye un acto que le cause un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional. Ello, en tanto que existe la posibilidad que la sentencia dictada por el tribunal de enjuiciamiento con la cual se concluya la etapa de juicio penal acusatorio, de donde emana el acto reclamado, no sea favorable a sus intereses puede hacerlo valer como una violación procesal en el recurso de apelación que promueva en contra dicho fallo, siendo precisamente ahí en donde podrá determinarse si el acto ahora reclamado y sus consecuencias causan o no perjuicio a los intereses del hoy quejoso, en términos del dispositivo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior tomando en cuenta que no existe algún dato objetivo que permita concluir, de manera preliminar, que la resolución reclamada incide en derechos sustantivos, es decir, distintos de los adjetivos que, por regla general, como se consideró, integran la materia del acto reclamado. De ahí que resulte innecesaria la tramitación del presente juicio, pues es patente que únicamente se analizarían cuestiones procesales del juicio natural, relativas a la pertinencia y oportunidad de las pruebas ofrecidas por la defensa. Lo expuesto, pues no se combate el desahogo de una prueba que pueda incidir en derechos sustantivos de la parte quejosa, al centrarse la reclamación en la admisión de una testimonial ofrecida por la defensa. Bajo esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Díaz de León Luévano. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el ocursante, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Fernando González Espinoza, toda vez que cuenta con cédula profesional número 4521474 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Antonio de Triana sin número, colonia Lomas del Patrocinio, de esta ciudad (Centro de Operaciones Estratégicas de Zacatecas). Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Jorge Martín Zamora González, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CUENTA. El dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Juan Díaz de León Luévano, registrada con el folio 674. La circunstancia de que el licenciado Fernando González Espinoza cuenta con cédula profesional número 4521474 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Díaz de León Luévano, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 28/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: De la segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, reclama: Resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 194/2017, la cual confirmó la diversa de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se abrió el debate respecto a las pruebas ofrecidas y admitidas por la defensa de José Manuel De la Cruz Reyes y José de Jesús González Silva y se decretó la apertura a juicio oral en la causa penal 12/2016, instruida a los referidos imputados, por su responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio del ahora quejoso. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, para desechar de plano la demanda de amparo, es necesario que la causal de improcedencia sea manifiesta e indudable; debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurarla ni tampoco puedan desvirtuar su contenido; en el entendido que, de no actualizarse esos requisitos, existir indecisión o se requieran datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza, no puede ser desechada. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el primero textualmente dispone: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.).". Del precepto legal antes transcrito, se colige que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y que dichos actos son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. En ese contexto, por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivadas del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la siguiente jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página: 39: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así pues, los actos tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el juez de control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el juez de control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 347 del código en consulta, deberá indicar: "Artículo 347. Auto de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar: El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; La individualización de los acusados; Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado." También es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el juez de control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos los sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicanos, el juicio de amparo indirecto promovido por el recurrente en contra del auto de apertura a juicio oral es improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. Resulta aplicable por identidad de razones la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En suma, por regla general, el auto de apertura del juicio oral define cuestiones de carácter meramente procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Ahora bien, del análisis que se realiza de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional en su calidad de ofendido en la causa penal 12/2016 instruida a José Manuel De la Cruz Reyes y José de Jesús González Silva, por su responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, radicado ante el juzgado de Control del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, que confirmó la diversa interlocutoria de cuatro de septiembre del dos mil diecisiete, en el que se abrió el debate respecto a las pruebas ofrecidas y admitidas por la defensa los imputados y se decretó la apertura a juicio oral en la citada causa. Así, el acto reclamado se concreta en la resolución que confirmó el auto de apertura del juicio oral. La inconformidad toral base de la demanda de amparo descansa en la admisión de pruebas a la defensa. Entonces, se colige que la resolución reclamada no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón que el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio, por regla general, no es un acto de imposible reparación, ya que define cuestiones de carácter procesal, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos. De lo anterior se sigue que debe existir una base objetiva para poder considerar que dicha determinación viola derechos sustantivos, pues por sí solo, como se expuso, únicamente involucra cuestiones adjetivas. Por tanto, si a la fecha no ha concluido la etapa de juicio, la resolución reclamada al no haberse pronunciado la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento, los efectos que trae consigo no pueden considerarse actos dentro de juicio que tengan sobre la parte quejosa una afectación a sus derechos sustantivos y que deban de considerarse de imposible reparación, en términos de la premisa expuesta, porque solamente afectan derechos adjetivos o procesales, siendo hasta que se pronuncie la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento con la que concluya etapa de juicio, cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, ya que puede suceder que dicho fallo sea favorable a sus intereses y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer como una violación procesal al interponer recurso de apelación contra dicha sentencia. En efecto, el numeral 107 constitucional establece como regla general que tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso; o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa; hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en un diverso amparo indirecto. De ahí que la resolución reclamada en la que se decretó la apertura a juicio oral en la citada causa, no constituye un acto que le cause un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional. Ello, en tanto que existe la posibilidad que la sentencia dictada por el tribunal de enjuiciamiento con la cual se concluya la etapa de juicio penal acusatorio, de donde emana el acto reclamado, no sea favorable a sus intereses puede hacerlo valer como una violación procesal en el recurso de apelación que promueva en contra dicho fallo, siendo precisamente ahí en donde podrá determinarse si el acto ahora reclamado y sus consecuencias causan o no perjuicio a los intereses del hoy quejoso, en términos del dispositivo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior tomando en cuenta que no existe algún dato objetivo que permita concluir, de manera preliminar, que la resolución reclamada incide en derechos sustantivos, es decir, distintos de los adjetivos que, por regla general, como se consideró, integran la materia del acto reclamado. De ahí que resulte innecesaria la tramitación del presente juicio, pues es patente que únicamente se analizarían cuestiones procesales del juicio natural, relativas a la pertinencia y oportunidad de las pruebas ofrecidas por la defensa. Lo expuesto, pues no se combate el desahogo de una prueba que pueda incidir en derechos sustantivos de la parte quejosa, al centrarse la reclamación en la admisión de una testimonial ofrecida por la defensa. Bajo esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Díaz de León Luévano. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el ocursante, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Fernando González Espinoza, toda vez que cuenta con cédula profesional número 4521474 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Antonio de Triana sin número, colonia Lomas del Patrocinio, de esta ciudad (Centro de Operaciones Estratégicas de Zacatecas). Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Jorge Martín Zamora González, secretaria que autoriza. Doy fe.

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