Juan Enrique Vazcones Hernández

Expediente 6/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 55 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
6/2018
Año
2018
Actuaciones
55
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Juan Enrique Vazcones Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 55.

  1. Principal

    El quince de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 3539. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a quince de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el telegrama de cuenta que remite el director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-GUANAJUATO", del Órgano Administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ocampo, a través del director jurídico, mediante el cual rinde informe justificado. Ahora bien, toda vez que mediante resolución pronunciada por este juzgado, el veintiséis de junio del año en curso, se declaró que era competente para conocer del juicio de amparo 6/2018, del índice de este juzgado, el juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, remitiendo los autos del mismo, correspondiendo al Sexto; por tanto, a fin de no retardar la impartición de justicia, remítasele la promoción de cuenta al juzgado competente a fin de que provea lo conducente, previa copia de ésta que se deje en el presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy*

  2. Principal

    El doce de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 18391. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a doce de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibo el telegrama de cuenta que remite el director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-GUANAJUATO", del Órgano Administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ocampo, mediante el cual rinde informe justificado. Ahora bien, toda vez que mediante resolución pronunciada por este juzgado, el veintiséis de junio del año en curso, se declaró que era competente para conocer del juicio de amparo 6/2018, del índice de este juzgado, el juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, remitiendo los autos del mismo, correspondiendo al Sexto; por tanto, a fin de no retardar la impartición de justicia, remítasele la promoción de cuenta al juzgado competente a fin de que provea lo conducente, previa copia de ésta que se deje en el presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy*

