Juan de Jesus Fuentes Ferrer

Expediente 816/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
816/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Juan de Jesus Fuentes Ferrer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 816/2023, promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiuno de agosto siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-19). SEGUNDO. Trámite. Después de una prevención, mediante proveído de treinta de agosto de la presente anualidad, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, emplazar a la parte tercera interesada (fojas 34-38). Mediante diligencia de cuatro de septiembre siguiente, se emplazó al presente juicio a la tercera interesada Sara Lidia Callejas Mora (foja 45). Asimismo, se recibió en autos el informe justificado de la responsable (foja 49) por lo que integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 64-66). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, al tratarse de un acto dictado en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al analizar en su integridad la demanda de amparo, se precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que consisten en: La resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio ordinario civil ********************de la estadística del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por la que se resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en el juicio de origen (aquí quejoso) en la que se confirmó la pensión alimenticia fijada de manera provisional, Dicha resolución reclamada le fue notificada a la parte quejosa por lista de acuerdos en la misma data, esto es, el siete de julio de la presente anualidad; lo que se corrobora con lo manifestado -bajo protesta de decir verdad- por el impetrante de amparo, mediante su escrito de desahogo de prevención (foja 27). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos la Jueza Décimo Cuarta de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia de la resolución reclamada de siete de julio de dos mil veintitrés (foja 49). Lo que se corrobora en razón de que dicha autoridad remitió copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario civil ********************de su índice estadístico, de las que se advierte la determinación reclamada (fojas 115-120 del tomo de pruebas) las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Definida la certeza del acto reclamado, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto. En esas condiciones, quien esto resuelve advierte, oficiosamente, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa presentó su demanda de garantías de forma extemporánea al no interponerse la misma dentro de los plazos marcados en la propia ley. MARCO NORMATIVO. Los numerales, fracciones y tesis señalados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica y sistemática de los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si éste no se promueve dentro del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, según corresponda, y que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual debe contarse a partir del día siguiente al que se actualice cualquiera de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 18 de la mencionada ley, a saber: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Cabe señalar que las reglas de temporalidad señaladas tienen aplicabilidad al caso, pues no se reclama una norma general, no se trata de una sentencia definitiva en un proceso penal, ni de un asunto que pueda afectar derechos agrarios de núcleos de población ejidal, ni comunal. Del mismo modo, el acto señalado como reclamado no se encuentra contemplado en la hipótesis que señala la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo que dispone: "cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Así pues, en aplicación del marco jurídico previamente establecido, el suscrito encuentra que en el caso la demanda se promovió extemporáneamente. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (tomo único de pruebas): 1). Por escrito de seis de septiembre de dos mil veintidós, Sara Lidia Callejas Mora promovió juicio ordinario civil donde demandó a ******************** el cumplimiento y pago de pensión provisional alimenticia y, en su oportunidad definitiva (fojas 2-7). 2). Por auto de veintisiete de septiembre siguiente, el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, acordó: admitir la demanda y radicarla con el número 1653/2022; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional, a razón de un salario mínimo diario; asimismo, ordenó el emplazamiento de la parte demandada, aquí quejoso (fojas 16-21). 3). Una vez emplazado el demandado (fojas 22-26) por escrito de ocho de noviembre de dos mil veintidós, éste contestó la demanda, reconvino e hizo valer recurso de reclamación contra la pensión provisional alimenticia decretada (fojas 28-40). 4). Seguida la secuela procesal, el siete de julio de dos mil veintitrés, la jueza responsable resolvió el recurso de reclamación promovido por el amparista, en los términos siguientes: "RESUELVE: PRIMERO.- Por las razones legales expuestas en la parte considerativa de este fallo que se reproduce a la literalidad, se declara IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN en estudio, por consiguiente: SEGUNDO.- SE CONFIRMA la pensión alimenticia provisional decretada por auto de radicación de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, consistente en UN SALARIO MÍNIMO DIARIO pagadero por semana adelantada, todo lo anterior sin perjuicio de lo que se decida en definitiva. (.)" Fojas 115-120. Ésta última determinación constituye el acto reclamado en esta instancia. