Juan David Ortiz Hernández

Expediente 1230/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1230/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Juan David Ortiz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Solicita devolución. Visto el escrito signado por el quejoso, a través del cual solicita la devolución de documentos que anexó a su escrito de desahogo de prevención. Se acuerda de conformidad. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos de mérito, con la aclaración de que se deberá dejar en su lugar copia simple de los mismos por tratarse de un asunto concluido. En el entendido de que quien comparezca para tales efectos, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil diecinueve. La certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Juan David Ortiz Hernández, sin que éste lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. En el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Registro de Expedientes (S.I.S.E), háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Desahoga prevención. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos el escrito signado por Juan David Ortiz Hernández, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, al manifestar: Ante qué autoridad y en qué fecha presentó escrito que precedió al oficio DJO/001/2017 de dos de enero de dos mil diecisiete, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Cultura en el Expediente 206/98.40/001/2017. La denominación actual y correcta de la autoridad que dio contestación a su escrito, así como la fecha en que ello aconteció, para lo cual exhibió copia simple del oficio que refiere; y, La fecha en qué tuvo conocimiento del oficio en comento. Por tanto, téngase por cumplido el requerimiento de mérito e insubsistente el apercibimiento con que fuera conminado. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juzgados de Distrito están obligados a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, en el libelo constitucional, el quejoso señala como acto reclamado: La contestación dada al escrito que dirigió sobre el otorgamiento de una certificación a través del Instituto Nacional de Derechos de Autor, contenida en el oficio DJO/001/2017 de dos de enero de dos mil diecisiete, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Cultura, en el expediente 206/98.40/001/2017. En el caso, se actualiza manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Expuesto lo anterior, como se indicó, el quejoso acude a esta instancia constitucional para reclamar la contestación dada al escrito que dirigió sobre el otorgamiento de una certificación a través del Instituto Nacional de Derechos de Autor, contenida en el oficio DJO/001/2017 de dos de enero de dos mil diecisiete, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Cultura, en el expediente 206/98.40/001/2017. Aunado a que bajo protesta de decir verdad manifiesta que tuvo conocimiento de dicho oficio el siete de marzo de dos mil diecinueve, temporalidad en que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió el recurso de revisión 347/2018, interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en contra la resolución dictada en el juicio de amparo 246/2018-I, del índice estadístico del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Tales aseveraciones deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio. Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Circunstancia que además se corrobora con la impresión de la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso de revisión 347/2018, obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la cual se cual se glosa a los autos para debida constancia legal y denota que efectivamente, el impetrante tuvo conocimiento del oficio que ahora reclama. Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el quince de julio de dos mil diecinueve, según se advierte del sello impreso en la parte superior de la demanda de amparo; y, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo menos desde el siete de marzo de dos mil diecinueve, temporalidad en la que bajo protesta de decir vedad, así lo señala. Por tanto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 18, para impugnar el oficio precisado, transcurrió en exceso, pues es claro que el plazo impugnativo debe computarse a partir del día hábil siguiente al en que el quejoso se hizo sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esa tesitura, es claro que la demanda de amparo intentada por Juan David Ortiz Hernández resulta extemporánea al actualizarse la segunda de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, toda vez que bajo protesta de decir verdad el propio quejoso señaló que tuvo conocimiento de dicha actuación al menos desde el siete de marzo de dos mil diecinueve, fecha en que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió el recurso de revisión 347/2018 interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contra la resolución dictada en el juicio de amparo 246/2018-I, del índice estadístico del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 30/2007, página 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Tomo XXV, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Y, la consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI-Junio, Octava Época, la cual establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Juan David Ortiz Hernández contra el acto reclamado de la Secretaría de Cultura. Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    .... Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera , firma y da fe.

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