Juan Cordero Martinez
Expediente 292/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Cordero Martinez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no fue recurrido el auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, consistentes en el expediente 666/15-10-01-9-OT, de su índice, constante de 367 fojas útiles, formado en un solo tomo, se ordena devolverlo a su lugar de origen.
- Principal
RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y désele vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que allega la autoridad oficiante de mérito, consistente en: Original del expediente ***, del índice del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, constante de 367 fojas útiles. Lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de nueva cuenta en el momento procesal oportuno dentro de la audiencia constitucional. Con las mismas, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado en 1 tomo, para su mejor manejo.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado; en esa medida, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **, a través de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, al estimar violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en el artículos 1°., 14, 16, 17, 123 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 292/2019-VII.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por ***, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos reclamados a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, en contra de los actos que hizo consistir en: IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Bajo protesta de conducirme con verdad, manifiesto que se reclama de la autoridad responsable el incumplimiento a la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2016, así como de la resolución de queja por omisión de fecha 19 de febrero del 2018, dictadas dentro del expediente en que se actúa del índice de la SALA REGIONAL DEL CENTRO III, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se les solicita; sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de ser omisa en rendirlo, a la autoridad que incumpla, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para la audiencia constitucional, ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término que se les concede para rendir su informe justificado, remita copia certificada legible de la totalidad de las constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna se le impondrá una multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo actual. Además, se requiere a la autoridad responsable para que exponga las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emitan, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. De igual forma, también deberán informar a este Juzgado de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan o se hayan interpuesto, bajo el entendido que de no hacerlo, se hará efectiva en su contra la multa referida en el párrafo que antecede. De igual manera se requiere a las partes, para que conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, de ser el caso a la autoridad que no lo haga se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. No obstante que la quejosa refiere que al Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Baja California del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de Celaya ni al Delgado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Baja California del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, tienen el carácter de terceros interesados, no ha lugar a reconocerles dicha calidad, en virtud de que no se encuentran en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Ello en razón de que el presente asunto se trata de la negativa de impartición de justicia pronta, al omitir dar trámite para el cumplimiento de la sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, así como a la resolución de queja por omisión de quince de enero de dos mil dieciocho, tramitados ante la sala responsable; es decir, un derecho constitucional violado a la quejosa directamente, sin que haya contra-parte respecto del acto reclamado. Lo anterior, para favorecer la pronta impartición de justicia. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización. Es aplicable a lo anterior la tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común, bajo el rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). No se tramita el incidente de suspensión, previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni estar en alguno de los supuestos de apertura oficiosa en términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Amparo. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. Ahora bien, dado que resulta un hecho notorio para este Órgano de Control Constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y/o terceras interesadas, que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado acuse de recibo. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio de su parte para recibir notificaciones personales, el ubicado en calle *** de esta ciudad. Por lo que ve al correo electrónico que indica como ***, para el efecto de recibir notificaciones, dígasele que si es su deseo que se le notifique por esta vía, deberá proporcionar el correo electrónico que le haya sido asignado por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, conforme lo establece el artículo 26, fracción IV, de la misma legislación, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a fin de que esta secretaria este en aptitud de verificarlo. Mientras tanto, deberá estarse al domicilio señalado en el párrafo que antecede para dicho efecto. Se tiene como autorizados de su parte a los licenciados **, en TÉRMINOS AMPLIOS del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis y a ***, en TÉRMINOS RESTRINGIDOS del artículo 24 de la Ley de la Materia, por no obrar registrada su respectiva cédula en la nombrada base de datos, ni cumplir con lo establecido en el citado decreto. Por último, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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