Juan Elías Guzmán Escamilla
Expediente 887/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Elías Guzmán Escamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio remitido por el Jefe de la Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en la ciudad de Salvatierra, por medio del cual acusa recibo del oficio número 15787/2019-II.2 de este índice. El cual se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda, conforme a los artículos 219 y 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. No es obstáculo para lo anterior, que el oficio de cuenta haya sido recibido vía correo electrónico, pues en este acto se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 210 A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°. Es aplicable al caso la tesis número I.3o.P.41 P (10a.), publicada en la página 2049 del Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, tomo III, Materia(s): Común, Décima Época, Registro: 2011039, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del rubro: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos a virtud que de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de diez de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por cambio de situación jurídica. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 inciso d), y 86 , de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I , del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que el referido sobreseimiento ha causado estado. Se precisa que el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto concluido. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el mismo será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DEVOLVER DISCOS DVDS. Dado que resulta innecesaria la retención de los discos DVD remitido por el Juez de Control Oral en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, se ordena devolverlos a su lugar de origen, para los fines legales conducentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE ES DEPURABLE. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de dichas medidas; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de dos mil doce. Mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DUPLICADO DEL INCIDENTE DESTRUIBLE. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.
- Principal
Por recibido el oficio firmado por el Jefe de la Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Salvatierra, con sede en la ciudad de Salvatierra, al cual anexa las constancias relativas al oficio número 13861/2019-II.2 de este índice, respecto de la notificación realizada a los terceros interesados ***, así como al Agente del Ministerio Público que intervino en el proceso penal *** del índice del Juzgado de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, Guanajuato; el cual se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda, a virtud de que el diez de octubre último se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en dicha determinación (fojas 161-166). Por último, se ordena acusar recibo a la autoridad oficiante.
- Principal
Por recibido el oficio registrado bajo el número 8592, firmado por el Jefe de atención al público del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, Guanajuato, mediante el cual remite un disco DVD encriptado electrónicamente con resumen de verificación MD5 de la causa penal 1P2818-81 de su índice. Disco de almacenamiento electrónico el antes citado que se tiene por ofrecido, admitido y desahogado, dada su propia y especial naturaleza, de acuerdo al artículo 119 de la Ley de Amparo; y, conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en la página: 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Penal, Época: Décima Época, Registro: 2004362, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Se ordena guardar el DVD en la secretaría de este Juzgado Federal, quedando a disposición de las partes, para si es su deseo lo puedan consultar, previa exhibición de los medios electrónicos correspondientes. De autos se advierte que mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, residentes en Celaya, y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien en fecha dos del citado mes y año, ***, solicitó el amparo y protección en contra de los actos atribuidos al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede en esta ciudad; y otras autoridades, demanda que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito, quien la registro bajo el número 576/2019-IV; y, quien previa separación de juicios pronunciada el veintinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 73-77), continuó conociendo por lo que ve a la causa penal número 1P2818-81. Sin embargo, el veintiuno de septiembre del año en curso, estando integrado para el dictado de la sentencia correspondiente, remitió a este juzgado Quinto de Distrito el juicio de amparo en cita, en virtud de advertir que hubo un conocimiento previo por parte de este órgano en relación a la citada causa penal. En consecuencia de lo anterior, mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, este tribunal federal, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de mérito. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se tiene que ***, reclama la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en esta ciudad, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en la ciudad de Salvatierra, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en la ciudad de Cortázar, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en la ciudad de Apaseo el Grande, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en la ciudad de Moroleón y Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en la ciudad de Acámbaro, todos del estado de Guanajuato. Mandato de captura el anterior, cuya ejecución se atribuye a los Agentes del Ministerio Público 1, 2, 3, 4 y 5 adscritos a la Unidad especializada en Investigación de Homicidios Región "C"; y, Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la fiscalía General del estado, todos con sede en esta ciudad. Analizando los respectivos informes justificados se advierte