Juan Díaz Martínez
Expediente 132/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Díaz Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; por tanto, este juzgado con base en los elementos que obran en el expediente, de oficio procede a determinar si se cumplió o no la resolución. De constancias se advierte que la ejecutoria que concedió al quejoso *****, el amparo y protección de la justicia federal, fue para el efecto de que la autoridad responsable titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Dentro del término de cinco días hábiles dé respuesta a la solicitud que el agraviado **** presentó el dieciocho de marzo de dos mil veinte; y, la notifique a la parte interesada." Mediante proveído de siete de mayo del año actual, se declaró que la sentencia de mérito, había causado ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por oficio con registro *** la autoridad responsable titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través del coordinador de Actividades en Materia de Vivienda de dicho instituto, informó el acatamiento de la ejecutoria de amparo; al efecto, señala acreditar lo anterior con la documental exhibida con el oficio de referencia, de lo cual se dio vista a la parte quejosa. Es así, puesto que en contestación a la ejecutoria, la autoridad responsable de mérito, a través del coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del Instituto del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante su oficio con registro ***, adjuntó el diverso comunicado número ***, de once de mayo del año actual, dirigido al interesado *****, mediante el cual le dio respuesta su ocurso presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte, por el que solicitó la entrega de los recursos de su subcuenta de "*9**", del uno de marzo de mil novecientos setenta y dos al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho; así como la constancia de notificación al interesado de referencia por conducto de su autorizada *****. Documentales que merecen eficacia probatoria plena acorde a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. En consecuencia, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en términos de lo previsto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, sin excesos ni defectos. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 18, prevéngase a la parte agraviada para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin, en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; apercibida que de no hacerlo estos serán depurados del presente expediente judicial.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio que remite la autoridad responsable titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través del coordinador de Actividades en Materia de Vivienda de dicho instituto, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues al efecto señala que a través de la comunicación DVG-2021/179 de once de mayo del año actual, dio respuesta a la petición formulada por el agraviado *****, -en data dieciocho de marzo pasado- y que esa respuesta le fue notificada al quejoso por conducto de su autorizada, en el domicilio señalado para ello; al efecto señala acreditar lo anterior con la documental exhibida con el oficio de cuenta. En razón de lo antecede, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia en la que se concedió la protección constitucional solicitada; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. En consecuencia, requiérase al titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, conforme al efecto precisado en la misma, a saber: Dentro del término de cinco días hábiles dé respuesta a la solicitud que la parte quejosa **** presentó el dieciocho de marzo de dos mil veinte; y la notifique a la parte interesada. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no cumplir con la prevención efectuada, se les impondrá una multa de cien días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 192, 197 y 258 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.
- Principal
Audiencia constitucional. En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 132/2021, encontrándose presente el maestro en derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido del maestro en derecho Gualberto Gutiérrez Romero, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta, sin la asistencia de las partes ni persona alguna que legalmente las represente. Además, se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, destacando por su importancia las siguientes: escrito inicial de demanda y anexo presentados por ***** (fojas 3 a 7); auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se admitió a trámite la demanda (fojas 8 a 10); acuse de notificación a la autoridad responsable titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, del oficio por el que se le requirió su informe justificado (foja 14). Al efecto el juez acuerda: se tiene por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones y por omisa a la autoridad responsable indicada, en rendir su informe de ley. Período probatorio A continuación, se abre el período probatorio, en que se tiene por desahogada la documental pública que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda (fojas 6 y 7). A lo que el juez provee: con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la probanza aportada por el agraviado. Etapa de alegatos Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el juez acuerda: Se tiene a las partes por omisas en expresar alegatos; con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia, levantándose acta para constancia. A continuación, se procede a dictar la resolución que corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 132/2021-5; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado en la propia data, *****solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, que a continuación