Juan David Ortiz Hernandez
Expediente 384/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/04/2019
Partes del expediente
- Juan David Ortiz Hernandez
Actuaciones
- Principal
II. Toluca, Estado de México; treinta de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito cuenta signado por el quejoso Juan David Ortiz Hernández, a través del cual realiza diversas manifestaciones relativas al juicio de amparo directo 166/2019, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, así como al recurso de revisión 355/2017 que se tramita en dicho Tribunal. En consecuencia, agréguese a los autos sin mayor proveído toda vez que el veinticuatro del mes y año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto, en razón que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional al admitir a trámite la demanda promovida por el ocursante. No obstante hágase saber al promovente que está en aptitud de instar las promociones que estime convenientes directamente ante el Tribunal que conoce de los asuntos a que hace mención. Notifíquese.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual informa que admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, con lo cual acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. De lo que toma conocimiento para los efectos legales conducentes, acúsese recibo. Por otra parte, del estado procesal del cuaderno de antecedentes en que se actúa se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
ii) Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense el oficio y escrito de cuenta; a través de los cuales, con el primero de ellos el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Administrativa del Segundo Circuito, acusa recibo del oficio mediante el cual se remitieron los autos originales del presente asunto motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, el cual registró con el número de amparo directo 166/2019, reservando acordar la admisión o no del asunto. Lo anterior, para los efectos legales procedentes, estando en espera que dicho órgano colegiado comunique la determinación procedente. En otro contexto, con el segundo de cuenta, el quejoso Juan David Ortiz Hernández solicita copia simple de las fojas 14, 15, 16 y 17 del juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, copias simples de las constancias que solicita. Notifíquese.
- Principal
II Toluca, Estado de México; veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Juan David Ortiz Hernández, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 384/2019-II. Incompetencia. Previo a acordar respecto de la admisión, cabe precisar que de la lectura integra de la demanda se aprecia que el quejoso señala como acto reclamado: La resolución de siete de marzo de dos mil diecinueve, que le fue notificada el diecinueve siguiente, dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el recurso de revisión 82/2019, mediante la cual confirmó la sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En ese orden de ideas, con apoyo en lo dispuesto en los ordinales 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo en estudio y estima que debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno. En esta tesitura, el artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto señalan: ".Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ...III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) ...V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, de conformidad con la ley, en los casos siguientes: ...b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus resoluciones." El artículo 170 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.)." Asimismo, el artículo 34 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa establece: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." El diverso 47 de la legislación referida, en lo conducente señala: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)." Así, es claro que los preceptos legales transcritos en párrafos precedentes, contienen los requisitos de procedencia del juicio de garantías en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reitera que por esta vía se reclama la resolución de sirte de marzo de dos mil diecinueve, que le fue notificada el diecinueve siguiente, dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el recurso de revisión 82/2019, mediante la cual confirmó la sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en la que se sobreseyó el juicio intentado por el quejoso. Por ende, es claro que si el juicio se inicia para los efectos estrictamente del amparo, con la presentación de la demanda ante la potestad judicial y concluye con el dictado de la sentencia definitiva, el acto reclamado en esta instancia constitucional, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo, porque la determinación de siete de marzo de dos mil diecinueve (dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el recurso de revisión 82/2019), confirmo la sentencia pronunciada por la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, puso fin al juicio de origen y, corresponde el conocimiento del asunto a un Tribunal Colegiado de Circuito y no a un juez de Distrito. Por tanto, dichas violaciones procedimentales deben ser impugnadas en amparo directo, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a) y fracción V, inciso b), de la Constitución Federal, 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, transcritos en párrafos anteriores. Se estima aplicable, la tesis I.9o.A.61 A (10a.) publicada en el Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2903, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL, EL PLENO DE UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones dictadas, entre otros, por tribunales administrativos, que pongan fin al juicio; esto es, las que lo deciden en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario que permita revocarlas