Juan Edgar Serrano Delgado
Expediente 528/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Edgar Serrano Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal sobreseyó en el juicio de amparo y negó la protección constitucional, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que en la misma se negó el amparo solicitado; por tanto, dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, pero por la otra se negó la protección constitucional en el cuaderno principal, mientras que en el incidente, se concedió la medida cautelar provisional, mientras que la definitiva fue concedida y negada. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 528/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado ese día a este órgano jurisdiccional, Juan Edgar Serrano Delgado, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de los jueces de Control de la Tercera Región sedes Celaya, Cortazar y Juventino Rosas; de los agentes del Ministerio Público I, II, III, IV y V especializados en Homicidios de esta ciudad, así como de los jefes de direcciones de esta ciudad y Cortazar, así como del jefe de Direcciones de la Célula de Homicidios de esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La ilegal e inconstitucional orden de aprehensión, presentación, comparecencia, detención, arraigo, que ordenó la autoridad responsable citada como ordenadora en mi perjuicio, sin que se encuentren colmados los requisitos que citan nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su emisión. De la Autoridad responsable ejecutora.- La cumplimentación del dictado de la inconstitucional e ilegal orden de aprehensión, presentación, comparecencia, detención, arraigo." (Foja 4 del cuaderno de amparo). En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Quien por auto de quince de octubre de dos mil veinte, formó el expediente y lo registró bajo el número 528/2020; admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Asimismo, tuvo como terceros interesados a los siguientes: Estela Villegas Gutiérrez quien fue emplazada a juicio el veintiuno de octubre de dos mil veinte (foja 42); El agente del Ministerio Público de la Agencia número V de la Unidad de Homicidios de esta ciudad quien fue emplazado a juicio el veintidós de octubre de dos mil veinte (fojas 40 y 41). Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. TERCERO. Autoridades inexistentes. El jefe de dirección y jefe de direcciones de la Célula de Homicidios, ambos de esta ciudad, así como jefe de Direcciones en Cortazar, Guanajuato, se tuvieron por inexistentes y se suspendió toda comunicación con ellas, de conformidad con lo dispuesto en el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de esta potestad. Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión de fecha once de septiembre de dos mil veinte, dictada en contra del quejoso, dentro de los autos de la causa penal número 1P0620-1048 del índice del Juzgado de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, de esta ciudad, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado, previsto por el artículo 138 y sancionado por el numeral 140, en relación con el diverso 153, fracción IV, así como con los numerales 11, fracción I, 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal del estado de Guanajuato; así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las siguientes autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron los actos que se les atribuyen: 1. Juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Santa Cruz de Juventino Rosas (foja 18); 2. Juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Cortazar (foja 47); 3. Agente del Ministerio Público I adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad (foja 21); 4. Agente del Ministerio Público II adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad (foja 60); 5. Agente del Ministerio Público III adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad (foja 35); 6. Agente del Ministerio Público IV adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad (foja 27); 7. Agente del Ministerio Público V adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad (foja 36); Luego, ante tales negativas y a que el peticionario de la tutela federal no ofreció prueba para desvirtuarla, sin que en autos existan otros elementos de convicción, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato de esta ciudad (fojas 30 y 31), al rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable, consistente en el disco versátil digital, con archivos en formato .PDF y videograbaciones, encriptados electrónicamente, derivados de la causa penal 1P0620-1048; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida en el disco versátil digital tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este juzgador. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. Mediante oficio 1535/2020, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad solicitó al juez responsable, audiencia privada para peticionar un mandato de captura en contra del aquí quejoso, por su probable participación en la comisión de los hechos señalados como delito de homicidio calificado. 