Juan Emilio Morales Delfín
Expediente 70/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Emilio Morales Delfín
- Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la asesora jurídica Patricia Araceli Díaz Rodríguez, en su carácter de representante de los menores de edad de identidad reservada, identificados con las iniciales C.M.C., E.M.C., y L.M.C., parte quejosa, el proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y terceros interesados, así como al asesor Jurídico adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, en su carácter de representante especial de los menores de iniciales C.M.C., E.M.C. y L.M.C, mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Juan Emilio Morales Delfín por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada bajo las siglas C.M.C., E.M.C. y L.M.C., para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 1249/2022-M-III, de su índice. 2. En su lugar, emita una nueva en la que, atendiendo al interés superior de la menor, declare fundado el recurso de reclamación hecho valer por la aquí quejosa y levante el depósito relativo, ordenando la reintegración inmediata de los menores involucrados con ambos padres, fijando desde luego la convivencia respectiva con su padre, de ser procedente." En esas condiciones, mediante auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de veintidós de mayo siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada, así como al asesor Jurídico adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, en su carácter de representante especial de los menores de iniciales C.M.C., E.M.C. y L.M.C., con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo antes expuesto resulta procedente tomando en consideración el oficio número 4506/2023 signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, de la cual se aprecia que ordenó dejar insubsistente la resolución de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente 1249/2022-III de su índice. Asimismo, procedió a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación fincado en contra del depósito de los menores realizado mediante diligencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 162 del Código Procesal Civil del Estado, atendiendo las manifestaciones vertidas por el recurrente aquí quejoso, concluyó improcedente la medida del depósito, toda vez que al imponerse de la diligencia combatida concluyó que no existe elemento objetivo para acreditar la procedencia de la medida, máxime que para la procedencia del depósito de personas resulta necesario la existencia del probable riesgo de peligro o daño que uno de los padres le pueda inferir a los depositados, fundándose en indicios objetivos, lo cual en el presente asunto no se actualizó, por lo que decretó procedente levantar la medida del depósito de los menores. Lo antes expuesto, al considerar fundados y procedentes los agravios expuestos por el aquí quejoso, así como que de autos del expediente 1528/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo, destacó que los menores no se encuentran en peligro al estar bajo el cuidado de su padre lo que conlleva a la inexistencia de correr algún riesgo, así como el hecho narrado por los propios infantes en la diligencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, encaminado a su voluntad de seguir viviendo con su padre, el cual los ha cuidado en el domicilio donde conviven y que reconocen como su hogar y núcleo familiar y que en ningún momento manifestaron sufrir violencia de cualquier tipo, sin soslayar que los menores han sido testigos de las discusiones de sus padres, sin detonar peligro alguno por sus progenitores al resultar solamente indicios sobre supuesta violencia al no quedar acreditado en el sumario. Igualmente, consideró fundado y procedente, lo manifestado relacionado con el supuesto abandono del hogar conyugal, toda vez que los mismos infantes manifestaron que su padre siempre ha vivido con ellos en el mismo domicilio, y que aún vive en el domicilio a lado de sus hijos y de la aquí tercera interesada. Por otra lado, robusteció lo anterior considerando lo alegado por la madre de los menores al declarar la inexistencia de violencia en contra de los hijos, lo cual reiteraron los menores en la diligencia que obra en el expediente 1528/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo, donde refieren que la madre es quien ejerce violencia verbal, por lo que consideró la inexistencia de riesgo en contra de los menores al no acreditarse la urgencia ni la necesidad para la procedencia de la medida, así como el peligro a lado de su progenitor. En las relatadas consideraciones, consideró procedente la reclamación que intento el aquí quejoso en contra del depósito judicial, tomando en consideración el interés superior, al quedar acreditado que los menores no corren peligro viviendo a lado de sus padres. Por lo que en términos del artículo 58 del Código Civil del Estado de Veracruz, revocó el depósito decretado en fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, destacando innecesario requerir la entrega de los menores, toda vez que los mismos habitan en el mismo domicilio donde se decretó la medida combatida; asimismo, fijo convivencia entre los menores y sus progenitores de manera libre en los mismos términos que se han venido realizando, dado que los menores habitan en el mismo domicilio de sus padres. En ese sentido, se desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo se llevaron a cabo con el actuar del Juez de lo Familiar, al dejar sin efectos la resolución combatida de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente 1249/2022-III de su índice, y al momento de resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación declaró procedente dicho medio de defensa, velando el interés superior del menor, declaró fundado el recurso de reclamación y ordenó levantar el depósito. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) en resolución interlocutoria de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dos de junio de dos mil veintitrés.