Juan de Dios Olvera Delgadillo
Expediente 653/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan de Dios Olvera Delgadillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, toda vez que en el presente expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, lo anterior de conformidad con la fracción tercera, segundo párrafo, del artículo vigésimo del citado acuerdo.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por **********, por conducto de su apoderado legal **********, calidad que acredita con las constancias del juicio de origen, en contra de actos de la jueza Única Civil y de Oralidad Familiar en Juventino Rosas y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 fracción II constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 653/2019. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo , se desecha de plano la demanda. Para lo anterior, se destacan los antecedentes siguientes: a) En el juicio sucesorio testamentario ********** 33/2014 del índice Juzgado Único de Partido en Materia Civil y Familiar en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, la parte quejosa obtuvo sentencia ejecutoria en la que se ordenó la entrega de la posesión material a su favor respecto del inmueble ubicado en calle *** b) Existe un diverso controvertido C148/2019, ordinario civil sobre acción de oposición de tercero a la ejecución de lo mandado en el juicio referido en el inciso que antecede, promovido por la tercera ********** en contra del aquí quejoso, radicado ante la juez responsable. c) En el citado procedimiento el tres de junio de dos mil diecinueve, la jueza negó las peticiones efectuadas por el quejoso respecto del sobreseimiento del juicio y de fijación de garantía a su contraparte, como requisito para suspender la ejecución a la que se opone. d) En contra de dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de apelación. e) En auto de trece de junio de dos mil diecinueve, la jueza admitió a trámite el recurso (primer acto reclamado), y en su momento, lo remitió a la alzada para su substanciación. f) En resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, el magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, desechó la apelación intentada, bajo la consideración siguiente: "de conformidad con los artículos 245 y 250 del Código de Procedimientos Civiles debe decirse que la determinación impugnado no admite apelación y debe entonces decretarse como mal admitido." (segundo acto reclamado). Ahora bien, la parte quejosa acude a la instancia constitucional para reclamar la actuación judicial que primeramente admitió el recurso de apelación intentado y también en la que la alzada posteriormente decretó la indebida admisión del medio de impugnación planteado, dictadas respectivamente en el juicio ordinario civil sobre oposición de tercero a ejecución C148/2019 y en el toca de apelación 361/2019, de lo anterior se destaca: Que los actos controvertidos fueron dictados en el juicio ordinario civil sobre oposición de tercero a ejecución C148/2019 y en el toca de apelación 361/2019. Que la parte quejosa es parte dentro de dicho procedimiento. Que el juicio de origen se encuentra en trámite. Es así como se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. __________________________________________ Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora, como se dijo, la parte quejosa controvierte, la resolución judicial que primeramente admitió el recurso de apelación intentado y también en la que la alzada posteriormente decretó la indebida admisión del medio de impugnación planteado, en el juicio ordinario civil sobre oposición de tercero a ejecución C148/2019 y en el toca de apelación 361/2019. Es cierto que la tramitación del juicio de origen, acorde con lo narrado por la parte quejosa, ha impedido la ejecución del fallo que tiene a su favor, pero ninguno de los dos actos reclamaron tuvieron tal finalidad o mandato en ese sentido. En esta condición, los actos reclamados descritos con anterioridad, no pueden estimarse como de imposible reparación, puesto que la no implican afectación a derechos sustantivos y se traducen únicamente en cuestiones procedimentales. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." No se soslaya que la parte quejosa invoca para sustentar su acción la tesis con número de registro 163152, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE", pues dicho criterio alude a actuaciones desplegadas en procedimiento de ejecución de sentencia, lo que no ocurre en la especie. De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Tampoco es inadvertido, que la parte quejosa reclame igualmente la inconstitucionalidad del artículo 334 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, que dispone "el auto que admita la demanda no es recurrible el que la deseche es apelable" sin embargo, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa alude a dicho precepto legal por su notoria inconformidad con la admisión de la demanda interpuesta en su contra y el acto reclamado estriba en la admisión y posterior desechamiento del recurso de interpuesto en contra de las actuaciones posteriortes. Lo anterior evidencia que se trata de dos cuestiones distintas, tan es así que en los actos reclamados no se aprecia como fundamento el artículo que pretende tildar de inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia de referencia se desecha de plano la demanda planteada, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Domicilio y autorizados Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al número de suscriptor 3808. Hágase saber a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que si su alta o datos proporcionados no corresponden a la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo y éste proveído así como los subsecuentes se le realizaran por medio de las listas que se fijen en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. Por otro lado, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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