2. La aludida audiencia tuvo verificativo el once de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 1P0620-1048 del índice del Juzgado responsable, en la cual se libró orden de aprehensión en contra de Juan Edgar Serrano Delgado, por su probable participación en los hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado, previsto por el artículo 138 y sancionado por el numeral 140, en relación con el diverso 153, fracción IV, así como con los numerales 11, fracción I, 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal del estado de Guanajuato, cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre Servando Adrián Espinoza Villegas. Determinación que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. El concepto de violación es infundado, sin que este juzgador federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, es importante señalar que la orden reclamada se analizará de conformidad con el sistema penal acusatorio instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja en favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del indiciado en la causa penal 1P0620-1048 del índice del Juzgado de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, de esta ciudad, donde se dictó la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo, en la especie se advierte que no existe violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que, si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que, si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla, en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el caso, solo se estudiará la orden reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, se advierte que la orden reclamada no viola algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resulta innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que se advierte que no existe violación a derechos humanos del quejoso en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. Precisado lo anterior, en el único concepto de violación el peticionario alega que la orden de aprehensión dictada en su contra vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que se violenta el principio de seguridad jurídica. De igual forma, sostiene que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, y por ello, será privado ilegalmente de la libertad. Argumentos que son infundados, se explica. En principio, es necesario transcribir el contenido de los artículos 14, segundo párrafo y 16, párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 14. [.] A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Las exigencias que prevén dichos numerares, son los parámetros para analizar la forma de conducción al proceso que se reclama, y para verificar si se acreditó la hipótesis normativa que derivó en esa medida específica y si se justificó la necesidad para que precisamente fuera mediante esa orden de captura por la que se lleve al indiciado ante el juez de control para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales limita los supuestos de procedencia para la emisión de esa forma de conducción al proceso, únicamente en caso que exista imposibilidad para lograr la asistencia del indiciado por su propia voluntad ante el juez de control o de enjuiciamiento para la continuación de la secuela procesal, ya sea por la necesidad de cautela, por evadir una orden de comparecencia, por sustraerse de la acción de la justicia o por el incumplimiento de una medida cautelar. Así, necesariamente debe justificarse una de esas hipótesis legales para la emisión de una orden de aprehensión, pues si bien es cierto que ese tipo de mandato judicial tiene como única finalidad la precisada en el párrafo anterior y que, en todo caso, sería una medida cautelar la que afectará la libertad personal del quejoso, también es verdad que esa forma de conducción al proceso restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del indiciado en el tiempo en el que es presentado a una audiencia, por lo que no debe usarse indiscriminadamente, sino única y excepcionalmente en los supuestos que autoriza la ley. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; debiendo establecerse la clasificación jurídica, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta; y, e) Que la solicitud del fiscal esté motivada por alguno de los supuestos siguientes: 1. Cuando exista necesidad de cautela. 2. Cuando el indiciado resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. 