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En el caso, se concreta el primero de los supuestos atinentes a la causa de improcedencia que se analiza, ya que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, pues acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la resolución dictada el siete de julio de dos mil veintitrés dictada en el expediente ********************del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra de la pensión alimenticia provisional fijada; no obstante, tuvo conocimiento de tal resolución en la misma data, sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos el conocimiento del acto reclamado. Lo anterior es así, pues en el escrito de desahogo de prevención recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto de la anualidad que transcurre, el quejoso afirmó -bajo protesta de decir verdad- que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el mismo siete de julio de dos mil veintitrés, tal como se ilustra a continuación: Lo resaltado es propio de la sentencia. Cabe precisar que la causal de improcedencia invocada se estima probada de modo manifiesto e indudable, ya que su actualización se robustece en lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad narró la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución reclamada de siete de julio pasado; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por el amparista, sus manifestaciones se estiman suficientes para probar la naturaleza del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". Máxime que, de las constancias del expediente ********************del índice del Juzgado responsable se advierte que la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, la cual constituye el acto reclamado, fue notificada por medio de lista de esa propia fecha (foja 120 vuelta del tomo de prueba). Sin que pase inadvertido, que si bien en el considerando tercero de la determinación combatida en esta instancia, se asentó la notificación por lista de acuerdos y de manera personal a las partes, lo cierto es que, con relación a la citada forma de notificación, el código procesal en comento señala en sus dispositivos 77, párrafo segundo y 78, que la notificación podrá hacerse de forma personal a los interesados o sus representantes siempre y cuando acudan al local del Juzgado con ese objeto, ya sea el mismo día o al día siguiente que se dictó la resolución correspondiente y en caso de no hacerlo así, se tendrá por hecha la notificación y surtirá todos sus efectos legales al siguiente día de su publicación por lista o estrados en el órgano jurisdiccional. Forma de notificación (lista de acuerdos) prevista en el numeral 74, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y que resulta aplicable al no tratarse, el citado acuerdo, de alguno de los supuestos previstos en el artículo 81 del citado cuerpo de leyes. Circunstancia que pone en evidencia que, a partir del día siguiente hábil en que surtió efectos dicha notificación, y que además se corrobora con lo manifestado por el impetrante de amparo bajo protesta de decir verdad, que lo fue el diez de julio de dos mil veintitrés, empezó a transcurrir el término de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar su demanda de amparo, el cual inició el once de julio del presente año y feneció el treinta y uno del mes y año en cita. Lo anterior, tal como se ilustra a continuación: De lo que se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado, transcurrió del once al treinta y uno de julio de la presente anualidad, sin contar los días inhábiles ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio de este año, en términos del artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Por ende, si del escrito de demanda de amparo se advierte que fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés (foja 2) documental a la que en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le confiere pleno valor probatorio, ya que se advierte el sello y rúbrica de recepción de la encargada de la citada Oficina de Correspondencia Común, servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley y no está contradicho su contenido por otras pruebas; por tanto, es evidente que ya se encontraba vencido dicho plazo, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo. Puntualizando que, aun y cuando inició el periodo vacacional de verano del Juzgado responsable, del diez de julio de dos mil veintitrés, según lo estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria celebrada el seis de enero de dos mil veintitrés, que dio lugar a la emisión de la circular número 1; tal circunstancia no eximía al promovente de presentar su demanda de amparo en tiempo y forma, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la citada circular número 1, en los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de la materia familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno; en los recintos judiciales que conozcan de asuntos familiares, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar; en los distritos judiciales donde están dos o más juzgados especializados (en la ciudad de Veracruz hay Juez Octavo, Juez Décimo, Juez Décimo Segundo y Juez Décimo Cuarto, todos de Primera Instancia, Especializados en Materia de Familia) las guardias deberán ser cubiertas por el juzgado que conforme al turno le corresponda, con el personal indispensable para atender las diligencias que se llegaren a presentar; y las labores de los juzgados en materia familiar no se interrumpirán durante las vacaciones. Al efecto, resulta conveniente transcribir en lo que interesa, el contenido de los citados numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dicen lo siguiente: "Artículo 194. Los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de las materias penal o familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno. En los recintos judiciales que conozcan de asuntos de familia, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar. Al reanudarse las labores, el secretario dará inmediata cuenta al juez de los asuntos urgentes que haya conocido para el efecto de su continuación procesal. El personal de guardia disfrutará de sus vacaciones en las fechas que fije el Consejo de la Judicatura....". "Artículo 195. Las labores de los Juzgados en Materia Penal y Familiar no se interrumpirán durante las vacaciones.". Asimismo, de la citada Circular 1 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de seis de enero de dos mil veintitrés, en el apartado de acuerdo, punto primero, fracción IX, se advierte lo siguiente: "IX.