JUAN DELGADO BOSCO y Otros.
Expediente 643/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- JUAN DELGADO BOSCO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de diecinueve de junio del dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por por ****, apoderado legal de ***; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por ***, apoderado legal de ***, carácter que se le reconoce toda vez que lo acredita con la certificada del poder general para pleitos y cobranzas, otorgado el veinticuatro de junio de dos mil quince, en la escritura número 31,909, pasada ante la fe de Notario Público número 38 de esta ciudad, que adjunta a su demanda; mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 643/2017-VI.2, anótese su ingreso en el Libro de Control e este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. De la demanda de amparo, se desprende que el promovente señaló como autoridad responsable al Juez Primero Civil de Primera Instancia, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato; de quien reclama lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: EL REMATE QUE SE PRETENDE REALIZAR EN FECHA 20 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 13.00 HORAS, RESPECTO A 289 LOTES URBANOS, UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO "EL VERGEL", UBICADO EN LA FRACCIÓN DE LA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE OCMONFORT, GUANJAUATO, PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD MERCANTIL ***. Asimismo, del análisis integral de la demanda de amparo, como de la lectura de los antecedentes del acto reclamado, se desprende, en lo que aquí interesa, que: 1. ***, aducen ser socios de la empresa denominada *** S.A. DE C.V., de la cual también son socios ***, misma que fue constituida el dieciocho de mayo de dos mil catorce, designando desde su inicio como presidente del consejo de administración a ***, ratificando en dicho cargo a éste en la asamblea ordinaria de accionistas celebrada el catorce de febrero de dos mil siete; En el mes de mayo pasado, ***, se percataron de la existencia de un juicio hipotecario radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, con el número C**/2016, promovido por *** en contra de ***, S.A. de C.V., representada por ***. Antecedentes que derivan, en su mayoría, de las manifestaciones que realizó el representante de la parte quejosa en su escrito de demanda y de los anexos que adjunta, los que señalo bajo protesta de decir verdad, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, mismas que constituyen una confesión que hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a las que se otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo previsto en los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Conforme a lo relatado, es patente que el juicio hipotecario C**/2016, radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, es llevado por *** en contra de la persona moral ***, S.A. de C.V., representada por ***. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, antes de admitir una demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano esa demanda. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del numeral 61, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, el diverso numeral 61 fracción XII, del ordenamiento legal invocado es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Asimismo, la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República, dispone: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En concordancia a la anterior disposición, el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada y que se individualice el efecto de la misma, en aquel que lo promueve. En el caso, para exponer el significado y diferencia del interés jurídico e interés legítimo para la procedencia del Juicio de Amparo en materia Civil, conviene citar la Tesis I.13o.C.12 C (10a.) del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, Civil, página 2040, que dispone: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias. Se tiene pues que, interés legítimo, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. En este orden, la Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto, de conformidad con lo expuesto en el artículo 5°, preceptúa que el primero (jurídico) consiste en un derecho subjetivo y el segundo (legítimo) se refiere a una situación frente al orden jurídico. Expuesta la diferencia entre los conceptos de interés jurídico y legítimo para la procedencia del juicio de amparo, es que se estima que los promoventes no cuentan con interés jurídico para promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, pues si se encuentra acreditado con las manifestaciones de los promoventes que el juicio hipotecario C**/2016, radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, está siendo tramitado en contra de la persona moral ***, S.A. de C.V., la cual se encuentra legalmente representada por su presidente del consejo de administración, es decir, por ***, resulta inconcuso que los aquí quejosos, quienes aducen ser socios de la demandada, no cuentan con la representación legal de la misma para acudir a defender los intereses o, como en el caso, el patrimonio de la citada empresa. De lo antes expuesto, es dable afirmar que los quejosos ***, no son parte material de forma personal del juicio hipotecario génesis del acto reclamado, pues en el mismo la parte demandada es la persona moral ***, S.A. de C.V., de la que refieren ser socios, por lo que es inconcuso que el acto que ahora reclaman, únicamente puede ser combatido por la directa demandada y por conducto de quien legalmente la represente. Por ello, se considera que la parte quejosa no acredita tener interés jurídico para la promoción del juicio de amparo indirecto, determinación que aun y cuando se admitiera y tramitara el juicio de amparo intentado, no podría variar, pues los promoventes únicamente lograrían confirmar, si acaso, que son socios de la empresa demandada, ya que se entiende que en el juicio hipotecario de origen, la moral ***, S.A. de C.V., está siendo representada por quien legalmente está facultado para ello, de ahí que resultaría ocioso e improductivo admitir a trámite el presente juicio. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 293 y 1/2002, emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 242, y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, respectivamente, del rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. En esa medida, si la parte impetrante no acredita su interés jurídico, entendiéndose como tal la legal representación de la moral ***, S.A. de C.V., ni la titularidad de los bienes que se podrían ser perjudicados con el remate que pudiera llevarse a cabo el veinte de junio del año en curso, ya que manifestó en el acto reclamado, que los inmuebles son propiedad de la empresa citada y no de los promoventes a título personal, es decir, no se encuentran colmados los elementos constitutivos de su interés jurídico para instar la acción constitucional, consecuentemente, el juicio deviene notoria e indudablemente improcedente, al actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo en vigor; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa, señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, del cuerpo leyes en consulta) la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo. Asimismo, Como lo solicita la promovente, téngase como autorizado de su parte en el presente asunto en los amplios términos a que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, en virtud de que se encuentra registrada su Cédula Profesional en el Sistema Nacional de Registro de Profesionales en Derecho instaurado por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: UNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, apoderado legal de ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.
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