3. Cuando se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia. 4. Cuando el imputado incumpla con alguna medida cautelar. En relación con estos últimos cuatro supuestos, es importante precisar que, si bien tienen la finalidad genérica de conducir al indiciado ante el juez, lo cierto es que difieren en cuanto a la razón específica de esa conducción. Ello es así, pues las hipótesis que se indicaron con los puntos 1 y 2 tienen como fin específico celebrar la audiencia inicial, en la cual el agente del Ministerio público formulará la imputación y el juez de control (con base en la información que le proporcionen las partes) determinará si existen datos de prueba de los que se desprende la necesidad de iniciar formalmente una investigación, ante la comisión de un hecho señalado por la ley como delito y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Mientras que la orden de aprehensión solicitada porque se declaró al imputado sustraído de la acción de la justicia (numero 3) tiene como fin volver a someterlo a la jurisdicción del juez, hacerlo comparecer a alguna audiencia -diversa a la inicial- o volver a internarlo en el lugar en el que se encontraba, según sea el caso. Por último, en el supuesto indicado en el punto 4, la orden de aprehensión tiene como fin la revisión de la medida cautelar impuesta, ante el incumplimiento por parte del imputado, siempre que sea distinta a la prisión preventiva o garantía económica. Es necesario aclarar que si bien la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que para la emisión de la orden de aprehensión debe existir necesidad de cautela; los otros supuestos de procedencia requieren igualmente cierto grado de cautela, la cual se actualiza, entre otros supuestos, precisamente cuando se concretan las hipótesis para su emisión, es decir, cuando el inculpado evada o resista una orden de comparecencia, se le declare sustraído de la acción de la justicia o incumpla una medida cautelar. Precisado lo anterior, cabe señalar que, en la especie, según se observa, el juez responsable al momento de emitir la orden de aprehensión que aquí se reclama se apoyó en el artículo 16, párrafo tercero, constitucional, así como en los diversos preceptos legales 141, 142 y 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros. Así, a consideración de esta potestad, el primer requisito para la emisión de una orden de aprehensión se satisface, en virtud de que fue emitida por autoridad competente como es el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, de esta ciudad, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, primer párrafo, y 133, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en esta ciudad (01:05:45, archivo de audio y video 2020-09-11). En ese orden, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo son las denuncias de los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado cometido en agravio de Servando Adrián Espinoza Villegas, presentadas por el comandante Ramón Arias, quien es jefe de Célula de Investigación Criminal adscrito a la Agencia de Homicidios (01:06:22, archivo de audio y video 2020-09-11) y por Estela Villegas Gutiérrez quien era madre del ofendido (01:07:27, archivo de audio y video 2020-09-11). Delito que, acorde con el artículo 140 del Código Penal para el estado de Guanajuato se sanciona con pena privativa de libertad, aunado a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 constitucional amerita prisión preventiva oficiosa; con lo que se satisface el tercero de los extremos que se exigen para emitir un mandato de captura (01:07:38, archivo de audio y video 2020-09-11). Asimismo, se considera cumplido el cuarto de los requisitos, relacionado con la existencia de datos en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el inculpado lo haya cometido o participado en su comisión. Con la finalidad de corroborar la anterior afirmación, esta potestad considera oportuno enlistar los datos de prueba que expuso la fiscalía y que la autoridad jurisdiccional responsable consideró para emitir el mandato de captura reclamado: 1. Denuncia de Ramón Arias, jefe de Célula de Investigación Criminal adscrito a la Agencia de Homicidios. 2. Denuncia de Estela Villegas Gutiérrez. 3. Entrevista de Ramiro Gómez Serrano. 4. Entrevista de María Isabel Sánchez Arrieta. 5. Informe de la médico legista Yareli Sanjuana García. 5. Dictamen pericial en lofoscopia emitido por Víctor Enrique Hernández. De dichos datos de prueba, previa valoración, el juez de control concluyó que se obtenía el siguiente cuadro fáctico: ".Siendo aproximadamente a las diecinueve horas del dia veinticinco de mayo del dos mil veinte, fue que los imputados Juan Edgar Serrano Delgado y Jessica Lo´pez Ga´mez, acudieron a bordo de un vehi´culo de motor de la marca Ford tipo pasajeros li´nea Explorer de color perla, al domicilio ubicado en la calle Porfirio Di´az sin nu´mero de la colonia Tres Guerras en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; el cual se encuentra en la parte suroriente de dicha calle, siendo una casa habitacio´n de dos plantas, el cual en su parte frontal cuenta con dos accesos de material de herreri´a pintados en color cafe´, siendo una puerta de acceso peatonal y una puerta para introducir vehi´culos de motor, en dicho domicilio vivi´a el ofendido de nombre Servando Adria´n Espinoza Villegas, al llegar fue que comenzaron a tocar de manera insistente sin poder obtener respuesta de persona alguna, por lo que optaron por dan~ar la puerta de acceso al inmueble, la