- En materia familiar, de conformidad con los numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se interrumpirán las labores durante las vacaciones, por lo que, en los distritos judiciales donde están dos o más juzgados especializados, en congruencia con los numerales 194 y 195 antes citados, las guardias deberán ser cubiertas por el juzgado que conforme al turno le corresponda, con el personal indispensable para atender las diligencias que se llegaren a presentar. Informando a esta dependencia con toda oportunidad, en relación al personal de guardia asignado que cubrirá el periodo vacacional, para efecto de control.". Lo anterior, brinda soporte a la resolución que al efecto se emite, en el sentido de que aun cuando el Juzgado responsable gozó de su periodo vacacional de verano del diez al veintiocho de julio de dos mil veintitrés, ello de ninguna forma impidió que el quejoso presentara su demanda de amparo, pues al efecto estuvieron en posibilidad de acudir ante el juzgado de guardia en caso de estimarlo necesario para la formulación de su demanda; y al no haberlo hecho así, es claro que para cuando presentó su libelo de garantías, esto es, el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, lo hizo en forma extemporánea. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". De igual forma, resulta aplicable la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA. CUANDO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DIAS EN QUE LAS RESPONSABLES GOZAN DE VACACIONES. Para realizar el cómputo del término al que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe contarse el tiempo en que los empleados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz disfrutan del período vacacional, si consta que durante ese período quedó una sala de guardia, ya que no debe perderse de vista lo que dispone el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en el sentido de que: "En el Tribunal Superior de Justicia, funcionará durante los dos períodos de vacaciones una sala de guardia integrada por un Magistrado de cada una de las Salas regulares y un secretario, para el despacho de los asuntos urgentes, personal que será designado por el Magistrado presidente y que posteriormente hará uso de sus vacaciones. Se consideran asuntos urgentes los casos de desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público; los referidos a demandas de amparo ...". Lo anterior es así, ya que conforme con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Asimismo, el auto reclamado no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial. Tampoco se advierte que con la emisión de la misma, exista en perjuicio de la parte quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. Y si en la especie, se tiene como fecha cierta, a partir de la notificación del acto reclamado, es decir, el siete de julio de dos mil veintitrés, al haberse notificado y aceptar la parte quejosa que tuvo conocimiento de la resolución reclamada de esa misma fecha, es evidente que a partir del día siguiente hábil en que surtió sus efectos la misma, se inició el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, resultando claro que la misma es extemporánea y, por ende, el destacado acto reclamado debe considerarse tácitamente consentido. Sin que sea obstáculo para lo expresado con anterioridad, que se trate de un asunto en materia familiar y por ello, proceda la suplencia de la queja en su favor en términos del artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que en términos del ya mencionado artículo 17 de la ley en comento, la parte quejosa estuvo obligada a presentar oportunamente su demanda de amparo dentro del plazo de quince días establecido en dicho numeral, y la citada suplencia de la queja no tiene el efecto de superar la existencia de una causal de improcedencia probada. Guarda relación la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." CONCLUSIÓN. En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 ambos de la Ley de Amparo, en lo que ve al acto reclamado analizado en el presente considerando. Resulta importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Juan de Jesús Fuentes Ferrer; en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista concedida en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, y formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de este Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la responsable de mérito, la documental que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la aludida audiencia que al efecto se celebre. Dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas de dichas constancias, para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cinco minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 816/2023, promovido por ********************, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 816/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. ********************, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz. 36 CIERTO De las que reclama: ".la resolución interlocutoria de fecha 7 de julio del 2023, dictada en los autos del expediente ********************, del índice de la autoridad responsable, la cual resolvió la reclamación interpuesta en contra del pago de pensión alimenticia provisional que se fijó en contra del aquí quejoso." En auto de treinta de agosto del año en curso, este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable reconoció la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto, con fundamento en los artículos 128 y 138, de la Ley de Amparo, en concordancia con los criterios de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINTIVA del acto reclamado consistente en: la resolución interlocutoria de fecha 7 de julio del 2023, dictada en los autos del expediente ********************, del índice de la autoridad responsable, la cual resolvió la reclamación interpuesta en contra del pago de pensión alimenticia provisional que se fijó en contra del aquí quejoso, puesto que la misma no puede tener el efecto que pretende el quejoso, esto es, dejar sin efectos la pensión provisional alimenticia decretada a su cargo, ya que ello impediría a la acreedora alimentaria de recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que no se surte el requisito exigido por la fracción II del citado artículo 128, para concederla. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.

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