Juan David Cruz Rodriguez
Expediente 247/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan David Cruz Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veinte de abril del año en curso, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. En dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA.
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene que ***, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. En primer término, debe destacarse que, del contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. En efecto, el principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, implicaría hacer inviable el juicio de amparo; esto, no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Consecuentemente, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por el acto reclamado consistente en el traslado de su persona del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad -donde se encuentra interno- a uno diverso. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, al ser manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el ubicado en calle ***, de esta ciudad; y autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en términos restringidos, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema de Registros de Profesionales del Derecho, como se obtiene de la certificación secretarial de cuenta. En cuanto al correo electrónico ***, que proporciona el quejoso, si bien no constituye un usuario para imponerse de actuaciones vía electrónica, téngase como medio para agilizar la comunicación para notificarle las determinaciones judiciales que se dicten en el presente juicio de amparo. En veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL CITATORIO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA LA DETERMINACIÓN DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene que ***, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. En primer término, debe destacarse que, del contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. En efecto, el principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, implicaría hacer inviable el juicio de amparo; esto, no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Consecuentemente, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por el acto reclamado consistente en el traslado de su persona del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad -donde se encuentra interno- a uno diverso. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, al ser manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el ubicado en calle ***, de esta ciudad; y autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en términos restringidos, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema de Registros de Profesionales del Derecho, como se obtiene de la certificación secretarial de cuenta. En cuanto al correo electrónico ***, que proporciona el quejoso, si bien no constituye un usuario para imponerse de actuaciones vía electrónica, téngase como medio para agilizar la comunicación para notificarle las determinaciones judiciales que se dicten en el presente juicio de amparo.
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