Juan David Marín Peña

Expediente 973/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
973/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Juan David Marín Peña

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la lista de publicación de doce de agosto el año en curso, en la que se advierte el extracto de notificación del auto de nueve de los cursantes, dictado en el juicio de amparo 973/2019-IV,del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, previa copia que se deje glosada en autos, remítase la lista de mérito al Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio enviado por el Secretario adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual hace del conocimiento el auto de siete de agosto de este año, en el que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Juan David Marín Peña, circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, como lo solicita la oficiante se comisiona al Actuario Judicial adscrito para efecto de notificar a la parte quejosa el acuerdo de siete de agosto de este año, dictado en el juicio de amparo 1022/2019, por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Lo anterior, de conformidad al proveído de dos de los actuales, en el entendido que una vez realizada la encomienda, se le remitirán las constancias de mérito. En otro orden, el estado procesal de este asunto evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, remítase al archivo de este Juzgado de Distrito y las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: El presente cuaderno es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto citado). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese al quejoso de conformidad al auto de dos de agosto de dos mil diecinueve.v} 07.08.2019. (JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON SE DE EN NAUCALPAN DE JUAREZ) VISTO EL OFICIO 20283...SIGNADO POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATEWRIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO....AL QUE ADJUNTAN LOS AUTOS OROGIALES DEL JUICIO DE AMPARO 973/2019-iv.....EL SUSCRITO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO...AHORA BIEN LA DEMANDA DE AMPARO CAREDE LA EVIDENCIA CRIPTOGRAFICA DE LA FIRMA ELECTRONICA DE JUAN DAVID MARIN PEÑA..... POR CONSIGUIENTE, SE ACTUALIZA DE MODO MANIFIESTO E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LOS ARTICULOS 61, FRACCION XXIII DE LA LEY DE AMPARO......PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR JUAN DAVID MARIN PEÑA....

  3. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; dos de agosto de dos mil diecinueve. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo presentada vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por Israel Ruiz Ramírez, en su carácter de autorizado de Juan David Marín Peña, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Turno Único de Villa del Carbón, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 973/2019-IV. Incompetencia. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, estimando que debe remitirse al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, ya que se considera que a él compete avocarse a su conocimiento. Lo anterior, sin proveer sobre su admisión ni respecto a la suspensión de los actos reclamados, por no actualizarse las hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor. Para sustentar lo anterior, en principio, conviene señalar que el numeral 37 de la Ley de Amparo, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De lo anterior, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario; la naturaleza del acto reclamado, por lo que en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos; y posteriormente, se analizan las características de la ejecución. Además, debe decirse que el análisis de la ejecución del acto reclamado, se lleva a cabo considerando las consecuencias directas o inmediatas del acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa considerando lo que de manera directa e inmediata se vinculan a éste. Por último, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno. Y bien, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia transcritas de la tercera, es que en esta última, el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la procedencia de las otras exige esta ejecución o que trate de ejecutarse; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla en cita se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. En el caso a estudio, el quejoso hace consistir esencialmente el acto reclamado en: La privación de su libertad personal y deambulatoria (orden de detención, presentación o aprehensión) girada en su contra, su ejecución, así como la falta de fundamentación de los mismos. Establecido lo anterior, se considera que en el caso a estudio, tiene aplicación la regla para determinar la competencia de los Jueces de Distrito consistente en el lugar en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, pues si los efectos del acto reclamado son de naturaleza ejecutiva y si esa ejecución se llevará a cabo en el domicilio del quejoso ubicado en calle veintiuno de marzo, número once, Colonia Benito Juárez, Nicolás Romero, Estado de México, se colige que, conforme a la primera de las hipótesis antes precisadas, la competencia se actualiza a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues el domicilio donde se va a llevar a cabo dicha ejecución, así como las autoridades que señala como responsables tienen residencia en esa entidad, máxime que no se advierte del estudio de la demanda, que exista un principio de ejecución dentro del territorio donde queda comprendida esta jurisdicción, ni tampoco que haya sido señalado como responsable alguna autoridad ejecutora con competencia en el territorio donde este juzgador ejerce jurisdicción. En esa tesitura, si las consecuencias de los actos reclamados se ejecutaran fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, en la especie este Juzgador carece de competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; por lo que se estima, que quien es competente para tal efecto, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde, se pretenden ejecutar los actos reclamados. Por lo que, dado que los efectos del acto reclamado son de naturaleza ejecutiva y esa ejecución se pretende llevar a cabo en el domicilio del quejoso ubicado en calle veintiuno de marzo, número once, Colonia Benito Juárez, Nicolás Romero, Estado de México, por lo que se concluye, que conforme a la primera de las hipótesis antes precisadas, la competencia se actualiza a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, porque el lugar donde habrá de ejecutarse el acto reclamado queda comprendido dentro de su jurisdicción. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 1a./J.52/2013 (10a), publicada en la página 383, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por tanto, se estima que el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a favor de quien se declina la competencia es quien debe conocer del presente asunto, según lo dispuesto en el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por lo que deberá remitirse la demanda de que se trata sin proveer sobre su admisión. Con copia simple de la papeleta, demanda y de la presente determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes, y envíese el original en que se actúa al Juzgado de Distrito que corresponda, suplicándole se sirva acusar el recibo de estilo, así como la resolución que tenga a bien emitir al respecto, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Autorizados. En virtud de la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Israel Ruiz Ramírez, María de Lourdes Bernal Sánchez, Gabino González Nevares Arrieta y José Antonio Santiago López. Domicilio. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional, por así haber solicitado expresamente. Consulta electrónica. De conformidad con los artículos 3° de la Ley de Amparo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comisiona al Secretario para que realice las gestiones necesarias y el autorizado de la parte quejosa consulte el expediente electrónico. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda favorable su petición de uso de medios electrónicos. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

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