  3. Principal

    El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 14509. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la jueza sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 758/2018 (origen 342/2018). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, vistas la razones actuariales del funcionario adscrito al juzgado exhortante, de las que se desprende que los quejosos Juan Enrique Vazcones Hernández y Melvin Gutiérrez Quiroz, no firmaron la notificación de la resolución de veintiséis de junio del año en curso, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, párrafo Primero, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación de la citada resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo derechos 6/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, quien actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia. El secretario da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados y los relativos a la suspensión de plano decretada en auto de dos de enero del año en curso, rendidos por las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Reinserción Social Número Siete Nor-Noreste, con sede en Guadalupe Victoria, Durango (por conducto de la encargada del despacho) (fojas 57-60), encargado de la Subdirección Técnica, titular del Área Administrativa, director General y director Jurídico, Secretario Técnico y representante del Comité Técnico, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 2, Occidente, con sede en el Salto, Jalisco; subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número 2, Occidente, con sede en el Salto, Jalisco (63-71), comisario de Sentenciados del estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, director General del Centro Federal de Readaptación Social número 8 "Nor-Poniente", con residencia en Guasave Sinaloa, Subdirector de Seguridad y Guarda del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con residencia en el Salto, Jalisco y Comisaría de Prisión Preventiva con residencia en Puente Grande, Jalisco (por conducto del encargado del despacho) (75-97), fiscal de Reinserción Social (por conducto de la encargada del despacho), inspectora General del Reclusorio Metropolitano y comisaría de Seguridad Penitenciaria de la Fiscalía de Reinserción Social (por conducto del encargado), todas del estado de Jalisco, la primeras y tercera con residencia en Puente Grande y la segunda en Tonalá (107-112), Centro Federal de Reinserción Social número catorce CPS, con residencia en Gómez Palacio, Durango (por conducto del director General, firmando en ausencia de este, el Titular del área Médica) (158-159), director General del Centro Federal de Reinserción Social Número Siete Nor-Noroeste, con sede en Guadalupe Victoria, Durango (por conducto de la encargada del despacho de la dirección general), director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce CPS Durango, con residencia en Gómez Palacio, director General del Centro Federal de Reinserción Social Número Cinco Oriente con residencia en Villa Aldama, Veracruz, director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Seis Sureste, con residencia en Chontalpa, Tabasco (178-190), comisionado del Reclusorio Metropolitano del estado de Jalisco, con residencia en Tonalá; así como del Fiscal de Reinserción Social del estado de Jalisco y encargado de la Comisaría de Seguridad Penitenciaria de la Fiscalía de Reinserción Social, ambos con residencia en Puente Grande (320-351), director General del Centro Federal de Readaptación Número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Mihuatlán de Porfirio Díaz, director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS-SONORA", con residencia en Hermosillo, jefa del Complejo Penitenciario "Islas Marías" , con residencia en Isla Madre (por conducto del director de Seguridad) y director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12, "CPS-GUANAJUATO", con residencia en Ocampo (396-406), director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, comisionado Nacional de Seguridad y secretario de Gobernación, ambos con residencia en la Ciudad de México, por conducto del director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación (452-463), subdirectora de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número "Dos Occidente", con residencia en el Salto, Jalisco; comisionado General de la Policía Federal, con residencia en la Ciudad de México, por conducto del director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (481-489), subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con residencia en la Ciudad de México (por conducto de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada) (495-498), titular de la Policía Federal Ministerial y procurador General de la República (ambos por conducto del director de amparo), con residencia en la Ciudad de México (548-555), presidente de la República, con residencia en la Ciudad de México, por conducto del titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (602-606), Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 "Noreste", con residencia en Matamoros, Tamaulipas (por conducto del encargado del despacho) (697-698), fiscal Central (por sí y en representación de la diversa responsable fiscal General), fiscal Regional (por conducto del director General Zona Sur encargado del despacho de la Fiscalía Regional) y Comisionado de Seguridad Pública, todos del estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara (716-728), coordinador General y director Operativo, ambos de la coordinación General de Centros Federales, director General de Ejecución de Sanciones y subdirector de Ejecución de Sanciones a Extranjeros, Indígenas y Ceferesos, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, Dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, con residencia en la Ciudad de México (por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos); comisionado y titular, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México (todas por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos) (734-735), comisionado y titular, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México (por conducto del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos) (782), comisario General de Seguridad Pública del estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara (por conducto del comisario Jefe de la Supervisión General) (791-794), comisionado General de la Policía Federal, con residencia en la Ciudad de México (por conducto del director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en ausencia del director General) (841), directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número "Uno Altiplano", Almoloya de Juárez, estado de México (845), director General del Centro Federal de Reinserción Social número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (888-890), director General del Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit (977-978), director general del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo (992), director General del Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit (996); y a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes y por rendidos los informes justificados y los relativos a la suspensión de plano que allegaron las responsables. En el periodo de pruebas. El secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. En el periodo de alegatos. El secretario da cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado en sus pedimentos 136/2018 a 148/2018 (fojas 359 a 371) y 195/2018 a 210/2018 (fojas 659 a 674), recibidos en este Juzgado por autos de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (foja 389) y nueve de febrero del propio año (foja 675). A lo cual, el juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la referida representante social en vía de alegatos. No habiendo más diligencias pendientes por desahogar se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho proceda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 6/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Juan Enrique Vazcones Hernández, Emilio Ovet Palacios Andrade, Alfredo Flores Martínez, Melvin Gutiérrez Quiroz, Luis Andrés Brito Flores, Raúl Herrera Maldonado, Juan Carlos Montañez Cabral y Luis Alberto Infante López, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Presidente de la República, con residencia en la Ciudad de México, por conducto del titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Secretario de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México. Comisionado del Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco. Comisionado de Seguridad Penitenciaria del Estado de Jalisco. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, Dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, con residencia en la Ciudad de México. Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, Dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, con residencia en la Ciudad de México. Comisario de Prisión Preventiva del Estado de Jalisco. Comisario de Sentenciados del Estado de Jalisco. Coordinador General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. Comisario General del Estado de Jalisco. Director Operativo de la Dirección General del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. Subdirector de Ejecución de Sanciones a Extranjeros, Indígenas y Ceferesos del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. Comisionado Nacional de Seguridad, con sede en la Ciudad de México. Comisionado General de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México. Procurador General de la República, con residencia en la Ciudad de México. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México. Titular de la Policía Federal Ministerial, con residencia en la Ciudad de México. Fiscal General del Estado de Jalisco. Fiscal de Reinserción Social del Estado de Jalisco. Fiscal Regional del Estado de Jalisco. Fiscal Central del Estado de Jalisco. Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Jefa del Complejo Penitenciario "Islas Marías", con residencia en Isla Madre. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número dos, Occidente con sede en el Salto, Jalisco. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número tres Noroeste con sede en Matamoros, Tamaulipas. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número cuatro Noroeste con sede en Tepic, Nayarit. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número cinco, Oriente con sede en Villa Aldama, Veracruz. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número seis Sureste con sede en Chontalpa, Tabasco. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número siete Nor-Noroeste con sede en Guadalupe Victoria, Durango. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número ocho Nor-Poniente con sede en el Ejido La Chaparrosa, Sinaloa. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número nueve Norte, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número once, con sede en Hermosillo, Sonora. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número doce, con sede en Ocampo, Guanajuato. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número catorce, con sede en el Ejido Seis de Octubre, Durango. Director General del Centro Federal de Reinserción Social número quince, con sede en Villa Comatitlán, Chiapas. Director General del CEFERESO número dos occidente, con residencia en Puente Grande, Jalisco. Subdirector de Seguridad y Custodia del CEFERESO número dos occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco. Subdirector Técnico del CEFERESO número dos occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco. Subdirector de Seguridad y Guardia del CEFERESO número dos occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco. Director Administrativo del CEFERESO número dos occidente, con residencia en Puente Grande, Jalisco. Comité Técnico del CEFERESO número dos occidente, con residencia en Puente Grande, Jalisco. Actos reclamados: La orden de traslado a diverso centro de reclusión. Movimiento de estancia, de pasillo y de módulo en que actualmente se encuentran los quejosos y su ejecución. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, mediante auto de dos de enero de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado y el relativo a la suspensión de plano a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Los promoventes de la demanda señalan como acto reclamado la orden de traslado a otro reclusorio y movimiento de estancia, de pasillo y de módulo en que actualmente se encuentran los quejosos y su ejecución. De los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco. Puntualizado lo anterior, se considera necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establecen las reglas para la fijación de la competencia de los Jueces de Distrito y que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se ve, el precepto legal antes transcrito prevé tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito. a) El amparo contra actos u omisiones de la autoridad se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si la ejecución puede tener lugar en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgador ante quien se presentó la demanda. De lo anterior se obtiene una distinción respecto a las dos primeras reglas competenciales consistente en que éstas requieren que el acto reclamado tenga ejecución material; la primera regla se refiere al supuesto en que la ejecución se produzca en una jurisdicción; la segunda se refiere a la ejecución en dos Distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y por último, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Luego, en la demanda de amparo se señalaron como actos reclamados la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande, Jalisco, "CEFERESO" Número 2 Occidente, a otro Centro Federal de Readaptación Social y el movimiento de estancia, de pasillo y de módulo en que actualmente se encuentran los quejosos y su ejecución. En ese sentido, cabe señalar que en relación con la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro distinto, cuyas respectivas sedes se ubican en jurisdicciones o distritos judiciales diferentes -como ocurre en la especie-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 90/2007, determinó en lo que interesa: "QUINTO. