Juan de Dios Martinez Nogueira

Expediente 1146/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1146/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Juan de Dios Martinez Nogueira
  • CFE Distribución Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1146/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, diez y veinte de enero y catorce de febrero, éstas últimas del año dos mil veintitrés (fojas 30-34, 44-47, 57-60 y 74-76 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, diez y veinte de enero y catorce de febrero, éstas últimas del año dos mil veintitrés (fojas 30-34, 44-47, 57-60 y 74-76 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, diez y veinte de enero y catorce de febrero, éstas últimas del año dos mil veintitrés (fojas 30-34, 44-47, 57-60 y 74-76 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón levantada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a la sentencia autorizada de treinta de marzo del presente año; en atención a su contenido, téngasele informando la imposibilidad de notificar al quejoso Juan de Dios Martínez Nogueira la referida sentencia, por las razones ahí expuestas. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento dictado en auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, por lo que se comisiona a las personas actuarias adscritas a este juzgado, para que se notifique por lista de acuerdos a la parte quejosa la sentencia de treinta de marzo del año actual, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por el mismo medio con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe un domicilio correcto en esta plaza para el efecto. Notifíquese en términos de ley. Como lo ordena el proveído que antecede en esta fecha y por este conducto se notifica a la parte quejosa la sentencia engrosada el treinta de marzo de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1146/2022 promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-13). SEGUNDO. Trámite. Por auto de nueve de diciembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito (fojas 15-18). Se agregaron materialmente en autos los informes justificados de las autoridades responsables identificadas con los números 5 y 4 (fojas 27-28 y 33-34) y digitalizados en el expediente electrónico, los de las diversas autoridades identificadas con los números 1, 2 y 3, conforme a lo ordenado por autos de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, así como de diez y veintitrés de enero, estos del año en curso (fojas 23, 31 y 37-38). Al encontrarse integrado el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 37-38) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 51-52). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse la inconstitucionalidad de una norma, que sostiene la parte quejosa, afecta irreparablemente sus derechos fundamentales, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano judicial. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos combatidos consisten en: a). El corte del servicio de energía eléctrica en el inmueble con número de servicio ********************y aplicación de artículo 41, de la indicada Ley, realizado el uno de diciembre de dos mil veintidós. Acto atribuido a la autoridad 1. CFE Distribución Zona Veracruz, en Veracruz, Veracruz. b). La iniciativa, discusión, aprobación, expedición y refrendo del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. Estos actos atribuidos al 2. Secretaría de Energía, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 3. y 4. Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y de Senadores) y 5. Secretario de Gobernación, todos en la Ciudad de México. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad 1. CFE Distribución Zona Veracruz, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció su existencia (digitalizado en el expediente electrónico conforme al auto de veintidós de diciembre anterior). Es cierto el acto atribuido a la 2. Secretaría de Energía, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la iniciativa del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. Asimismo, son ciertos los actos atribuidos al 3. y 4. Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y de Senadores) en la Ciudad de México, consistentes en la discusión, aprobación y expedición de la aludida legislación. De igual forma, es cierto el acto reclamado al 5. Secretario de Gobernación en Ciudad de México, consistente en el refrendo de la citada norma. Lo anterior en razón que así lo manifestaron dichas autoridades al rendir su respectivo informe justificado, el de las identificadas con los números 5 y 4 agregados materialmente al expediente (fojas 27-28 y 33-34) y los de las diversas autoridades identificadas con los números 1, 2 y 3 digitalizados en el expediente electrónico (fojas 23, 31 y 37-38). Además, la certeza del ordenamiento impugnado es implícita y no es objeto de prueba, en atención al principio de derecho plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, con apoyo en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Igualmente, sirve de apoyo la tesis 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que cesaron los efectos del corte del servicio de energía eléctrica reclamado; asimismo, como consecuencia de la sustitución de dicho acto, se estima que también cesó la aplicación de la porción normativa reclamada, ya que aun cuando subsiste el precepto legal tildado de inconstitucionalidad, porque la sustitución del acto de aplicación no puede legalmente dejarlo sin efecto, esa subsistencia no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber dejado de existir el citado acto de aplicación, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta el marco legal. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se estima se concreta, se relatan los antecedentes del acto reclamado que permitirán su mejor comprensión: En su demanda de amparo el quejoso manifestó que el uno de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad CFE Distribución Zona Veracruz, realizó el corte del servicio de energía eléctrica en el inmueble con número de servicio ******************** Por su parte, en su informe justificado, la aludida autoridad señalada como responsable reconoció que en la fecha indicada por el quejoso se realizó el corte del servicio de energía eléctrica en el inmueble referido. No obstante, aclaró que dicha circunstancia se debió a un error involuntario por la confusión del personal de esa empresa, ya que después de revisar los sistemas informáticos con que se cuentan, no se encontró que el aludido servicio presente con algún ajuste de facturación vigente. Por tal motivo, comunicó la autoridad que se gestionaría la reconexión inmediata del servicio, para lo cual se generó la orden de trabajo ********************, atendiéndose ésta el quince de diciembre de dos mil veintidós, quedando restablecido el servicio y energizado el inmueble de que se trata. Para justificar lo anterior, la autoridad responsable remitió una impresión de la pantalla del sistema de solicitudes denominado SICOSSWEB, del que se desprende que la orden de trabajo ********************, relativa a la reconexión del servicio de energía eléctrica de que se trata, se encuentra con estatus de "TERMINADA". Asimismo, se precisa que esa probanza se digitalizó al expediente electrónico del presente juicio de amparo, conforme a lo ordenado por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el cual además se ordenó dar vista por el plazo de ocho días a la parte quejosa con dicha constancia, para que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 49). Hasta aquí los antecedentes del asunto. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del inicial acto reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene, en la medida que del análisis de las constancias que remitió como justificación de sus actos la autoridad 1. CFE Distribución Zona Veracruz, en Veracruz, Veracruz, se desprende que el quince de diciembre de dos mil veintidós se reconectó el servicio de energía eléctrica en el inmueble del que es titular el quejoso, debido a que no presentaba ajuste de facturación alguno. Lo anterior pone de manifiesto que el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en el inmueble que defiende el quejoso, se traduce en un acto que incide en la vigencia y ejecutividad del inicial acto reclamado, en la medida que con ese acto fue sustituido el corte o suspensión del aludido servicio, inicialmente combatido. Además, se observa que el restablecimiento del aludido servicio de energía eléctrica realizado el quince de diciembre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento del quejoso al momento en que se le dio vista con el contenido de la impresión de la pantalla del sistema de solicitudes denominado SICOSSWEB, relativo al estatus de la orden de trabajo ********************. Luego, si la parte quejosa conoció la actuación de la autoridad de reconectar el servicio de que se trata, el cual se había suspendido por un error del personal de Comisión Federal de Electricidad; es claro que cesó en sus efectos el corte del aludido servicio reclamado. En ese mismo sentido, se estima que también cesó la aplicación de la porción normativa reclamada (tildada de inconstitucionalidad en el presente juicio de amparo) a saber, el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. Ello es así, pues con motivo de la reconexión del servicio de energía eléctrica en el domicilio defendido por el quejoso, quedó sin vigencia y ejecutividad el acto reclamado de origen (fundado según el quejoso en el aludido dispositivo legal). De esta manera, aunque subsiste la fracción normativa tildada de inconstitucional, por sí misma, ya no causa perjuicio a la parte quejosa, pues ya no tiene vigencia ni ejecutividad en el ámbito fáctico. Sirve de respaldo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "LEYES, REVOCACION DEL ACTO DE APLICACION EN AMPARO CONTRA. Cuando la autoridad ejecutora que realizó el acto de aplicación, lo revoca en todas y cada una de sus partes, es evidente que cesan los efectos del acto reclamado y se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Por otra parte, aun cuando subsisten los preceptos legales impugnados de inconstitucionalidad, porque la revocación del acto de aplicación no puede legalmente dejarlos sin efecto, esa subsistencia no ocasiona perjuicio a la parte quejosa, por no existir acto de aplicación, y en tal virtud se surte la hipótesis normativa prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al operar las causas de improcedencia citadas, el juicio de amparo debe sobreseerse con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." En ese mismo orden de ideas, se estima que respecto de los actos reclamados atribuidos a la 2. Secretaría de Energía, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 3. y 4. Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y de Senadores) y 5. Secretario de Gobernación, todos en la Ciudad de México, se actualiza el motivo de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (El resaltado se hace en esta sentencia) Se estima la actualización de la precitada causa de improcedencia, en virtud de que al no tener aplicación fáctica la porción normativa que se reclama a esas autoridades, entonces ningún perjuicio le causa a la parte quejosa. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concretan los motivos de improcedencia aquí analizados y que se contemplan en las fracciones XII y XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la citada Ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, conforme a los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Representante Legal de Comisión Federal y Electricidad Distribución, con residencia en Veracruz, Veracruz, recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. Ahora, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de quince de febrero del año actual para lo cual remite copias certificadas de las constancias relativas a la reconexión número J0605773302 de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en Juan Pablo II, número 1111-D, fraccionamiento Costa Verde, C.P. 94294 en Boca del Río, Veracruz, en esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, y con la misma, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el citado artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

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