que es de peatones, e ingresaron al mismo, una vez que estuvieron adentro y tuvieron a la vista al ofendido, lo sometieron y se lo llevaron en contra de su voluntad a bordo del vehi´culo de motor en el que habi´an llegado los inculpados hasta un lugar del cual hasta este momento no se tiene la ubicacio´n, lugar donde estuvieron ocasiona´ndole diversas lesiones en su superficie corporal con diversos objetos, amarra´ndolo de las manos anulando con ello su defensa y comenza´ndole a realizar actos de tortura y de tormento para luego llevarlo a la calle Plan de Ayutla entre las calles Jose´ Mari´a Pino Sua´rez y Montes de Oca de la colonia el Vergel de esta ciudad, donde lo dejaron abandonado, no sin antes dispararle a su cabeza con un arma de fuego, ocasiona´ndole lesiones graves que produjeron su muerte ya que lesionaran o´rganos vitales. Al dejarlo sobre la vi´a pu´blica fue que dejaron una cartulina en color naranja en una de sus caras y color blanco en otra de sus caras, y una leyenda escrita en color negro en la que reza: "esto le va a pasar a toda la bola de jotos que esta´n apoyando a las putas jaliscas, Guanajuato es de Guanajuato, atentamente su sen~or y patro´n, Marro, mcsr". Todo este se derivo´ porque el ofendido de nombre Servando Adria´n Espinoza Villegas trabajaba para los imputados vendiendo droga de la conocida como cristal, que esta es de color azul caracteri´stico al ca´rtel Santa Rosa de Lima que esta´ con presencia en este Estado y esta ciudad; de todo ello, el ofendido les quedo´ a deber dinero por la compra de droga ya que previamente en diversas ocasiones le habi´an expresado por parte de los imputados malestar porque les debi´a dinero, e inclusive ese mismo di´a horas antes al estar presente el testigo circunstancial de nombre Ramiro Go´mez Serrano, acudieron y lo amenazaron de muerte si no les pagaba ma´s tarde, quedando de regresar a la uno de la tarde, esto para recoger el dinero, y al llegar al plazo concedido fue que al no pagarle ejecutaron el hecho que resulto´ en la privacio´n de la vida al ofendido. Por parte del me´dico legista de nombre Yareli Sanjuana Garci´a, mediante un dictamen pericial nu´mero 1045 de fecha veintiocho de mayo, refirio´ que la causa de muerte fue por proyectiles disparados por arma de fuego penetrantes de cra´neo, que la muerte se llevo´ a cabo entre las veintitrés horas del di´a veinticinco y las dos horas del di´a veintiséis de mayo del an~o en curso. De estos hechos da cuenta el testigo circunstancial Ramiro Go´mez Serrano, a quien por voz de los propios Juan Edgar Serrano Delgado y Jessica Lo´pez Ga´mez, hacen del conocimiento la forma en que privaron de la vida al ofendido. (01:07:57, archivo de audio y video 2020-09-11). El juez responsable arribó a la anterior conclusión después de analizar los datos de prueba respectivos, pues al efecto señaló que de la denuncia realizada por Ramón Arias, jefe de Célula de Investigación Criminal adscrito a la Agencia de Homicidios, de desprende la existencia de un cadáver en la vía pública, el cual tenía lesiones con las características de haberse realizado con proyectiles de arma de fuego, además, se evidencia la existencia de una cartulina con el mensaje siguiente: "esto le va a pasar a toda la bola de jotos que esta´n apoyando a las putas jaliscas, Guanajuato es de Guanajuato, atentamente su sen~or y patro´n, Marro, mcsr". De igual forma, de la denuncia realizada por Estela Villegas Gutiérrez se desprende que era la madre del ofendido y denunció el homicidio cometido en agravio de su hijo. Lo anterior fue corroborado con el dicho de Ramiro Gómez Serrano, debido a que este pone de manifiesto que el día que acontecieron los hechos se presentaron los indiciados y amenazaron al ofendido con un arma de fuego; que días después, subieron a dicho ateste a su camioneta, en donde le contaron que se habían "chingado" al ofendido, que lo dejaron en la calle con una cartulina y, también, lo amenazaron, pues al efecto le dijeron que si decía algo lo matarían. De igual forma, precisó que el cuadro fáctico se corroboró con la entrevista de María Isabel Sánchez Arrieta -vecina del ofendido- pues esta expresó que la tarde del veinticinco de mayo de dos mil veinte, pudo ver a través de su ventana que llegó una camioneta Explorer, que tocaron insistentemente en la casa del señor Servando y al día siguiente la madre de este le informó que mataron a su hijo. Además, el juez responsable puntualizó que del dictamen de la médico legista se evidencia que el ofendido fue víctima de nueve heridas en su superficie corporal, así como de un golpe contuso en la parte frontal y que la causa de la muerte fue causada por proyectiles de arma de fuego penetrantes en el cráneo. Asimismo, el juez responsable precisó que del dictamen lofoscopico se evidencia que existen diversos indicios en la cartulina, dentro de los cuales destacan las huellas dactilares de los dedos índice y pulgar izquierdos, las cuales pertenecen al ahora quejoso. De igual forma, el juez responsable sostuvo que en