se transcribe: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo a título de inconstitucional, de las autoridades señaladas como responsables (sic), la falta de respuesta a mi petición recibida en fecha 18 de marzo del año 2020, toda vez que resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 8° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Acto que consideró violatorio del derecho fundamental reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (fojas 8 a 10 vuelta), esta potestad registró la demanda con el número 132/2020-5, la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. De igual modo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado es una omisión de respuesta, respecto a una solicitud presentada ante una autoridad con sede en esta ciudad; reclamo que carece de ejecución material, de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: La omisión de dar respuesta a la petición del quejoso presentada ante la autoridad responsable el dieciocho de marzo de dos mil veinte. Acto reclamado a la siguiente autoridad: Titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, a pesar de que se le requirió en forma oportuna y de encontrarse debidamente notificada para ello, según se advierte del acuse de recibo que obra a foja 14 del sumario; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Máxime que lo anterior se corrobora con la documental exhibida por el quejoso, relativa al original del acuse de recibo del escrito de cuya omisión de atender ahora constituye la materia del reclamo, el cual contiene sello de recibido plasmado por la autoridad responsable fechado el dieciocho de marzo de dos mil veinte (fojas 6 y 7); documental con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, segundo párrafo. CUARTO. Antecedentes del caso. Con el objeto de realizar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de los propios esgrimidos por la parte quejosa, así como de las constancias que obran en autos, siendo los siguientes: 1. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, la parte quejosa presentó ante el titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta localidad, la petición a fin de que le entregue los recursos de su subcuenta de "AHORRO PARA LA VIVIENDA", del uno de marzo de mil novecientos setenta y dos al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho (foja 6). 2. La autoridad responsable a la fecha no ha emitido respuesta a dicha solicitud. Omisión que constituye el acto reclamado en la presente instancia. QUINTO. Estudio de fondo. La parte agraviada aduce, en esencia y en atención a la causa de pedir, que la omisión del titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito que le presentó el dieciocho de marzo de dos mil veinte, es violatoria al derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional. El anterior planteamiento es fundado. El artículo 8 constitucional dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que este se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Para que se dé cabal cumplimiento al derecho fundamental reconocido por el numeral 8 de nuestra Carta Magna, es necesario que a toda petición que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo en breve término al peticionario. El respeto absoluto a ese derecho fundamental, implica que la respuesta sea congruente con la solicitud. Lo anterior es así, puesto que en el derecho fundamental de petición reconocido en el precepto constitucional en cita, conformado no por uno sino varios derechos que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a saber: De dar respuesta por escrito a la petición del gobernado. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." Por tanto, se considera que es fundado el concepto de violación en examen, pues a la fecha de presentación de la demanda, transcurrieron once meses y veintiocho días, desde que se hizo la solicitud hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, tiempo por demás suficiente para que la autoridad responsable diera contestación a solicitud formulada por el promovente el dieciocho de marzo de dos mil veinte (fajas 1 y 6.) Lo anterior es así, puesto que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, estatuye que no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo resuelva lo que corresponda con relación a las peticiones de los gobernados, salvo que otra disposición legal o administrativa de carácter general establezca diverso plazo. En consecuencia, se concluye que el actuar de la responsable conculca el derecho fundamental reconocido por el artículo 8 constitucional, en perjuicio de la parte quejosa *****, lo que conduce a otorgarle el amparo y protección de la justicia federal solicitado, a efecto de que la autoridad responsable, titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad: Dentro del término de cinco días hábiles, dé respuesta a la solicitud que la parte quejosa presentó el dieciocho de marzo de dos mil veinte; y la notifique a la parte interesada. En virtud de la conclusión alcanzada y los efectos que se otorgaron al amparo, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja expuestos, atendiendo a la jurisprudencia número 1074, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal ampara y protege a *****, en contra del acto de la autoridad, que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando último de esta sentencia.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Juan David Álvarez Vázquez428/2017
- Juan David Ávalos Ferrusquia709/2023
- Juan David Cruz Rodriguez282/2017
- Juan David Mandujano Zamora754/2016
- Juan de Dios Olvera Delgadillo653/2019
- Juan de Jesus Cueva Aranda54/2018
- Juan Edgar Serrano Delgado615/2020
- Juan Edgar Serrano Delgado528/2020
- Juan Edgar Valdez Medina158/2016
- Juan Eduardo Maldonado Sánchez555/2017
- Juan Eduardo Vega Vazquez1135/2016
- Juan Elian Canelo Ramírez1116/2019