o modificarlas, o cuando deban agotarse previamente los medios de impugnación que se establezcan en la ley de la materia. Consecuentemente, el sobreseimiento del juicio de nulidad decretado antes del cierre de la instrucción por el pleno de una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, reviste las características de una resolución que pone fin al juicio, toda vez que, en su contra, no procede el recurso de reclamación establecido en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no tratarse de una determinación emitida sólo por el Magistrado instructor." En efecto, este juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda que nos ocupa, puesto que el acto reclamado no puede ser impugnable en la vía biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en el invocado dispositivo 170 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis I.11o.C 13 K (10a) visible en la página 2175, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo III, Febrero de 2014, Décima Época, del tenor literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE ENCUENTRA SUJETA A LA PROCEDENCIA DE ESA VÍA, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSTITUYAN SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, CONTRA LAS QUE YA NO PROCEDA RECURSO ORDINARIO POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS (ALCANCES DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO A) Y V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DEL 2013 Y 37 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, establecía la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponían fin al juicio, en contra de las cuales ya no procedía recurso ordinario, elemento característico que también preveía el artículo 46 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; con motivo de esa reforma constitucional y de la emisión de la nueva Ley de Amparo vigente, desaparecieron esas precisiones, sin embargo, en dicho precepto constitucional, párrafo tercero, se establece la procedencia del juicio de amparo en contra de dichos actos siempre que se agoten previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales aquéllos puedan ser modificados o revocados, salvo en el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos, cuya redacción también se reprodujo en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente. En los procesos legislativos que dieron origen a los ordenamientos vigentes, no se expusieron las razones por las cuales se excluyó la precisión que originalmente se preveía en dichas normas, lo que pone de manifiesto que tanto el Constituyente como el legislador ordinario tuvieron la intención de precisar, aunque con diferente redacción, que sólo podrán ser materia de amparo directo las resoluciones terminales, pues establecen que, previamente, deben agotarse los recursos ordinarios, lo que significa que éstos deben haber sido interpuestos o que la ley no los prevea, para que se promueva el juicio de amparo directo; lo que incide en la competencia del Tribunal Colegiado atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, precisamente, en atención al principio de definitividad de cuya observancia depende la característica de resolución terminal de aquél, circunstancia que corrobora el citado artículo 107, fracción V, en su redacción original y en la vigente, que reservan la competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de dichas resoluciones; lo anterior, máxime que el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual no fue sujeto de las actuales reformas, establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, y precisa que son aquellas respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. En ese orden, para los efectos del juicio de amparo directo, por sentencia definitiva se entiende, procesalmente, por regla general, la que decide el juicio en lo principal, y por resolución que ponga fin al juicio, la que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, las cuales deben ser irrecurribles, ya sea porque se agotó el medio ordinario de defensa o porque la ley ordinaria no lo prevea; por tanto, si en esa vía es promovida una demanda en contra de una resolución que no cumpla con esa característica, el Tribunal Colegiado deberá declararse incompetente para conocer del asunto, y remitirlo al Juez de Distrito competente para que resuelva lo que en derecho proceda; por ende, es dable considerar que las tesis de jurisprudencia por contradicción, números P./J. 16/2003 y P./J. 40/97, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.", las cuales prevén como requisito para que se actualice la competencia, que el acto reclamado constituya una resolución irrecurrible, son acordes con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales correlativas vigentes, amén de que, conforme al artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, no se contraponen con ese ordenamiento." Por tanto, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan David Ortiz Hernández, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa y otras autoridades, y estima que debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, porque en la especie se cumple con las hipótesis que establecen los artículos anotados; por lo tanto, remítase el presente expediente, así como las copias de la demanda de garantías a la Oficialía de Partes Común de los tribunales citados, para que sea enviada al que corresponda por razón de turno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, solicitándole de la manera más atenta y respetuosa, que de no existir inconveniente, se sirva informar la determinación tomada con relación a la competencia planteada. Con copia certificada de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedentes. Domicilio procesal. De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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