que la orden de aprehensión citada por el quejoso, y relacionado con la causa penal número 1P2818-81, que es por la que este juzgado de Distrito está conociendo, existe y fue librada por al Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, sede de Salvatierra, con residencia en esa ciudad; circunstancia que excluye al resto de las autoridades identificadas como ordenadoras, pues además de que lo negaron, las que manifestaron tener alguna causa penal instaurada en contra del aquí solicitante del amparo son independientes de la causa penal de donde deriva el mandato de captura. De ahí que, en términos de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio respecto de dichas autoridades. Por su parte, las autoridades identificadas como ejecutoras también negaron el acto que se les atribuyó; empero, atendiendo a la jurisdicción del juez responsable que aceptó haber librado la orden de aprehensión citada por el quejoso, la negativa que sobre este punto realizó el Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la fiscalía General del estado, con sede en esta ciudad (foja 42), queda desvirtuada. Ello porque al estar subordinado a las órdenes del nombrado juez responsable, es indudable que se encuentra constreñido a acatar sus determinaciones. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Página 56, Octava Época, que dice: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. Debiendo, como sucedió en las autoridades ordenadoras que negaron el acto reclamado por el quejoso, sobreseerse en el presente juicio de amparo en relación con las autoridades ejecutoras que negaron su participación en la orden de aprehensión tildada de inconstitucional, es decir, por las denominadas como agentes del ministerio público 1, 2, 3, 4 y 5 adscritos a la Unidad especializada en Investigación de Homicidios Región "C", todos con sede en esta ciudad. Por otra parte, y en lo que aquí interesa, el Jefe de atención al público del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, Guanajuato, en el oficio que se acuerda informó que dentro del proceso penal número 1P2818-81 de su índice, en fecha veintitrés de septiembre del año en curso, la Juez de Control emitió auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio simple en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 138, 140 y 153, fracción primera, en relación con los artículos 13, 18 y 20 primer párrafo, tercer supuesto del código penal vigente en el Estado, cometido en agravio de ***. Motivo por el cual dicha afirmación, debe tenerse como verídica, al corroborarse del disco DVD que acompañó a su oficio. Medio electrónico al que se le otorga eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, este Órgano de Control Constitucional, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual textualmente señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. En efecto, dado que en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión en contra del quejoso ***, librada por el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, sede de Salvatierra, con residencia en esa ciudad, dentro de la causa penal número 1P2818-81 de su índice y dado que el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dicho juez dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, resulta incuestionable que en el caso operó un cambio de situación jurídica. Ello es así porque, el propósito fundamental de un mandamiento de captura es: Que el inculpado quede a disposición del Juez que lo mandó aprehender y se le instruya el proceso correspondiente. En consecuencia, es de concluirse que si el objetivo de la orden de aprehensión, se satisface en el momento en que el inculpado queda a disposición del órgano jurisdiccional que la libró o donde radica la causa; y, segundo, que los efectos legales de la orden, fenecen en el momento en que el juzgador natural resuelve, dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas, la situación jurídica del indiciado puesto a su disposición, momento en el que opera el cambio de situación jurídica al dictarse un auto de vinculación a proceso; por tanto, la detención del gobernado ya no dependerá de la orden de aprehensión, sino del auto de vinculación a proceso que dictó el juez, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional, de ahí que por lo que las violaciones reclamadas, deben considerarse irremediablemente consumadas en el presente juicio de amparo, atento a las anteriores consideraciones. En mérito de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, y vista la improcedencia del presente juicio de garantías, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso la tesis II.2o.P.20 P (10a.), publicada en la página 1287 del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Penal, Época: Décima Época, Registro: 2002240, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del contenido siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados. Dicho sobreseimiento se hace extensivo respecto del el Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del estado, con sede en esta ciudad, ya que la privación de libertad reclamada, ya no dependerá de la orden de aprehensión que reclamó en su escrito inicial de demanda el ahora quejoso, en virtud de lo expuesto en supralíneas. Al respecto, es aplicable la tesis del tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicado en el Tomo 91-96, sexta parte, página 286, del Semanario Judicial de la Federación, misma que dice: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, cuyo contenido reza lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda. Por último, se deja sin efectos la hora señalada para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas con catorce minutos del día de hoy. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO.-Se sobresee el presente Juicio de Amparo número 887/2019-II.2 del índice de este Juzgado Federal, promovido por ***, por los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, y por las consideraciones relatadas con anterioridad.
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