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, el cual más adelante se precisará, por las razones siguientes: De acuerdo con lo señalado en el considerando anterior, y en relación con lo resuelto por los Tribunales Colegiados contendientes, el punto a dilucidar en la presente contradicción, consiste en determinar si la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro constituye un acto de tracto sucesivo o bien un acto instantáneo, para efecto de establecer cuál es el Juez competente para conocer del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Por ello, como una cuestión previa, es menester definir en qué consiste una orden de traslado y los momentos que ésta comprende, a efecto de establecer si el acto reclamado constituye un acto de tracto sucesivo o un acto instantáneo, en el entendido de que en el caso concreto los tribunales contendientes se refirieron a una orden de traslado ya ejecutada. Así, la palabra traslado deriva del verbo trasladar, procedente del latín tardío traslato, -are, frecuentativo-intensivo de transfero,- re (supino translatum) "transferir", propiamente "llevar al otro lado", compuesto de trans -"a través, al otro lado" y fero. re "llevar". De esta manera la palabra "traslado", entre otras acepciones, tiene la consistente en acción y efecto de trasladar a una persona de un puesto o cargo a otro. Implica por tanto, el traslado, variación a lugar distinto de donde se encuentra la persona. Aplicando tal concepto de traslado al acto reclamado en el juicio de amparo, podemos definir que la orden de traslado es un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, con carácter definitivo. En ese sentido, para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. Precisado lo anterior, para establecer si dicha orden de traslado implica un acto instantáneo o de tracto sucesivo, es pertinente referirnos a la naturaleza de éstos, atendiendo a su duración temporal. Así, en cuanto a su duración tenemos que los actos de tracto sucesivo o continuos, son aquellos que no se agotan por su sola emisión, sino que se desarrollan en diferentes etapas sucesivas, convergentes hacia un fin determinado, es decir, para que se actualice un acto de tracto sucesivo se necesita un acto constante de autoridad, esto es, se requiere que su ejecución se prolongue en el tiempo. En tanto los actos instantáneos, son aquellos cuya duración concluye en el momento mismo de realizarse, porque consisten en acciones que, en cuanto son ejecutadas, cesan por sí mismas, sin poder prolongarse, es decir, en los actos instantáneos basta que la autoridad por una sola vez los ejecute, sin necesidad de posteriores intervenciones de la misma. De esta manera, con el propósito de determinar el criterio que normará la presente resolución, es conveniente transcribir el artículo 36 de la Ley de Amparo. (.) Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas que deben observarse para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: (.) En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere, por ello, si el acto reclamado es una orden de traslado, se entiende que estamos ante un acto que por su naturaleza sí requiere de ejecución material, que lo constituye propiamente el traslado que materialmente se realiza del reo. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la orden de traslado de una persona, de un centro de reclusión a otro, en cuyo caso, desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, por lo que evidentemente se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona al otro centro penitenciario. (.)" Como se ve, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, estableció que la orden de traslado constituye un acto de tracto sucesivo, es decir para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo a un lugar distinto, y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. De manera que, conforme al criterio establecido por el alto tribunal, si los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande, Jalisco, "CEFERESO" Número 2 Occidente; por ende, en quien recae competencia para conocer de la demanda de amparo, es en un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en cuya jurisdicción aún se encuentran recluidos los promoventes de mérito, pues no se ha ejecutado la orden de traslado y el movimiento de estancia, de pasillo y de módulo en que actualmente se encuentran los quejosos y su ejecución. Lo anterior, pues los amparistas se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande, Jalisco, "CEFERESO" Número 2 Occidente, y reclaman el traslado a otro centro federal de readaptación social, así como el movimiento de estancia, de pasillo y de módulo en que actualmente se encuentran, por lo que es evidente que la ejecución del acto reclamado atañe al lugar de reclusión referido y al sitio donde serán trasladados. De manera que al no señalarse autoridades ejecutoras con residencia en el estado de Zacatecas y resultar un hecho notorio que en dicho territorio no existe un centro federal de readaptación social, es indudable que los actos reclamados no tendrá ejecución material en el lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado, por lo que únicamente se puede tomar en consideración para tal efecto el lugar donde se encuentran recluidos los amparistas. Es aplicable el criterio que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.". En suma, al ser patente que no existirá ejecución material en el estado de Zacatecas, no puede actualizarse la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Juan Enrique Vazcones Hernández, Emilio Ovet Palacios Andrade, Alfredo Flores Martínez, Melvin Gutiérrez Quiroz, Luis Andrés Brito Flores, Raúl Herrera Maldonado, Juan Carlos Montañez Cabral y Luis Alberto Infante López, es competencia del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Jalisco; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. Luego, atendiendo a que los quejosos Juan Enrique Vazcones Hernández, Emilio Ovet Palacios Andrade, Alfredo Flores Martínez, Melvin Gutiérrez Quiroz, Luis Andrés Brito Flores, Raúl Herrera Maldonado, Juan Carlos Montañez Cabral y Luis Alberto Infante López, se encuentran actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario y proceda a notificar el presente auto a los mencionados quejosos. En mérito de lo expuesto y con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo número 6/2018, promovido por Juan Enrique Vazcones Hernández, Emilio Ovet Palacios Andrade, Alfredo Flores Martínez, Melvin Gutiérrez Quiroz, Luis Andrés Brito Flores, Raúl Herrera Maldonado, Juan Carlos Montañez Cabral y Luis Alberto Infante López, contra actos del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. SEGUNDO.- Remítanse los autos de este juicio de amparo al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en tuno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que sea dicho Tribunal quien determine lo que en derecho corresponda y en su caso se avoque al conocimiento del asunto, solicitando el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. JMZG

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