la especie se actualiza la calificativa prevista en la fracción IV del artículo 153 del Código Penal del estado de Guanajuato, ya que del dictamen de la médico legista se evidencia que Servando Adria´n Espinoza Villegas sufrió, previo a su muerte, nueve heridas así como diversas escoriaciones, lo que pone de manifiesto que este fue atormentado previo a su muerte (01:21:48, archivo de audio y video 2020-09-11). Ante el anterior panorama, este juzgador federal estima que, la determinación reclamada, contrario a lo señalado por el promovente del amparo, no vulnera el principio de seguridad jurídica y sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que acertadamente ahí se estableció que hasta ese momento procesal obran datos de prueba suficientes para determinar la existencia de los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, así como la probabilidad que el quejoso participó en su comisión. Ello es así, puesto que para arribar a esa conclusión el juez responsable realizó una apreciación libre y lógica de los datos de prueba que le fueron expuesto por el fiscal, los cuales le permitieron establecer el aludido cuadro fáctico. Además, esos hechos le permitieron a la autoridad judicial considerar que fueron cometidos en términos de los artículos 11, fracción I, 13 y 20, párrafo primero, tercer supuesto, del Código Penal para el estado de Guanajuato, esto es, que el quejoso los realizó en calidad de probable coautor, y que la conducta que se le atribuye es a título de dolo. Por tales motivos, como se anticipó, resulta infundado el concepto de violación formulado, pues se reitera, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento y el principio de seguridad jurídica, puesto que los diversos datos de prueba citados por el fiscal que solicitó la orden de aprehensión, sí otorgan verosimilitud a los hechos expuestos, y a partir de esos datos es factible suponer razonablemente que se cometieron los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, así como que probablemente el indiciado participó en su comisión, en la medida que este órgano jurisdiccional no vislumbra irregularidad en los mismos y, en cambio, sí advierte verificables los enunciados que integran la hipótesis del Ministerio Público con la información que proporcionó y que adujo obran en la investigación. Incluso, se debe precisar, que para librar la orden de aprehensión el juez de control no necesita hacer un análisis de valoración probatorio, pues ni siquiera se encuentra frente a pruebas, sino que únicamente cuenta con la referencia a determinados datos proporcionados por el fiscal, cuya razonabilidad deberá permitir identificar el tipo penal aplicable, independientemente de la metodología que se adopte; por lo que lógica y evidentemente el juez de control emitió su resolución basándose únicamente en que en los hechos expuestos en la solicitud de la orden judicial obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió. Además, en atención al último de los requisitos, el juez acertadamente precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al inculpado a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación, se encuentra justificada, en virtud de tres circunstancias esenciales: 1. La pena de prisión que en su caso tiene que soportar el hoy quejoso. 2. Lo relativo a la medida cautelar de orden personal, que pudiera ser acreedor el quejoso, como lo es la prisión preventiva oficiosa, como lo señala el artículo 19 constitucional; y, 3. Que el quejoso no acudirá a la citación respectiva para la formulación de imputación, dada la naturaleza de los hechos. De ahí que, se cumpla el último los requisitos señalados. Cabe precisar que del artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para el libramiento de una orden de aprehensión, no exige el que se tome declaración al indiciado, ni tampoco el que se le cite para hacerle saber los cargos que hay en su contra o se le oiga en defensa, pues únicamente determina que dichas órdenes estén precedidas por alguna denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por su probable participación en la comisión en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, y por ende, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento hasta este momento, así como el principio de seguridad jurídica. Máxime, que, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba anteriormente relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, llevan a establecer, que, hasta este momento, son suficientes para determinar la existencia de los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, e incluso, la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión. En mérito de lo anterior, al ser infundados los conceptos de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Máxime, que se reitera, este órgano jurisdiccional advierte que no hay una violación a los derechos fundamentales del quejoso que deba ser reparada oficiosamente o en suplencia de la queja deficiente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxxxxxx, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxx, en contra de los actos que reclamó del juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato de esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el agente del Ministerio Público II Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido que niega los actos que a dicha autoridad se atribuyen. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y relaciónese en la audiencia constitucional.
