JUAN EDUADO RAMIREZ ESTRELLA y Otros.
Expediente 139/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- JUAN EDUADO RAMIREZ ESTRELLA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruido en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años referidos, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. En diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE TERCERA INTERESADA V.Z.P.; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, Y EN TÉRMINOS DEL OFICIO SEPLE./GEN./001/1112/2021 DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ES QUE EN ESTA DATA SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado del tercero interesado ***, por medio del cual hace diversas manifestaciones; en atención a su contenido se provee lo siguiente. En relación al ofrecimiento de la prueba pericial en materia de grafoscopía, para establecer si las firmas de *** que se dice aparecen en el contrato de compraventa son auténticas y que se contrastarán con los documentos remitidos por el Instituto Nacional Electoral. Al respecto, dígase al promovente que el plazo de diez días dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Amparo, que establece la suspensión del procedimiento en la audiencia constitucional, con motivo de la objeción de documento celebrada el siete de febrero de dos mil veinte, ha transcurrido en exceso para que las partes presenten pruebas. Esto, ya que el siete de febrero de dos mil veinte, se inició la audiencia constitucional y se suspendió por diez días para que todas las partes ofrecieran pruebas con motivo de la objeción de documentos. Así, el veintiuno de febrero de dos mil veinte, se reanudó la audiencia, se admitieron las ofrecidas y se declaró precluido el derecho de las partes en ofrecer más pruebas en el incidente. Por tanto, es evidente que el plazo legal previsto ha fenecido y es inviable admitir más pruebas, dado que las partes son responsables de las cargas procesales inherentes a los plazos y términos procesales para probar sus pretensiones. Pensar lo contrario implicaría un desequilibrio procesal de esta juzgadora al favorecer a alguno de los intervinientes en el proceso; máxime que este amparo versa en una materia de estricto derecho, por lo cual no existe suplencia en la queja ni obligación de reunir o recabar medios probatorios de oficio. De ahí que, al haber transcurrido el plazo legal para ofrecer medios de prueba en el incidente de objeción de documentos, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, resulta improcedente admitir la prueba pericial. En otro aspecto, el promovente comunica su deseo para acudir a la audiencia constitucional que se celebrará vía videoconferencia; asimismo, proporciona como datos de identificación a fin de preparar tal diligencia, el correo electrónico ***. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se ordena comunicarle las claves del acceso correspondientes; para esto, comuníquese esta determinación al Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción. En veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
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