********************Es un hecho notorio para el suscrito que en los del juicio de amparo 70/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice:********************".Boca del Río, Veracruz, dos de junio de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y terceros interesados, así como al asesor Jurídico adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, en su carácter de representante especial de los menores de iniciales ********************y********************, mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ******************** por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada bajo las siglas ********************y********************., para los efectos siguientes:********************".1. Deje insubsistente la resolución reclamada de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del ********************, de su índice. ********************2. En su lugar, emita una nueva en la que, atendiendo al interés superior de la menor, declare fundado el recurso de reclamación hecho valer por la aquí quejosa y levante el depósito relativo, ordenando la reintegración inmediata de los menores involucrados con ambos padres, fijando desde luego la convivencia respectiva con su padre, de ser procedente."****************************************En esas condiciones, mediante auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en auto de veintidós de mayo siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada, así como al asesor Jurídico adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, en su carácter de representante especial de los menores de iniciales ********************y********************., con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo antes expuesto resulta procedente tomando en consideración el oficio número 4506/2023 signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, de la cual se aprecia que ordenó dejar insubsistente la resolución de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente ********************de su índice.********************Asimismo, procedió a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación fincado en contra del depósito de los menores realizado mediante diligencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 162 del Código Procesal Civil del Estado, atendiendo las manifestaciones vertidas por el recurrente aquí quejoso, concluyó improcedente la medida del depósito, toda vez que al imponerse de la diligencia combatida concluyó que no existe elemento objetivo para acreditar la procedencia de la medida, máxime que para la procedencia del depósito de personas resulta necesario la existencia del probable riesgo de peligro o daño que uno de los padres le pueda inferir a los depositados, fundándose en indicios objetivos, lo cual en el presente asunto no se actualizó, por lo que decretó procedente levantar la medida del depósito de los menores. ********************Lo antes expuesto, al considerar fundados y procedentes los agravios expuestos por el aquí quejoso, así como que de autos del expediente ******************** del índice del Juzgado Décimo Segundo, destacó que los menores no se encuentran en peligro al estar bajo el cuidado de su padre lo que conlleva a la inexistencia de correr algún riesgo, así como el hecho narrado por los propios infantes en la diligencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, encaminado a su voluntad de seguir viviendo con su padre, el cual los ha cuidado en el domicilio donde conviven y que reconocen como su hogar y núcleo familiar y que en ningún momento manifestaron sufrir violencia de cualquier tipo, sin soslayar que los menores han sido testigos de las discusiones de sus padres, sin detonar peligro alguno por sus progenitores al resultar solamente indicios sobre supuesta violencia al no quedar acreditado en el sumario.********************Igualmente, consideró fundado y procedente, lo manifestado relacionado con el supuesto abandono del hogar conyugal, toda vez que los mismos infantes manifestaron que su padre siempre ha vivido con ellos en el mismo domicilio, y que aún vive en el domicilio a lado de sus hijos y de la aquí tercera interesada.********************Por otra lado, robusteció lo anterior considerando lo alegado por la madre de los menores al declarar la inexistencia de violencia en contra de los hijos, lo cual reiteraron los menores en la diligencia que obra en el expediente ******************** del índice del Juzgado Décimo Segundo, donde refieren que la madre es quien ejerce violencia verbal, por lo que consideró la inexistencia de riesgo en contra de los menores al no acreditarse la urgencia ni la necesidad para la procedencia de la medida, así como el peligro a lado de su progenitor.********************En las relatadas consideraciones, consideró procedente la reclamación que intento el aquí quejoso en contra del depósito judicial, tomando en consideración el interés superior, al quedar acreditado que los menores no corren peligro viviendo a lado de sus padres.********************Por lo que en términos del artículo 58 del Código Civil del Estado de Veracruz, revocó el depósito decretado en fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, destacando innecesario requerir la entrega de los menores, toda vez que los mismos habitan en el mismo domicilio donde se decretó la medida combatida; asimismo, fijo convivencia entre los menores y sus progenitores de manera libre en los mismos términos que se han venido realizando, dado que los menores habitan en el mismo domicilio de sus padres.********************En ese sentido, se desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo se llevaron a cabo con el actuar del Juez de lo Familiar, al dejar sin efectos la resolución combatida de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente ********************de su índice, y al momento de resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación declaró procedente dicho medio de defensa, velando el interés superior del menor, declaró fundado el recurso de reclamación y ordenó levantar el depósito.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) en resolución interlocutoria de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General."****************************************En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva.********************Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa, el proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y terceros interesados, así como al asesor Jurídico adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, en su carácter de representante especial de los menores de iniciales C.M.C., E.M.C. y L.M.C, mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Juan Emilio Morales Delfín por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada bajo las siglas C.M.C., E.M.C. y L.M.C., para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 1249/2022-M-III, de su índice. 