- Incidental
Vistos para resolver los autos incidentales derivados del juicio de amparo número 528/2020, R E S U L T A N D O Primero. Por escrito acordado el quince de octubre de dos mil veinte, en el cuaderno principal del cual deriva la presente incidencia, Juan Edgar Serrano Delgado, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez de Control de la Región "3" sede Celaya, Guanajuato y otras autoridades, de quienes reclamó lo siguiente: a. La orden de aprehensión, presentación, comparecencia o detención, girada en contra del quejoso y su ejecución. b. El arraigo y su ejecución. Por estimar dicho acto violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Segundo. Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables su respectivo informe previo. Tercero. Mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvieron por inexistentes las autoridades que el quejoso denominó jefe de dirección y jefe de direcciones de la Célula de Homicidios, ambos de esta ciudad, así como jefe de Direcciones en Cortazar, Guanajuato; por tanto, la presente resolución interlocutoria no regirá para ellas; finalmente, la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente, y C O N S I D E R A N D O Primero. Inexistencia de los actos reclamados. Las siguientes autoridades al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos que se les atribuyen: a. Agente del Ministerio Publico número I adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad. b. Agente del Ministerio Publico número II adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad. c. Agente del Ministerio Publico número III adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad. d. Agente del Ministerio Publico número IV adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad. e. Agente del Ministerio Publico número V adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de esta ciudad. f. Juez de Control Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Santa Cruz de Juventino Rosas. g. Juez de Control Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Cortazar. Por su parte, el juez de Control de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato de esta ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado únicamente por lo que ve a la orden de aprehensión (lo que será materia del siguiente considerando). En tal virtud, se tienen por negados el resto de los actos atribuidos a dicha autoridad Es así, pues dicha autoridad no emitió ni tendrá intervención en los diversos actos reclamados -con excepción de la orden de aprehensión-. En consecuencia, lo procedente es negar la medida cautelar solicitada, por falta de materia sobre la cual decretarla, respecto a las citadas autoridades. Aunado a que el peticionario del amparo no aportó medio probatorio para evidenciar lo contrario. Segundo. Existencia de los actos reclamado. El juez de Control de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato de esta ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado únicamente por lo que ve a la orden de aprehensión. Tercero. Materia de la suspensión. Ahora bien, el citado juez responsable al rendir su informe previo aceptó la existencia de los actos bajo el argumento de que en audiencia privada de once de septiembre de dos mil veinte, a petición de la fiscalía, giró orden de aprehensión en contra del quejoso, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado, previsto por el articulo 138 y sancionado por el diverso 140 en relación con el numeral 153, fracción cuarta, 11, fracción I, 13 y 20, párrafo primero, tercer supuesto, todos del Código Penal vigente para el Estado de Guanajuato, en agravio de quien en vida respondía al nombre de Servando Adrián Espinoza Villegas. Además precisó que de conformidad con el artículo 19 constitucional, se trata de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva al quejoso, para el único efecto que, en caso de que se logre su captura, el mismo quede a disposición de este Juzgado de Distrito únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición del juez instructor para los efectos de la continuación del procedimiento. Lo anterior, hasta en tanto se notifique la sentencia definitiva que se llegara a dictar en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva a xxxxxxxx, respecto de las autoridades precisadas en el considerando primero de esta resolución. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a xxxxxxxx, respecto del acto y autoridad precisados en el último considerando de esta resolución.
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