2. En su lugar, emita una nueva en la que, atendiendo al interés superior de la menor, declare fundado el recurso de reclamación hecho valer por la aquí quejosa y levante el depósito relativo, ordenando la reintegración inmediata de los menores involucrados con ambos padres, fijando desde luego la convivencia respectiva con su padre, de ser procedente." En esas condiciones, mediante auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de veintidós de mayo siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada, así como al asesor Jurídico adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, en su carácter de representante especial de los menores de iniciales C.M.C., E.M.C. y L.M.C., con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo antes expuesto resulta procedente tomando en consideración el oficio número 4506/2023 signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, de la cual se aprecia que ordenó dejar insubsistente la resolución de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente 1249/2022-III de su índice. Asimismo, procedió a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación fincado en contra del depósito de los menores realizado mediante diligencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 162 del Código Procesal Civil del Estado, atendiendo las manifestaciones vertidas por el recurrente aquí quejoso, concluyó improcedente la medida del depósito, toda vez que al imponerse de la diligencia combatida concluyó que no existe elemento objetivo para acreditar la procedencia de la medida, máxime que para la procedencia del depósito de personas resulta necesario la existencia del probable riesgo de peligro o daño que uno de los padres le pueda inferir a los depositados, fundándose en indicios objetivos, lo cual en el presente asunto no se actualizó, por lo que decretó procedente levantar la medida del depósito de los menores. Lo antes expuesto, al considerar fundados y procedentes los agravios expuestos por el aquí quejoso, así como que de autos del expediente 1528/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo, destacó que los menores no se encuentran en peligro al estar bajo el cuidado de su padre lo que conlleva a la inexistencia de correr algún riesgo, así como el hecho narrado por los propios infantes en la diligencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, encaminado a su voluntad de seguir viviendo con su padre, el cual los ha cuidado en el domicilio donde conviven y que reconocen como su hogar y núcleo familiar y que en ningún momento manifestaron sufrir violencia de cualquier tipo, sin soslayar que los menores han sido testigos de las discusiones de sus padres, sin detonar peligro alguno por sus progenitores al resultar solamente indicios sobre supuesta violencia al no quedar acreditado en el sumario. Igualmente, consideró fundado y procedente, lo manifestado relacionado con el supuesto abandono del hogar conyugal, toda vez que los mismos infantes manifestaron que su padre siempre ha vivido con ellos en el mismo domicilio, y que aún vive en el domicilio a lado de sus hijos y de la aquí tercera interesada. Por otra lado, robusteció lo anterior considerando lo alegado por la madre de los menores al declarar la inexistencia de violencia en contra de los hijos, lo cual reiteraron los menores en la diligencia que obra en el expediente 1528/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo, donde refieren que la madre es quien ejerce violencia verbal, por lo que consideró la inexistencia de riesgo en contra de los menores al no acreditarse la urgencia ni la necesidad para la procedencia de la medida, así como el peligro a lado de su progenitor. En las relatadas consideraciones, consideró procedente la reclamación que intento el aquí quejoso en contra del depósito judicial, tomando en consideración el interés superior, al quedar acreditado que los menores no corren peligro viviendo a lado de sus padres. Por lo que en términos del artículo 58 del Código Civil del Estado de Veracruz, revocó el depósito decretado en fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, destacando innecesario requerir la entrega de los menores, toda vez que los mismos habitan en el mismo domicilio donde se decretó la medida combatida; asimismo, fijo convivencia entre los menores y sus progenitores de manera libre en los mismos términos que se han venido realizando, dado que los menores habitan en el mismo domicilio de sus padres. En ese sentido, se desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo se llevaron a cabo con el actuar del Juez de lo Familiar, al dejar sin efectos la resolución combatida de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente 1249/2022-III de su índice, y al momento de resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación declaró procedente dicho medio de defensa, velando el interés superior del menor, declaró fundado el recurso de reclamación y ordenó levantar el depósito. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) en resolución interlocutoria de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Veracruz, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido, téngasele informando que en atención a la licencia otorgada a Héctor Marcelo Vásquez, Asesor Jurídico Federal, con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, designa a Patricia Araceli Díaz Rodríguez, Asesora Jurídica adscrita a la Asesoría Jurídica en Veracruz, Veracruz, con fecha a partir del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, como representante especial de los menores quejosos C.M.C., E.M.C. y L.M.C. Por otra parte, visto el oficio y anexo de cuenta signado electrónicamente por Patricia Araceli Díaz Rodríguez, Asesora Jurídica Federal, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Amparo, téngase a la citada asesora jurídica aceptando y protestando el cargo conferido por el Titular de la Delegación Veracruz del Instituto Federal de Defensoría Pública, para intervenir como Representante Especial de los menores quejosos ******************** en el presente asunto; lo anterior para los efectos legales procedentes. Por otro lado, como lo solicita, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta vía internet del expediente, con el usuario ********************, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Asimismo, atento a su petición, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicaran por la vía electrónica con el nombre de usuario citado en párrafo que antecede. En esas condiciones, se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la referida asesora jurídica con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite. Finalmente, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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